José Cruz Huitrón Guajardo

Expediente 472/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
472/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
30/08/2022

Partes del expediente

  • José Cruz Huitrón Guajardo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a treinta de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y el contenido de la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa ni su autorizado, interpusieron dentro del plazo legal recurso de revisión, en contra del auto de veintinueve de julio de dos mil veintidós, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la aludida determinación ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, entendiéndose como tal, conforme al Artículo 3, fracción XVIII del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, el Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, envíese al archivo. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos 22 y 23 del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Acuerdo General mencionado. Finalmente, de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que obra un documento original (consistente en el acuse de recibo estampado en la copia del escrito presentado ante la autoridad responsable el veintitrés de mayo del año en curso), adjunto al escrito inicial de demanda; por tanto, al no ser necesaria su conservación y retención por parte de este Juzgado, se comisiona indistintamente al actuario de la adscripción a efecto que al momento de realizar la notificación del quejoso José Cruz Huitrón Guajardo, en el lugar en el que se encuentra privado de su libertad, haga entrega del referido documento, de lo que deberá levantar la razón correspondiente para debida constancia. Notifíquese, y personalmente al quejoso.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintinueve de julio de dos mil veintidós. Visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que el quejoso José Cruz Huitrón Guajardo, señaló como acto reclamado la omisión del Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial de Baja California, con residencia en esta ciudad, (en su denominación correcta) de proveer lo conducente, respecto su solicitud de bonificación de quantum de la prisión preventiva. Asimismo, del estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de diecinueve de julio último, se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial de Baja California, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informó, entre otros temas, que el ocho de julio del año en curso, dictó un auto en el que tuvo por recibida las diversas solicitudes del ahora quejoso, solicitó diversos informes y señaló las ocho horas con treinta minutos del cinco de agosto de dos mil veintidós para que tuviera verificativo la audiencia en la que se realizarán los planteamientos del sentenciado y su defensa para, resolver dicha petición, y en sustento a ello, adjuntó copia certificada de dicho proveído, así como de diversas actuaciones que integran el cuaderno de ejecución en cita. De igual forma, este órgano jurisdiccional ordenó notificar de manera personal el referido informe justificado y anexos al quejoso privado de su libertad, lo que así aconteció el veinte de julio del año actual, como se desprende de la constancia respectiva. Documentales que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Apoya a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2261 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En mérito de lo anterior, se estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado...". Ello, en virtud de que, como se precisó, la omisión reclamada al Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial de Baja California, con residencia en esta ciudad (en su denominación correcta) de proveer lo conducente, respecto a la solicitud del quejoso de bonificación de quantum de la prisión preventiva, ha quedado subsanada, ya que del contenido de las constancias que obran en presente sumario constitucional, se obtiene que la autoridad responsable el ocho de julio de dos mil veintidós, dictó un auto en el que determinó lo conducente respecto dichas peticiones y realizó os requerimientos respectivos; lo que además aconteció, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (veinte de junio de dos mil veintidós). De esta manera, es claro que para los efectos del amparo el acto reclamado ha cesado en sus efectos y, por consiguiente la posible violación del derecho alegado, al no advertirse que prevalezca algún efecto del acto tildado de inconstitucional, actualizándose de esta manera la hipótesis de la Jurisprudencia establecida por Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página treinta y ocho, Tomo IX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, cuyo contenido íntegro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, es aplicable al caso, por analogía jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 205/2008, derivada de la contradicción de tesis 164/2008-SS, del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión privada del tres de diciembre del dos mil ocho, que, a la letra, dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." Por lo tanto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo se sobresee fuera de audiencia en el presente asunto, por lo que quedan sin efecto las providencias decretadas, así como la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (doce horas del uno de agosto de dos mil veintidós); comuníquese lo anterior a las partes. Hágase las anotaciones en el libro de juzgado respectivo. Notifíquese, y personalmente al quejoso y a sus autorizados.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, a diecinueve de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial de Baja California, con residencia en esta ciudad; en atención a este, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado que le fue requerido; con el contenido del mismo dese vista a las partes por el término de ocho días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En términos del artículo 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba de la autoridad responsable en cita, las documentales consistentes en copia certificada de las constancias relativas a la carpeta de ejecución 320/2018, sin perjuicio de relacionarlas en audiencia constitucional. Al considerar que el quejoso José Cruz Huitrón Guajardo se encuentra privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social, con sede en esta ciudad; y, atendiendo la situación social actual por el virus SARS-CoV-2, es que se implementa el uso de herramientas tecnológicas que permitan que la impartición de justicia continúe mientras se acatan las medidas de prevención y sana distancia necesarias para hacer frente a la presente contingencia. Es por ello que para salvaguardar entre otros la integridad física de las partes, se estima necesario hacer uso de los sistemas electrónicos existentes en la actualidad; por lo que, con fundamento en el artículo 1, fracciones XX, XXV y XXXIII del acuerdo general 12/2020, artículo 2, fracciones X y XII, del acuerdo general 13/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en términos del diverso 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye a cualquiera de los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para que notifiquen personalmente al quejoso mediante la plataforma denominada "webex", el contenido del presente proveído, y constate que éste tiene pleno conocimiento de su contenido, asimismo, deberá levantar constancia de ello. Notifíquese y personalmente al quejoso y a sus asesores

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintisiete de junio de dos mil veintidós. Glósese a los autos el oficio que remite la Coordinadora Penal de la Defensoría Pública Estatal Zona Costa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que designó a Marianna Lizbeth García y Jesús Mendoza Medina, a fin de que asesoren al quejoso José Huitrón Guajardo, en la tramitación del presente juicio de amparo. En atención a lo expuesto, con fundamento en los artículos 1 y 14 constitucionales, resulta procedente dar vista con la totalidad de las actuaciones que conforman el presente juicio de amparo, a los Defensores Públicos antes mencionados, para que, de manera conjunta o individual vigilen la representación legal de los intereses del quejoso en el presente asunto, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, debiendo emprender las acciones conducentes para evitar dejar al directamente agraviado en estado de indefensión, pese a que la misma deba ser examinada de oficio por el juzgador de amparo, al tratarse de una cuestión de orden público. Lo anterior, acorde a los lineamientos previstos en los artículos 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, instituido en el Estado Mexicano a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 43/2019, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO." Por consiguiente, resulta procedente turnar los autos al Actuario Judicial de la Adscripción, a fin de que se sirva notificar en forma personal el contenido del presente proveído a los citados defensores públicos adscrito a la Defensoría Pública Estatal, con sede en esta ciudad, respecto de quienes, el remitente señala como domicilio para notificarles el ubicado en Vía Rápida Poniente José Fimbres Moreno, Plaza Mundo Divertido, locales 41-43, Fraccionamiento San José, en esta ciudad. Asimismo, en términos del artículo 12, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se le tiene designado como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que cita en el oficio que se atiende. Notifíquese personalmente al quejoso y a sus asesores jurídicos.Así, lo acordó y firmó Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, asistido por Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, secretaria que da fe. Doy fe.

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