José Cruz Torres Ortiz
Expediente 1346/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 35 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1346/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 35
- Última actuación
- 17/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- José Cruz Torres Ortiz
- Presidente Municipal de Tonalá, Chiapas.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 35.
- Principal
Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de quince días, que el artículo 202 de la Ley de Amparo, concede para interponer recurso de inconformidad, contra el auto de trece de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 326-328), mediante el cual, se tuvo por cumplida la sentencia amparadora, sin que la parte interesada lo hubiese hecho valer; en consecuencia, se tiene por consentida dicha determinación. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo, previas las anotaciones correspondientes que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado.
- Incidental
Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que en esta propia fecha dentro del juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión, se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Transferir el expediente principal y original del incidente, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 2. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio en el que se concedió el amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha. 3. Destruir el cuaderno original del incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse negado la suspensión provisional y la definitiva.
- Principal
(AVISO DE NOTIFICACIÓN).- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LA LISTA DE ACUERDOS QUE SE PUBLICA EN LOS ESTRADOS EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27, INCISO C), Y 29, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, A LA PARTE QUEJOSA, LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN: "Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de quince días, que el artículo 202 de la Ley de Amparo, concede para interponer recurso de inconformidad, contra el auto de trece de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 326-328), mediante el cual, se tuvo por cumplida la sentencia amparadora, sin que la parte interesada lo hubiese hecho valer; en consecuencia, se tiene por consentida dicha determinación. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo, previas las anotaciones correspondientes que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado
- Principal
(AVISO DE NOTIFICACIÓN).- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS QUE SE FIJA EN UN LUGAR VISIBLE DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN I, INCISO C), EN RELACIÓN AL 29 AMBOS DE A LEY DE AMPARO, EL ACUERDO QUE ANTECEDE, QUE DICE LO SIGUIENTE: "MESA 1-B.- Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, con el propósito de declarar lo procedente acerca del cumplimiento de la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo. El artículo 77 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." De acuerdo con el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución General de la República, la sentencia que conceda el amparo y protección de la Justicia Federal tendrá por objeto restituir a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. En ese contexto, en sentencia con engrose de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve (fojas 242 a 262), se concedió la Justicia de la Unión en el presente juicio de amparo. Siendo los efectos de la concesión, para que las autoridades responsables realizara lo siguiente: "Realicen el pago de la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho el quejoso José Cruz Torres Ortiz, con motivo de la separación de su cargo. Esto es, la presente resolución de amparo constriñe a las autoridades responsables a subsanar la violación correspondiente (derecho humano de legalidad y seguridad jurídica) y ante la imposibilidad de regresar las cosas al estado en que se encontraban, dada la restricción constitucional establecida en el artículo 123, fracción XIII, apartado B, de la Constitución Federal, para reincorporar al quejoso como Policía Tercero adscrito a la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Ciudadana de Tonalá, Chiapas, única y exclusivamente para el efecto siguiente: Las autoridades responsables queden obligadas a resarcir íntegramente el derecho del que se vio privado el promovente del amparo, debiendo pagarle la indemnización constitucional relativa, la cual engloba el pago de tres meses de salario y veinte días por cada año de servicio, y demás prestaciones a que pudiera tener derecho conforme a la legislación aplicable, desde que se concretó su separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio y hasta que se realice el pago correspondiente y, desde luego, también deberá anotarse en el expediente personal del quejoso, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, que fue separado de manera injustificada." Por lo tanto, en proveído de diecinueve de junio del año en curso, se requirió cumplimiento a la autoridad responsable en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo (fojas 276 y 277). En acuerdo de dieciocho de julio de dos mil diecinueve, se recibió el escrito del autorizado de la parte quejosa José Saúl Juárez Pérez, mediante el cual hizo del conocimiento a este juzgado, que las autoridades responsables no obstante de tener conocimiento de la sentencia dictada en el presente juicio, no habían dado cumplimiento; por lo que se requirió nuevamente a las autoridades responsables para que informaran a este órgano jurisdiccional respecto al cumplimiento. Por otra parte, en proveídos de veinticinco y treinta de julio de esta anualidad, las autoridades responsables Director de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Ciudadana Municipal y el Síndico Municipal, con sede en Tonalá, Chiapas, informaron a este juzgado las gestiones necesarias para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que se tuvo en vías de cumplimiento. Ahora bien, en treinta y uno de julio del presente año (fojas 305 y 306), se tuvo por recibido el oficio con folio 22035 (foja 305), signado por la Síndico Municipal del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional, con sede en Tonalá, Chiapas, con el que informó sobre el cumplimiento de la sentencia ejecutoria pronunciada en este juicio y remitió copias certificadas del convenio de pago de veinticinco de julio del año en curso, así como del recibo correspondiente (fojas 299 a 304), dándose vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera. En auto de quince de agosto de dos mil diecinueve, se tuvo por no cumplida la sentencia de mérito y se requirió nuevamente a las autoridades responsables. Asimismo, en veintinueve del mes y año citado, se recibió el oficio signado por el Presidente Municipal Constitucional de Tonalá, Chiapas, con el que informó sobre el cumplimiento de la sentencia ejecutoria pronunciada en este juicio y remitió copias certificadas de la constancia de baja de cinco y veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, dándose vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera. En consecuencia, procede que el suscrito juzgador federal realice el pronunciamiento relativo, a fin de determinar si se encuentra cumplido o no el fallo protector. Ahora, del análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable las cuales están provistas de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los dispositivos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa en su ordinal 2, se obtiene que el fallo amparatorio se encuentra debidamente cumplido. Lo anterior es así, toda vez que de esas documentales, se advierte que en veinticinco de julio de dos mil diecinueve, celebraron el convenio de pago entre el quejoso José Cruz Torres Ortiz y por la autoridad responsable a través del Presidente, Sindico, Secretario, Tesorero y Director de la Policía, todos del Ayuntamiento Municipal de Tonalá, Chiapas, en el que le fue entregado al promovente del amparo la cantidad de doscientos noventa mil pesos 00/100 moneda nacional, mismo que dijo estar conforme al recibir dicho pago y que fue anotado en el expediente personal del aquí quejoso, así como en el Registro Nacional de Seguridad Publica, que fue separado de manera injusta Por lo tanto, es evidente que las autoridades responsables dieron cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, se declara cumplida la sentencia pronunciada en el juicio constitucional en que se actúa, conforme a los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo.
Quedan 31 actuaciones en este expediente
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