José Cruz Sánchez Lizárraga
Expediente 453/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 453/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- José Cruz Sánchez Lizárraga
Actuaciones
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, siete de agosto de dos mil dieciocho. Relación del estado procesal de autos. Visto el estado procesal de los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra el acuerdo dictado en autos, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo vigente, se declara que el mismo ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Orden de archivo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes, y archívese el expediente, como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos Vigésimo y Vigésimo Primero, el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documento. Toda vez que hay un documento original de la parte quejosa, en acatamiento al artículo Vigésimo, párrafo último, del Acuerdo General invocado, se le previene para que acuda a este juzgado de Distrito, dentro del plazo de noventa días, a recoger el documento original que exhibió en este expediente, apercibida que, en caso de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruido junto con el expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Notifíquese personalmente a las partes.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, once de julio de dos mil dieciocho. I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por José Cruz Sánchez Lizárraga, por derecho propio. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 453/2018. III. Decisión sobre la instancia constitucional. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, párrafo primero, y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo, contra actos de las autoridades denominadas: Consejo Consultivo Delegacional en Sinaloa del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Culiacán. Secretario del Consejo Consultivo Delegacional en Sinaloa del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Culiacán. IV. Audiencia constitucional. Se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, como el momento en que se llevará a cabo la audiencia prevista en el artículo 115 de la Ley de Amparo. V. Intervención a las partes del juicio de amparo. a) Domicilio procesal y autorizados. Téngase como su domicilio procesal para recibir notificaciones, el que indica en el escrito de demanda, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Ricardo Ramírez de Jesús, Venancio Baltazar Pérez España, Jesús Manuel Sicairos Galindo y Eduardo Hernández Ramírez, en razón a que de la certificación de cuenta se advierte que sus cédulas profesionales se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único para Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a Norma Angélica López González, María Inés González Torres, Zuni Areli Castillo López, Yolanda María Osuna Bogarín y Jessica Susana Pérez Valdez, por así haberlo solicitado. b) Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que se anexaron al escrito de demanda; así como instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto legal y humana, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional. c) Precisión de las autoridades responsables. Se precisa que el ordinal 108, fracción III, de la Ley de Amparo, establece como obligaciones de los peticionarios de amparo, entre otras, el señalar con precisión a las autoridades responsables (incluso tratándose de asuntos en materia penal pues sobre el tema no opera la suplencia de la queja a que hace referencia el artículo 79 de la Ley de Amparo); en consecuencia, se apercibe a la parte quejosa de que, en caso de que las autoridades responsables no existan con las denominaciones que indica en su demanda, sin mayor trámite, se les tendrán por inexistentes y se suspenderá toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad, se resolverá el juicio conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables, hasta antes de la audiencia constitucional, al considerar que le corresponde a la parte impetrante estar pendiente de la tramitación de su asunto; la anterior circunstancia guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita, así como al principio de celeridad procesal. 2. Autoridades responsables: a) Informe. Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que en el plazo de quince días rindan sus informes con justificación, apercibidas que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá, a la omisa, una multa equivalente a cien días del valor diario de la unidad de medida y actualización vigente, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II, de la ley de la materia y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. b) Informe de causas de sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 64 del ordenamiento legal invocado, se requiere a las autoridades responsables para que en caso de que dicten la resolución correspondiente, en el recurso de inconformidad a que alude la parte quejosa en su demanda de amparo, remitan copia certificada de esa resolución y de su notificación; asimismo, en caso de que tengan conocimiento que se actualice alguna causal de improcedencia o sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este Juzgado de Distrito, en cualquier estado procesal que se encuentre el juicio de amparo, haciendo de su conocimiento que si no cumplen con esa obligación, se les impondrá una multa de treinta días del valor diario de la unidad de medida y actualización vigente; lo anterior, en términos de los artículos 238 y 251 de la Ley de Amparo y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. c) Requerimiento de expediente generador. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que, en su caso, remitan las constancias que integran el expediente generador de los actos reclamados o que sirvieron de apoyo para emitirlo, toda vez que resultan necesarias para resolver el presente juicio de amparo, con el apercibimiento que de incumplir con lo anterior dentro del plazo señalado o de no informar las causas legales o materiales que se lo impidan, se impondrá al omiso, una multa de cien días del valor diario de la unidad de medida y actualización vigente, en términos de los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. 3. Tercero interesado. Se hace constar que en el presente asunto se señaló que no existe tercero interesado, y de la revisión de la demanda no se advierte la existencia de alguno. 4. Representación Social. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado la intervención que legalmente le corresponde. VI. Incidente de suspensión. No se ordena la apertura ni trámite del incidente de suspensión, en virtud de no haber sido solicitado por la parte quejosa. VII. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. VIII. Transparencia. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8 del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. Notifíquese.
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