José Cupertino García García
Expediente 149/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 149/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- José Cupertino García García
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, catorce de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se declara: el auto que desechó la demanda de amparo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de control electrónico respectivo. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESTINO. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN -una vez transcurran tres años- al haberse desechado la demanda y carecer de relevancia documental. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. No existe razón para que continúen a disposición de esta autoridad los documentos exhibidos por la parte quejosa junto con su demanda de amparo. Se ordena la devolución. Requiérasele a fin de que comparezca a recibirlos. Se le concede un plazo de noventa días hábiles, con el apercibimiento que de no recogerlos, correrán la suerte del expediente. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por ******************** -parte quejosa-. Solicita la devolución del documento original que acompañó a la demanda que dio origen al presente juicio de amparo. Estese a lo acordado en líneas precedentes. Por autorizadas para recibir la citada documental a las personas que señala, previa identificación y constancia de recibo que otorgue en autos. Notifíquese personalmente.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Fórmese expediente con la demanda de amparo indirecto promovida por José Cupertino García García, por propio derecho, contra actos del 1. Fiscal Decimoquinto Investigador de la Unidad Integral de Procuración de Justicia Distrito XVI, con sede en Veracruz, Veracruz, y otras autoridades. Regístrese el expediente 149/2023-IX. Hágase la captura en el libro electrónico de registro correspondiente, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con fundamento en los artículos 99 y 99 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. DESECHAMIENTO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, esta potestad federal tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, el que suscribe advierte la actualización de diversas causas de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizarán a continuación. De la lectura integral de la demanda se desprende que la parte quejosa reclama: a) La orden que emitió el Fiscal Decimoquinto de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, con sede en Veracruz, Veracruz, respecto a la medida cautelar de aseguramiento del inmueble ubicado en la Congregación del Corralito del Doce, Municipio de Medellín de Bravo, Veracruz y consecuente ejecución. b) La negativa al acceso de la carpeta de investigación 625/2023 de su índice. Como antecedentes manifiesta lo siguiente: -A las seis horas con cincuenta minutos del diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, en la Congregación del Corralito del Doce, municipio de Medellín de Bravo, Veracruz, se realizó un operativo de seguridad sobre la carretera federal Costera del Golfo. -De dicho operativo se suscitó un enfrentamiento entre civiles y elementos policiacos. Se metieron arbitrariamente a su domicilio y al de su hija de nombre Citlali Lizzeth García Muñoz, quien fue detenida como probable responsable de los delitos de tentativa de homicidio, robo de vehículo en la modalidad de posesión de vehículo robado y contra las instituciones de seguridad pública. Las autoridades responsables dictaron la medida cautelar del aseguramiento del domicilio del quejoso, por lo que alude no puede acceder al mismo. Sentado lo anterior, se precisa que respecto del acto reclamado en el inciso a) se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 137, párrafo segundo, 138, fracción I, tercer párrafo y 467, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, al tenor de los siguientes argumentos. El artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, establece el juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Por su parte, los numerales los artículos 137, párrafo segundo, 138, fracción I, tercer párrafo y 467, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen: Artículo 137. Medidas de protección El Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará fundada y motivadamente la aplicación de las medidas de protección idóneas cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido. Son medidas de protección las siguientes: Dentro de los cinco días siguientes a la imposición de las medidas de protección previstas en las fracciones I, II y III deberá celebrarse audiencia en la que el juez podrá cancelarlas, o bien, ratificarlas o modificarlas mediante la imposición de las medidas cautelares correspondientes. Artículo 138. Providencias precautorias para la restitución de derechos de la víctima Para garantizar la reparación del daño, la víctima, el ofendido o el Ministerio Público, podrán solicitar al juez las siguientes providencias precautorias: I. El embargo de bienes. Decretada la providencia precautoria, podrá revisarse, modificarse, sustituirse o cancelarse a petición del imputado o de terceros interesados, debiéndose escuchar a la víctima u ofendido y al Ministerio Público. Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares; De lo transcrito se destaca que el Ministerio Público puede ordenar la aplicación de providencias precautorias. Una vez decretada ésta podrá revisarse, modificarse, sustituirse o cancelarse a petición del imputado ante el Juez de Control. Ahora, en el caso particular, el primer acto reclamado se hace consistir en la orden que emite el Fiscal Décimo Quinto de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial en Veracruz, Veracruz, respecto a la medida cautelar de aseguramiento del inmueble ubicado en la Congregación del Corralito del Doce, Municipio de Medellín de Bravo, Veracruz. Tal determinación puede ser revisada, modificada, sustituida o cancelada, a petición del imputado o de terceros interesados, debiéndose escuchar a la víctima u ofendido y al Ministerio Público. En efecto, las providencias precautorias serán canceladas si el imputado garantiza o paga la reparación del daño; si fueron decretadas antes de la audiencia inicial y el Ministerio Público no las promueve, o no solicita orden de aprehensión en el término que señala este Código; si se declara fundada la solicitud de cancelación de embargo planteada por la persona en contra de la cual se decretó o de un tercero, o si se dicta sentencia absolutoria, se decreta el sobreseimiento o se absuelve de la reparación del daño. En tal virtud, de acuerdo al artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, existe un medio ordinario de defensa idóneo para que pueda ser combatida la determinación impugnada en esta vía constitucional. Lo anterior implica que, previo a acudir a la Justicia Federal para solicitar la Protección de Amparo, el quejoso debe agotar el medio ordinario de defensa establecido conforme a las disposiciones del precitado cuerpo normativo. Lo que, en el caso que nos ocupa no acontece. Además, el acto reclamado no encuadra en ninguna de las hipótesis de excepción. Por tanto, en estricto acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, antes de acudir a esta instancia constitucional a combatir la resolución en comento, debe agotar el medio ordinario de defensa, por medio del cual puede confirmarse, revocarse o modificarse la aludida resolución. Es aplicable por sus consideraciones jurídicas la Jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obra a foja 8, del Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2017117, Materia Común, siguiente: DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Así como la tesis de jurisprudencia número 986, sostenida por el entonces Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, visible a foja 678, Tomo VI, parte TCC, Séptima Época, del Apéndice de 1995, materia Común, registro 394942, que textualmente dice: RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y o agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La parte quejosa debe interponer medio ordinario de defensa previsto en el numeral 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de que sea revisado, modificado, sustituido o cancelado el acto del cual se duele. Por otra parte, respecto al diverso acto reclamado identificado con el inciso b), consistente en la negativa de acceso a la carpeta de investigación 625/2023, Se estima actualizada la causal de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, al tenor de los siguientes argumentos. El artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Por su parte, el precepto 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales estipula: "Artículo 219. Acceso a los registros y la audiencia inicial. Una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su Defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a obtener copia, con la oportunidad debida para preparar la defensa. En caso que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias, podrán acudir ante el Juez de control para que resuelva lo conducente". En ese orden, el Código Nacional de Procedimientos Penales, otorga al imputado o a su defensor, la posibilidad de acudir ante autoridad judicial en caso que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias. A pesar de tener derecho a ello de conformidad con los artículos 113 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuya interpretación sistemática permite concluir que el imputado y su defensor podrán tener acceso dichos registros cuando aquél se encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter, o bien, sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Sin que obste a lo anterior el hecho de que el numeral 219 del Código aludido establezca que una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tendrán derecho a consultar los registros de investigación y a obtener copia con la oportunidad debida para preparar la defensa. Dicha disposición legal no debe interpretarse como una regla restrictiva ni considerar que sólo a partir de ese momento procesal pueden acceder a los registros. Ya que de la redacción de dicho precepto deriva la obligación del Ministerio Público de respetar el derecho a una defensa adecuada y de igualdad entre las partes, permitiendo el acceso a la investigación y datos que obran en la carpeta respectiva, pues lo que debe privilegiarse es que llegada la audiencia inicial, quien habrá de ser imputado cuente ya con los datos necesarios que le permitan desarrollar una defensa adecuada. Cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 72/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, página 994, Registro digital: 2020891, Décima Época, Materia Penal, siguiente: DEFENSA ADECUADA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. EL INDICIADO Y SU DEFENSOR TIENEN DERECHO A OBTENER COPIAS O REPRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS DE LOS DATOS DE PRUEBA QUE OBRAN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, CUANDO EL IMPUTADO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 218, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Una interpretación sistemática de los artículos 113 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite concluir que el imputado y su defensor podrán tener acceso a los registros de la investigación cuando aquél se encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter, o bien, sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Sin embargo, para el goce efectivo del derecho fundamental de defensa adecuada, debe permitirse que puedan obtener una reproducción de dichos registros, ya sea en copia fotostática o como registro fotográfico cuando el imputado se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 218, párrafo tercero, del Código aludido lo que es acorde con los principios del sistema procesal penal acusatorio, relativos a la igualdad y equilibrio entre las partes. Sin que obste a lo anterior el hecho de que el artículo 219 del Código aludido establezca que una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tendrán derecho a consultar los registros de investigación y a obtener copia con la oportunidad debida para preparar la defensa, pues dicha disposición legal no debe interpretarse como una regla restrictiva ni considerar que sólo a partir de ese momento procesal pueden obtener copias, ya que de la redacción de dicho precepto deriva la obligación del Ministerio Público de respetar el derecho a una defensa adecuada y de igualdad entre las partes, permitiendo el acceso a los registros de investigación y la obtención de copias o reproducciones fotográficas de los datos que obran en la carpeta de investigación, de manera que no prohíbe que éstas se obtengan con anterioridad, pues lo que debe privilegiarse es que llegada la audiencia inicial, quien habrá de ser imputado cuente ya con los datos y registros necesarios que le permitan desarrollar una defensa adecuada, por lo que al actualizarse el supuesto en que el imputado pueda tener acceso a la carpeta de investigación, ello implica también su derecho a obtener copia de su contenido." En consecuencia, no ha lugar a duda que la parte quejosa debe acudir primeramente ante el Juez del proceso, a efecto de que resuelva lo conducente en relación con la negativa de acceso a la carpeta de investigación. Pues no se actualiza ningún motivo de excepción de los contemplados en el numeral 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Máxime, que atento al diseño de la ley adjetiva penal, las partes y en el caso especial el imputado tiene expedito su derecho para acudir ante la potestad del juez de control y procedimiento. Por tanto toda petición relacionada con el proceso penal debe realizarse ante el mismo, quien tiene el deber legal de actuar. Sin que este órgano federal pueda sustituirse al juzgador del orden común. De lo anterior se desprende que, en estricto acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, antes de acudir a esta vía constitucional, la parte quejosa debe agotar las instancias ordinarias necesarias. En consecuencia, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de cuenta por su notoria improcedencia. DOMICILIO. De acuerdo con el artículo 27 de la ley reglamentaria, téngase como domicilio para recibir notificaciones de la parte quejosa, el que indica. AUTORIZADOS. Dese intervención como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Cuauhtémoc Gabriel Andrade González y Vladimir Chávez Salinas. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte están registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Y únicamente para oír y recibir notificaciones a los demás nombrados. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio -con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal)- constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada. En la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con base en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que no existe inconveniente para que se utilice algún medio mecánico, digital, electrónico o fotográfico [scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir] para la toma de los acuerdos respectivos, siempre previa constancia que se deje en autos, con apersonamiento ante el personal encargado, para que precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción, edición o uso que haga de ellos la parte interesada, quien estará obligada a actuar con la debida lealtad procesal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el arábigo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. Siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DE LA UTILIZACIÓN PREFERENTE DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y SOLUCIONES DIGITALES EN EL TRABAJO. En términos del Título séptimo del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas Disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, especialmente el numeral 263, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. En el cual, conforme al diverso artículo 41 bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar al de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (p. ej. la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Para tal efecto deberán seguirse la directrices marcadas en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas Disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Fórmese expediente con la demanda de amparo indirecto promovida por José Cupertino García García, por propio derecho, contra actos del 1. Fiscal Decimoquinto Investigador de la Unidad Integral de Procuración de Justicia Distrito XVI, con sede en Veracruz, Veracruz, y otras autoridades. Regístrese el expediente 149/2023-IX. Hágase la captura en el libro electrónico de registro correspondiente, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con fundamento en los artículos 99 y 99 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. DESECHAMIENTO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, esta potestad federal tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, el que suscribe advierte la actualización de diversas causas de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizarán a continuación. De la lectura integral de la demanda se desprende que la parte quejosa reclama: a) La orden que emitió el Fiscal Decimoquinto de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, con sede en Veracruz, Veracruz, respecto a la medida cautelar de aseguramiento del inmueble ubicado en la Congregación del Corralito del Doce, Municipio de Medellín de Bravo, Veracruz y consecuente ejecución. b) La negativa al acceso de la carpeta de investigación 625/2023 de su índice. Como antecedentes manifiesta lo siguiente: -A las seis horas con cincuenta minutos del diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, en la Congregación del Corralito del Doce, municipio de Medellín de Bravo, Veracruz, se realizó un operativo de seguridad sobre la carretera federal Costera del Golfo. -De dicho operativo se suscitó un enfrentamiento entre civiles y elementos policiacos. Se metieron arbitrariamente a su domicilio y al de su hija de nombre Citlali Lizzeth García Muñoz, quien fue detenida como probable responsable de los delitos de tentativa de homicidio, robo de vehículo en la modalidad de posesión de vehículo robado y contra las instituciones de seguridad pública. Las autoridades responsables dictaron la medida cautelar del aseguramiento del domicilio del quejoso, por lo que alude no puede acceder al mismo. Sentado lo anterior, se precisa que respecto del acto reclamado en el inciso a) se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 137, párrafo segundo, 138, fracción I, tercer párrafo y 467, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, al tenor de los siguientes argumentos. El artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, establece el juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Por su parte, los numerales los artículos 137, párrafo segundo, 138, fracción I, tercer párrafo y 467, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen: Artículo 137. Medidas de protección El Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará fundada y motivadamente la aplicación de las medidas de protección idóneas cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido. Son medidas de protección las siguientes: Dentro de los cinco días siguientes a la imposición de las medidas de protección previstas en las fracciones I, II y III deberá celebrarse audiencia en la que el juez podrá cancelarlas, o bien, ratificarlas o modificarlas mediante la imposición de las medidas cautelares correspondientes. Artículo 138. Providencias precautorias para la restitución de derechos de la víctima Para garantizar la reparación del daño, la víctima, el ofendido o el Ministerio Público, podrán solicitar al juez las siguientes providencias precautorias: I. El embargo de bienes. Decretada la providencia precautoria, podrá revisarse, modificarse, sustituirse o cancelarse a petición del imputado o de terceros interesados, debiéndose escuchar a la víctima u ofendido y al Ministerio Público. Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares; De lo transcrito se destaca que el Ministerio Público puede ordenar la aplicación de providencias precautorias. Una vez decretada ésta podrá revisarse, modificarse, sustituirse o cancelarse a petición del imputado ante el Juez de Control. Ahora, en el caso particular, el primer acto reclamado se hace consistir en la orden que emite el Fiscal Décimo Quinto de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial en Veracruz, Veracruz, respecto a la medida cautelar de aseguramiento del inmueble ubicado en la Congregación del Corralito del Doce, Municipio de Medellín de Bravo, Veracruz. Tal determinación puede ser revisada, modificada, sustituida o cancelada, a petición del imputado o de terceros interesados, debiéndose escuchar a la víctima u ofendido y al Ministerio Público. En efecto, las providencias precautorias serán canceladas si el imputado garantiza o paga la reparación del daño; si fueron decretadas antes de la audiencia inicial y el Ministerio Público no las promueve, o no solicita orden de aprehensión en el término que señala este Código; si se declara fundada la solicitud de cancelación de embargo planteada por la persona en contra de la cual se decretó o de un tercero, o si se dicta sentencia absolutoria, se decreta el sobreseimiento o se absuelve de la reparación del daño. En tal virtud, de acuerdo al artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, existe un medio ordinario de defensa idóneo para que pueda ser combatida la determinación impugnada en esta vía constitucional. Lo anterior implica que, previo a acudir a la Justicia Federal para solicitar la Protección de Amparo, el quejoso debe agotar el medio ordinario de defensa establecido conforme a las disposiciones del precitado cuerpo normativo. Lo que, en el caso que nos ocupa no acontece. Además, el acto reclamado no encuadra en ninguna de las hipótesis de excepción. Por tanto, en estricto acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, antes de acudir a esta instancia constitucional a combatir la resolución en comento, debe agotar el medio ordinario de defensa, por medio del cual puede confirmarse, revocarse o modificarse la aludida resolución. Es aplicable por sus consideraciones jurídicas la Jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obra a foja 8, del Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2017117, Materia Común, siguiente: DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Así como la tesis de jurisprudencia número 986, sostenida por el entonces Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, visible a foja 678, Tomo VI, parte TCC, Séptima Época, del Apéndice de 1995, materia Común, registro 394942, que textualmente dice: RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y o agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La parte quejosa debe interponer medio ordinario de defensa previsto en el numeral 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de que sea revisado, modificado, sustituido o cancelado el acto del cual se duele. Por otra parte, respecto al diverso acto reclamado identificado con el inciso b), consistente en la negativa de acceso a la carpeta de investigación 625/2023, Se estima actualizada la causal de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, al tenor de los siguientes argumentos. El artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Por su parte, el precepto 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales estipula: "Artículo 219. Acceso a los registros y la audiencia inicial. Una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su Defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a obtener copia, con la oportunidad debida para preparar la defensa. En caso que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias, podrán acudir ante el Juez de control para que resuelva lo conducente". En ese orden, el Código Nacional de Procedimientos Penales, otorga al imputado o a su defensor, la posibilidad de acudir ante autoridad judicial en caso que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias. A pesar de tener derecho a ello de conformidad con los artículos 113 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuya interpretación sistemática permite concluir que el imputado y su defensor podrán tener acceso dichos registros cuando aquél se encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter, o bien, sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Sin que obste a lo anterior el hecho de que el numeral 219 del Código aludido establezca que una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tendrán derecho a consultar los registros de investigación y a obtener copia con la oportunidad debida para preparar la defensa. Dicha disposición legal no debe interpretarse como una regla restrictiva ni considerar que sólo a partir de ese momento procesal pueden acceder a los registros. Ya que de la redacción de dicho precepto deriva la obligación del Ministerio Público de respetar el derecho a una defensa adecuada y de igualdad entre las partes, permitiendo el acceso a la investigación y datos que obran en la carpeta respectiva, pues lo que debe privilegiarse es que llegada la audiencia inicial, quien habrá de ser imputado cuente ya con los datos necesarios que le permitan desarrollar una defensa adecuada. Cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 72/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, página 994, Registro digital: 2020891, Décima Época, Materia Penal, siguiente: DEFENSA ADECUADA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. EL INDICIADO Y SU DEFENSOR TIENEN DERECHO A OBTENER COPIAS O REPRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS DE LOS DATOS DE PRUEBA QUE OBRAN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, CUANDO EL IMPUTADO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 218, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Una interpretación sistemática de los artículos 113 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite concluir que el imputado y su defensor podrán tener acceso a los registros de la investigación cuando aquél se encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter, o bien, sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Sin embargo, para el goce efectivo del derecho fundamental de defensa adecuada, debe permitirse que puedan obtener una reproducción de dichos registros, ya sea en copia fotostática o como registro fotográfico cuando el imputado se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 218, párrafo tercero, del Código aludido lo que es acorde con los principios del sistema procesal penal acusatorio, relativos a la igualdad y equilibrio entre las partes. Sin que obste a lo anterior el hecho de que el artículo 219 del Código aludido establezca que una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tendrán derecho a consultar los registros de investigación y a obtener copia con la oportunidad debida para preparar la defensa, pues dicha disposición legal no debe interpretarse como una regla restrictiva ni considerar que sólo a partir de ese momento procesal pueden obtener copias, ya que de la redacción de dicho precepto deriva la obligación del Ministerio Público de respetar el derecho a una defensa adecuada y de igualdad entre las partes, permitiendo el acceso a los registros de investigación y la obtención de copias o reproducciones fotográficas de los datos que obran en la carpeta de investigación, de manera que no prohíbe que éstas se obtengan con anterioridad, pues lo que debe privilegiarse es que llegada la audiencia inicial, quien habrá de ser imputado cuente ya con los datos y registros necesarios que le permitan desarrollar una defensa adecuada, por lo que al actualizarse el supuesto en que el imputado pueda tener acceso a la carpeta de investigación, ello implica también su derecho a obtener copia de su contenido." En consecuencia, no ha lugar a duda que la parte quejosa debe acudir primeramente ante el Juez del proceso, a efecto de que resuelva lo conducente en relación con la negativa de acceso a la carpeta de investigación. Pues no se actualiza ningún motivo de excepción de los contemplados en el numeral 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Máxime, que atento al diseño de la ley adjetiva penal, las partes y en el caso especial el imputado tiene expedito su derecho para acudir ante la potestad del juez de control y procedimiento. Por tanto toda petición relacionada con el proceso penal debe realizarse ante el mismo, quien tiene el deber legal de actuar. Sin que este órgano federal pueda sustituirse al juzgador del orden común. De lo anterior se desprende que, en estricto acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, antes de acudir a esta vía constitucional, la parte quejosa debe agotar las instancias ordinarias necesarias. En consecuencia, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de cuenta por su notoria improcedencia. DOMICILIO. De acuerdo con el artículo 27 de la ley reglamentaria, téngase como domicilio para recibir notificaciones de la parte quejosa, el que indica. AUTORIZADOS. Dese intervención como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Cuauhtémoc Gabriel Andrade González y Vladimir Chávez Salinas. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte están registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Y únicamente para oír y recibir notificaciones a los demás nombrados. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio -con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal)- constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada. En la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con base en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que no existe inconveniente para que se utilice algún medio mecánico, digital, electrónico o fotográfico [scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir] para la toma de los acuerdos respectivos, siempre previa constancia que se deje en autos, con apersonamiento ante el personal encargado, para que precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción, edición o uso que haga de ellos la parte interesada, quien estará obligada a actuar con la debida lealtad procesal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el arábigo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. Siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DE LA UTILIZACIÓN PREFERENTE DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y SOLUCIONES DIGITALES EN EL TRABAJO. En términos del Título séptimo del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas Disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, especialmente el numeral 263, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. En el cual, conforme al diverso artículo 41 bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar al de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (p. ej. la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Para tal efecto deberán seguirse la directrices marcadas en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas Disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese personalmente.
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