José Cruz Onofre Barragán

Expediente 1437/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1437/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
13/01/2023

Partes del expediente

  • José Cruz Onofre Barragán

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de enero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio número 365/2023, remitido vía interconexión, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en Uruapan, mediante la utilización de la Firma Electrónica Certificada (FIREL), por medio del cual hace del conocimiento que se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por..., quien se ostenta defensora del quejoso..., contra actos de del Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Unidad Sahuayo, Michoacán, con motivo de la incompetencia declinada por órgano jurisdiccional para continuar conociendo, tramitar y resolver el juicio de amparo 1437/2022-II, del que deriva el presente cuaderno de antecedentes. Por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la ley de Amparo, archívese este expediente, como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso c), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Cúmplase.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de enero de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado electrónicamente por la quejosa ****, mediante la implementación de la Firma Electrónica Certificada (FIREL), con número de serie 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00. 00.00.00.00.02.0e.44, por medio del cual cumple con la prevención formulada en autos, para lo cual acredita su carácter de defensora particular del aquí quejoso José Cruz Onofre; asimismo manifiesta bajo protesta de decir verdad, que el documento digitalizado que anexa (constancias de la causa penal 442/2022), es copia íntegra e inalterada del documento impreso, se le tiene acreditando el carácter que tiene reconocido ante la autoridad responsable, de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Amparo, así como en términos de lo dispuesto por la fracción VI, artículo 3, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo que se le reconoce en términos del artículo 14 de la Ley de Amparo, al tenor de las constancias que adjuntó al libelo de amparo y al escrito de cuenta, contra actos del Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Unidad Sahuayo, Michoacán; por el acto que hace consistir en: "(.) 4. NORMA GENERAL ACTO U OMISION QUE SE RECLAMA: La omisión por parte del juzgador al que se reclama el cual violenta los principios procesales del sistema así como también los derechos humanos y garantías de mi representado al no dejar que la suscrita diera mis motivos por los cuales se solicita el sobreseimiento de las causas acumuladas en favor de mi representado, no queriendo entrar al fondo del estudio y únicamente diciéndome que no y dándole pauta al ministerio publico si hubiera algunas pruebas que pudieran hacer que se decretara dicho sobreseimiento dando solo facultad al ministerio público de manifestarse sobre dicha solicitud lo cual es una violación grave al debido proceso penal ya que el solo le da facultades a la parte acusadora de lo cual dicha autoridad no debió romper el principio de igualdad y esta deberá ser tomada en cuenta durante todo el procedimiento de lo cual este tribunal de Amparo deberá de analizar a las violaciones graves al debido proceso y a los derechos humanos de mi representado. (.)" Ahora bien, del análisis integral de la demanda y de su escrito aclaratorio, se advierte que este juzgado carece de competencia legal por razón de territorio, para conocer de la misma por las consideraciones que continuación se especifican. El artículo 37 de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De la transcripción literal que precede, se desprende que el dispositivo legal en comento establece tres reglas fundamentales para fijar la competencia: a) Que será competente el Juez de Distrito del lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de derechos fundamentales y de su escrito aclaratorio, se advierte, que la parte quejosa reclama, específicamente, la determinación en la que el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, de la Región Sahuayo, Michoacán, no accede a la petición de señalar audiencia de sobreseimiento de la causa penal 442/2022 -en la que el Juez de Control analice los datos de prueba ofrecidos, a fin de acreditar una causal de sobreseimiento en la citada causa penal-. De lo expuesto, este órgano federal estima que los actos reclamados antes precisados tienen ejecución en Sahuayo, Michoacán, con independencia de que el quejoso directo señale que se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de La Piedad Michoacán; sin embargo, se reitera, la ejecución de la negativa a acceder a señalar audiencia de sobreseimiento de la causa penal se llevará a cabo en Sahuayo y no en esta ciudad, toda vez que existe una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra del quejoso dictada por el juez de esa localidad, quien actualmente conoce de la citada causa penal y bajo quien permanece procesado el impetrante del amparo. Así tampoco, es obstáculo a lo anterior, que al presentarse la demanda de derechos fundamentales se estableciera como acto reclamado aparentemente un acto omisivo; puesto que, de la lectura integral de dicha demanda y de su escrito aclaratorio se advierte que, realmente se reclama la negativa a acceder a señalar audiencia de sobreseimiento de la causa penal, la cual tiene efectos positivos en la esfera jurídica del aquí directo quejoso, quien permanecerá en el estado que actualmente se encuentra, esto es, vinculado al proceso que lleva el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, de la Región Sahuayo, Michoacán. Por los motivos que la sustentan, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 147/2005 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Enero de 2006, página 174, Novena Época, con registro digital 176365, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal." Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que la ejecución material respecto de que el quejoso siga siendo procesado, será en el lugar de residencia del juzgado que conozca de causa penal instaurada en su contra y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la negativa a acceder a señalar audiencia de sobreseimiento de la causa penal, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal. * Así las cosas, se estima competente para conocer de la demanda en trato al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán en turno, con residencia en Uruapan, pues los actos reclamados llevan inmersa una ejecución que tiene materialización en el lugar en que ejerce su jurisdicción territorial. * Tiene aplicación a lo anterior, la tesis aplicada por identidad de razón, consultable en la página 41, volumen 205-216, cuarta parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: * "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCION EN DONDE HAYA DE EJECUTARSE EL ACTO RECLAMADO. "Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que debe conocer de un juicio de garantías biinstancial es el de la jurisdicción en donde haya de ejecutarse el acto reclamado, independientemente de que la autoridad responsable radique en una demarcación distinta". Y la tesis sustentada por la entonces Primera Sala del Alto Tribunal, visible en la página 15, Volumen 65 Segunda Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a continuación se transcribe: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es cierto que el artículo 36 de la Ley de Amparo previene que cuando sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, y que la Jurisprudencia número 53 del Tomo de la Primera Sala del Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1965, establece que son competentes para conocer de los amparos en contra de órdenes de aprehensión, los Jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar en donde deben ejecutarse tales órdenes, aunque las autoridades que las ejecuten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción, también lo es que la ejecución de las referidas órdenes no puede presumirse por el simple hecho de que el promovente del amparo haya signado su demanda en determinado lugar en un Estado, ni porque haya manifestado ser vecino de otra población del mismo estado, pues tal conclusión sería simplemente apreciativa del juzgador, pues para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción del Juez de Distrito en tal Estado, no puede estimarse que la resolución correspondiente forzosamente deba ejecutarse en determinado lugar, pues bien podría una persona en contra de quien se dicte una orden de aprehensión cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares." * Consecuentemente, con fundamento en los artículos 45 y 48 de la Ley de la materia, este juzgado declara que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de mérito y la plantea al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán en turno, con residencia en Uruapan, a quien se ordena remitir el original de la demanda de amparo, junto con los anexos relativos de la misma, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los juzgados de Distrito, con el objeto de que lo envíe a quien por razón de turno corresponda avocarse a su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. * Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ********, quien se ostenta defensora del quejoso ******, contra actos del Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Unidad Sahuayo, Michoacán, a quien le reclama lo siguiente: "(.) 4. NORMA GENERAL ACTO U OMISION QUE SE RECLAMA: La omisión por parte del juzgador al que se reclama el cual violenta los principios procesales del sistema así como también los derechos humanos y garantías de mi representado al no dejar que la suscrita diera mis motivos por los cuales se solicita el sobreseimiento de las causas acumuladas en favor de mi representado, no queriendo entrar al fondo del estudio y únicamente diciéndome que no y dándole pauta al ministerio publico si hubiera algunas pruebas que pudieran hacer que se decretara dicho sobreseimiento dando solo facultad al ministerio público de manifestarse sobre dicha solicitud lo cual es una violación grave al debido proceso penal ya que el solo le da facultades a la parte acusadora de lo cual dicha autoridad no debió romper el principio de igualdad y esta deberá ser tomada en cuenta durante todo el procedimiento de lo cual este tribunal de Amparo deberá de analizar a las violaciones graves al debido proceso y a los derechos humanos de mi representado. (.)" Se ordena forma y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respectivamente, con el número 1437/2022-II. Ahora bien, a fin de estar en condiciones de proveer sobre la admisión o desechamiento de la aludida demanda; en términos de lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley de Amparo, que prevé las sanciones penales y pecuniarias a que se harán acreedores los quejosos que al formular su demanda de amparo afirmen hechos falsos u omitan las que les consten, y con apoyo en los artículos 108 fracción I, y 114, fracción III de la Ley de la materia, requiérase al citado promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificado del presente proveído, por escrito y con las copias simples necesarias del escrito aclaratorio, cumpla con lo siguiente: Acredite con las constancias conducentes, el carácter que de defensora particular que dice tener de ****, toda vez que no acompañó documento alguno que así lo acredite; o bien, manifieste bajo protesta de decir verdad que tiene tal carácter. Sin que sea suficiente la manifestación que realiza en el sentido de tener reconocida tal personalidad en el procedimiento de origen, toda vez que tal circunstancia debe estar plenamente acreditada ante el Juez y, de no estarlo, se debe prevenir a la persona promovente, ni tampoco la constancia que en copia simple adjunta, al parecer de la causa penal ********, carentes de todo valor probatorio y que resultan insuficientes para reconocer el carácter que ostenta; máxime que no manifiesta dicha situación bajo protesta de decir verdad, en términos del artículo 14 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia número 336, consultable en las páginas 284 y 285 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO.- Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DE JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo". Así como la tesis emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXXI, página 1527, Quinta Época, con registro digital 807728, que dice: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia ha interpretado el artículo 13 de la Ley de Amparo, en el sentido de que el quejoso debe aportar al Juez de Distrito un comprobante de que la personalidad con que promueve está reconocida por la responsable. Por tanto, si el quejoso no promovió el amparo por su propio derecho, sino como albacea de una sucesión, el Juez de Distrito obró legalmente al prevenir que justificara tal carácter, apercibiéndolo con tener por no interpuesta su demanda, en caso de no hacerlo, y aunque la notificación de esa prevención se haya hecho por medio de lista, la misma no puede estimarse ilegal, si el quejoso no señaló domicilio para oír notificaciones; de lo que se concluye que el Juez obró legalmente al tener por no interpuesta la demanda, por no haber cumplido el quejoso la prevención indicada". Así como la jurisprudencia número 3a./J. 1/89, visible en la página 379, del Tomo III, Primera Parte, Enero a Junio de 1989, de la anterior Tercera Sala, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer". Complete lo antecedentes relativos a los actos reclamados. Esto es, indique el estado procesal que guarda la causa penal *********, del índice del Juzgado de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Sahuayo, Michoacán, es decir, la etapa procesal en que se encuentra el proceso; las medidas cautelares que en su caso se hayan impuesto; así como el lugar en que guarda reclusión el quejoso directo. Bajo apercibimiento que en caso de no cumplir con los requerimientos antes formulado en el plazo concedido, se procederá en términos del artículo 114 penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. En el entendido que, de ser posible, deberá exhibir las copias necesarias del escrito aclaratorio y, en su caso, de la documental con la que acredite la personalidad, necesarias para correr traslado a las partes, es decir, una para la autoridad responsable, una para el Agente del Ministerio Público de la adscripción; y, dos para las terceras interesadas, lo que da un total de cuatro copias. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 106/2005, visible en la página 170, Tomo XXII, correspondiente al mes de Octubre de 2005, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional". Así como la tesis: 2a./J. 124/2016 (10a.); Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Décima Época; Número de identificación 2012992; Segunda Sala; Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II; Página 1449; Jurisprudencia (Común), que refiere: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa". En otro aspecto y a efecto de privilegiar el uso de las tecnologías de la información, se tiene a la parte quejosa señalando como medio para oír y recibir notificaciones, aun las de carácter personal, el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, para lo cual proporciona el nombre de usuario "*****"; en tales condiciones, en términos de lo previsto en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones I y II, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le ordenen practicar en el presente asunto, se tendrán por realizadas una vez que haya accesado al expediente electrónico respectivo en el Sistema Electrónico, por sí o por conducto de cualquiera de las personas que hubiere autorizado para consultar ese expediente, al visualizar el texto del acuerdo correspondiente, lo que dará lugar a la generación de la constancia prevista en la citada fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo. Cabe destacar que este tipo de notificaciones surtirá sus efectos cuando se genere aquella constancia de consulta realizada, o bien, transcurrido el plazo de dos días hábiles siguientes, por no haber ingresado al sistema. Resulta aplicable la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 71/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 2247, Libro 67, Junio de 2019, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2020082, de rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO. En diversas ejecutorias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios en los cuales se ha sostenido que en el juicio de amparo los plazos inician a las cero horas del día respectivo y los términos para presentar promociones comprenden las veinticuatro horas naturales del último día, así mismo que cuando la ley que rige al acto no prevé el momento en el cual surten efectos las notificaciones, será en el mismo momento de su realización. Por su parte, la Ley de Amparo establece la posibilidad del quejoso o del tercero interesado que quisiera ser notificado por medios electrónicos, expresarlo así ante el órgano de amparo, quien queda obligado a enviar los acuerdos, resoluciones o sentencias a notificar de manera personal para que, por ese medio, el interesado pueda ser comunicado. A su vez, el solicitante adquiere el deber de ingresar en forma diaria (y hasta por el plazo máximo de dos días hábiles) al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación para consultar las notificaciones correspondientes, con lo cual se genera la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de ese ordenamiento. A partir de lo anterior, de la interpretación armónica, sistemática y funcional de los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo, se concluye que cuando el quejoso o el tercero interesado no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos), pues de esa manera se respeta en forma integral el plazo otorgado por el legislador; ello en el entendido de que al vencimiento de ese plazo, el actuario debe levantar la razón a que se refiere la fracción II del artículo 31 de la ley de la materia a efecto de hacer constar el momento en que se realizó la respectiva notificación electrónica." Asimismo, se autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo al usuario "*****"con el citado nombre de usuario, el cual se encuentra registrado en el FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación); en virtud de que cumplen con los requisitos que para tal efecto establece el artículo 35 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Sin que en caso haya lugar a tenerlo señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones personales en esta ciudad el ubicado en calle ********, toda vez que en párrafos que anteceden se le tuvo señalando como medio para oír y recibir notificaciones, aun las de carácter personal, el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. En ese orden, se le tiene autorizando en términos del segundo párrafo, del artículo 24 de la ley de la materia, a ********, toda vez que en esos términos fueron designados. Sin que en el caso haya lugar a tener como autorizada a la propia promovente *******, toda vez que como se evidencia, es la ocursante quien ostenta el carácter de defensora particular del aquí quejoso. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. * De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. * Notifíquese personalmente.

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