José Cristian Rodríguez Esparza

Expediente 1652/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1652/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
13/01/2023

Partes del expediente

  • José Cristian Rodríguez Esparza

Actuaciones

  1. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, trece de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, en el presente juicio de amparo, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, asimismo, que este juzgado dio fe de que la versión electrónica del juicio de amparo en que se actúa, coincide en su totalidad con la versión impresa; se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. En la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos 1,12 y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente es destruible.

  2. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. Visto; téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, en representación de ********************, contra los actos reclamados a los Jueces de Control del Distrito Judicial de Zacatecas y otras autoridades, por violación a diversos artículos constitucionales; en consecuencia, se acuerda: Registro de la demanda. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 1652/2022-II y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Precisión del acto reclamado. De la lectura de la demanda de derechos fundamentales, se precisa que el acto reclamado en este juicio constituye la orden de aprehensión y/o detención dictada en contra de ********************, por los Jueces de Control del Distrito Judicial de Zacatecas, así como su ejecución. Desechamiento. Del artículo 113 de la Ley de Amparo, se aprecia la ineludible obligación de quien conozca de la demanda de amparo, de analizarla en su integridad y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano; así, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo de demanda, así como de las constancias respectivas; y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, de la precisión del acto reclamado hecha con anterioridad, se advierte de manera notoria y manifiesta, que el juicio de amparo es improcedente, en términos del artículo 61, fracción XXIII en relación con el 5° fracción I y 6°, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo. Los mencionados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.)" Dichos numerales deben correlacionarse además con el artículo 107, fracción I, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)" El precepto constitucional transcrito contiene la figura de "parte agraviada" en el juicio de amparo, siendo ésta quien sufra un agravio personal y directo con relación al acto que se reclama. Ahora, principio de agravio personal y directo regula lo referente al perjuicio causado por el acto reclamado y que afecta de manera directa al gobernado, por lo que su función es legitimar a la persona física o moral, para ejercitar el amparo cuando considera que sus derechos han sido afectados, por haber sido transgredido uno de sus derechos fundamentales. Así, el agravio personal y directo puede ser cualquier tipo de afectación negativa a los derechos humanos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a los gobernados. Por su parte, el artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo dispone quiénes son partes en el juicio de amparo, entre ellos se encuentra el quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, siempre que alegue qué norma, acto u omisión reclamado violan los derechos previstos en el artículo 1° de la referida ley. Por ello, es presupuesto para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados violenten los derechos previstos en el artículo 1° de la citada ley, exigiendo la norma en comento que con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica. Cabe destacar que por "agravio", debe entenderse todo menoscabo u ofensa a la persona (física o moral), que puede ser o no patrimonial, siempre que sea material y apreciable objetivamente. En otras palabras, la afectación que en su detrimento aduzca la quejosa debe ser real y actual a su esfera jurídica; y, ese agravio debe recaer en persona determinada, concretarse en ésta, no ser abstracto ni genérico y de realización pasada, presente o inminente; es decir haberse producido, estarse efectuando en el momento de la promoción del juicio o ser inminente, no simplemente eventual, aleatorio o hipotético. Por ello, los actos simplemente probables no engendran agravio, ya que resulta indispensable que aquellos existan o haya elementos de los cuales pueda deducirse su realización futura con certeza. Luego, el agravio implica causar daño, es decir, de un menoscabo patrimonial o no patrimonial, o de un perjuicio, no considerado como la privación de una garantía lícita, sino como cualquier afectación real y actual cometida a la persona en su esfera jurídica. La presencia del daño o del perjuicio constituye pues, el elemento material de agravio, pero no basta que exista dicho elemento para que haya un agravio desde el punto de vista jurídico, sino que es menester que sea causado o producido en determinada forma. En efecto, es necesario que el daño o perjuicio sean ocasionados por la autoridad al transgredir un derecho fundamental. Es necesario establecer que para que el agravio pueda ser causa generadora del juicio de amparo, necesita también ser personal, es decir, que recaiga precisamente sobre persona determinada (física o moral). Por ende, todos aquéllos daños o perjuicios en que pueda manifestar el agravio que no afecten a persona concretamente especificada, no pueden reputarse como agravios desde el punto de vista constitucional y no origina por tanto, la procedencia del amparo. Además de la personal determinación del agravio, éste debe ser directo, real y actual, es decir de realización presente, pasada o inminentemente futura. En consecuencia, aquéllas posibilidades o eventualidades en el sentido de que cualquier autoridad cause a persona determinada daño o perjuicio, sin que la producción de éste sea inminente o pronta a suceder, no pueden reputarse como integrantes del concepto de agravio. Por ende, el agravio se traduce en daños o perjuicios que experimente una persona en los diversos bienes u objetos tutelados constitucionalmente mediante los derechos fundamentales en especial, ya que los bienes jurídicos de un sujeto son algo real, objetivo, de existencia ontológica, ya que los entes ideales, considerados como meras suposiciones del individuo producto de una elaboración meramente subjetiva son indiferentes al derecho. Por ello, toda afectación de los bienes u objetos jurídicamente protegidos debe participar de la naturaleza real u objetiva de éstos, a fin de que sea susceptible de reparación por el derecho. En consecuencia, cuando los daños y perjuicios que una persona pueda sufrir en sus diversos bienes jurídicos no afectan real u objetivamente a éstos, no puede decirse que exista un agravio en el sentido jurídico del concepto; por tanto, si las afectaciones que constituyen un agravio deben ser reales, es evidente que su causación o existencia es susceptible de apreciación objetiva, por lo que, cuando efectivamente exista daño o perjuicio en los bienes jurídicos de la quejosa, tal circunstancia debe ser estimada por el Juez de Distrito. Al consignarse en la Ley de Amparo que la posible afectación debe ser real y actual y, por ende, susceptible de apreciación por el juez de amparo, ya que si la existencia de los daños y perjuicios dependiera de la sola estimación del agraviado, la mencionada causa legal de improcedencia nunca tendría lugar en la práctica, pues bastaría la afirmación de la promovente del juicio de garantías de que la actividad autoritaria atacada le irroga molestias o perturbaciones en sus derechos, para que nunca se sobreseyese el proceso constitucional por falta de agravio. Por lo tanto, para concluir, es dable sostener que de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, esta última en relación con el diverso numeral 5, fracción 1, de la Ley de Amparo, la legitimación para acudir al juicio de amparo está reservada únicamente a quienes resientan un agravio (daño o perjuicio) actual o inminente de forma directa e inmediata, con motivo de un acto u omisión de autoridad, en sus derechos legítimamente tutelados en la Constitución o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese tenor, ********************, acude a juicio de amparo, en representación de ********************, reclamando la orden de aprehensión y/o detención dictada en contra de éste último, por los Jueces de Control del Distrito Judicial de Zacatecas, así como su ejecución. Al respecto, la quejosa considera que dicha orden constituye un ataque a la libertad fuera del procedimiento, por lo que la demanda la promueve en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo; sin embargo, contrario a lo que considera la promovente, una orden de aprehensión, sí bien constituye un ataque a la libertad personal, ésta se dicta dentro de un procedimiento, por una autoridad competente, pues el artículo 16, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, facultan a los jueces de control a ordenar la aprehensión de una persona cuando se estima que ha cometido un hecho señalado por la ley penal como delito. Por su parte, el artículo 211 del mencionado Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que el procedimiento penal comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente; por ende, si en términos del artículo 16 constitucional, no puede librarse una orden de aprehensión y sin que preceda denuncia o querella, queda claro que dicha orden de aprehensión sí de dicta dentro de un procedimiento y, por ende, no constituye un ataque a la libertad personal fuera de éste. En consecuencia, el acto reclamado, no se encuentra en el supuesto contenido en el artículo 15 de la Ley de Amparo; de ahí que, al haber promovido la demanda de amparo ********************, en representación de éste, queda de manifiesto que la aludida orden de aprehensión -o detención-, así como su ejecución, no le irroga un agravio personal y directo a la promovente. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 113, en relación con los diversos numerales 61, fracción XXIII y 107, fracción III, éste último aplicado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por demanda de amparo promovida por ********************, en representación de ********************. Designación de autorizados. Téngase por autorizado para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados ********************, ********************, ********************, ******************** y ********************.

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