José Cruz Argumedo Martínez

Expediente 336/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 12 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
336/2015
Año
2015
Actuaciones
12
Última actuación
17/07/2015

Partes del expediente

  • José Cruz Argumedo Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, a diecisiete de julio de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por la Secretaria adscrita este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de treinta de junio de dos mil quince, que sobreseyó el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, esa circunstancia hágase del conocimiento de las partes; y en atención a que el fallo de que se trata no requiere ejecución material; previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. Devuélvase a la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, las copias certificadas de las constancias que integran el expediente laboral 148/IV/2012, que remitió como apoyo a su informe justificado. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente juicio de amparo y el cuaderno original del incidente de suspensión relativo (el cual se ordena glosar al presente asunto), SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, en virtud de que en relación al primero se decretó el sobreseimiento; y por cuanto hace al segundo, se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados; por lo que, éste Juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse. Asimismo, el duplicado del mencionado incidente, guárdese por separado para que atendiendo a la disposición legal antes aludida, dentro del término de seis meses se realicen las gestiones pertinentes para su destrucción. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, conforme a lo establecido en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 336/2015; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el seis de marzo de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, JOSÉ CRUZ ARGUMEDO MARTÍNEZ, formuló demanda de amparo indirecto, contra las autoridades y actos que enseguida se precisan: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: I.- COMO ORDENADORA: ES LA H. JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE ZACATECAS, (.). II.- COMO EJECUTORA: EL ACTUARIO ADSCRITO A LA MISMA JUNTA ORDENADORA, A QUIEN LE ATRIBUYO LOS ACTOS RECLAMADOS QUE ABAJO SE MENCIONAN, QUIEN PUEDE SER DEBIDAMENTE EMPLAZADO O NOTIFICADO DE TAL JUICIO EN EL DOMICILIO DE SU ADSCRIPCIÓN (.)." "IV.- ACTOS RECLAMADOS.- Lo constituye la omisión y/o ilegal emplazamiento hecho hacia mi persona, dentro de los autos del expediente laboral marcado con el número 148/IV/2012 y por consiguiente las demás actuaciones posteriores, actuaciones que a la fecha han recaído en un laudo CONDENATORIO el cuál al no ser cumplido voluntariamente, se abrió el procedimiento de ejecución al mismo." SEGUNDO. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que, su Titular dictó proveído el nueve de marzo de dos mil quince, en que ordenó su admisión y registro bajo expediente 336/2015; se pidió informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados (fojas 32 a 35 de autos); se dio intervención a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos de autoridades residentes dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse en qué consisten, en términos de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo en vigor. Para tal efecto, se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y actos reclamados con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de la Jurisprudencia P./J.40/2000, y la diversa P.VI/2004. En ese sentido, de las constancias que integran el presente juicio de garantías, se advierte que el quejoso reclama: - La omisión y/o ilegal emplazamiento que se hizo respecto a su persona en los autos del expediente laboral número 148/IV/2012, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, el laudo condenatorio y procedimiento de ejecución respectivo. TERCERO. Una vez determinado cuáles son los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción de los mismos, tal y como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." Las autoridades responsables Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, y Coordinadora de Actuarios de esa dependencia, al rendir su respectivo informe justificado, aceptaron la existencia de los actos reclamados. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, su existencia se corrobora con las copias fotostáticas certificadas del juicio laboral 148/IV/2012 en donde constan los actos reclamados; documentales públicas a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone el artículo 2° de esta última legislación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 226 del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente previo a la materia del fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo vigente y con la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, el que esto resuelve advierte, que en el juicio de amparo en que se actúa se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII de la ley de amparo, en razón de que el quejoso carece de interés jurídico. En efecto, los artículos 61, fracción XII y 5°, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo vigente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]." "Artículo Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]." Conforme a tales preceptos, debe precisarse que por interés jurídico debe entenderse, el derecho que le asiste a un particular para reclamar en un juicio de amparo algún acto que es violatorio de garantías individuales que afecta sus derechos sustantivos protegidos por las normas legales. Por ello, quien resiente esa lesión, es el único legitimado para ejercer tal derecho ante los Tribunales Federales. Sobre el tema, es de invocarse la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO.- De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías." Así como la diversa jurisprudencia siguiente del texto literal: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE.- El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Así pues, el interés jurídico para promover el juicio, debe derivar directamente de los efectos que produce, en la esfera jurídica del gobernado, la emisión del acto reclamado, pues sólo la existencia de una afectación directa e inmediata en los derechos del quejoso, lo faculta a impugnar las violaciones que a su criterio genera el mencionado acto así como, en su caso, el proceso que le dio origen; de manera tal que no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa cuestión se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad, para que realice determinada conducta o se abstenga de la misma; por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, que por el solo hecho de serlo, pretenda que las leyes se cumplan. Por consiguiente, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación, por parte de la autoridad responsable. Entonces, la causa de improcedencia en estudio se actualiza cuando el quejoso no demuestra que los actos de autoridad que se combaten en la instancia constitucional inciden en su esfera jurídica. Además, resulta conveniente precisar, que parte en un juicio, es todo aquel que pide o contra el cual se pide en un juicio una declaración de derecho, por tanto, son las únicas que en ese procedimiento pueden hacer uso de todo derecho que les consigne la ley, ya para demostrar su acción, ya para sus excepciones, así como impugnar los acuerdos o resoluciones que les agravie, a través de los recursos correspondientes y, por ende, son las únicas facultadas, cuando les son transgredidos dentro de ese procedimiento sus derechos por la actuación de la autoridad, para acudir ante el órgano jurisdiccional federal, demandando el cese de esa violación. Ahora bien, para una mejor intelección al asunto, y establecer un panorama de referencia, conviene destacar los antecedentes de los actos reclamados, los cuales emanan del juicio laboral número 148/IV/2012, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, y en esencia son: 1. Mediante escrito presentado el veintisiete de enero de dos mil doce, ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, Abel Ordaz Monreal, José Luis Ordaz Bretado, Ismael Molina Monral, J. Armando Molina Ruiz, Salvador Martínez Alonso, Marisela Calderón Castillo y Adalberto Pinedo Valenzuela -por conducto de sus apoderados-, formularon demanda en la vía laboral, contra la Empresa Integradora de Ejidos Asociados, sociedad anónima de capital variable, contra las personas físicas José Cruz Argumedo Martínez, José Cruz Argumedo González, Noel Arrellano Cárdenas y Óscar Tovar Santacruz; y, contra QUIENES RESULTEN RESPONSABLES DE LAS FUENTES DE TRABAJO ubicadas en la carretera federal kilómetro 49 + 500 en la comunidad de Rancho Grande, en Fresnillo, Zacatecas, y en la carretera Valparaíso, kilómetro 1, colonias Las Américas, Fresnillo, Zacatecas, por el pago de las prestaciones ahí reclamadas (fojas 1 a 6 del cuaderno de pruebas). 2. En auto de veintisiete de enero de dos mil doce, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, tuvo por recibido el escrito de demanda, se avocó a su conocimiento y lo radicó con el número de expediente 148/IV/2012; ordenó el emplazamiento de los demandados (por medio de exhorto que giró a la Junta de Conciliación Permanente de Fresnillo, Zacatecas), y citó a las partes a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, y señaló hora y fecha para que tuviera verificativo. (foja 16). 3. Ante la imposibilidad de llevar a cabo el emplazamiento de los demandados, la Junta responsable emitió el auto de diez de septiembre de dos mil doce, donde ordenó de nueva cuenta el emplazamiento respectivo. 4. En lo que aquí interesa, y por actas elaboradas los días once y doce de septiembre de dos mil doce, el actuario adscrito a la Junta de Conciliación Permanente de Fresnillo, Zacatecas, hizo constar la entrega de: "CITATORIO" y "CÉDULA" dirigidos a José Cruz Argumedo Martínez (aquí quejoso), en los siguientes términos: "CITATORIO RECIBI EXPEDIENTE ANA LILIA GUERRERO VÁZQUEZ No 148/IV/2012 (hágase constar negativa o imposibilidad) Actor: Abel Ordaz Monrreal y 8 más. VS. Demandado: José Cruz Argumedo Martínez. CALLE: Carretera federal 49 + 500, comunidad de Rancho Grande, municipio de Fresnillo, Zacatecas. CC. José Cruz Argumedo Martínez y/o Quien Resulte Responsable. Presente. Con motivo de la práctica de una diligencia de carácter laboral, relativa al expediente arriba indicado, sírvase esperar el próximo 12-doce de sep del 2012 en punto de las 11:40 horas, apercibido (s) de que en caso de no encontrarse, la diligencia será realizada con la persona que se encuentre presente ó en su defecto, si estuviere cerrado el domicilio, la notificación será fijada en la puerta de entrada, siendo legal la notificación; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 742 y 743 fracciones IV y V de la Ley Federal del Trabajo.- Doy Fe. Fresnillo, Zac., a 11 de sep del 2012. Atentamente El C. Actuario (Firma. Rúbrica ilegible)." "RAZÓN PARA COPIA DE AUTOS: Siendo las 11:40 horas del día 11 de sep del 2012, me constituí en el domicilio ubicado en la calle Carretera federal 49 + 500, del fraccionamiento Com. de Rancho Grande, de Fresnillo, Zac, habiendo preguntado por el Reptte se dice por el C. José Cruz Argumedo Martínez y no encontrándose presente (s) procedí a dejar citatorio con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del Artículo 743 de la Ley Federal de Trabajo, a fin de que me esperara en punto de las 11:40 horas del día 12 del mes de sep del año 2012, habiéndolo recibido: la C. Ana Lilia Guerrero Vázquez quien dijo ser vecina y conocida del demandado, y manifestó que esta persona NO SE ENCUENTRA DE MOMENTO, en la inteligencia de que me cercioré que era el domicilio correcto para realizar la notificación por: Los señalamientos de la carretera federal 49 Km. 15+500 en la comunidad de Rancho Grande mpio de Fresnillo, Zac., el dicho de Ana Lilia Guerrero Vázquez, que dice es correcto el domicilio de trabajo del demandado. MEDIA FILIACIÓN DE CON QUIEN SE ENTENDIÓ LA DILIGENCIA: NOMBRE: Ana Lilia Guerrero Vázquez EDAD APROXIMADA: 24 años SEXO: femenino COLOR DE PIEL: morena clara ESTATURA: 1.62 mts COLOR Y ESTILO DE CABELLO: Negro semilargo, ondulado. EL C. ACTUARIO (Firma, rúbrica ilegible)" "ACTOR: Abel Ordaz Monreal y ocho más. Expediente Núm. 148/IV/2012. CÉDULA NOTIFICADO DEMANDADO: José Cruz Argumedo Martínez, y/o Quién resulte responsable de la fuente de trabajo. DOMICILIO: Carret. Federal km 49 + 500 comunidad de Rancho Grande. POBLACIÓN: Mpio. de Fresnillo, Zac. En autos del juicio laboral arriba indicado, con fecha 10 de sep del año 2012, se dictó una resolución, la cual se ordenó le fuera notificada PERSONALMENTE. Para su conocimiento y efectos letales le dejo COPIA DE LA MISMA debidamente cotejada de su original, en estos momentos que son las 11:40 hora del día 12 del mes de sep del año 2012. OBSERVACIONES: Se deja documentación en poder de la C. Ana Lilia Guerrero Vázquez, vecina y conocida del demandado José Cruz Argumedo Martínez. EL C. ACTUARIO (Firma. Rúbrica ilegible)." "RAZÓN PARA COPIA DE AUTOS: Siendo las 11:40 horas del día 12-doce del mes de sep del año 2012 ME CONSTITUÍ EN EL DOMICILIO INDICADO, habiendo dejado toda la documentación que se precisa copia cotejada de la demanda, en 7 siete fojas útiles frente, auto de inicio de 27 de ene-2012, audiencia de 07-sep-2012, acuerdo de 10-sep-2012 y CÉDULA. En la inteligencia de que me CERCIORÉ DE QUE ERA EL LUGAR PARA LA NOTIFICACIÓN por los señalamientos de la carretera federal 49 km 15 + 500, en la comunidad de Rancho Grande, mpio. de Fresnillo, Zac, y el dicho de la C. Ana Lilia Guerrero Vázquez quien dice es correcto el domicilio de trabajo del demandado. CONSTE. ANA LILIA GUERRERO VÁZQUEZ EL ACTUARIO. (Rúbrica legible) (Firma. Rúbrica ilegible)." 5. El diez de octubre de dos mil doce, se celebró la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, de la que se desprende que sí estuvo presente la parte actora; además, se hizo constar que por la parte demandada únicamente compareció Óscar Tovar Santa Cruz, Noel Arrellano Cárdenas, José Cruz Argumedo González, Empresa Integradora de Ejidos Asociados, sociedad anónima de capital variable y/o Quién resulte responsable de la fuente de trabajo de mérito; asimismo, se hizo constar que no compareció el diverso demandado (aquí quejoso) José Cruz Argumedo Martínez. Luego, la parte actora amplió su demanda laboral, exponiendo brevemente las prestaciones reclamadas; ante ello, la Junta responsable difirió la audiencia trifásica y señaló nueva fecha para que tuviera verificativo. Finalmente, la Junta responsable, ante la incomparecencia del aquí peticionario de amparo, le hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintisiete de enero de dos mil doce, y ordenó la notificación respectiva por medio de estrados. 6. Seguido el juicio, el catorce de febrero de dos mil trece, se dictó laudo definitivo, en el que se condenó únicamente a los siguientes demandados: - OSCAR TOVAR SANTACRUZ; - NOEL ARELLANO CÁRDENAS; - JOSÉ CRUZ ARGUMEDO GONZÁLEZ; y, - EMPRESA INTEGRADORA DE EJIDOS ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DE LA FUENTE DE TRABAJO. Al pago de las prestaciones reclamadas, con excepción del relativo a horas extras. 7. Se destaca que en dicho laudo, no hubo condena alguna para el demandado José Cruz Argumedo Martínez (aquí quejoso). 8. En proveído de seis de mayo de dos mil catorce, se despachó auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma, con el objeto de requerir a la parte demandada (con excepción de José Cruz Argumedo Martínez), por el pago inmediato de la cantidad de: - $4'656,314.24 (cuatro millones seiscientos cincuenta y seis mil trescientos catorce 24/100 moneda nacional), correspondiéndoles a: - J. Armando Molina Ruiz $521,592.88 (quinientos veintiún mil quinientos noventa y dos 88/100 moneda nacional); - José Luis Ordaz Bretano, Abel Ordaz Monreal, Gerardo Cardona Monreal y Abel Martínez Alonso $518,851.03 (quinientos dieciocho mil ochocientos cincuenta y un pesos 03/100 moneda nacional), para cada uno; - Ismael Molina Monreal $509,950.94 (quinientos nueve mil novecientos cincuenta pesos 94/100 moneda nacional); y, - Maricela Calderón Castillo $511,341.44 (quinientos once mil tresceintos cuarenta y un pesos 44/100 moneda nacional). Cantidades que incluyen salarios caídos; asimismo, se comisionó al actuario adscrito para que procediera a requerir del pago de la cantidad indicada. 9. Mediante diligencia de nueve de mayo de dos mil catorce, le fue embargado a la parte demandada (con excepción del aquí peticionario de amparo) el siguiente bien inmueble: ubicado en Fresnillo, Zacatecas, zona 01, manzana 73, correspondiente al Lote 03, con una superficie total de 15,889 m2, colindando al noreste con lotes 13, 04, 7, 6 y privada Perú 99.90 m; al sureste colinda con calle Panamá y lote 02 con 159.35 m; al sureste colinda con Avenida Enrique Estarada 99.95 y al noroeste colinda con calle Honduras en 159.80 m. 10. En proveído de veinte de mayo de dos mil catorce, la Junta responsable ordenó girar atento oficio al Registro Público de la Propiedad de Fresnillo, Zacatecas para el efecto de que realizara la inscripción del embargo del inmueble de mérito; asimismo, designó como perito valuador a Alejandro Isaías García Gómez. 10. Mediante auto de tres de febrero de dos mil quince, la Junta responsable señaló día y hora para que tuviera verificativo la diligencia de remate. De lo antes asentado, se advierte que con relación a los actos reclamados por el quejoso José Cruz Argumedo Martínez, a las autoridades señaladas como responsables, no afectan su interés jurídico, pues el sólo llamamiento legal o ilegal al juicio de origen no afecta sus derechos fundamentales; además, como se destacó en líneas que anteceden, el laudo condenatorio de trece de febrero de dos mil trece, no fue dirigido hacia su persona, sino que únicamente condenó a los diversos demandados: - OSCAR TOVAR SANTACRUZ; - NOEL ARELLANO CÁRDENAS; - JOSÉ CRUZ ARGUMEDO GONZÁLEZ; y, - EMPRESA INTEGRADORA DE EJIDOS ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DE LA FUENTE DE TRABAJO. Asimismo, el auto de ejecución con efecto de mandamiento en forma, de seis de mayo de dos mil catorce, tampoco fue dirigido hacia el peticionario de amparo, sino hacia los diversos demandados descritos con anterioridad. Atento a lo cual, debe concluirse que los actos reclamados por el solicitante del amparo, no afectan en su esfera jurídica para acudir a la presente vía, pues tratándose del juicio de garantías, el interés jurídico como noción fundamental, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando es transgredido por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional, demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo, es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo, toma en cuenta para la procedencia del juicio de garantías. Asimismo, de acuerdo con el artículo 6° de la ley de la materia, el ejercicio de la acción Constitucional, está reservado únicamente, a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o, en su caso, por la ley. También se destaca que mediante diligencia de nueve de mayo de dos mil catorce, se llevó a cabo el embargo del bien inmueble: ubicado en Fresnillo, Zacatecas, zona 01, manzana 73, correspondiente al Lote 03, con una superficie total de 15,889 m2, colindando al noreste con lotes 13, 04, 7, 6 y privada Perú 99.90 m; al sureste colinda con calle Panamá y lote 02 con 159.35 m; al sureste colinda con Avenida Enrique Estarada 99.95 y al noroeste colinda con calle Honduras en 159.80 m; empero, el aquí quejoso no manifestó que dicho bien fuera de su propiedad, menos aún exhibió documento alguno con el que acreditara la propiedad del mismo. Por ende, al no demostrar el citado quejoso en el presente juicio de garantías, la existencia de un perjuicio hacia su persona o hacia algún bien de su propiedad o posesión, se concluye que los actos reclamados existentes dentro de los autos del juicio natural, no afectan en la esfera jurídica del peticionario de amparo; y, ante ello, LO PROCEDENTE ES SOBRESEER EN EL JUICIO, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se, Resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 336/2015, promovido por José Cruz Argumedo Martínez, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el resultando primero, y por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente al quejoso y terceros interesados, por oficio a las autoridades responsables, y por lista a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. Así lo resolvió y firma el licenciado MANUEL AUGUSTO CASTRO LÓPEZ, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del Secretario con quien actúa licenciado Jorge Martín Zamora González, el día de hoy treinta de junio de dos mil quince, en que lo permitieron las labores del juzgado.- DOY FE.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, DE CONFORMIDSAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO: "V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 336/2015; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el seis de marzo de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, JOSÉ CRUZ ARGUMEDO MARTÍNEZ, formuló demanda de amparo indirecto, contra las autoridades y actos que enseguida se precisan: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: I.- COMO ORDENADORA: ES LA H. JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE ZACATECAS, (.). II.- COMO EJECUTORA: EL ACTUARIO ADSCRITO A LA MISMA JUNTA ORDENADORA, A QUIEN LE ATRIBUYO LOS ACTOS RECLAMADOS QUE ABAJO SE MENCIONAN, QUIEN PUEDE SER DEBIDAMENTE EMPLAZADO O NOTIFICADO DE TAL JUICIO EN EL DOMICILIO DE SU ADSCRIPCIÓN (.)." "IV.- ACTOS RECLAMADOS.- Lo constituye la omisión y/o ilegal emplazamiento hecho hacia mi persona, dentro de los autos del expediente laboral marcado con el número 148/IV/2012 y por consiguiente las demás actuaciones posteriores, actuaciones que a la fecha han recaído en un laudo CONDENATORIO el cuál al no ser cumplido voluntariamente, se abrió el procedimiento de ejecución al mismo." SEGUNDO. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que, su Titular dictó proveído el nueve de marzo de dos mil quince, en que ordenó su admisión y registro bajo expediente 336/2015; se pidió informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados (fojas 32 a 35 de autos); se dio intervención a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos de autoridades residentes dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse en qué consisten, en términos de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo en vigor. Para tal efecto, se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y actos reclamados con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de la Jurisprudencia P./J.40/2000, y la diversa P.VI/2004. En ese sentido, de las constancias que integran el presente juicio de garantías, se advierte que el quejoso reclama: - La omisión y/o ilegal emplazamiento que se hizo respecto a su persona en los autos del expediente laboral número 148/IV/2012, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, el laudo condenatorio y procedimiento de ejecución respectivo. TERCERO. Una vez determinado cuáles son los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción de los mismos, tal y como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." Las autoridades responsables Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, y Coordinadora de Actuarios de esa dependencia, al rendir su respectivo informe justificado, aceptaron la existencia de los actos reclamados. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, su existencia se corrobora con las copias fotostáticas certificadas del juicio laboral 148/IV/2012 en donde constan los actos reclamados; documentales públicas a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone el artículo 2° de esta última legislación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 226 del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente previo a la materia del fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo vigente y con la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, el que esto resuelve advierte, que en el juicio de amparo en que se actúa se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII de la ley de amparo, en razón de que el quejoso carece de interés jurídico. En efecto, los artículos 61, fracción XII y 5°, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo vigente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]." "Artículo Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]." Conforme a tales preceptos, debe precisarse que por interés jurídico debe entenderse, el derecho que le asiste a un particular para reclamar en un juicio de amparo algún acto que es violatorio de garantías individuales que afecta sus derechos sustantivos protegidos por las normas legales. Por ello, quien resiente esa lesión, es el único legitimado para ejercer tal derecho ante los Tribunales Federales. Sobre el tema, es de invocarse la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO.- De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías." Así como la diversa jurisprudencia siguiente del texto literal: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE.- El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Así pues, el interés jurídico para promover el juicio, debe derivar directamente de los efectos que produce, en la esfera jurídica del gobernado, la emisión del acto reclamado, pues sólo la existencia de una afectación directa e inmediata en los derechos del quejoso, lo faculta a impugnar las violaciones que a su criterio genera el mencionado acto así como, en su caso, el proceso que le dio origen; de manera tal que no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa cuestión se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad, para que realice determinada conducta o se abstenga de la misma; por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, que por el solo hecho de serlo, pretenda que las leyes se cumplan. Por consiguiente, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación, por parte de la autoridad responsable. Entonces, la causa de improcedencia en estudio se actualiza cuando el quejoso no demuestra que los actos de autoridad que se combaten en la instancia constitucional inciden en su esfera jurídica. Además, resulta conveniente precisar, que parte en un juicio, es todo aquel que pide o contra el cual se pide en un juicio una declaración de derecho, por tanto, son las únicas que en ese procedimiento pueden hacer uso de todo derecho que les consigne la ley, ya para demostrar su acción, ya para sus excepciones, así como impugnar los acuerdos o resoluciones que les agravie, a través de los recursos correspondientes y, por ende, son las únicas facultadas, cuando les son transgredidos dentro de ese procedimiento sus derechos por la actuación de la autoridad, para acudir ante el órgano jurisdiccional federal, demandando el cese de esa violación. Ahora bien, para una mejor intelección al asunto, y establecer un panorama de referencia, conviene destacar los antecedentes de los actos reclamados, los cuales emanan del juicio laboral número 148/IV/2012, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, y en esencia son: 1. Mediante escrito presentado el veintisiete de enero de dos mil doce, ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, Abel Ordaz Monreal, José Luis Ordaz Bretado, Ismael Molina Monral, J. Armando Molina Ruiz, Salvador Martínez Alonso, Marisela Calderón Castillo y Adalberto Pinedo Valenzuela -por conducto de sus apoderados-, formularon demanda en la vía laboral, contra la Empresa Integradora de Ejidos Asociados, sociedad anónima de capital variable, contra las personas físicas José Cruz Argumedo Martínez, José Cruz Argumedo González, Noel Arrellano Cárdenas y Óscar Tovar Santacruz; y, contra QUIENES RESULTEN RESPONSABLES DE LAS FUENTES DE TRABAJO ubicadas en la carretera federal kilómetro 49 + 500 en la comunidad de Rancho Grande, en Fresnillo, Zacatecas, y en la carretera Valparaíso, kilómetro 1, colonias Las Américas, Fresnillo, Zacatecas, por el pago de las prestaciones ahí reclamadas (fojas 1 a 6 del cuaderno de pruebas). 2. En auto de veintisiete de enero de dos mil doce, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, tuvo por recibido el escrito de demanda, se avocó a su conocimiento y lo radicó con el número de expediente 148/IV/2012; ordenó el emplazamiento de los demandados (por medio de exhorto que giró a la Junta de Conciliación Permanente de Fresnillo, Zacatecas), y citó a las partes a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, y señaló hora y fecha para que tuviera verificativo. (foja 16). 3. Ante la imposibilidad de llevar a cabo el emplazamiento de los demandados, la Junta responsable emitió el auto de diez de septiembre de dos mil doce, donde ordenó de nueva cuenta el emplazamiento respectivo. 4. En lo que aquí interesa, y por actas elaboradas los días once y doce de septiembre de dos mil doce, el actuario adscrito a la Junta de Conciliación Permanente de Fresnillo, Zacatecas, hizo constar la entrega de: "CITATORIO" y "CÉDULA" dirigidos a José Cruz Argumedo Martínez (aquí quejoso), en los siguientes términos: "CITATORIO RECIBI EXPEDIENTE ANA LILIA GUERRERO VÁZQUEZ No 148/IV/2012 (hágase constar negativa o imposibilidad) Actor: Abel Ordaz Monrreal y 8 más. VS. Demandado: José Cruz Argumedo Martínez. CALLE: Carretera federal 49 + 500, comunidad de Rancho Grande, municipio de Fresnillo, Zacatecas. CC. José Cruz Argumedo Martínez y/o Quien Resulte Responsable. Presente. Con motivo de la práctica de una diligencia de carácter laboral, relativa al expediente arriba indicado, sírvase esperar el próximo 12-doce de sep del 2012 en punto de las 11:40 horas, apercibido (s) de que en caso de no encontrarse, la diligencia será realizada con la persona que se encuentre presente ó en su defecto, si estuviere cerrado el domicilio, la notificación será fijada en la puerta de entrada, siendo legal la notificación; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 742 y 743 fracciones IV y V de la Ley Federal del Trabajo.- Doy Fe. Fresnillo, Zac., a 11 de sep del 2012. Atentamente El C. Actuario (Firma. Rúbrica ilegible)." "RAZÓN PARA COPIA DE AUTOS: Siendo las 11:40 horas del día 11 de sep del 2012, me constituí en el domicilio ubicado en la calle Carretera federal 49 + 500, del fraccionamiento Com. de Rancho Grande, de Fresnillo, Zac, habiendo preguntado por el Reptte se dice por el C. José Cruz Argumedo Martínez y no encontrándose presente (s) procedí a dejar citatorio con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del Artículo 743 de la Ley Federal de Trabajo, a fin de que me esperara en punto de las 11:40 horas del día 12 del mes de sep del año 2012, habiéndolo recibido: la C. Ana Lilia Guerrero Vázquez quien dijo ser vecina y conocida del demandado, y manifestó que esta persona NO SE ENCUENTRA DE MOMENTO, en la inteligencia de que me cercioré que era el domicilio correcto para realizar la notificación por: Los señalamientos de la carretera federal 49 Km. 15+500 en la comunidad de Rancho Grande mpio de Fresnillo, Zac., el dicho de Ana Lilia Guerrero Vázquez, que dice es correcto el domicilio de trabajo del demandado. MEDIA FILIACIÓN DE CON QUIEN SE ENTENDIÓ LA DILIGENCIA: NOMBRE: Ana Lilia Guerrero Vázquez EDAD APROXIMADA: 24 años SEXO: femenino COLOR DE PIEL: morena clara ESTATURA: 1.62 mts COLOR Y ESTILO DE CABELLO: Negro semilargo, ondulado. EL C. ACTUARIO (Firma, rúbrica ilegible)" "ACTOR: Abel Ordaz Monreal y ocho más. Expediente Núm. 148/IV/2012. CÉDULA NOTIFICADO DEMANDADO: José Cruz Argumedo Martínez, y/o Quién resulte responsable de la fuente de trabajo. DOMICILIO: Carret. Federal km 49 + 500 comunidad de Rancho Grande. POBLACIÓN: Mpio. de Fresnillo, Zac. En autos del juicio laboral arriba indicado, con fecha 10 de sep del año 2012, se dictó una resolución, la cual se ordenó le fuera notificada PERSONALMENTE. Para su conocimiento y efectos letales le dejo COPIA DE LA MISMA debidamente cotejada de su original, en estos momentos que son las 11:40 hora del día 12 del mes de sep del año 2012. OBSERVACIONES: Se deja documentación en poder de la C. Ana Lilia Guerrero Vázquez, vecina y conocida del demandado José Cruz Argumedo Martínez. EL C. ACTUARIO (Firma. Rúbrica ilegible)." "RAZÓN PARA COPIA DE AUTOS: Siendo las 11:40 horas del día 12-doce del mes de sep del año 2012 ME CONSTITUÍ EN EL DOMICILIO INDICADO, habiendo dejado toda la documentación que se precisa copia cotejada de la demanda, en 7 siete fojas útiles frente, auto de inicio de 27 de ene-2012, audiencia de 07-sep-2012, acuerdo de 10-sep-2012 y CÉDULA. En la inteligencia de que me CERCIORÉ DE QUE ERA EL LUGAR PARA LA NOTIFICACIÓN por los señalamientos de la carretera federal 49 km 15 + 500, en la comunidad de Rancho Grande, mpio. de Fresnillo, Zac, y el dicho de la C. Ana Lilia Guerrero Vázquez quien dice es correcto el domicilio de trabajo del demandado. CONSTE. ANA LILIA GUERRERO VÁZQUEZ EL ACTUARIO. (Rúbrica legible) (Firma. Rúbrica ilegible)." 5. El diez de octubre de dos mil doce, se celebró la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, de la que se desprende que sí estuvo presente la parte actora; además, se hizo constar que por la parte demandada únicamente compareció Óscar Tovar Santa Cruz, Noel Arrellano Cárdenas, José Cruz Argumedo González, Empresa Integradora de Ejidos Asociados, sociedad anónima de capital variable y/o Quién resulte responsable de la fuente de trabajo de mérito; asimismo, se hizo constar que no compareció el diverso demandado (aquí quejoso) José Cruz Argumedo Martínez. Luego, la parte actora amplió su demanda laboral, exponiendo brevemente las prestaciones reclamadas; ante ello, la Junta responsable difirió la audiencia trifásica y señaló nueva fecha para que tuviera verificativo. Finalmente, la Junta responsable, ante la incomparecencia del aquí peticionario de amparo, le hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintisiete de enero de dos mil doce, y ordenó la notificación respectiva por medio de estrados. 6. Seguido el juicio, el catorce de febrero de dos mil trece, se dictó laudo definitivo, en el que se condenó únicamente a los siguientes demandados: - OSCAR TOVAR SANTACRUZ; - NOEL ARELLANO CÁRDENAS; - JOSÉ CRUZ ARGUMEDO GONZÁLEZ; y, - EMPRESA INTEGRADORA DE EJIDOS ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DE LA FUENTE DE TRABAJO. Al pago de las prestaciones reclamadas, con excepción del relativo a horas extras. 7. Se destaca que en dicho laudo, no hubo condena alguna para el demandado José Cruz Argumedo Martínez (aquí quejoso). 8. En proveído de seis de mayo de dos mil catorce, se despachó auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma, con el objeto de requerir a la parte demandada (con excepción de José Cruz Argumedo Martínez), por el pago inmediato de la cantidad de: - $4'656,314.24 (cuatro millones seiscientos cincuenta y seis mil trescientos catorce 24/100 moneda nacional), correspondiéndoles a: - J. Armando Molina Ruiz $521,592.88 (quinientos veintiún mil quinientos noventa y dos 88/100 moneda nacional); - José Luis Ordaz Bretano, Abel Ordaz Monreal, Gerardo Cardona Monreal y Abel Martínez Alonso $518,851.03 (quinientos dieciocho mil ochocientos cincuenta y un pesos 03/100 moneda nacional), para cada uno; - Ismael Molina Monreal $509,950.94 (quinientos nueve mil novecientos cincuenta pesos 94/100 moneda nacional); y, - Maricela Calderón Castillo $511,341.44 (quinientos once mil tresceintos cuarenta y un pesos 44/100 moneda nacional). Cantidades que incluyen salarios caídos; asimismo, se comisionó al actuario adscrito para que procediera a requerir del pago de la cantidad indicada. 9. Mediante diligencia de nueve de mayo de dos mil catorce, le fue embargado a la parte demandada (con excepción del aquí peticionario de amparo) el siguiente bien inmueble: ubicado en Fresnillo, Zacatecas, zona 01, manzana 73, correspondiente al Lote 03, con una superficie total de 15,889 m2, colindando al noreste con lotes 13, 04, 7, 6 y privada Perú 99.90 m; al sureste colinda con calle Panamá y lote 02 con 159.35 m; al sureste colinda con Avenida Enrique Estarada 99.95 y al noroeste colinda con calle Honduras en 159.80 m. 10. En proveído de veinte de mayo de dos mil catorce, la Junta responsable ordenó girar atento oficio al Registro Público de la Propiedad de Fresnillo, Zacatecas para el efecto de que realizara la inscripción del embargo del inmueble de mérito; asimismo, designó como perito valuador a Alejandro Isaías García Gómez. 10. Mediante auto de tres de febrero de dos mil quince, la Junta responsable señaló día y hora para que tuviera verificativo la diligencia de remate. De lo antes asentado, se advierte que con relación a los actos reclamados por el quejoso José Cruz Argumedo Martínez, a las autoridades señaladas como responsables, no afectan su interés jurídico, pues el sólo llamamiento legal o ilegal al juicio de origen no afecta sus derechos fundamentales; además, como se destacó en líneas que anteceden, el laudo condenatorio de trece de febrero de dos mil trece, no fue dirigido hacia su persona, sino que únicamente condenó a los diversos demandados: - OSCAR TOVAR SANTACRUZ; - NOEL ARELLANO CÁRDENAS; - JOSÉ CRUZ ARGUMEDO GONZÁLEZ; y, - EMPRESA INTEGRADORA DE EJIDOS ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DE LA FUENTE DE TRABAJO. Asimismo, el auto de ejecución con efecto de mandamiento en forma, de seis de mayo de dos mil catorce, tampoco fue dirigido hacia el peticionario de amparo, sino hacia los diversos demandados descritos con anterioridad. Atento a lo cual, debe concluirse que los actos reclamados por el solicitante del amparo, no afectan en su esfera jurídica para acudir a la presente vía, pues tratándose del juicio de garantías, el interés jurídico como noción fundamental, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando es transgredido por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional, demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo, es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo, toma en cuenta para la procedencia del juicio de garantías. Asimismo, de acuerdo con el artículo 6° de la ley de la materia, el ejercicio de la acción Constitucional, está reservado únicamente, a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o, en su caso, por la ley. También se destaca que mediante diligencia de nueve de mayo de dos mil catorce, se llevó a cabo el embargo del bien inmueble: ubicado en Fresnillo, Zacatecas, zona 01, manzana 73, correspondiente al Lote 03, con una superficie total de 15,889 m2, colindando al noreste con lotes 13, 04, 7, 6 y privada Perú 99.90 m; al sureste colinda con calle Panamá y lote 02 con 159.35 m; al sureste colinda con Avenida Enrique Estarada 99.95 y al noroeste colinda con calle Honduras en 159.80 m; empero, el aquí quejoso no manifestó que dicho bien fuera de su propiedad, menos aún exhibió documento alguno con el que acreditara la propiedad del mismo. Por ende, al no demostrar el citado quejoso en el presente juicio de garantías, la existencia de un perjuicio hacia su persona o hacia algún bien de su propiedad o posesión, se concluye que los actos reclamados existentes dentro de los autos del juicio natural, no afectan en la esfera jurídica del peticionario de amparo; y, ante ello, LO PROCEDENTE ES SOBRESEER EN EL JUICIO, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se, Resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 336/2015, promovido por José Cruz Argumedo Martínez, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el resultando primero, y por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente al quejoso y terceros interesados, por oficio a las autoridades responsables, y por lista a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. Así lo resolvió y firma el licenciado MANUEL AUGUSTO CASTRO LÓPEZ, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del Secretario con quien actúa licenciado Jorge Martín Zamora González, el día de hoy treinta de junio de dos mil quince, en que lo permitieron las labores del juzgado.- DOY FE."

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LOS TERCEROS INTERESADOS ABEL ORDAZ MONREAL, JOSÉ LUIS ORDAZ BRETADO, ISMAEL MOLINA MONREAL, J. ARMANDO MOLINA RUIZ, SALVADOR MARTÍNEZ MONREAL, ABEL MARTÍNEZ ALONSO, MARISELA CALDERÓN CASTILLO Y ADALBERTO PINEDO VALENZUELA, EL AUTO DICTADO EN FECHA VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, Y DE IGUAL FORMA SE LES TIENE POR EMPLAZADOS EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS, ELLO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: "En veintiséis de mayo de dos mil quince, el Secretario del Juzgado licenciado Jorge Martín Zamora González, doy cuenta al Juez con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintiséis de mayo de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que no han sido emplazados los terceros interesados Abel Ordaz Monreal, José Luis Ordaz Bretado, Ismael Molina Monreal, J. Armando Molina Ruiz, Salvador Martínez Monreal, Gerardo Cardona Monreal, Abel Martínez Alonso, Marisela Calderón Castillo y Adalberto Pinedo Valenzuela, toda vez que no fue posible localizarlos en el domicilio proporcionado por la parte quejosa; y tomando en consideración que por auto de veintisiete de marzo del año en curso, se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado, con sede en esta ciudad, de cuyas pruebas aportadas se logra apreciar que los citados terceros interesados designaron como apoderados legales en el juicio laboral 148/2012, a los licenciados Raúl Martínez Delgadillo, Paulo Alberto Cornejo Alcalá, diego Hernández Álvarez y Jesús Lozano Reyes, con domicilio ubicado en Calle Chapingo número doscientos seis (206), letra A, Colonia Agronómica de esta ciudad. En consecuencia, se comisiona al Actuario Judicial de la adscripción, a efecto de que proceda a su emplazamiento por conducto de la persona que acredite ser su representante legal, corriéndoles traslado con copia simple de la demanda de garantías, haciéndoles saber la fecha señalada para la audiencia constitucional, para que si así lo quisieran puedan ofrecer pruebas y formular alegatos; asimismo, los requiera para que dentro del término de tres días señalen domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones, apercibidos de que mientras no lo hagan, las subsecuentes que tengan el carácter personal les serán practicadas por medio de lista, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo vigente. Finalmente, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se señalan las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE para que tenga verificativo. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. aksa"

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