José Cruz Pérez Salgado
Expediente 229/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 229/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/06/2022
Partes del expediente
- José Cruz Pérez Salgado
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; dos de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el doce de mayo de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo del presente asunto y se determinó que el plazo para su destrucción era de tres años contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo; sin embargo, tomando en consideración que se trata de un cuaderno de antecedentes, lo correcto es que una vez que transcurran seis meses de archivado el presente expediente es susceptible de destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; doce de mayo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ténganse por recibido el oficio de cuenta, procedente del -------, con el que informa que aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional y acordó lo conducente, mismo que registró con el número -------; de lo que este Juzgado toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. En este contexto, atento a lo ordenado en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que: a) El cuaderno principal es susceptible de destrucción (Artículo 21, inciso d), del citado Acuerdo). Por tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción, al no tratarse de un expediente con relevancia documental. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General Conjunto de referencia, de igual forma, se precisa que en el asunto que nos ocupa no hay información reservada a la que hace referencia el diverso artículo 19. En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 35 del citado Acuerdo General, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), se ordena remitir como concluido el expediente de que se trata al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo. En cumplimiento a lo establecido en el acuerdo general 12/2020, artículos 3 fracción lll y 22 párrafo lV, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Secretario y a los Actuarios Judiciales para revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. Asimismo, los oficiales administrativos auxiliarán en ese ejercicio e incluso realizarán la compulsa de las actuaciones que integran el expediente físico para la digitalización de constancias y darán cuenta respecto de la identidad entre las actuaciones de ambos expedientes. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 párrafo lV, del acuerdo mencionado. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; treinta de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo se observa que el ocho de abril de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional declinó competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por José Cruz Pérez Salgado, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México y otras autoridades, a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, el cual registró con el número 264/2021-V de su índice. En esas condiciones, de manera atenta se solicita al citado juzgado federal que de no existir inconveniente legal alguno, comunique lo que acordó en relación a la competencia declinada, a fin de estar en condiciones de acordar lo que en derecho proceda en el presente cuaderno. En cumplimiento a lo establecido en el acuerdo general 12/2020, artículos 3 fracción lll y 22 párrafo lV, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Secretario y a los Actuarios Judiciales para revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. Asimismo, los oficiales administrativos auxiliarán en ese ejercicio e incluso realizarán la compulsa de las actuaciones que integran el expediente físico para la digitalización de constancias y darán cuenta respecto de la identidad entre las actuaciones de ambos expedientes. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 párrafo lV, del acuerdo mencionado. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México, ocho de abril de dos mil veintiuno. Radicación. Vista la demanda de cuenta promovida por **, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México y otras autoridades, regístrese bajo el número 229/2021. Ahora bien, en el caso, el quejoso reclama el auto de vinculación a proceso de veintiuno de octubre de dos mil veinte, dictado en la carpeta de investigación 134/2020, así como su ejecución, pues a virtud de el mismo se encuentra privado de la libertad en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Jilotepec, Estado de México. Incompetencia. Precisado lo anterior, es menester indicar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, sólo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese orden, con independencia de la procedencia o no del juicio, este Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, determina que carece de competencia legal para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación literal de dicho precepto se advierte que el Juez de Distrito es competente por razón de territorio para conocer del juicio de amparo, en los siguientes casos: 1) Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, será competente el juzgador ante el que se presente la demanda; y 3) Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En ese contexto, resulta claro que, por regla general, son los actos ejecutivos los que determinan la competencia de los jueces de distrito, por lo que resulta necesario hacer algunas reflexiones al respecto, en relación con las reglas competenciales antes indicadas. Por lo que hace a la primera regla, que es la fundamental, es el lugar donde vaya a ejecutarse el acto reclamado lo que fija la competencia del juez de distrito. Es decir, es juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar o se hayan realizado, sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. Ha de recordarse que un acto de autoridad, si no es absolutamente negativo o totalmente declarativo, se desenvuelve normalmente en dos fases: una, es la decisoria u ordenadora, y otra, la ejecutiva. Así, para determinar la competencia de un juez de distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos decisorios y actos ejecutivos, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen o traten de realizarse, de tal manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial. Y es que, según lo ha establecido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, la expresión "ejecución material" contenida en el artículo 37 de la Ley de Amparo "debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación, es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real.". Así, es el sitio donde los actos reclamados se ejecuten o vayan a ejecutarse materialmente, lo que define la competencia de los jueces de distrito; de modo que, para fijar la competencia para conocer de una demanda se debe establecer si el acto reclamado tiene o no ejecución, así lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 7/2015, en sesión de veintinueve de abril de dos mil quince, de la que derivó la jurisprudencia 2ª/J. 68/2015, de rubro "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE CONCLUSIÓN DEL SERVICIO POR SEPARACIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO." Luego, de la demanda de amparo indirecto promovida en contra de actos que requieren una ejecución, necesariamente debe atenderse a la localidad en que deben cumplirse o materializarse tales actos, pues ahí en donde se ejecutan y producen consecuencias en el mundo fáctico. La regla antedicha tiene como finalidad facilitar el acceso a la justicia constitucional, pues se entiende que generalmente la ejecución recae en el domicilio del gobernado o dentro del ámbito espacial en que lleva a cabo su actividad laboral o productiva. En el segundo supuesto previsto en el artículo 37 de la ley de la materia, si los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos jueces de distrito, la competencia para conocer del amparo respectivo se surte a favor de cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, esto es, ante el juez de distrito en donde se presentó la demanda. Finalmente, cuando el acto reclamado consista en una resolución que no requiera ejecución material, lo que determina la competencia del juez de distrito es el lugar en donde la parte quejosa decidió presentar la demanda. Esta regla se aplica a actos negativos o declarativos, que no originen ningún acto ejecutivo, pues en este último supuesto, se insiste, rigen las dos reglas precedentes. Con estos elementos, es preciso señalar que del examen de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama actos que tienen ejecución, como es el auto de vinculación a proceso de veintiuno de octubre de dos mil veinte, dictado en la carpeta de investigación 134/2020, así como su ejecución, pues a virtud de el mismo se encuentra privado de la libertad en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Jilotepec, Estado de México. Destacado lo anterior, para efectos de fijar la competencia para conocer de la demanda de amparo indirecto que nos ocupa, debe atenderse al lugar en donde tuvo ejecución, deben cumplirse o materializarse los actos reclamados, esto es, en qué lugar producen consecuencias en el mundo fáctico, que en el caso es en Jilotepec, Estado de México, por ser el lugar donde se ejecutan los actos reclamados; pues precisamente de la demanda se advierte que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Jilotepec, Estado de México. En consecuencia, atendiendo a lo previsto en el artículo 37 de Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que resulta competente para conocer la demanda de amparo de referencia, es el Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, en turno, quien ejerce jurisdicción en Jilotepec, Estado de México. Por lo que, lo procedente es declarar la legal incompetencia por razón del territorio de este órgano de control constitucional para conocer de este juicio, declinándola en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, en turno, para lo cual remítase la demanda de amparo, a fin que dentro del plazo señalado en el artículo 48 de la Ley de Amparo, informe si acepta o no la competencia que se plantea. Por tanto, con las constancias respectivas fórmese cuaderno de antecedentes para los efectos legales a que haya lugar, pues con independencia de establecer la procedencia del amparo es necesario verificar primero la competencia del órgano jurisdiccional para pronunciarse al respecto. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Autorizados. En atención a la certificación secretarial que antecede, téngase por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***; asimismo, únicamente para oír y recibir notificaciones a ***, *** e ***. Exhortación. Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea y, además, proporcionen algún otro medio de contacto, como correo electrónico o servicio de mensajería instantánea, a través del cual se pueda entablar comunicación no procesal. Días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En cumplimiento a lo establecido en el acuerdo general 12/2020, artículos 3 fracción lll y 22 párrafo lV, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Secretario y a los Actuarios Judiciales para revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. Asimismo, los oficiales administrativos auxiliarán en ese ejercicio e incluso realizarán la compulsa de las actuaciones que integran el expediente físico para la digitalización de constancias y darán cuenta respecto de la identidad entre las actuaciones de ambos expedientes. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 párrafo lV, del acuerdo mencionado. Notifíquese.
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