José Cruz Onofre Barragán.

Expediente 20/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
20/2023
Año
2023
Actuaciones
15
Última actuación
23/06/2023

Partes del expediente

  • José Cruz Onofre Barragán.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado de los autos, así como de la certificación secretarial con que se ha dado cuenta, se advierte que la parte legitimada no interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, en la que se negó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. ARCHIVO. Atendiendo a que se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente expediente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de CONSERVACIÓN, en términos de los artículos 14 y 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; por lo tanto, una vez que venza el plazo de TRES AÑOS, a que se refiere el artículo 17 del citado acuerdo, transfiérase para su resguardo el presente expediente al depósito documental correspondiente. Hágase la anotación en la carátula. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé párrafo segundo del artículo 19, fracción II, del propio Acuerdo General, que por características amerite ser devuelto. CONSTANCIAS POR DEVOLVER. Al resultar innecesaria su conversación, devuélvase a la autoridad responsable: Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, con residencia en Sahuayo, Michoacán de Ocampo, un disco óptico, que acompaño a su informe justificado. ESCRITO. Por otra parte, con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese el escrito firmado electrónicamente por Ana Adriana Ramírez Gutiérrez, en su carácter de defensora particular del quejoso, en atención a su contenido, dicho ocursante deberá de estarse a lo acordado en párrafos precedentes, en el que se proveyó al respecto FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. DEVUELVE DESPACHO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio enviado por el Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en La Piedad, Michoacán, a través del cual devuelve diligenciado el despacho 441/2023 (orden 691/2023), del índice de este Juzgado, enviado con la finalidad de notificar personalmente la sentencia definitiva dictada en el presente juicio al peticionario de amparo ********************, circunstancia que aconteció en fecha siete de junio de la presente anualidad. BAJA. Dese de baja dicha comunicación oficial en el libro de gobierno respectivo; acúsese de recibo al estilo correspondiente. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    RESULTANDO: PRIMERO. DEMANDA. Mediante escrito presentado vía buzón judicial el veintitrés de diciembre de dos mil veintitrés (fojas 6 a 14), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, turnado ese mismo día al Juzgado Noveno de Distrito en dicha localidad, ********************defensora particular del quejoso (acusado) ******************** solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: LO ES COMO ORDENADORA: Lic. ********************, Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oralidad ********************, Michoacán ubicado en la calle ******************** numero ******************** esquina con ********************, colonia la ******************** de la ciudad de ********************, Michoacán. LO ES COMO EJECUTORA: Lic. ********************, Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, unidad ********************, Michoacán ubicado en la calle ******************** numero ******************** esquina con ********************, colonia la ******************** de la ciudad de ********************, Michoacán. 4. NORMA GENERAL ACTO U OMISION QUE SE RECLAMA: La omisión por parte del juzgador al que se reclama el cual violenta los principios procesales del sistema así como también los derechos humanos y garantías de mi representado al no dejar que la suscrita diera mis motivos por los cuales se solicita el sobreseimiento de las causas acumuladas en favor de mi representado, no queriendo entrar al fondo del estudio y únicamente diciéndome que no y dándole pauta al ministerio publico si hubiera algunas pruebas que pudieran hacer que se decretara dicho sobreseimiento dando solo facultad al ministerio público de manifestarse sobre dicha solicitud lo cual es una violación grave al debido proceso penal ya que el solo le da facultades a la parte acusadora de lo cual dicha autoridad no debió romper el principio de igualdad y esta deberá ser tomada en cuenta durante todo el procedimiento de lo cual este tribunal de Amparo deberá de analizar a las violaciones graves al debido proceso y a los derechos humanos de mi representado." La promovente del juicio narró los antecedentes del acto reclamado y estimó vulneradas en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 1°, 17 y******************** de la Constitución Federal, así como los diversos 2, 3, 9, 14 y 17 del Pacto Internacional de los derechos Civiles y Políticos; y, los numerales 4, 6, 10, 11, 12, 13, 68 y 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales. SEGUNDO. PREVENCIÓN E INCOMPETENCIA. En auto de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós (fojas 18 a 22), se previno a la parte quejosa en los términos ahí expuestos, una vez cumplida, en proveído de cuatro de enero del presente año, el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, declaró carecer de competencia legal para conocer el presente asunto por cuestión de territorio y ordenó remitir los autos al Juzgado de Distrito en turno en esta ciudad. TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por cuestión de turno correspondió conocer de este asunto a este órgano jurisdiccional, por lo que en auto de diez de enero de dos mil veintitrés (fojas 40 a 48), se admitió a trámite la demanda de garantías, registrándola en el libro de gobierno con el número ********************; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; asimismo, se ordenó notificar la admisión de la demanda al Agente del Ministerio Público adscrito a dicho juzgado oral; además, se ordenó emplazar a diversos terceros interesados (víctimas); y, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, una vez diferida, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, quedando vistos los autos para dictar la resolución correspondiente; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado ejerce jurisdicción y es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 17, 103, fracción I y 107 Constitucionales, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, y 56, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/********************13, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la "determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito"; por tratarse de un amparo en contra actos con ejecución en donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Conforme a lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia 40/********************00, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", este órgano jurisdiccional, procede a precisar el acto que el quejoso reclama de la autoridad responsable, siendo el que se desprende del análisis integral de la demanda de amparo y que se hace consistir en: La audiencia de ocho de diciembre de dos mil veintidós, en la cual el juez responsable determinó improcedente la solicitud de sobreseimiento de las causas penales acumuladas ******************** y ********************, iniciadas en contra del quejoso ******************** por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, en agravio de ******************** y otros. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, con sede en ********************, Michoacán, ya que así lo manifestó de manera expresa al rendir su informe justificado (foja 117). La anterior consideración encuentra apoyo en la jurisprudencia número 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-********************00, con número de registro 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Certeza que se corrobora con el índice cronológico y disco óptico en formato DVD, que contiene las actuaciones llevadas a cabo en las causas penales ******************** y ********************, de las que se advierten los audios y videos llevadas a cabo en dichas audiencias. La anterior consideración se apoya en la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, con número de registro 394182, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Así como la jurisprudencia 1a./J. 43/********************13 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y Su Gaceta, agosto de********************13, página 703, registro********************04362, de rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Conforme a la técnica reconocida para la elaboración de las sentencias de amparo y por ser una cuestión de orden público, es menester analizar primero las causas de improcedencia que hayan hecho valer las partes o se detecten actualizadas de oficio, respecto de los actos del que se ha evidenciado su certeza, tal como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia II.1o. J/5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, Tomo VII (Mayo de 1991), del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 222780, que a la letra señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Así como en la jurisprudencia 1a. /J. 3/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Tomo IX (Enero de 1999), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 194697, que es del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito". En la especie, no existen causas de improcedencia que hubiesen hecho valer las partes o que deban atenderse de oficio; por tanto, procede entrar al estudio de los motivos de inconformidad alegados por la parte quejosa, cuya falta de trascripción no transgrede las normas que regulan el procedimiento en el juicio de amparo, de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 58/********************10, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI (Mayo de********************10), Novena Época, Materia Común, página 830, con número de registro 164618, cuyo rubro establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. El promovente, formuló sus conceptos de violación contenidos en la demanda, cuya transcripción se estima innecesaria para su estudio, máxime que no existe disposición legal que obligue a actuar en ese sentido, lo cual no implica, en modo alguno, desatender los principios de congruencia y exhaustividad que rigen el dictado de toda sentencia. Determinación que encuentra apoyo, en la jurisprudencia número 2a./J. 58/********************10, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, del Tomo XXXI, mayo de********************10, registro 164618, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente tenor: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X 'De las sentencias', del título primero "Reglas generales", del libro primero 'Del amparo en general', de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. En el caso que nos ocupa, el justiciable expresó, en esencia, como conceptos de violación, los siguientes: a) Que el juez responsable debió entrar al fondo del estudio de las pruebas relacionadas por la defensa dentro de la solicitud de sobreseimiento; y, b) Que en dicha audiencia el juez responsable únicamente le dio el uso de la voz a la Fiscalía para ver si dicha solicitud de sobreseimiento procedía. Argumentos que resultan infundados. En primer lugar, debe precisarse la naturaleza y alcance de la figura jurídica del sobreseimiento decretado antes de la etapa de juicio en términos de lo que precisan los numerales 327, 328, 329 y 330, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra señalan: "Artículo 327. Sobreseimiento. El Ministerio Público, el imputado o su Defensor podrán solicitar al Órgano jurisdiccional el sobreseimiento de una causa; recibida la solicitud, el Órgano jurisdiccional la notificará a las partes y citará, dentro de las veinticuatro horas siguientes, a una audiencia donde se resolverá lo conducente. La incomparecencia de la víctima u ofendido debidamente citados no impedirá que el Órgano jurisdiccional se pronuncie al respecto. El sobreseimiento procederá cuando: I. El hecho no se cometió; II. El hecho cometido no constituye delito; III. Apareciere claramente establecida la inocencia del imputado; IV. El imputado esté exento de responsabilidad penal; V. Agotada la investigación, el Ministerio Público estime que no cuenta con los elementos suficientes para fundar una acusación; VI. Se hubiere extinguido la acción penal por alguno de los motivos establecidos en la ley; VII. Una ley o reforma posterior derogue el delito por el que se sigue el proceso; VIII. El hecho de que se trata haya sido materia de un proceso penal en el que se hubiera dictado sentencia firme respecto del imputado; IX. Muerte del imputado, o X. En los demás casos en que lo disponga la ley. Artículo 328. Efectos del sobreseimiento. El sobreseimiento firme tiene efectos de sentencia absolutoria, pone fin al procedimiento en relación con el imputado en cuyo favor se dicta, inhibe una nueva persecución penal por el mismo hecho y hace cesar todas las medidas cautelares que se hubieran dictado. Artículo 329. Sobreseimiento total o parcial. El sobreseimiento será total cuando se refiera a todos los delitos y a todos los imputados, y parcial cuando se refiera a algún delito o a algún imputado, de los varios a que se hubiere extendido la investigación y que hubieren sido objeto de vinculación a proceso. Si el sobreseimiento fuere parcial, se continuará el proceso respecto de aquellos delitos o de aquellos imputados a los que no se extendiere aquél. Artículo 330. Facultades del Juez respecto del sobreseimiento. El Juez de control, al pronunciarse sobre la solicitud de sobreseimiento planteada por cualquiera de las partes, podrá rechazarlo o bien decretar el sobreseimiento incluso por motivo distinto del planteado conforme a lo previsto en este Código. Si la víctima u ofendido se opone a la solicitud de sobreseimiento formulada por el Ministerio Público, el imputado o su Defensor, el Juez de control se pronunciará con base en los argumentos expuestos por las partes y el mérito de la causa. Si el Juez de control admite las objeciones de la víctima u ofendido, denegará la solicitud de sobreseimiento. De no mediar oposición, la solicitud de sobreseimiento se declarará procedente sin perjuicio del derecho de las partes a recurrir." De acuerdo con los numerales transcritos el sobreseimiento es una resolución que pone fin de manera parcial o total (puede ser por un imputado o por un delito) al procedimiento penal, previamente al inicio de la etapa de juicio, dicha resolución tiene efectos de sentencia absolutoria cuando queda firme a favor de la persona a quien se emite, haciendo cesar todas las medidas cautelares impuestas. Para resolver sobre el sobreseimiento, el Juez debe considerar lo expuesto por las partes, en el entendido que el juzgador debe analizar si es procedente el sobreseimiento por la causa planteada o por algún motivo diverso. Ahora bien, si el Juez admite objeciones por parte de la víctima u ofendido, debe denegar la solicitud de sobreseimiento y solo en caso de no haber oposición, la autoridad judicial debe declarar procedente la solicitud. En esa tesitura, el sobreseimiento es una figura que permite la terminación de un procedimiento de manera anticipada, lo cual se erige como un derecho de la parte imputada para evitar la sujeción a un juicio y en su caso, recobrar la libertad o en su caso que dejen de surtir efectos las medidas cautelares; empero al ser equiparada con una sentencia absolutoria, no puede sustentarse en indicios o presunciones, sino en datos inequívocos que lleven a la convicción al juzgador sobre la actualización de alguna de las hipótesis previstas en el numeral 327, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se sostiene lo anterior, porque el procedimiento penal acusatorio está sustentado en un principio de respeto a los derechos humanos de todas las partes, donde el legislador previó que no puede soslayarse la actividad de la víctima u ofendido, de ahí la importancia de que en audiencia se considere de forma preponderante la posible existencia de objeciones de la contraparte del imputado. Ahora, para evidenciar cuál es la actividad de valoración que se realiza en juicio oral y a cuál se refiere el legislador al permitir el sobreseimiento anticipado, debe destacarse que la actividad probatoria en la etapa de juicio tiene como finalidad que el tribunal de enjuiciamiento pueda apreciar las pruebas de las partes sometidas a contradictorio, donde en términos de lo que explicó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en revisión 5601/********************14, debe atenderse la suficiencia probatoria a partir de: - Un análisis conjunto de los niveles de corroboración de la hipótesis de culpabilidad alegada por el Ministerio Público y de la propuesta de la defensa. - Además, que las pruebas de descargo pueden operar de dos formas para generar duda razonable, esto es a) cuestionando la credibilidad de las pruebas de cargo que sostienen la acusación, y b) corroborando la hipótesis de inocencia alegada por la defensa. El Alto Tribunal explicó la presunción de inocencia, destacando la siguiente clasificación: a) Presunción de inocencia como estándar de prueba, entendiéndose por este ".como una norma que ordena a los Jueces la absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se han aportado las pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de la persona"; asimismo, determinó que aquí hay dos vertientes, que son el estándar propiamente dicho (que son las condiciones que deben satisfacer las pruebas de cargo) y la regla de la carga de la prueba, entendido por ella como una norma que establece a cuál de las partes debe perjudicar procesalmente por no satisfacer el estándar de prueba. Asimismo, que en términos de lo que ha resuelto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la falta de prueba plena en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, empero que la prueba plena, no puede entenderse como absoluta, por lo que cualquier duda debe ser utilizada a favor del acusado, de ahí que los tribunales deben realizar un ejercicio en el que analicen si las pruebas de cargo desvirtúan las hipótesis de inocencia y si las pruebas de descargo arrojen una duda razonable respecto a la hipótesis de la fiscalía. b) La presunción de inocencia como regla probatoria, que se refiere a los requisitos que debe cumplir la actividad probatoria y las características que debe reunir la prueba de cargo, la cual es directa cuando se refiere directamente a los hechos e indirecta cuando se refiere a un punto secundario; además de tener implícita la carga probatoria por parte del órgano acusador. Máxime que se deben respetar los principios de publicidad, contradicción e inmediación. Luego de la explicación sobre la valoración probatoria en juicio, es pertinente establecer que el ejercicio valorativo de ponderación de las pruebas de la fiscalía y la aplicación de la duda razonable no pueden ser realizados por el juzgador en la resolución de sobreseimiento planteado en términos del numeral 327, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en razón de que el sobreseimiento no es un juicio previo, aquí el juzgador de control no puede llevar a cabo un análisis conjunto de los niveles de corroboración de la hipótesis de culpabilidad alegada por el Ministerio Público y de la propuesta de la defensa, tampoco puede realizar una ponderación sobre si las pruebas de descargo cuestionan la credibilidad de las pruebas de cargo que sostienen la acusación, o si corroboran la hipótesis de inocencia alegada por la defensa, porque el Juez de Control no tiene las herramientas, la información necesaria y con justo equilibrio de las partes para hacerlo, precisamente porque como se explicó, es un ejercicio que debe realizarse en la sentencia, donde se hayan considerado todas las pruebas y elementos debatidos ante el Juez o Tribunal de enjuiciamiento. Como también se dijo, el sobreseimiento es una figura en que una de las partes plantea la posibilidad de que se emita un sobreseimiento con efectos de sentencia absolutoria, siempre y cuando cuente con elementos que indiquen sin duda alguna, que se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el numeral referido. Atento a ello, es claro que la intención del legislador al plasmar la intervención de la contraparte de la parte imputada, fue que el Juez pueda advertir si los elementos de prueba en que se sustenta la solicitud generan duda sobre la procedencia, entonces, debe rechazarse dicho sobreseimiento. Tal situación es así, ya que no ha existido un ejercicio de contradicción de dichos elementos probatorios (entendiendo por contradicción de los medios probatorios, como aquella posibilidad de objetar y expresar contrapruebas) para que el juzgador pueda realizar el ejercicio de valoración que se requiere para el dictado de una sentencia, de lo contrario, se dejaría en indefensión al pasivo del delito. En el caso específico, el argumento toral de la parte quejosa en el primer concepto de violación, es que el juez de control responsable no valoró los medios de prueba consistentes en las declaraciones favorables a su representado y de las cuales se les corrió traslado tanto a la parte acusadora como a la asesora jurídica de las víctimas, y con ello quedaban desvirtuadas las causas por las que se vinculó a proceso en ambas causas al aquí quejoso, lo cual podía haber hecho el Juez, sin realizar un estudio profundo, pues a su consideración, se actualizaba la fracción III del precitado numeral 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la cual establece que procede el sobreseimiento cuando se comprueba la inocencia del acusado. En ese orden de ideas, al resolver esa petición de sobreseimiento, el juzgador sostuvo que no podía llevar a cabo un ejercicio de valoración entre los datos de prueba ofertados por el quejoso, por lo cual, si la fracción que se consideraba actualizada, no era indudable, resultaba evidente que no se actualizaba el sobreseimiento solicitado. Además, la responsable le precisó que las únicas etapas procesales en que se valora y ponderan datos de prueba, son la orden de comparecencia, de aprehensión y vinculación a proceso, que respecto al hecho imputado o que se pretende imputar, se sostiene en dos vinculaciones a proceso confirmadas en alzada, por lo que el juez responsable no tiene facultades para revocar dichas determinaciones y tampoco procesalmente puede adelantar la materia del juicio. En tal virtud, como se expuso, se reitera como infundado el concepto de violación identificado en el inciso a), ya que el hecho de que en esa etapa procesal no sea procedente decretar el sobreseimiento de la causa, por la actualización de la fracción III, del multicitado numeral 327, no implica que se esté vulnerando el principio de inocencia ni la libertad del quejoso, pues como se expuso previamente, puede realizar la misma pretensión en la etapa de juicio, en la cual precisamente se lleva a cabo una valoración probatoria, y en su caso, de actualizase efectivamente la misma, tendrá efectos de una resolución absolutoria, dejando sin efectos la medida cautelar impuesta. Por cuanto hace al concepto de violación señalado con el inciso b), como se mencionó con anterioridad, resulta infundado, ya que no es verdad que el juez de Control no le haya otorgado el uso de la voz a la abogada del quejoso directo, ya que del audio que anexó el juez responsable como complemento a su informe justificado, se desprende que a las once horas con quince minutos del ocho de diciembre del año próximo pasado, la defensa en uso de la voz solicitó el sobreseimiento de las causas penales en mención. Posteriormente, a las once horas con dieciocho minutos de dicha fecha, la defensa hizo uso de la voz de nueva cuenta para manifestar lo relativo a las pruebas por las cuales consideraba se actualizaba el sobreseimiento. Más adelante y una vez que el juez de Control determinó improcedente la solicitud de sobreseimiento, estimó innecesario darle el uso de la voz a la defensa, dado su veredicto; además, les mencionó que dicha determinación era inapelable, por lo que, en caso de inconformidad, seria impugnable en diverso juicio; en tal virtud, como se expuso, en todo momento se le otorgó el uso de la voz a la defensa, por lo que su argumento resulta infundado. En conclusión, del cúmulo de razonamientos anteriormente expuestos, se considera que el acto reclamado fue emitido de manera legal, pues se encuentra ajustado a las reglas previstas en los numerales 327 a 330, del Código Nacional de Procedimientos Penales; y tal como lo sostuvo el juzgador responsable, en la etapa que se analiza, no puede realizarse una valoración como pretende el quejoso, dado que ese ejercicio ponderativo y de contraposición de pruebas para evidenciar que el hecho no se cometió y que por lo tanto es inocente de los delitos que se le imputan, debe hacerse en la etapa de juicio. En consecuencia, al resultar infundados los argumentos en estudio y no existiendo materia para suplir la queja deficiente, en términos del artículo 79, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo; procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal, dejando incólume la resolución reclamada. Conviene precisar que algunos de los criterios citados en esta determinación fueron emitidos de conformidad con la Ley de Amparo abrogada; sin embargo, al caso resultan aplicables pues no se oponen con lo previsto en la vigente a partir del tres de abril del dos mil trece, de conformidad con su transitorio sexto. En consecuencia, al resultar infundados los argumentos en estudio y no existiendo materia para suplir la queja deficiente, en términos del artículo 79, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo; procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal, dejando incólume la resolución reclamada. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener la presente sentencia, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. OCTAVO. ACUSE. Para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de la fecha en que reciba el oficio que derive de la presente determinación, informe a esta autoridad federal al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, la fecha en que quedó debidamente notificada de esta sentencia. Apercibimiento. Se apercibe a dicha autoridad que de no cumplir con el presente requerimiento, con apoyo en los artículos 237 fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta valores diarios de la unidad de medida y actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. NOVENO. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/**************************************** del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/****************************************, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. DÉCIMO. NOTIFICACIÓN QUEJOSO POR DESPACHO. Tomando en consideración que el quejoso ******************** se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de La Piedad, Michoacán de Ocampo; con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme lo dispuesto en su artículo 2°, envíese atento despacho, vía correo electrónico, al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán, para que ordene a quien corresponda se constituya en dicho centro preventivo y notifique personalmente al referido agraviado la presente sentencia. Se previene al Juez requerido, que tan pronto como reciba el despacho, sirva ordenar el desahogo de la diligencia encomendada; y, en términos de los artículos 282, 300 y 303 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de amparo, se habilitan días y horas inhábiles para tal efecto; de igual forma, hágasele del conocimiento que con fundamento en el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, remita únicamente las constancias al correo electrónico oficial de este Tribunal 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 61, 63, 74 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a ********************defensora particular del quejoso ******************** (acusado), contra los actos reclamados a la autoridad responsable precisada en el resultando primero y por las razones expuestas en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. Elabórese versión pública en términos del considerando último del presente fallo. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL LUGAR DE RECLUSIÓN; A LAS PARTES Y MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintisiete de abril de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS. Se advierte que a la fecha ha transcurrido a las tercero interesadas Tania Esmeralda Muñoz Frutos y María de Jesús Gutiérrez Magaña, víctimas indirectas dentro del proceso penal 335/2022 y su acumulado 422/2022, de la estadística del Juzgado de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Unidad Sahuayo, Michoacán, de donde deriva el acto reclamado, el término de tres días otorgado en auto de dieciocho del presente mes y año, a efecto de que señalaran domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones personales, sin que lo hayan hecho, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. EFECTIVO APERCIBIMIENTO. Consecuentemente, hágase efectivo el apercibimiento contenido en el mencionado acuerdo, y con fundamento en el artículo 27, fracción II, en relación con el numeral 29, ambos de la Ley de Amparo, se ordena que la notificación de este proveído, así como las subsecuentes de carácter personal, les sean realizadas por lista de acuerdos de este Juzgado, hasta en tanto señalen domicilio en esta ciudad para tales efectos. NOTIFÍQUESE.

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