José Cruz Ordoñez González
Expediente 631/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 10 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 631/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 16/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- José Cruz Ordoñez González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados y página electrónica a la parte quejosa. Por lo expuesto y fundado, este Juzgado de Distrito resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a ********************, por vicio de fondo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados y página electrónica a la parte tercera interesada. TRÁMITE: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Culiacán, Sinaloa, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la Jueza Quinto Civil de ******************** y otra autoridad. SEGUNDO. Trámite. Por auto de uno de junio siguiente, este Juzgado de Distrito admitió la demanda de amparo, ordenó solicitar informe justificado a las autoridades responsables, dar intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se fijó hora y día para la audiencia constitucional, la cual se inició en términos del acta que antecede. RESOLUCIÓN: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, virtud que el acto reclamado tiene ejecución en el ámbito territorial donde ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Autoridades y actos reclamados. De la Jueza Quinto de lo Civil del Distrito Judicial de ********************: Todo lo actuado en el juicio sumario civil hipotecario ********************, promovido por BBVA BANCOMER, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA BANCOMER, contra ********************. El emplazamiento por edictos en el juicio natural citado. Del Actuario adscrito a la Coordinación de Actuarios adscritos de los Juzgados de Primera Instancia Civiles, Familiares, Especializados en Oralidad Mercantil y Especializados en Materia Laboral del Distrito Judicial de ********************: Diligencias de diez de marzo y diecinueve de mayo de dos mil quince, en las que hizo constar imposibilidad para emplazar al demandado. TERCERO. Existencia de actos. Son ciertos los actos reclamados a la Jueza responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 66), aunado que exhibió copia certificada del juicio natural que corroboran su existencia. Por otra parte, no obstante que el Actuario responsable fue omiso en rendir informe justificado, pese estar notificado del auto por el que le fue requerido (foja 65), de las copias certificadas del juicio natural se advierte la certeza de los actos reclamados porque están agregadas las actuaciones que se le reclaman. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. De la copia certificada del juicio natural se advierten las actuaciones siguientes: 1. Por escrito de dieciocho de febrero de dos mil quince, en la vía sumaria civil hipotecaria BBVA BANCOMER, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA BANCOMER, demandó a ******************** (tomo de pruebas I, fojas 1 a 12). 2. El tres de marzo siguiente, el Juzgado Quinto Civil de ******************** admitió la demanda, expediente ******************** y ordenó emplazar al demandado en avenida Privada Casoli tres mil trecientos treinta y uno, fraccionamiento Stanza Tozcana de ******************** (tomo de pruebas, foja 122). 3. El diez de ese mes, el Actuario asentó que en el domicilio indicado no logró emplazar al demandado (tomo de pruebas, foja 128). 4. En acuerdo de once de mayo posterior, a petición de la parte actora, el Juzgado ordenó emplazar al demandado en el domicilio ubicado en calle ********************, colonia ********************, en ********************. 5. Mediante razón de diecinueve de ese mes, el Actuario hizo constar que no logró realizar el emplazamiento en el domicilio indicado (foja 143). 6. En proveído de veintitrés de junio de ese año, el Juzgado ordenó investigar el domicilio del demandado ante diversas instituciones (tomo de pruebas, foja 145), de lo que se obtuvo lo siguiente: Institución Resultado de domicilio proporcionado Foja en tomo de pruebas. Secretaría de Administración y Finanzas del Estado. Casoli tres mil trescientos treinta y uno, entre calle Capri y Valle de los Andes a trescientos metros de la Iglesia de Valle Alto, colonia Stanza Toscana, Culiacán, Sinaloa, código Postal 80050. 146 Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Privada Casoli tres mil trescientos treinta y uno, manzana veintinueve, lote ********************, colonia Stanza Toscana, Culiacán, Sinaloa. 148 Instituto Nacional de Migración No se encontró registro 150 Instituto Nacional Electoral Priv. Casoli tres mil trescientos treinta y uno, colonia Stanza Toscana, Culiacán, Sinaloa. 151 Servicio de Administración Tributaria Local de Servicios al Contribuyente en ******************** Informó impedimento para proporcionar información al no tratarse de controversia en materia penal o pensiones alimenticias. 152 Teléfonos de México No encontró registro 154 Dirección de Vialidad y Transportes. No encontró domicilio 155 Ayuntamiento de ******************** No encontró domicilio 157 Delegado de la entonces Procuraduría General de la República en Sinaloa. No encontró domicilio. 159 Director de Recaudación del Estado No encontró domicilio 161 Comisión Federal de Electricidad Calle Abraham González 980-7-1, colonia, ********************, en ********************. 163 Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de ******************** Privada Casoli tres mil trescientos treinta y uno, fraccionamiento Stanza Toscana, Culiacán, Sinaloa. 171 Instituto Mexicano del Seguro Social No encontró registro 174 Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy Fiscalía. No encontró domicilio 176 7. En auto de diecinueve de enero de dos mil dieciséis, el Juez responsable estableció que las autoridades no proporcionaron domicilios diversos de los señalados por la parte actora, por lo que ordenó emplazar al demandado mediante edictos (tomo de pruebas, foja 179). 8. En proveído de dos de agosto siguiente, el Juzgado estableció que el emplazamiento del demandada fue legal y se declaró su rebeldía al no contestar la demanda (tomo de pruebas, foja 215). 9. El dieciocho de agosto posterior, se dictó sentencia que condenó a la parte demanda al pago de las prestaciones reclamadas (tomo de pruebas, fojas 218 a 219). 10. En acuerdo de seis de noviembre de dos mil dieci********************, el Órgano Jurisdiccional declaró que la sentencia había causado ejecutoria (tomo de pruebas, foja 307). Lo anterior constituye los antecedentes de los actos reclamados. QUINTO. Estudio de fondo. Al advertirse violación manifiesta de la ley, con sustento en el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, se suplirá la deficiencia de los conceptos de violación. La parte quejosa se ostenta tercera extraña por equiparación al juicio natural, con el argumento que el emplazamiento por edictos que le fue practicado es inconstitucional. En relación con el derecho supremo de audiencia previa consagrada en el artículo 14 Constitucional, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene el criterio que esa prerrogativa constitucional, traducida en conceder al gobernado oportunidad de defensa previa al acto privativo de derechos, implica el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento a fin de garantizar la defensa adecuada del particular; de lo contrario, se trastoca el derecho de audiencia con la consecuente indefensión del afectado. Ese alto cuerpo colegiado sostiene que tales formalidades son: 1) Notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. 2) Oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa. 3) Oportunidad de alegar. 4) Dictado de resolución que dirima las cuestiones debatidas. Lo anterior quedó plasmado en la jurisprudencia P./J. 47/95, visible en la página 133, Tomo II, Diciembre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, donde se sostiene lo siguiente: FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. La anterior jurisprudencia es de observancia obligatoria con sustento en el artículo 217 y sexto de los transitorios de la vigente Ley de Amparo, dado que no se oponen a las disposiciones de ésta. El artículo 119 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa establece: 119. Cuando se ignore el lugar y la habitación donde resida la persona que deba ser emplazada o notificada, pero tenga representante o apoderado jurídicos, a éstos debe hacerse la notificación, si careciera de ellos, la primera notificación se hará por medio de edictos publicados por dos veces en el Periódico "El Estado de Sinaloa" y en algún otro periódico de mayor circulación a juicio del Juez, sin perjuicio de entregar una copia de la notificación en la Secretaría del H. Ayuntamiento del lugar en que el destinatario ha tenido su última residencia, o si ésta se ignora, donde haya nacido, si también éste se desconoce, la copia se entregará a la Procuraduría de Justicia del Estado. En los casos a que se refiere el presente artículo la notificación surtirá sus efectos a partir del décimo día de hecha su última publicación y la entrega. Si el destinatario no compareciera, se le harán las demás notificaciones en los términos del artículo 115 de este Código. De lo anterior deriva que cuando se ignore el lugar en el que habite o donde resida la persona a emplazar, se hará por edictos publicados dos veces en el periódico del Estado y en alguno otro de mayor circulación. Así, el análisis conjunto y relacionado de la disposición transcrita pone de relieve que el emplazamiento del demandado a juicio por medio de edictos es posible sólo cuando se desconozca el domicilio del demandado. Para llevar a cabo el emplazamiento de esa manera, el desconocimiento del domicilio del accionado debe ser generalizado, esto es, debe ser ignorado por las personas que puedan proporcionar información sobre su paradero, por lo que la sola manifestación del actor será insuficiente. Antes de ordenar el emplazamiento por edictos del demandado, es obligación del juzgador investigar el domicilio de aquél cuando no sea factible emplazarlo en el domicilio proporcionado; de tal manera, por seguridad jurídica y a fin de lograr establecer ese desconocimiento generalizado en torno al domicilio del accionado y no trasgredir el derecho de audiencia, el juzgador debe ordenar la investigación del domicilio de aquél; solo en el evento de no obtener respuesta favorable y agotados los medios a su alcance, entonces estará en posibilidad de ordenar el emplazamiento por medio de edictos en los términos contemplados en la ley. Al respecto es ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 6/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 304, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: EDICTOS, NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE. INTERPRETACIÓN DE LA HIPÓTESIS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE JALISCO. Si bien conforme a lo dispuesto en el artículo 117, fracción II, del Código Procesal Civil para el Estado de Jalisco, procede la notificación por edictos, cuando el actor manifiesta bajo protesta de decir verdad que se ignora el domicilio de su contraria, previo informe de la Policía Municipal del domicilio del demandado; el caso es, que aunque de ello no se desprende en forma expresa la obligación del juzgador de investigar de alguna otra forma el domicilio de dicho demandado, cuando éste se desconoce, sí podrá, haciendo uso de su prudente arbitrio, y para mejor proveer ordenar la expedición de oficios a los titulares de diversas oficinas o dependencias públicas, como lo serían todas aquéllas que dadas sus funciones, se estime, que cuentan con padrones de registros electrónicos o magnéticos, que incluyan nombres y domicilios de personas, para así solicitarle en auxilio de la administración e impartición de justicia, llevar a cabo una búsqueda del domicilio de la persona a la que se pretende comunicar una actuación judicial en el juicio o diligencia de que se trate. Dicha búsqueda sería con independencia de la obligación que la propia disposición establece de recabar un informe de la Policía Municipal del domicilio del demandado, pues los tiempos actuales, así como el incremento de la población imponen precisamente, la necesidad de actualizar los mecanismos que tiendan a garantizar la existencia de una administración de justicia eficaz, acorde con la realidad social. En esas condiciones, cabe precisar, que la actuación de búsqueda del juzgado se encuentra plenamente justificada, toda vez que no debe quedar duda de que el domicilio de la persona a notificar es incierto o desconocido, debido precisamente a que, nadie y en ninguna parte se pudo averiguar sobre él, siendo inevitable la notificación por edictos, pues la falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, constituye una violación de gran entidad al transgredirse con ello las formalidades esenciales del procedimiento, lo que impediría el pleno ejercicio del derecho de defensa del afectado, esto es, de su garantía de audiencia contenida en el artículo 14 constitucional, siendo que debe darse mayor certeza y seguridad al proceso relativo. Así es, la gran importancia que tiene en el juicio correspondiente ese acto procesal denominado "emplazamiento de las partes", es, que se realice de la manera más eficiente, a fin de que no quede ninguna duda de que se agotaron todas las diligencias previstas en la ley para cumplir cabalmente con ello, y así obtener plena seguridad jurídica en el desarrollo del proceso. En el caso, de los antecedentes del acto reclamado se advierte que en el asunto de origen se intentó emplazar a la parte demandada, hoy quejosa, en Privada Casoli tres mil trecientos treinta y uno, fraccionamiento Stanza Tozcana de ********************; sin embargo, el fedatario asentó que en ese domicilio fue atendido por Laura Grecia Flores Acosta, quien le indicó que ahí no vivía el demandado, que la rentó desde hacía como seis meses, que la persona buscada era dueño de la casa, pero no la conocía físicamente porque el contrato de arrendamiento se había efectuado a través de la inmobiliaria Centuri (tomo de pruebas, foja 128). En mérito de lo anterior, la parte actora proporcionó como domicilio para emplazar al demandado el ubicado en calle ********************, colonia ********************, en ********************, cuyo domicilio se advierte fue el señalado en el contrato de compra venta, con apertura de crédito hipotecario (tomo de pruebas, reverso de la foja 67). Al respecto, en esa dirección no se logró emplazar al demandado, pues el fedatario asentó que correspondía a edificio con departamentos, estaba cerrado y contaba con interfono, en el que lo atendió vecina del departamento cinco, quien le indicó que en el demandado vivió hace aproximadamente cinco años atrás, pero ese departamento estaba utilizado como oficina por empresa llamada Con Credito, que no sabía dónde vivía actualmente y no lo podía dejar entrar porque no había personas en la oficina del departamento ********************. Con base en lo anterior, el Juzgado realizó investigación del domicilio de la parte demandada ante diversas instituciones, las que algunas no proporcionaron información y otras indicaron los mismos domicilios, ante lo cual determinó agotada la búsqueda y ordenó el emplazamiento por edictos. De lo anterior, se advierte que no se agotó investigación eficaz sobre el domicilio del demandado aquí quejoso por lo siguiente: En el primer domicilio ubicado en Privada Casoli tres mil trecientos treinta y uno, fraccionamiento Stanza Tozcana de ********************, se obtuvo información que el demandado era el propietario, pero que no se le conocía porque la persona que atendió rentaba ahí y el contrato respectivo fue ante inmobiliaria. En ese sentido, el Juzgado de origen debió investigar en la inmobiliaria el domicilio del arrendador pues se entiende que lo representan o son el medio de contacto entre arrendador y arrendataria. Aunado a lo anterior, el Servicio de Administración Tributaria negó proporcionar información con el argumento que no se traba de controversia penal o de alimentos; empero, el Juez soslayó que las autoridades jurisdiccionales se les debe proporcionar la información al margen del tipo de juicio y controversia. En efecto, los artículos 275 y 276 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado prevén lo siguiente: 275. Para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, o de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitación de que las pruebas no estén prohibidas por la ley ni sean contrarias a la moral; que no se ofrezcan con fines notoriamente maliciosos o dilatorios; que tiendan a demostrar los hechos controvertidos; y que aporten al tribunal elementos de convicción útiles. El tribunal sólo admitirá las pruebas que sean pertinentes, idóneas y necesarias para resolver la controversia. 276. Los tribunales podrán decretar en todo tiempo, sea cual fuere la naturaleza del negocio, la práctica o ampliación de cualquiera diligencia probatoria, siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados. En la práctica de estas diligencias, el Juez obrará como estime pertinente para obtener el mejor resultado de ellas, sin lesionar el derecho de las partes, oyéndolas y procurando en todo su igualdad. En este sentido, los preceptos transcritos señalan que, en la práctica de las diligencias, los tribunales actuarán como lo estimen procedente para obtener el mejor resultado de ellas, sin lesionar los derechos de las partes y procurando la igualdad; asimismo, que cuando la recepción de una prueba pueda ofender la moral o el decoro social, las diligencias respectivas podrán ser reservadas, según el prudente arbitrio del tribunal. Las anteriores disposiciones facultan la discrecionalidad en el manejo de las pruebas, por lo que las copias o documentos deben ser entregados por los funcionarios o autoridades directamente al juzgador, para que en ejercicio de dicha facultad las analice y valore, a fin de resolver la litis constitucional planteada. En esas condiciones, dada la naturaleza de la información requerida por el juez de amparo que pudiere resultar reservada, quedará a su cargo la discrecionalidad en la guarda, custodia y difusión de las pruebas aportadas al juicio, pues en términos de los artículos 275 y 276 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, los tribunales están obligados a actuar como lo estimen procedente para obtener el mejor resultado de ellas, sin lesionar los derechos de las partes, y procurando en todo momento su igualdad; asimismo, cuando la recepción de prueba pueda ofender la moral o el decoro social, las diligencias respectivas podrán ser reservadas, según el prudente arbitrio de la autoridad responsable. Lo anterior, debido a que los preceptos aludidos facultan la discrecionalidad en el manejo de las constancias o pruebas, por lo que las copias o documentos deben ser entregados por los funcionarios o autoridades directamente al juzgador, para que en ejercicio de dicha facultad, las analice y valore, resolviendo la litis constitucional planteada. Así, aun cuando la información requerida sea considerada como reservada, en términos de los artículos 275 y 276 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado los juzgadores deben ordenar lo conducente a fin de mantener la confidencialidad de esa información, mediante el resguardo de las copias que la autoridad le envíe. Además, la reserva de mérito debe ser ponderada frente al derecho fundamental de la tutela judicial efectiva consagrado en los artículos 8 y 17 de la Constitución General de la República, los cuáles deben regir en todo procedimiento judicial. Por tanto, el Juzgador debió requerir al Servicio de Administración Tributaria el domicilio del demandado, sustentándose en lo expuesto con anterioridad sobre reserva de información. No obstante lo anterior, en el domicilio contractual ubicado en calle ********************, colonia ********************, en ********************, el Juzgado debió haber ordenado que el fedatario se constituyera nuevamente el edificio para indagar sobre el paradero del demandado, con el dueño del lugar en caso de que hubiera y con las personas del departamento en el que antes vivía. Por tanto, al no haber realizado esas acciones no fue eficaz la investigación del domicilio, pues el fedatario debió de agotar todos los medios a su alcance en los dos domicilios a los que acudió, con la finalidad de localizar al demandado, máxime que en el edificio en el que había departamentos no le permitieron el acceso y no trató directamente con las personas que se encontraban en el departamento ******************** que era la dirección señalada del hoy quejoso. Por tanto, el Juzgado de origen debió ordenar al Actuario se constituyera en diversos horarios para encontrar a alguien en el departamento ******************** del domicilio en comento o incluso habilitar días y horas inhábiles para indagar directamente con los ocupantes de ese lugar, ante la posibilidad de que la conocieran, fuera su familiar, arrendadora o existiera alguna otra circunstancias a través de la cual se pudiera investigar su domicilio. Así, el Juzgado de origen estuvo en posibilidad de realizar las investigaciones que estuvieran a su alcance para que indagar el domicilio de la solicitante del amparo a través del Actuario u ordenando a diversas dependencias -como las de policía- investigaran sobre el particular. En las condiciones anotadas, el emplazamiento reclamado trasgrede, en perjuicio de la parte quejosa, el derecho supremo de audiencia consagrado en el artículo 14 del Pacto Federal, lo que impone concederle la protección constitucional solicitada. SEXTO. Efectos de la protección. Con sustento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, la Juez Quinto Civil de ******************** debe realizar lo siguiente: 1. Dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio sumario civil hipotecario ********************, a partir del emplazamiento del demandado. 2. Ordenar la investigación del domicilio del demandado en los términos anotados en este fallo. Solo de esa manera será posible restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho supremo violentado, como el artículo 77 de la Ley de Amparo ordena. Por lo expuesto y fundado, este Juzgado de Distrito resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a ********************, por vicio de fondo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Del estado que guardan los autos se advierte que está programada para este día la audiencia constitucional en este juicio. No obstante, se desprende que el dieciséis de junio del año en curso se agregó el informe justificado rendido por el Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, por lo que trascurre el plazo de ocho días para que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de preparar la defensa de sus intereses. Asimismo, transcurre el término de quince días otorgado a la autoridad responsable Actuario adscrito a la Coordinación de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia Especializados en Materia Civil, Familiar, Laboral y de Oralidad Mercantil, con residencia en esta ciudad, para que rinda su informe justificado, como se advierte de la constancia de notificación que obra en autos. Por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE JULIO DEL AÑO EN CURSO para su celebración. Finalmente, glósese a los autos el escrito firmado por la licenciada Romana Armida Ramos Félix, apoderada legal del tercero interesado Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, personalidad que tiene acreditada ante la autoridad responsable Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil, como se advierte de las constancias que anexó a su informe justificado, por lo que en atención a lo solicitado se provee: Se tiene por reconocida la personalidad que ostenta la promovente en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo. Se tienen como sus autorizados en términos del numeral 12 de la ley de la materia a Juan Carlos Ament Peña, Gloria Félix López y Carolina López López, por lo que respecta al resto de los señalados se les autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones en virtud de que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Con fundamento en el artículo 124 de la legislación en consulta, se tiene por formulados los alegatos de la promovente, los que se tomarán en consideración en la audiencia constitucional. De igual manera, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental las constancias que integran el expediente 210/2015, del cual deriva el acto reclamado del cual allegó copia certificada, el Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil, al rendir su informe justificado. Notifíquese.
- Incidental
Culiacán, Sinaloa, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Con base en la certificación de cuenta y con apoyo en lo dispuesto en el numeral 136, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en consideración que la parte quejosa no exhibió la garantía fijada como medida de efectividad de la suspensión definitiva concedida, se determina que ésta deja de surtir efectos. Hágase del conocimiento de lo anterior a las autoridades responsables, por lo que queda expedita su facultad para ejecutar el acto reclamado; en la inteligencia que hasta en tanto no se ejecute el acto reclamado la parte quejosa puede exhibir la garantía para que continúen los efectos la suspensión definitiva. Notifíquese.
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