José Cristobal Aburto
Expediente 215/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 215/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- José Cristobal Aburto
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y de la certificación secretarial que antecede, toda vez que ha transcurrido el plazo de cinco días, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el auto de veintisiete de febrero del año en curso; consecuentemente, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Comuníquese lo anterior a la parte quejosa y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Ahora bien, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, por haberse desechado la demanda de amparo, lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Mientras tanto, resérvese en el archivo de este órgano jurisdiccional para su posterior destrucción.
- Principal
Se hace efectivo el apercibimiento hecho a la parte QUEJOSA, al no haber acudido a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, dentro de los dos días siguientes, en el horario comprendido entre las nueve y las quince horas, a partir de la fecha en que se le dejó el AVISO JUDICIAL en el domicilio señalado en autos y se procede a notificar por lista que se fija en los estrados del Juzgado y en la página electrónica www.cjf.gob.mx, EL AUTO de fecha VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, del cual ya existe síntesis publicada con anterioridad.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador de Santa Ana Jilotzingo, Estado de México; se ordena: a) anotar en el Libro de Control Electrónico de Juicios de Amparo con el número ***; b) registrar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de este órgano jurisdiccional; c) formar expediente electrónico (el impreso, sólo con las constancias precisadas en los artículos 263, fracción III, del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales", y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en su texto vigente desde su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós); y, d) en su caso, validar que la documentación recibida en formato impreso se haya digitalizado por parte del personal de la Oficina de Correspondencia Común mediante el uso de la FIREL para integrarla al expediente electrónico respectivo; sin perjuicio de que, para las promociones que en lo subsecuente se reciban por escrito directamente en este órgano jurisdiccional, la digitalización se realice por parte del personal de la Oficialía de Partes y se integren al expediente electrónico mediante la utilización de la FIREL. Todo lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 251 del primer Acuerdo Plenario invocado, 3 y 24 del segundo Acuerdo General invocado. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se comisiona al secretario encargado del trámite de este asunto para que, a) vigile la integración del expediente electrónico y lo mantenga actualizado y, b) que el contenido de las promociones, los acuerdos, las resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica, haciendo uso de los medios tecnológicos disponibles para tal efecto; de conformidad a lo dispuesto por el artículo 253, adicionado al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, relativo a los principios rectores del expediente electrónico y otras soluciones digitales. Lo anterior incluye este expediente principal y todo incidente o cuaderno que se forme. Del análisis efectuado a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que la parte quejosa, se duele de los actos consistentes en la orden de investigación de los hechos narrados en su contra por ***, ante la representación social que refiere. Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El citado precepto legal, establece la facultad del suscrito de desechar una demanda constitucional, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a duda, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, con número de registro 203,196, de rubro: "DEMANDA DE GARANTIAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS". En ese sentido, en el caso particular se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, que impone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" El precepto legal invocado, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos de autoridad que no afecten el interés jurídico de la parte quejosa, es decir, aquellos que no producen una afectación real y actual en su esfera normativa, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación ante el ordenamiento legal. Ahora bien, una interpretación realizada en sentido contrario, permite establecer que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclama, conforme a lo dispuesto por el artículo 6º de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; considerando al efecto, que el perjuicio es la afectación o lesión de un derecho legítimamente tutelado por la norma jurídica, provocada por la actuación de la autoridad, y que otorga a la persona que sufre de manera directa el perjuicio efectivo, la facultad de acudir ante el órgano jurisdiccional competente, a efecto de que el derecho protegido por la ley, no le sea violado o para que le sea reparado. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, número de registro 170500 y de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS.", estableció que para la procedencia del juicio constitucional, es necesario que el acto reclamado cause un perjuicio real y actual a la persona física o moral que se estime afectada; además, indicó que tales transgresiones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, de modo que la naturaleza intrínseca del acto que se combate es lo que determina tal agravio, sin que pueda hablarse entonces de perjuicio, cuando los daños que una persona puede sufrir no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. De lo anterior, se desprende la existencia del denominado principio de agravio personal y directo que rige el juicio de amparo, el cual establece que la persona que solicite la protección constitucional tiene que haber resentido una afectación real y actual en su esfera jurídica, derivada del acto que reclama, lo cual significa, que dicho perjuicio presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado por un ordenamiento legal objetivo, mismo que al ser transgredido por la actuación de la autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar que los efectos de esa afectación cesen y así restituirle en el goce de sus prerrogativas fundamentales vulneradas. En sentido inverso, los preceptos legales de referencia, indican que cuando el juicio se promueve por quien no sufre una afectación directa, real y actual, el procedimiento se torna improcedente, por no existir un agravio en la esfera jurídica de quien insta la acción constitucional. Por tanto, resulta imprescindible que la parte quejosa acredite fehacientemente que el acto de autoridad que reclama vulnera de forma real, actual o inminente, algún derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, para tener por acreditado el interés jurídico suficiente para accionar el juicio amparo, pues el procedimiento constitucional para la protección de los derechos fundamentales de las personas, se encuentra únicamente reservado a quien resiente ese tipo de perjuicio con motivo de un acto de autoridad, con la finalidad de ser restituido en el pleno goce de su prerrogativa infringida. Ahora bien, a fin de demostrar qué el quejoso carece de interés jurídico para accionar la presente instancia, debe traerse a colación las consideraciones sostenidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 2/2021, en donde, se determinó que el imputado y su defensor tienen derecho a acceder a la carpeta de investigación, en aras de proteger el derecho a una defensa adecuada, de conformidad con el 20, apartado B, de la Constitución. Asimismo en la referida contradicción de tesis, también se trató el tema del sigilo que se debe seguir en la investigación inicial. Al respecto, se explicó que el mismo consiste en que los datos que recabe la representación social se deben mantener reservados al público en general, para que no se ponga en peligro el éxito de la investigación. En ese sentido, se podría entender que los datos de la investigación se encuentran reservados a toda persona (inclusive al que en el futuro será imputado), hasta en tanto, no exista un acto de molestia concreto. Por ello, la estricta reserva de la indagatoria obedece a la protección del interés público y a la salvaguarda del derecho a la seguridad, que constituyen, indudablemente, fines legítimos, en virtud de que las actuaciones del Ministerio Público contienen hechos que, al ser del conocimiento público, ponen en peligro la investigación y eficacia en la persecución de delitos. En suma, el derecho de acceder a la carpeta de investigación se justifica en el hecho de que el imputado debe de conocer las razones de su acusación y, a partir de ello, preparar su estrategia de defensa. Sin embargo, el derecho subjetivo en mención surgirá hasta en tanto existan signos plausibles que hagan presumir que el quejoso cuenta con la calidad de imputado, lo cual se puede presumir únicamente cuando es detenido, citado a comparecer o, existe un acto de molestia similar encaminado a recabar su entrevista. Una interpretación diversa, es decir, que cualquier persona pueda acceder a los registros de la investigación sin contar con un interés jurídicamente relevante, implicaría un riesgo patente al éxito de la investigación, pues se perdería el sigilo. En esa lógica, no es pertinente que, en este tipo de casos, se dirima la litis hasta el dictado de la sentencia, pues al remitir los informes y desahogar pruebas, cualquier persona podría conocer los elementos que conforman una carpeta de investigación (nombres de los imputados, víctimas, datos de pruebas, etc.), sin que tuviera relación con la misma. Por tanto, toda vez que de los antecedentes del acto reclamado se advierte que en el caso el peticionario ***, no ha sido detenido, llamado a comparecer o cualquier otro acto equivalente de autoridad que genere molestia, y únicamente pretende basar su acción en una referencia de temor o sospecha de ser investigado; entonces, carece de interés para reclamar en su caso la investigación que se esté realizando en alguna carpeta de investigación; en términos del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Máxime que, el quejoso, en la narrativa de sus antecedentes del acto reclamado, y bajo protesta de decir verdad, precisa que fue amenazado por ***, al haber tenido una discusión, y que el doce de febrero del año en curso, recibió llamada telefónica por parte de la mamá de esta, en la que le informaba que tuviera cuidado porque su hija presentó una denuncia en su contra. Por tanto, al encontrarnos frente a un acto en donde el quejoso no ha sido detenido, citado a comparecer o afectado por otro acto de molestia realizado en su contra con el carácter de persona imputada dentro alguna carpeta de investigación, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en consecuencia lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, en términos del artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 95/2022 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2817, Libro 17, Septiembre de 2022, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA Y/U OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PERMITIR EL ACCESO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, CUANDO ÉSTA NO HA SIDO DETENIDA, CITADA A COMPARECER O AFECTADA POR OTRO ACTO DE MOLESTIA REALIZADO EN SU CONTRA CON EL CARÁCTER DE PERSONA IMPUTADA DENTRO DE LA ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN INICIAL Y SÓLO ADUCE QUE SOSPECHA TENER ESA CALIDAD. Hechos: Los Plenos de Circuito contendientes llegaron a posturas contrarias al sostener distintas líneas argumentativas para determinar si fue correcto o no el desechamiento de plano de una demanda de amparo promovida por una persona que sospechaba tener el carácter de persona imputada en una investigación, ello sin que previamente se le haya detenido o citado a comparecer. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto para desechar de plano la demanda relativa, cuando se promueve contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitir el acceso a la carpeta de investigación a una persona que no ha sido detenida ni citada a comparecer, ni ha sido objeto de un acto de molestia con el carácter de imputada y sólo aduce sospechar que tiene esa calidad. Justificación: Esta Primera Sala ha reconocido a los imputados el derecho de acceder a la carpeta de investigación para una mejor planificación de su defensa. Asimismo, este Alto Tribunal ha destacado la importancia que tiene el sigilo dentro de la etapa de la investigación inicial, el cual consiste en que los datos que recabe la Representación Social se deben mantener reservados al público en general, para que no se ponga en peligro el éxito de la investigación. En dichas circunstancias, para darle funcionalidad al sistema, se ha determinado que los registros de la carpeta de investigación se tendrán reservados hasta tanto no exista un acto de molestia concreto que evidencie que la persona tiene el carácter de persona imputada, esto es, que haya sido detenida, citada a comparecer o bien, sujeta a un acto de molestia encaminado a recabar su entrevista. Así, en los supuestos en los que una persona promueve una demanda de amparo indirecto contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitirle el acceso a la carpeta de investigación, pero del escrito de demanda y sus anexos sólo se advierte la mención de tener una sospecha o temor de ser investigado y, además, no se observa la existencia de un acto de molestia concreto (detención u orden de comparecencia), entonces, lo procedente será desechar de plano la demanda de amparo, ello de conformidad con los artículos 5o., fracción I, 61, fracción XII y 113 de la Ley de Amparo. La simple sospecha de ser persona investigada no deriva en ningún derecho subjetivo frente a la posibilidad de acceder a la carpeta de investigación, en ese sentido, se considera que la parte quejosa tiene sólo un interés simple, el cual deriva en una causal de improcedencia indudable y manifiesta. Finalmente, se insiste en que es de toral importancia que no se pierda el sigilo dentro de la investigación, por lo que el Juez de amparo deberá ser cuidadoso de revisar las constancias para advertir la existencia, o no, de un derecho subjetivo en favor de la parte quejosa." De igual forma, corroboran lo anterior, las tesis aisladas XXVII.3o.48 P (10a.), XXVII.3o.47 P (10a.) y I.9o.P.172 P (10a.), de rubro y texto: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SU INICIO NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL IMPUTADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, el inicio de la carpeta de investigación no produce una afectación real y actual en la esfera jurídica del imputado, porque el hecho de que la víctima, ofendido o cualquier persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito, denuncie o formule querella contra determinado individuo y, como consecuencia de ello, el Ministerio Público, dentro de sus facultades, tenga que iniciar una carpeta de investigación, no constituye un acto de molestia o privativo contra quien se imputó algún hecho, por lo que el juicio de amparo indirecto promovido en su contra es improcedente." . "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SU INICIO NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL IMPUTADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, el inicio de la carpeta de investigación no produce una afectación real y actual en la esfera jurídica del imputado, porque el hecho de que la víctima, ofendido o cualquier persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito, denuncie o formule querella contra determinado individuo y, como consecuencia de ello, el Ministerio Público, dentro de sus facultades, tenga que iniciar una carpeta de investigación, no constituye un acto de molestia o privativo contra quien se imputó algún hecho, por lo que el juicio de amparo indirecto promovido en su contra es improcedente." . "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SI EL QUEJOSO NO HA SIDO CITADO A COMPARECER ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO COMO IMPUTADO NI SE HA OCASIONADO ALGÚN ACTO DE MOLESTIA EN SU PERJUICIO, ÉL O SU DEFENSA NO PUEDE TENER ACCESO A LOS REGISTROS DE LA INVESTIGACIÓN, AUN CUANDO ADUZCA QUE TIENE CONOCIMIENTO DE QUE EXISTE UNA DENUNCIA EN SU CONTRA Y AQUÉLLA SE ESTÁ INTEGRANDO. Determinar que el inicio de una carpeta de investigación es un acto de molestia para el investigado, haría considerar letra muerta los artículos 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que taxativamente establecen que el imputado y su defensor tendrán acceso a la investigación cuando sea citado a efecto de pretender recibir su declaración, precisamente con el carácter de imputado, o sea sujeto a un acto de molestia, como sería entrevistarlo. Por tanto, aun cuando el quejoso aduzca que tiene conocimiento de que existe una denuncia en su contra y que la representación social se encuentra integrando una carpeta de investigación, si aún no tiene el carácter de imputado, de conformidad con el artículo 218 mencionado, en virtud de que no ha sido citado a comparecer ante el Ministerio Público con esa calidad, ni se ha ocasionado algún acto de molestia en su perjuicio, él o su defensa no puede tener acceso a los registros de la investigación, pues la investigación contenida en la carpeta respectiva, per se, no puede generar un acto de molestia, a que se refiere el artículo 266 de ese código, esto es, en donde la autoridad le informa a una persona sobre los derechos que le asisten y mediante el cual solicita su cooperación, ello antes de que el procedimiento se lleve a cabo. Por ende, aquella integración de la carpeta de investigación por la autoridad responsable, no afecta los intereses jurídicos o, en su caso, legítimos del quejoso, en los términos de la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo, actualizándose con ello, la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XII, de la propia ley" Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que señala en su demanda de amparo y como autorizados para tales efectos a los profesionistas que refiere en la misma. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios y Secretarios adscritos para que, en su caso, en días y horas inhábiles, realicen las notificaciones que se ordenen en el presente juicio. Se autoriza a los Secretarios y Actuarios para firmar los oficios del expediente en el cual se actúa. Además, se hace saber a las partes, con excepción de los entes públicos, que la información resguardada por los órganos jurisdiccionales federales es pública, con las salvedades que previene la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para su aplicación; por ende, tienen el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales; con independencia de que aún ante la falta de expresión, en las versiones públicas, se suprimirán los datos sensibles contenidos en las resoluciones, sentencias y constancias que obren en el expediente, para proteger la privacidad y vida íntima de las partes.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · 10,983 expedientes
- José Contla Peña Xochitemol961/2016
- José Cornejo Sánchez Ortega665/2022
- José Cornelio Sánchez Ortega898/2022
- José Cortés Sánchez1490/2015
- José Cortés Sánchez885/2015
- Jose Cristian Sanchez Hernandez1778/2014
- José Cristobal Juan Cuahutle Tuxpan1386/2022
- José Cristobal Serafin Cervantes Portillo1001/2019
- José Cruz Evencio Aguila Pérez366/2022
- José Cruz Evencio Aguila Pérez1104/2021
- José Cuahutencos Sánchez600/2017
- José Cupertino Cabrera Juárez32/2016