Jose Cruz Valencia

Expediente 976/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
976/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
19/08/2022

Partes del expediente

  • Jose Cruz Valencia

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el oficio signado por el Secretario del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en el cual remite testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de queja 188/2022 del índice del aludido Tribunal en sesión de once de agosto del año en curso, que concluyó en lo siguiente: "ÚNICO. Es infundado este recurso de queja.". Por tanto, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar. Acúsese recibo vía interconexión, hágase saber la circunstancia anterior a las partes, efectúense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y glósese el cuaderno de antecedentes, únicamente las constancias originales que obren en el mismo, en razón de que el resto son constancias que ya obran en este. En razón de lo anterior, de conformidad a lo establecido en los artículos 12, 14 y 21 inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; el presente juicio es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental ni conservable. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    Visto el escrito de cuenta que suscribe el quejoso, glósese a los autos y téngasele desahogado la vista conferida en auto de dos de junio pasado para los efectos legales conducentes. Ahora, visto su contenido dígasele que no ha lugar a requerirle nuevamente las pruebas documentales que refiere, ya que la autoridad requerida manifestó su imposibilidad para ello, de ahí, que no sea factible solicitar de nueva cuenta algo que ya indicó se encuentra impedida materialmente para ello, pues en todo caso es una cuestión que será tomada en cuenta al momento de emitir la sentencia respectiva y efectuar al estudio de las cargas probatorios y su trascendencia en la constitucionalidad de los actos combatidos. No obsta que el promovente refiere que en todo caso la autoridad debió recurrir el proveído en que se efectuó el requerimiento de constancias, ya que atendiendo a la naturaleza del juicio de amparo y el desahogo de las pruebas en el mismo, por ser un medio de control constitucional, la autoridad responsable válidamente puede pronunciarse sobre aquellas constancias que se le requieran al momento de atender la recuesta sin tener que recurrir el auto de su admisión, pues no debe perderse de vista que no se trata de un procedimiento jurisdiccional ordinario en que las partes pueden consentir el ofrecimiento de una prueba, pues al ser el juicio de amparo un medio de control constitucional se buscan el conocimiento pleno de los hechos. De modo tal, que las cargas probatorias son diferentes a un juicio común y la autoridad solo se encuentra obligada a pronunciarse sobre el requerimiento que le sea realizado, en sentido positivo o negativo, sin que en caso de no contar con los documentos requeridos se encuentra compelida a recurrir la resolución relativa, pues ello no implica su consentimiento y será hasta el momento de ser requerida cuando deberá manifestarse al respectivo y el Juzgado ponderar su conducta procesal, lo que puede influir al momento de emitir la sentencia respectiva. Por otra parte, dígasele que tampoco ha lugar a requerir la prueba documental que denomina como superviniente, puesto que de su ofrecimiento se advierte que implica la obligación de que la autoridad responsable confeccione tal documental, lo que no puede ser objeto de prueba en este juicio, pues el requerimiento de la prueba documental debe versar sobre aquellos documentos existentes, no así, obligar a la autoridad a su elaboración. Tampoco ha lugar a requerir el resto de documentales que no fueron objeto del ofrecimiento primigenio del que derivó el requerimiento de constancias cuya vista ahora se evacúa, pues la recuesta debe limitarse a aquellos documentos materia del requerimiento inicial, sin introducir cuestiones novedosas. Finalmente, en relación a las diversas manifestaciones que realiza, se advierte que contienen alegatos sobre la constitucionalidad de los actos reclamados, por ende, se tienen por formulados, mismos que serán tomados en consideración en la audiencia constitucional de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, se aprecia que la autoridad responsable no rindió su informe justificado con la anticipación que permitiera hacerlo del conocimiento de las partes conforme lo dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo; esto es, al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, para que estuvieran en aptitud de preparar las pruebas que en su caso lo desvirtuaran. En consecuencia, lo procedente es DIFERIR la audiencia constitucional fijada para el día de hoy, y se señalan para su verificativo las OCHO HORAS CON VEINTISEIS MINUTOS DEL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, por así permitirlo la agenda oficial, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    ACTA DE AUDIENCIA

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