Jose Crispin Martinez Fuentes

Expediente 1206/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 46 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1206/2022
Año
2022
Actuaciones
46
Última actuación
07/11/2023

Partes del expediente

  • Jose Crispin Martinez Fuentes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 46.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Se declara cumplida la sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, y tomando en consideración que la parte quejosa no desahogó la vista concedida mediante auto once de octubre de dos mil veintitrés, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Sentencia. Al respecto, se precisa que mediante sentencia de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, por una parte, se sobreseyó en el juicio, y por otra, se concedió el amparo a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "IX. DECISIÓN En otro sentido, se debe conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, en relación con el acto de aplicación que dio lugar al presente juicio de amparo, así como a los actos subsecuentes derivados del mismo o relacionados con aquél, por lo que las autoridades responsables emisoras deberán realizar lo siguiente:  El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debe dejar sin efectos el Acuerdo 195/2021 de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, únicamente por lo que hace al quejoso, precisando expresamente que el justiciable no está incluido en él, ni produce consecuencias jurídicas en su contra.  El Director General de Atención a Autoridades de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá dejar sin efectos los actos instrumentados en contra del quejoso a fin de ejecutar el requerimiento 110/F/B/9773/2021 que, en esencia, se tradujeron en comunicar a distintas entidades financieras las personas incluidas en el listado establecido en el Acuerdo 195/2021, así como la imposibilidad de abrir nuevas cuentas, la cancelación de las vigentes e impedir la disposición de los recursos que éstas últimas contengan. Este órgano jurisdiccional considera pertinente destacar que la conclusión a que se arribó en esta sentencia, en cuanto a que la medida cautelar de índole administrativa [inclusión en la lista de personas bloqueadas], no se emitió con motivo de los supuestos definidos por la Segunda Sala del Alto Tribunal para su legítimo ejercicio, no impide el ejercicio de las facultades que tiene asignadas la Unidad de Inteligencia Financiera para denunciar ante el Ministerio Público de la Federación las conductas que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como aquellas previstas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita,1 pues en este fallo no se realizó pronunciamiento alguno en torno a la validez de las acciones que tiene a su alcance esa autoridad en la vía penal correspondiente." Ejecutoria La autoridad responsable, Titular Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al inconformarse con la anterior resolución, interpuso recurso de revisión, del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, quien lo registro con el número R.A. 749/2022, y que mediante ejecutoria pronunciada el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Queda intocado el sobreseimiento decretado en el fallo recurrido, de conformidad con lo expuesto en el considerando sexto de esta ejecutoria. SEGUNDO. Se confirma la sentencia recurrida, en la materia del recurso. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a José Crispín Martínez Fuentes, en contra de los restantes actos reclamados, que se precisan en los resultandos, en los términos indicados en la sentencia recurrida." En ese sentido, mediante acuerdo de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, se recibió la ejecutoria de mérito, y se requirió el cumplimiento de la sentencia de amparo a las autoridades responsables. Cumplimiento. En atención a lo anterior, mediante oficio registrado con número de promoción 22163, el Director General de lo Contencioso de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, informó el contenido del "ACUERDO 340/2023 DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA POR EL QUE SE ELIMINA A JOSÉ CRISPÍN MARTÍNEZ FUENTES DE LA LISTA DE PERSONAS BLOQUEADAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 1206/2022 DEL JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO Y DE JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBLA", y remitió copia certificada del oficio 110/K/5492/2023 con folio SIARA UIFA/2023/000834 -que derivó de dicho acuerdo-, de los que se advierte lo siguiente: Que se dejó sin efectos el Acuerdo 195/2021 de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, únicamente por lo que hace al quejoso José Crispín Martínez Fuentes; Que se le eliminó de la lista de personas bloqueadas; y Que se comunicó a las entidades financieras a través del Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad (SIARA) el referido acuerdo 340/2023, a efecto de que se reanuden los actos, operaciones y/o servicios financieros que le fueron suspendidos, a fin de que el quejoso pueda realizar operaciones financieras y disponga de sus recursos. Con lo anterior, mediante auto de once de octubre de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho e interés legal convenga, acuerdo que fue notificado vía electrónica el trece de octubre del año en curso. Conclusión. Por tanto, se estima que se colmaron los alcances del fallo protector y se declara que el fallo protector ha quedado cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, toda vez que se satisficieron los efectos de la sentencia de amparo, conforme a los parámetros fijados en la misma. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO." Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase de conocimiento a las partes la anterior determinación y que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación, pueden interponer recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo. En el entendido de que el suscrito Secretario Encargado del Despacho estoy facultado para emitir el cumplimiento de mérito, en términos del criterio jurisprudencial de rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE. Hechos: Uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si el pronunciamiento sobre el cumplimiento de una sentencia de amparo puede estimarse como un auto de trámite o una resolución de carácter urgente y, en consecuencia, si el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones de su titular está facultado para decidir sobre el particular, sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dicho secretario está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, habida cuenta que de los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo se desprende que el juzgador debe dictar las medidas necesarias para que tales ejecutorias se cumplimenten a la brevedad para resarcir el quebranto al orden público derivado de los actos declarados inconstitucionales, de lo que se sigue que el pronunciamiento sobre su debido acatamiento constituye una resolución de carácter urgente; en cambio, el otro tribunal contendiente determinó que atendiendo a lo previsto en los preceptos legales en cita, la declaratoria de cumplimiento o incumplimiento de una ejecutoria de amparo no puede estimarse como un acuerdo de trámite, dado que puede derivar en la imposición de una multa a las autoridades responsables e incluso en su destitución y consignación, ni tampoco como una resolución urgente, tan es así que es legalmente factible ampliar el plazo concedido inicialmente a las responsables para acreditar su acatamiento, de lo que se sigue que el secretario encargado del juzgado por vacaciones del titular carece de atribuciones para resolver al respecto. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones del titular está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, en tanto es menester que al concluir el plazo concedido a las autoridades responsables para demostrar su acatamiento o al fenecer el plazo de la vista otorgada a la parte quejosa y a la parte tercero interesada con las constancias relativas, se determine si los deberes impuestos en el fallo protector se encuentran satisfechos para, en su caso, dictar las medidas necesarias para conseguirlo, máxime que la urgencia de la decisión no radica exclusivamente en los posibles daños que se podrían ocasionar al agraviado en caso de que la sentencia no se ejecute de inmediato, sino también en lograr el objetivo del juicio de amparo, el cual estriba en restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado a la brevedad posible, a fin de evitar que el retraso en la ejecución de la decisión torne nugatoria la protección de la Justicia Federal. Justificación: En el dictamen a la iniciativa de la Ley de Amparo en vigor, se precisó que la ejecución de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal constituye una parte toral del juicio de amparo, en tanto que su objetivo es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho vulnerado con el acto declarado inconstitucional; por tal razón se estimó necesario implementar medidas que permitan lograr su eficaz y oportuno cumplimiento, habida cuenta que las dilaciones o fallas en su ejecución podrían anular sus efectos restitutorios. Lo que se corrobora al tener en cuenta que el derecho de acceso a la justicia que se tutela en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conlleva para los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos y los medios de defensa, lo que de suyo implica asegurar la debida ejecución de sus decisiones sin dilaciones indebidas o innecesarias. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que de acuerdo con el principio de efectividad de los recursos o medios de defensa previsto en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios, lo que puede ocurrir, por ejemplo, al verificarse cualquier situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión, o en la ejecución de la misma. Incluso, el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención establece la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso, lo que significa que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia porque se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas. Luego, es claro que en tratándose del juicio de amparo, es indispensable que la ejecución de la reparación al derecho violado, esto es, el cumplimiento del fallo protector, se realice sin dilaciones indebidas o injustificadas, pues de lo contrario se tornaría ilusorio y lo dotaría de ineficacia, en detrimento del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva." Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de octubre de dos mil veintitrés. Vista con cumplimiento. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, manifiesta haber dado cumplimiento al fallo protector, y al efecto informa el contenido de su acuerdo 340/2023 y remite copia certificada del oficio 110/K/5492/2023 con folio SIARA UIFA/2023/000834. FECHA DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA AUTORIDADFECHA EN QUE SE RECIBIÓ EL OFICIO POR EL CUAL LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMÓ EL CUMPLIMIENTO 09/10/2023 10/10/2023 En consecuencia, con apoyo en los ordinales 192 y 193 de la Ley de Amparo, los cuales establecen la obligación del Juez de Distrito de velar por el debido cumplimiento de las ejecutorias que otorguen el amparo y protección de la justicia federal, así como con fundamento en el artículo 196 del citado ordenamiento, dese vista a la parte quejosa con el oficio y anexo de cuenta por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés legal convenga. En el entendido de que dar vista significa que los autos quedan en la secretaría, para que se impongan de ellos los interesados, de conformidad con el artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo. Apercibido que de no desahogar la vista ordenada, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito con los elementos que obren en autos. Por otra parte, para dar margen a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo, notifíquese el contenido del presente acuerdo, así como el oficio y anexo remitidos en cumplimiento al fallo protector de manera personal. Autorización de consulta y notificación vía electrónica a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Finalmente, en términos de lo acordado el nueve de octubre de dos mil veintitrés, en el cuaderno de varios 1/2023, de este Juzgado de Distrito, con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se otorga al usuario "********************", que pertenece a ********************, la autorización a efecto de que pueda tener acceso a las actuaciones del presente juicio de amparo, en la vía electrónica, así como para que, a partir de esta fecha, se le notifiquen electrónicamente los acuerdos que ameriten ser personales a través del módulo dispuesto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, tres de octubre de dos mil veintitrés. Autoridad informa cumplimiento. El Director General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de su representación, en cumplimiento al requerimiento de cinco de septiembre de la presente anualidad, informa que por el momento no se encuentra constreñido para dar cumplimiento a los efectos de la sentencia de amparo. Lo anterior, pues informa que por la naturaliza de sus funciones, previamente la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe emitir un oficio que ordene el desbloqueo de las respectivas cuentas bancarias. De todo lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar, pues se está a la espera del cumplimiento emitido por la autoridad ordenadora. Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Autoridad responsable solicita constancias. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de su representación, solicita se remita copia de la ejecutoria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, dictada en el recurso de revisión R.A. 749/2022; lo anterior, a fin de que se encuentre en aptitud de dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Atento a lo anterior, a fin de evitar dilaciones procesales, se ordena remitir copia de la resolución de mérito a la autoridad oficiante, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los efectos siguientes: ".En otro sentido, se debe conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, en relación con el acto de aplicación que dio lugar al presente juicio de amparo, así como a los actos subsecuentes derivados del mismo o relacionados con aquél, por lo que las autoridades responsables emisoras deberán realizar lo siguiente: El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debe dejar sin efectos el Acuerdo 195/2021 de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, únicamente por lo que hace al quejoso, precisando expresamente que el justiciable no está incluido en él, ni produce consecuencias jurídicas en su contra. El Director General de Atención a Autoridades de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá dejar sin efectos los actos instrumentados en contra del quejoso a fin de ejecutar el requerimiento 110/F/B/9773/2021 que, en esencia, se tradujeron en comunicar a distintas entidades financieras las personas incluidas en el listado establecido en el Acuerdo 195/2021, así como la imposibilidad de abrir nuevas cuentas, la cancelación de las vigentes e impedir la disposición de los recursos que éstas últimas contengan. Este órgano jurisdiccional considera pertinente destacar que la conclusión a que se arribó en esta sentencia, en cuanto a que la medida cautelar de índole administrativa [inclusión en la lista de personas bloqueadas], no se emitió con motivo de los supuestos definidos por la Segunda Sala del Alto Tribunal para su legítimo ejercicio, no impide el ejercicio de las facultades que tiene asignadas la Unidad de Inteligencia Financiera para denunciar ante el Ministerio Público de la Federación las conductas que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como aquellas previstas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, pues en este fallo no se realizó pronunciamiento alguno en torno a la validez de las acciones que tiene a su alcance esa autoridad en la vía penal correspondiente." En la inteligencia de que deberá remitir copia certificada de las constancias para acreditar dicho cumplimiento; bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Aunado a ello, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante un Juez de Distrito. Notifíquese.

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