José Daniel Arellano . Sanchez

Expediente 996/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
996/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
06/10/2022

Partes del expediente

  • José Daniel Arellano . Sanchez

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, seis de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado procesal de las presentes actuaciones, se obtiene que el quejoso no recurrió el acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, en el cual se desechó la solicitud de amparo recibida en este juicio. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que el mismo ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente porque constituye un asunto concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años2. Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. RESGUARDO DEL EXPEDIENTE Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. CARÁTULA DEL EXPEDIENTE Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes por conducto del personal a su cargo en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá revisar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. ANOTACIONES EN LOS LIBROS DE GOBIERNO Se instruye a la Analista Jurídico SISE para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). REVISIÓN DEL EXPEDIENTE Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar por conducto del personal a su cargo que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, en cumplimiento con el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de amparo presentada por *, por su propio derecho, contra actos del ".Agente del Ministerio Público Investigador en Sanctorum, Puebla..." y otra autoridad. En consecuencia, regístrese la demanda en el libro de gobierno, bajo el número de juicio de amparo 996/2022, también en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Lo anterior, en términos del Acuerdo General 21/2020 (reformado en cuanto a su periodo de vigencia por su similar 16/2022), del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia producida por el virus SARS-CoV-21 - causante de la enfermedad COVID- 19. Exhortación para tramitación del juicio en línea. Debido a la enfermedad producida por el virus SARSCoV- 2, que ha generado una contingencia sanitaria en todo el país, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad les permitirá la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica). Es necesario destacar que, de conformidad con el artículo 39, del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos no implicará permisos para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales. De ahí que para estar en aptitud de tramitar el presente juicio bajo el esquema de "juicio en línea", no basta que se solicite la consulta del expediente electrónico; pues, para ello, es indispensable que, en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a través del "nombre de usuario" creado para acceder al portal. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación de examinar la demanda y si se encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: *Para demostrarlo, se hace notar que de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados son:  La omisión de integrar la carpeta de investigación de referencia (porque se ha dejado de realizar las diligencias correspondientes para la investigación de los hechos denunciados) desde la denuncia formulada por la aquí parte quejosa y, por ende, de judicializarla (emitir la determinación correspondiente) a fin de solicitar la correspondiente orden de aprehensión ante el juzgado de control respectivo. Lo referido con antelación permite advertir una causal de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, en particular la relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que la abstención para pronunciarse en el sentido de ordenar la judicialización de la carpeta de investigación número * (iniciada bajo las reglas del sistema penal acusatorio, dada la fecha en que se presentó la denuncia respectiva) tiene prevista una ruta ordinaria de impugnación que debe agotarse por la parte quejosa antes de solicitar el control de legalidad extraordinario (juicio de amparo). Así se obtiene del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales2, porque ese precepto dispone que el impacto de omisiones o resoluciones del Ministerio Público durante la etapa de investigación son impugnables ante un juez de control. Esa ruta ordinaria de impugnación debe agotarse previo a la instauración del juicio de amparo indirecto, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la impugnación extraordinaria -el juicio de amparo-. De esa forma lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 1a./J. 28/2018 (10a.) publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 57, agosto de 2018, tomo I, página 943, cuyo rubro es: * Por ello, se afirma que las víctimas u ofendidos por hechos delictuosos (como lo es el caso de la parte quejosa, que tiene la calidad de denunciante en la carpeta de investigación de origen, según se desprende de la demanda de cuenta) están obligados a acudir a la ruta ordinaria contra las omisiones del ministerio público, desde el inicio de la carpeta de investigación y hasta la eventual conclusión de la misma, en particular impugnarlas ante un juez de control para que éste revise la legalidad de esas omisiones, entre las cuales quedan comprendida las que aquí se reclaman. Sobre todo, porque el juez de control en términos del precepto citado, puede ordenar que cesen las omisiones e, incluso, disponer la emisión de los actos que sean pertinentes a la investigación, para una eventual determinación de la acción penal. Lo cual se obtuvo de la contradicción de tesis 233/2017, que generó el criterio jurisprudencial invocado en párrafos anteriores, pues la ejecutoria de la referida contradicción determinó la obligación de las víctimas u ofendidos de impugnar cualquier omisión del ministerio público, a través de la ruta ordinaria establecida en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Omisiones que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación extendió a la falta de actos para integrar la carpeta de investigación. En efecto, la Primera Sala del alto tribunal del país estableció que los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del ministerio público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese código. Agregó que el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la constitución general, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, dicha Primera Sala del máximo tribunal sostuvo que el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del ministerio público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del ministerio público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En ese sentido, la Primera Sala sostuvo que bien puede entenderse que las omisiones del ministerio público en la etapa de investigación encuadran en tal supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora, por lo que de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Añadió que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del ministerio público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Lo expuesto se desprende de la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 57, agosto de 2018, tomo I, *De ahí lo inaplicable de los criterios citados a lo largo de la demanda, pues en la jurisprudencia que antecede ya se estableció que ante las omisiones del ministerio público en la etapa de investigación, es menester impugnarlas ante el juez de control a través del medio de defensa previsto en el artículo 258 del código adjetivo penal nacional en mención. Aunado a que la tesis citada en la demanda con el rubro: "OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. AL NO ESTABLECERSE EXPRESAMENTE EN EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES NI EN ALGUNA OTRA DISPOSICIÓN APLICABLE, EL RECURSO O MEDIO DE IMPUGNACIÓN QUE DEBE INTERPONERSE EN SU CONTRA, LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO NO ESTÁ OBLIGADO A AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO.", ya ha sido superada con motivo de la jurisprudencia citada con antelación. Sin embargo, a consideración de la suscrita, la tesis citada por la parte quejosa no se contrapone a lo hasta aquí expuesto; es así, porque, en primer término, de conformidad con los artículos 216 y 217 de la Ley de Amparo no resulta obligatoria su aplicación, ya que la misma no ha sido establecida por procedente, reiteración o contradicción, por ninguno de los órganos facultados para ellos -Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o Salas, Plenos Regionales o Tribunales Colegiados de Circuito-. Y, en segundo término, contrariamente o a lo que manifiesta la parte quejosa, existe una jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde se ha definido la procedencia del medio de defensa ordinario en cuestión cuando se reclaman las omisiones como las que se hacen valer en la demanda de cuenta. Por consiguiente, se afirma que el reclamo planteado por el promovente de la demanda de amparo, contra la omisión de integrar la carpeta de investigación de referencia (porque se ha dejado de realizar las diligencias correspondientes para la investigación de los hechos denunciados) desde la denuncia formulada por la aquí parte quejosa y, por ende, de judicializarla (emitir la determinación correspondiente) a fin de solicitar la correspondiente orden de aprehensión ante el juzgado de control respectivo; debió ventilarse ante el juez de control respectivo mediante el agotamiento previo del medio ordinario legal de defensa. En efecto, se indica que es oportuno que el quejoso acuda previo a la promoción de amparo a la ruta ordinaria de impugnación prevista en el invocado artículo 258 del código en cita, ya que dicho mecanismo permite al juez de control modificar la decisión o inactividad del ente investigador ministerial (representante social) para que continúe con el imperativo constitucional de investigar los hechos con apariencia de delito y, eventualmente, lleve a cabo el ejercicio de la acción penal ante los tribunales (obligación contenida en el artículo 21 de la constitución federal). Así es, la parte quejosa debe agotar la ruta ordinaria de impugnación, contra los actos reclamados en la demanda de amparo; y si la resolución que emitiera el juez de control al examinar las conductas del fiscal responsable, fuera adversa o pudiera transgredir derechos fundamentales previstos en la constitución federal, surgirá la posibilidad de instaurar juicio de amparo indirecto contra esa resolución (del juez de control). Bajo este contexto, se declara que las inactividades combatidas en la demanda de amparo encuentran una causal indudable y manifiesta de improcedencia conforme al orden jurídico vigente, que ha interpretado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular la causal relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia. Máxime que los datos proporcionados en la demanda reflejan las condiciones del quejoso para acudir a la ruta ordinaria de impugnación: pues es la víctima quien sufrió detrimento en su patrimonio por la probable comisión del delito de fraude, bajo las reglas del sistema penal acusatorio. Entonces, procede desechar de plano la demanda de amparo, pues los actos reclamados por el promovente a las autoridades responsables, encuentran la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, con las características de manifiesta e indudable; ello además de conformidad con el diverso 113 de la ley de la materia. En particular la que opera con el principio de definitividad, pues las omisiones atribuidas a las autoridades responsables, deben impugnarse primero a través del recurso ordinario mencionado con antelación. En virtud de lo anterior, se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y al Oficial Judicial "A", que realicen las anotaciones correspondientes, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Consulta física del expediente. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 (reformado por el diverso 16/2022), el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes o, de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita se programará para el día en que venza dicho plazo-. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes, en el caso de las diligencias y audiencias, podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el ubicado en la ciudad de Puebla. Ténganse a *, como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, porque se encontró registro de su cédula profesional en el Registro de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, respecto a la diversa persona, se le tiene por autorizado sólo para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, pues la parte quejosa así lo solicitó. Sin que resulte procedente tener como medio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico y número telefónico que señala dado que la Ley de Amparo, no prevé ese medio de notificación. Presentación de promociones físicas. Se comunica a las partes que la recepción de promociones de manera física, será en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías), así como por las autoridades responsables cuando rindan su informe justificado (o cualquier otro requerimiento) y éste no pueda ser remitido en vía electrónica Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Comunicación con las partes. Con independencia de lo acordado en el apartado precedente y a fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020, considera el correo electrónico y número de teléfono proporcionados como medio para ser contactadas. Se hace la precisión que los referidos medios electrónicos de comunicación sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran. Pero las notificaciones que en derecho les correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Bajo este contexto, se tiene la dirección de correo electrónico y los números telefónicos proporcionados en la demanda, como medios de contacto con la quejosa para el trámite de este juicio. En consecuencia, se determina que ese medio de contacto deberán considerarlo los actuarios de este juzgado, en específico cuando sea necesario ubicar a la quejosa por alguna circunstancia que lo ameritara. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Integración de la demanda. Por último, debido a las circunstancias de logística adoptadas ante la presencia de la enfermedad COVID19, se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente, que una vez recibida la demanda de amparo -de manera física-, sin ulterior acuerdo glose a los autos el documento original respectivo.

  3. Principal

    SE DEJÓ CITATORIO A LA PARTE PROMOVENTE. Puebla, Puebla, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de amparo presentada por *, por su propio derecho, contra actos del ".Agente del Ministerio Público Investigador en Sanctorum, Puebla..." y otra autoridad. En consecuencia, regístrese la demanda en el libro de gobierno, bajo el número de juicio de amparo 996/2022, también en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Lo anterior, en términos del Acuerdo General 21/2020 (reformado en cuanto a su periodo de vigencia por su similar 16/2022), del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia producida por el virus SARS-CoV-21 - causante de la enfermedad COVID- 19. Exhortación para tramitación del juicio en línea. Debido a la enfermedad producida por el virus SARSCoV- 2, que ha generado una contingencia sanitaria en todo el país, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad les permitirá la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica). Es necesario destacar que, de conformidad con el artículo 39, del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos no implicará permisos para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales. De ahí que para estar en aptitud de tramitar el presente juicio bajo el esquema de "juicio en línea", no basta que se solicite la consulta del expediente electrónico; pues, para ello, es indispensable que, en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a través del "nombre de usuario" creado para acceder al portal. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación de examinar la demanda y si se encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: *Para demostrarlo, se hace notar que de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados son:  La omisión de integrar la carpeta de investigación de referencia (porque se ha dejado de realizar las diligencias correspondientes para la investigación de los hechos denunciados) desde la denuncia formulada por la aquí parte quejosa y, por ende, de judicializarla (emitir la determinación correspondiente) a fin de solicitar la correspondiente orden de aprehensión ante el juzgado de control respectivo. Lo referido con antelación permite advertir una causal de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, en particular la relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que la abstención para pronunciarse en el sentido de ordenar la judicialización de la carpeta de investigación número * (iniciada bajo las reglas del sistema penal acusatorio, dada la fecha en que se presentó la denuncia respectiva) tiene prevista una ruta ordinaria de impugnación que debe agotarse por la parte quejosa antes de solicitar el control de legalidad extraordinario (juicio de amparo). Así se obtiene del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales2, porque ese precepto dispone que el impacto de omisiones o resoluciones del Ministerio Público durante la etapa de investigación son impugnables ante un juez de control. Esa ruta ordinaria de impugnación debe agotarse previo a la instauración del juicio de amparo indirecto, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la impugnación extraordinaria -el juicio de amparo-. De esa forma lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 1a./J. 28/2018 (10a.) publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 57, agosto de 2018, tomo I, página 943, cuyo rubro es: * Por ello, se afirma que las víctimas u ofendidos por hechos delictuosos (como lo es el caso de la parte quejosa, que tiene la calidad de denunciante en la carpeta de investigación de origen, según se desprende de la demanda de cuenta) están obligados a acudir a la ruta ordinaria contra las omisiones del ministerio público, desde el inicio de la carpeta de investigación y hasta la eventual conclusión de la misma, en particular impugnarlas ante un juez de control para que éste revise la legalidad de esas omisiones, entre las cuales quedan comprendida las que aquí se reclaman. Sobre todo, porque el juez de control en términos del precepto citado, puede ordenar que cesen las omisiones e, incluso, disponer la emisión de los actos que sean pertinentes a la investigación, para una eventual determinación de la acción penal. Lo cual se obtuvo de la contradicción de tesis 233/2017, que generó el criterio jurisprudencial invocado en párrafos anteriores, pues la ejecutoria de la referida contradicción determinó la obligación de las víctimas u ofendidos de impugnar cualquier omisión del ministerio público, a través de la ruta ordinaria establecida en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Omisiones que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación extendió a la falta de actos para integrar la carpeta de investigación. En efecto, la Primera Sala del alto tribunal del país estableció que los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del ministerio público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese código. Agregó que el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la constitución general, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, dicha Primera Sala del máximo tribunal sostuvo que el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del ministerio público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del ministerio público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En ese sentido, la Primera Sala sostuvo que bien puede entenderse que las omisiones del ministerio público en la etapa de investigación encuadran en tal supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora, por lo que de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Añadió que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del ministerio público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Lo expuesto se desprende de la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 57, agosto de 2018, tomo I, *De ahí lo inaplicable de los criterios citados a lo largo de la demanda, pues en la jurisprudencia que antecede ya se estableció que ante las omisiones del ministerio público en la etapa de investigación, es menester impugnarlas ante el juez de control a través del medio de defensa previsto en el artículo 258 del código adjetivo penal nacional en mención. Aunado a que la tesis citada en la demanda con el rubro: "OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. AL NO ESTABLECERSE EXPRESAMENTE EN EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES NI EN ALGUNA OTRA DISPOSICIÓN APLICABLE, EL RECURSO O MEDIO DE IMPUGNACIÓN QUE DEBE INTERPONERSE EN SU CONTRA, LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO NO ESTÁ OBLIGADO A AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO.", ya ha sido superada con motivo de la jurisprudencia citada con antelación. Sin embargo, a consideración de la suscrita, la tesis citada por la parte quejosa no se contrapone a lo hasta aquí expuesto; es así, porque, en primer término, de conformidad con los artículos 216 y 217 de la Ley de Amparo no resulta obligatoria su aplicación, ya que la misma no ha sido establecida por procedente, reiteración o contradicción, por ninguno de los órganos facultados para ellos -Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o Salas, Plenos Regionales o Tribunales Colegiados de Circuito-. Y, en segundo término, contrariamente o a lo que manifiesta la parte quejosa, existe una jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde se ha definido la procedencia del medio de defensa ordinario en cuestión cuando se reclaman las omisiones como las que se hacen valer en la demanda de cuenta. Por consiguiente, se afirma que el reclamo planteado por el promovente de la demanda de amparo, contra la omisión de integrar la carpeta de investigación de referencia (porque se ha dejado de realizar las diligencias correspondientes para la investigación de los hechos denunciados) desde la denuncia formulada por la aquí parte quejosa y, por ende, de judicializarla (emitir la determinación correspondiente) a fin de solicitar la correspondiente orden de aprehensión ante el juzgado de control respectivo; debió ventilarse ante el juez de control respectivo mediante el agotamiento previo del medio ordinario legal de defensa. En efecto, se indica que es oportuno que el quejoso acuda previo a la promoción de amparo a la ruta ordinaria de impugnación prevista en el invocado artículo 258 del código en cita, ya que dicho mecanismo permite al juez de control modificar la decisión o inactividad del ente investigador ministerial (representante social) para que continúe con el imperativo constitucional de investigar los hechos con apariencia de delito y, eventualmente, lleve a cabo el ejercicio de la acción penal ante los tribunales (obligación contenida en el artículo 21 de la constitución federal). Así es, la parte quejosa debe agotar la ruta ordinaria de impugnación, contra los actos reclamados en la demanda de amparo; y si la resolución que emitiera el juez de control al examinar las conductas del fiscal responsable, fuera adversa o pudiera transgredir derechos fundamentales previstos en la constitución federal, surgirá la posibilidad de instaurar juicio de amparo indirecto contra esa resolución (del juez de control). Bajo este contexto, se declara que las inactividades combatidas en la demanda de amparo encuentran una causal indudable y manifiesta de improcedencia conforme al orden jurídico vigente, que ha interpretado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular la causal relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia. Máxime que los datos proporcionados en la demanda reflejan las condiciones del quejoso para acudir a la ruta ordinaria de impugnación: pues es la víctima quien sufrió detrimento en su patrimonio por la probable comisión del delito de fraude, bajo las reglas del sistema penal acusatorio. Entonces, procede desechar de plano la demanda de amparo, pues los actos reclamados por el promovente a las autoridades responsables, encuentran la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, con las características de manifiesta e indudable; ello además de conformidad con el diverso 113 de la ley de la materia. En particular la que opera con el principio de definitividad, pues las omisiones atribuidas a las autoridades responsables, deben impugnarse primero a través del recurso ordinario mencionado con antelación. En virtud de lo anterior, se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y al Oficial Judicial "A", que realicen las anotaciones correspondientes, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Consulta física del expediente. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 (reformado por el diverso 16/2022), el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes o, de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita se programará para el día en que venza dicho plazo-. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes, en el caso de las diligencias y audiencias, podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el ubicado en la ciudad de Puebla. Ténganse a *, como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, porque se encontró registro de su cédula profesional en el Registro de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, respecto a la diversa persona, se le tiene por autorizado sólo para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, pues la parte quejosa así lo solicitó. Sin que resulte procedente tener como medio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico y número telefónico que señala dado que la Ley de Amparo, no prevé ese medio de notificación. Presentación de promociones físicas. Se comunica a las partes que la recepción de promociones de manera física, será en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías), así como por las autoridades responsables cuando rindan su informe justificado (o cualquier otro requerimiento) y éste no pueda ser remitido en vía electrónica Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Comunicación con las partes. Con independencia de lo acordado en el apartado precedente y a fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020, considera el correo electrónico y número de teléfono proporcionados como medio para ser contactadas. Se hace la precisión que los referidos medios electrónicos de comunicación sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran. Pero las notificaciones que en derecho les correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Bajo este contexto, se tiene la dirección de correo electrónico y los números telefónicos proporcionados en la demanda, como medios de contacto con la quejosa para el trámite de este juicio. En consecuencia, se determina que ese medio de contacto deberán considerarlo los actuarios de este juzgado, en específico cuando sea necesario ubicar a la quejosa por alguna circunstancia que lo ameritara. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Integración de la demanda. Por último, debido a las circunstancias de logística adoptadas ante la presencia de la enfermedad COVID19, se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente, que una vez recibida la demanda de amparo -de manera física-, sin ulterior acuerdo glose a los autos el documento original respectivo.

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