José Cruz Collazo Rico
Expediente 787/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 787/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/11/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- José Cruz Collazo Rico
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza. Atento al contenido, se le tiene comunicando el auto de veintiséis de octubre del año en curso, dictado por ese Tribunal Colegiado en los autos del juicio de amparo directo 933/2015, del que se advierte que confirma la resolución dictada por este Juzgado el diecinueve de octubre de este año, y acepta la competencia declinada por este Órgano Jurisdiccional, dando el trámite respectivo como amparo directo. Consecuentemente, háganse las anotaciones respectivas y archívese este cuaderno de antecedentes como asunto concluido. Asimismo, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción; no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por José Cruz Collazo Rico, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Río Grande, Especializad en Narcomenudeo, con residencia en esta ciudad. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número estadístico 787/2015, por ser el que le correspondió. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado por la parte promovente en esta instancia se hace consistir en: "La resolución dictada por el JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE RÍO GRANDE ESPACIALIZADO EN NARCOMENUDEO, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE PIEDRAS COAHUILA, de fecha (3) tres de febrero del (2015), dos mil quince, decretado en la SENTENCIA DEL PROCESO PENAL QUE SE ME INSTRUYO INJUSTIFICADAMENTE 229/2014 por la comisión de un delito contra la salud, previstos y sancionados respectiamente por los artículo 476 y 479 de la Ley General de Salud". De lo anterior se advierte el agraviado reclama al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Río Grande Especializado en Narcomenudeo, con residencia en esta ciudad, la sentencia definitiva de tres de febrero de dos mil quince, emitida en los autos de la causa penal número 293/2014, mediante la cual se declaró penalmente responsable el quejoso en el delito de posesión de narcóticos con fines de comercio, previsto y sancionado por los artículos 476 en relación con el 479 de la Ley General de Salud. Acto reclamado, que se refiere a aquellos contemplados por el artículo 170 de la Ley de Amparo y, por ende, lo procedente es declarar que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la presente demanda constitucional. En ese contexto es necesario destacar que los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170 de la Ley de Amparo en vigor, establecen lo siguiente: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes. III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o reformados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; siempre que en materia civil haya sido impugnada la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido por la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en primera. Estos requisitos no serán exigibles en el amparo contra sentencias dictadas en controversias sobre acciones del estado civil o que afecten al orden y a la estabilidad de la familia; V. El amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, conforme a la distribución de competencias que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en los casos siguientes." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo". De los preceptos legales trascritos se desprende, por exclusión, que cuando los actos de autoridad reclamados no sean de los ahí previstos, esto es, sentencias definitivas, resoluciones que ponen fin a juicio o laudos, procederá el amparo indirecto, lo que a contrario sensu hace concluir que cuando se reclamen esos actos procederá amparo directo. Resulta pertinente definir los actos que delimitan la procedencia del amparo directo, como enseguida se advertirá: 1.- Se está ante una sentencia definitiva cuando: a) Ésta resuelve el juicio en lo principal y respecto de la cual las leyes no conceden algún recurso ordinario, en virtud del cual pueda ser modificada o revocada, y b) Cuando los interesados renuncian expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan, tratándose de la sentencia dictada en primera instancia, en materia civil siempre que la ley así lo autorice. 2.- Las resoluciones que ponen fin al juicio, son aquellas que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido, siempre que respecto de ellas las leyes comunes no concedan algún recurso ordinario, y 3.- Los laudos son las resoluciones definitivas dictadas en los juicios del orden laboral. El concepto de sentencia definitiva y resolución que pone fin al juicio para efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, se consagra en el artículo 170 de la Ley de Amparo en cita. De tal manera, lo expuesto con antelación pone de manifiesto que los supuestos de procedencia del amparo directo son únicamente tres: a) sentencias definitivas, b) laudos y, c) resoluciones que ponen fin al juicio. En ese contexto, con toda claridad se llega a la conclusión de que el acto reclamado por el quejoso es de aquellos contemplados por el artículo 170 de la Ley de Amparo en vigor, ya que lo constituye una determinación que resuelve el juicio en lo principal, y respecto la cual las leyes no conceden algún recurso ordinario, en virtud del cual pueda ser modificado o revocado, toda vez que el artículo 504 del Código de Procedimientos Penales de Coahuila, establece que no se admitirá ningún recurso contra las resoluciones que se dicten en el proceso sumario; naturaleza de la que forma parte la causa penal de origen instaurado por el delito de posesión de narcóticos con fines de comercio, previsto y sancionado por los artículos 476 en relación con el 479 de la Ley General de Salud. Dichos preceptos legales establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 500. PROCEDENCIA DE LA VÍA SUMARIA. La vía sumaria se substanciará cuando todos los delitos por los que se acuse tengan penalidad máxima de seis años de prisión o menos, sin incluir atenuante, y ninguno sea grave". "ARTICULO 476.- Se impondrá de tres a seis años de prisión y de ochenta a trescientos días multa, al que posea algún narcótico de los señalados en la tabla, en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil las cantidades previstas en dicha tabla, sin la autorización correspondiente a que se refiere esta Ley, siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de comerciarlos o suministrarlos, aún gratuitamente. ARTICULO 478.- El Ministerio Público no ejercerá acción penal por el delito previsto en el artículo anterior, en contra de quien sea farmacodependiente o consumidor y posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla, en igual o inferior cantidad a la prevista en la misma, para su estricto consumo personal y fuera de los lugares señalados en la fracción II del artículo 475 de esta Ley. La autoridad ministerial informará al consumidor la ubicación de las instituciones o centros para el tratamiento médico o de orientación para la prevención de la farmacodependencia. El Ministerio Público hará reporte del no ejercicio de la acción penal a la autoridad sanitaria de la entidad federativa donde se adopte la resolución con el propósito de que ésta promueva la correspondiente orientación médica o de prevención. La información recibida por la autoridad sanitaria no deberá hacerse pública pero podrá usarse, sin señalar identidades, para fines estadísticos". Por otra parte, es impugnable el acto reclamado en amparo directo en términos del artículo 170 de la legislación antes citada; en tales condiciones, lo procedente es declarar que este Juzgado Federal carece de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 47, de la Ley de Amparo en vigor , éste Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de garantías promovida por José Cruz Collazo Rico, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Río Grande Especializado en Narcomenudeo, con sede en esta ciudad, por lo que deberá remitirse de inmediato al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, el original del escrito inicial de demanda de garantías, anexos y copias de traslado, tal y como lo establece el numeral en mención, para que se provea lo conducente; solicitándole que una vez que obre en su poder, acuse el recibo correspondiente. (.) Asimismo, con copia de la demanda y de esta determinación, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, lo anterior, para los efectos legales procedentes Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Tribunal; y, designando como su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo en vigor al licenciado Eusebio Arizpe Fernández. Asimismo, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, se faculta a los Actuarios adscritos a este Juzgado, para practicar las notificaciones que se les ordenen en el asunto, aun en días y horas inhábiles, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Por último, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8°, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes que, conforme al procedimiento de acceso a la información, la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite; así también, que pueden ejercer el derecho para manifestar, hasta antes que se pronuncie el fallo, su voluntad de que su nombre y datos personales no se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que tal oposición, únicamente surtirá efectos cuando se trate de expedientes que contengan información reservada que en términos de lo previsto por la fracción IV, del artículo 13, de la citada ley, será cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad, o la salud de las partes.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · 8,673 expedientes
- José Castro Cuellar192/2021
- José Chacón Salazar869/2015
- José Concepción Ortiz Salas756/2016
- José Contreras Soria313/2018
- José Cruz Arenas Mendoza673/2017
- José Cruz Carrillo Beltrán819/2021
- José Cruz Gutiérrez Martínez237/2019
- José Daniel Ibarra Fernández664/2014
- José Daniel Salcedo Urrabazo161/2015
- José Daniel Salcedo Urrabazo185/2015
- José Dariel Gandara Chávez655/2023
- José David Betancourth Cruz305/2022