José Cutberto Robles Méndez

Expediente 1617/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1617/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
10/10/2017

Partes del expediente

  • José Cutberto Robles Méndez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de octubre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta suscrito por Francisco Javier Rivera Gutiérrez a través del cual da cumplimiento al auto de diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 258 y 259) y aclara la identidad de quien refiere es tercero interesado dentro del presente juicio de amparo. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que la demanda que dio origen a este juicio de garantías fue promovida por Francisco Javier Rivera Gutiérrez en su carácter de apoderado legal de la persona moral denominada "Inmobiliaria Reymad" Sociedad Anónima de Capital Variable; asimismo, Francisco Javier Rivera Gutiérrez fue señalado con el carácter de tercero interesado. El artículo 5° en su fracción III, incisos a) y b de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: (.) III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; (.)" Del precepto legal transcrito se advierte que, para que alguien pueda tener el carácter de tercero interesado, éste primeramente debe tener interés contrario al del quejoso, lo que en la especie no acontece, ya que el representante de la parte promovente en el presente juicio de amparo es la misma persona que a su vez fue señalada con el carácter de tercero interesado, por lo que no ha lugar a tener a Francisco Javier Rivera Gutiérrez como tercero interesado, dado que no se ubica en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 5º de la Ley de Amparo, en virtud de que resultaría incongruente que éste tuviera interés en que subsistiera el acto que aquí se reclama. Tiene aplicación la tesis I.1o.A.E.17 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la República, visible en la página 2965, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, del rubro y texto siguientes: "TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ELEMENTO QUE LO CARACTERIZA ES UN INTERÉS CONTRARIO AL DEL QUEJOSO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La similitud que existe entre la Ley de Amparo abrogada y la actual, por cuanto a la literalidad de sus respectivos artículos 5o., fracción III, lleva a sostener -en congruencia con la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. QUIÉNES TIENEN ESTE CARÁCTER EN EL AMPARO ADMINISTRATIVO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 6, Tercera Parte, página 131- que los supuestos definidos en el precepto vigente a partir del 3 de abril de 2013, no agotan todos los casos en que debe reconocerse a una persona la calidad de tercero interesado, los cuales se caracterizan por un elemento común, consistente en que cada uno encierra un interés contrario al del quejoso; de ahí que para ubicar en ellos un nuevo y/o distinto supuesto, éste necesariamente deberá presentar dicha particularidad, al ser ésta el rasgo que unifica los casos expresamente puntualizados por el legislador y, por ende, el que identifica la figura que regula la porción normativa referida". NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo y toda vez que hasta la data en que de actúa, no se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con apoyo en los artículos 192, 193, 238 y 258 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE NUEVAMENTE al JUEZ MUNICIPAL EN MATERIA CIVIL Y PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA, para que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, informe las gestiones que ha realizado para tal efecto, debiendo en su caso, remitir las constancias que así lo justifiquen. Con el APERCIBIMIENTO que, de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $75.49 (setenta y cinco pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecisiete. Sin que obste a lo anterior, el hecho que por auto de diez de agosto reciente (foja 409), se haya tenido al juez responsable, informando su imposibilidad para dar cumplimiento al fallo protector, pues ello, no lo impide para seguir gestionando lo necesario a efecto de que este órgano federal, se encuentre en condiciones de proveer lo conducente.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el oficio de la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, mediante el cual rinde su informe justificado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que surta sus efectos legales procedentes. Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante escrito presentado el once de agosto de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, José Cutberto Robles Méndez promovió juicio de amparo en el que señaló como autoridad responsable a la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, de quien reclamó la omisión de dictar el laudo correspondiente en el expediente laboral 863/2016. La Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, al rendir su informe justificado confesó la existencia del acto reclamado, advirtiéndose de las constancias adjuntas éste, a las que se reconoce pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que el nueve de agosto de dos mil diecisiete, dictó la resolución en forma de laudo dentro del expediente laboral 863/2016, notificando a las partes el treinta y uno de agosto y cuatro de septiembre de agosto de este año. Con base en lo anterior, este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla advierte que tal como refiere la autoridad responsable en su informe de ley, se actualiza una manifiesta e indudable causal de improcedencia, cuyo estudio es preferente y oficioso por ser de orden público, al tenor del último párrafo del artículo 61 de la Ley de Amparo, y que trae como consecuencia el impedimento para abordar el estudio de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa. Es así, porque el acto reclamado por el impetrante, cesó en sus efectos. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IX, Junio de 1999, página 38, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. Por lo tanto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la Ley Reglamentaria, en razón a que la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con fecha nueve de agosto de dos mil diecisiete, dictó la resolución en forma de laudo dentro del expediente laboral 863/2016, notificando a las partes el treinta y uno de agosto y cuatro de septiembre de agosto de este año; por lo tanto, es claro que cesaron los efectos del acto reclamado, por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley en cita, procede sobreseer en el presente juicio de garantías, respecto del acto y autoridad que ha quedado precisados. No representa obstáculo jurídico el que esta determinación se realice fuera de la audiencia constitucional, en atención a que, respecto del acto reclamado, como se ha mencionado, está demostrada en autos una causal de improcedencia manifiesta e indudable que por su naturaleza y características especiales, en modo alguno puede ser desvirtuada en la referida audiencia. Por tanto, se dejan sin efecto las nueve horas con veintiocho minutos del once de septiembre de dos mil diecisiete, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio de garantías. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese, y personalmente al quejoso.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de agosto de dos mil diecisiete. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a sus autos el escrito de Iván García Avila autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la quejosa María Teresa Morales Mori, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento de cuatro de agosto de dos mil diecisiete, y exhibe las publicaciones de los edictos ordenados los edictos ordenados para el emplazamiento del tercero interesado José Luis Ruiz Sánchez. Por tanto, con fundamento en lo establecido en el artículo 315 del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena al Actuario Judicial adscrito a este Juzgado de Distrito, fije en la puerta de este órgano federal, copia autorizada del auto admisorio dictado en el presente juicio de amparo y el edicto que se ordenó publicar en autos, por todo el tiempo del emplazamiento, es decir, treinta días a partir de esta fecha. Lo anterior, en virtud de que dicho precepto legal señala lo siguiente: "ARTICULO 315.- Cuando hubiere que citar a juicio a alguna persona que haya desaparecido, no tenga domicilio fijo o se ignore donde se encuentra, la notificación se hará por edictos, que contendrán una relación suscinta de la demanda, y se publicarán por tres veces, de siete en siete días, en el "Diario Oficial" y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República, haciéndosele saber que debe presentarse dentro del término de treinta días, contados del siguiente al de la última publicación. Se fijará, además, en la puerta del tribunal, una copia integra de la resolución, por todo el tiempo del emplazamiento. Si, pasado este término, no comparece por si, por apoderado o por gestor que pueda representarla, se seguirá el juicio en rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por rotulón, que se fijará en la puerta del juzgado, y deberá contener, en síntesis, la determinación judicial que ha de notificarse". Notifíquese.

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