José Corrales Rodas
Expediente 536/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 536/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 27/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- José Corrales Rodas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mesa 8. VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. Causa estado, se archiva el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DE TRES DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE TREINTA Y UNO DE MARZO DOS MIL VEINTITRÉS ACUERDO QUE EN LO QUE INTERESA DICE:---------------------------------------------------- Vista; la certificación de cuenta se advierte que en proveído de quince de marzo del año en curso, se tuvo a Luis Ramón Rodríguez de la Cruz, promoviendo demanda de amparo en representación del directo quejoso José Aris Corrales Rodas y/o Aris José Corrales Rodas, por lo que se ordenó notificar personalmente el referido proveído a fin de que en el acto de la notificación, o dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la misma, ratificara la demanda de amparo instada. Asimismo, en auto de dieciséis siguiente, se tuvo al citado quejoso ratificando la demanda presentada a su favor, por lo que se admitió a trámite el presente juicio de amparo. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Representante Local Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, con el cual rinde informe justificado y remite copia certificada digitalizada del expediente administrativo del quejoso José Aris Corrales Rodas y/o Aris José Corrales Rodas, de nacionalidad hondureña. En ese contexto, de conformidad con el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se establece que los actos reclamados en esta vía constitucional, esencialmente lo constituyen: la privación ilegal de la libertad, malos tratos, incomunicación, deportación y libertad de tránsito. Ahora bien, del informe de la suspensión de plano y constancias remitidas por la autoridad oficiantes se desprende: Que en cumplimiento a la suspensión de plano otorgada a su favor, el veintidós de marzo pasado, se determinó otorgarle salida provisional al quejoso José Aris Corrales Rodas y/o Aris José Corrales Rodas, de la estación migratoria, sujetándolo a control de firmas semanales, apercibido de no abandonar la determinación geográfica de esta entidad federativa, otorgándole un término de veinticuatro horas, para el cumplimiento de las medidas señaladas en la suspensión de plano, con la finalidad de que continúe su procedimiento administrativo, y hasta en tanto este órgano jurisdiccional resolviera el presente asunto. Sin embargo el quejoso hizo caso omiso a lo requerido y no se presentó al control de firmas correspondiente, por lo que se dio por concluido su procedimiento administrativo migratorio, mediante el acta de hechos de evasión de control migratorio de treinta y uno de marzo del presente año. Manifestación a la que se le otorga valor probatorio pleno en términos del numeral 202, en relación con el 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral, por haber sido corroborada por la autoridad responsable dentro de su informe. En esas condiciones, de las constancias remitidas por la autoridad como apoyo a su oficio de cuenta, se advierte que al quejoso se le otorgó salida provisional como se acredita con el acuerdo de salida de la estación migratoria de veintidós de marzo pasado, asimismo con el acta de hechos de evasión de control migratorio de esta propia fecha, de la que se advierte que se dio por concluido el procedimiento administrativo y se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido, en virtud del incumplimiento a la determinación decretada en el citado acuerdo de salida. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS CONSISTENTES EN LA INCOMUNICACIÓN, MALOS TRATOS Y DEPORTACIÓN. Ahora, del informe de cuenta, este Juzgado de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 63, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, de la interpretación sistemática de los preceptos reproducidos se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado es inexistente. En esas condiciones, se tiene que los actos reclamados por el quejoso José Aris Corrales Rodas y/o Aris José Corrales Rodas, consistente en la incomunicación, malos tratos y deportación, no existen pues las manifestaciones de la responsable, se desprende que el quejoso de mérito no se encontraba incomunicado, maltratado, ni tampoco se emitió en su contra alguna orden deportación. Lo que se corrobora de las constancias que remitió la responsable al momento de rendir su informe de suspensión de plano, pues se desprende la acta de constancia de llamada telefónica, de la que se advierte que el quejoso de referencia, tuvo comunicación para contactar a sus familiares y representante legal, así como de la constancia de visita de quince de marzo del año en curso, de la que se advierte que fue visitado por Waleska Rodas Wendy, de nacionalidad hondureña. Asimismo, se advierte que el quejoso José Aris Corrales Rodas y/o Aris José Corrales Rodas, fue valorado por el médico adscrito a la Estación Migratoria, lo que se corrobora con el certificado médico de quince de marzo de este año, en los que se concluyó que no presentaba signos de coronavirus, sin padecimiento broncopulmonar. Por lo anterior, esta juzgadora determina que no es cierto el acto reclamado consistente en la incomunicación. De igual manera, de las constancias que integran el presente expediente, se advierte la inexistencia de los malos tratos reclamados, lo que se corrobora, con la constancia de notificación personal, practicada al quejoso José Aris Corrales Rodas y/o Aris José Corrales Rodas, de nacionalidad hondureña, en la que el fedatario adscrito a este Juzgado, hizo constar que se encontraba bien, que no había sido maltratado y que había tenido comunicación con sus familiares, dentro de la estación migratoria y como consecuencia, ratificó la demanda, sin que realizara diversa manifestación que para este Juzgado se considerara que recibiera malos tratos o estuviera incomunicado. En consecuencia, se otorga plena validez a las manifestaciones formuladas por el directo quejoso José Aris Corrales Rodas y/o Aris José Corrales Rodas de nacionalidad hondureña, ante el fedatario judicial de la adscripción. Esto, porque tales manifestaciones se realizaron ante una autoridad legalmente constituida, en pleno ejercicio de sus funciones, como lo es el Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, quien se conoce este Juzgado de Distrito, y llevar a efecto todas las diligencias que el Juez le encomiende. Asimismo, al tener el actuario judicial fe pública, lo asentado en sus diligencias debe estimarse cierto si no hay prueba que acredite lo contrario. Lo anterior, con apoyo en la tesis XIV.C.A.49 C (9a.) del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con número de registro 160704, localizable en la página 615, libro II, noviembre de 2011, tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, que dice: "CÉDULA DE NOTIFICACIÓN SUSCRITA POR EL ACTUARIO. CONSTITUYE LEGALMENTE UNA ACTUACIÓN JUDICIAL CON PLENO VALOR PROBATORIO." encuentra investido de fe pública, por lo que está facultado para realizar las notificaciones, citaciones y emplazamientos que se deriven de los asuntos que Por tanto, se obtiene que el quejoso José Aris Corrales Rodas y/o Aris José Corrales Rodas, de nacionalidad hondureña, no se encontraba maltratado o incomunicado. Mientras que las constancias del procedimiento administrativo que adjuntó la responsable, a las cuales se ha hecho referencia, tienen valor probatorio pleno por no estar desvirtuadas, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, Quinta Época, Materia Común, registro 394182, cuyo rubro: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR". De ahí que se llega a la conclusión inequívoca que no existen los actos relativos a los malos tratos e incomunicación pues no hay medio de convicción que, siquiera, haga presumir su existencia. Además, no es cierto el acto reclamado consistente en la orden de deportación, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que no ha dictado orden de deportación máxime que al citado quejoso se le otorgó la salida provisional el veintidós de marzo pasado. En efecto, de lo hasta aquí expuesto se llega a la conclusión que no existe el acto positivo denominado orden de deportación, pues no hay medio de convicción que, siquiera, haga presumir su existencia. Por lo expuesto, es que esta autoridad sostiene que los actos reclamados: incomunicación, malos tratos y la orden de deportación, no existen. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.49/2017 (10ª.) sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, página 386, Décima Época, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO". CESACIÓN DE EFECTOS RESPECTO AL ACTO SEÑALADO COMO PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD. Ahora, del informe de cuenta, este Juzgado de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en virtud de que el acto reclamado por el quejoso José Aris Corrales Rodas y/o Aris José Corrales Rodas, de nacionalidad hondureña, ha cesado en sus efectos. En efecto, el aludido ordinal dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados. En ese sentido, debe decirse que los efectos de los actos reclamados cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes de su nacimiento; o también, cuando la autoridad, sin revocarlo o dejarlo insubsistente, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." De la jurisprudencia invocada se concluye que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho transgredido. Es decir, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues la causa de improcedencia de mérito se justifica ante la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo que se corrobora con las copias certificadas que adjuntó la responsable, de las cuales se aprecia el acuerdo de salida de la estación migratoria de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, asimismo con el acta de hechos de evasión de control migratorio de treinta y uno de marzo del año en curso, de la que se advierte que se dio por concluido el procedimiento administrativo y se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido, en virtud del incumpliendo a la determinación decretada en el citado acuerdo de salida; constancias a las cuales se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, párrafo segundo, dado que su formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia a la autoridad responsable, en el ejercicio de sus funciones; calidad que se demuestra por la existencia regular sobre los documentos, de los sellos, firmas y otros signos exteriores. En tales condiciones, y toda vez que en la presente vía constitucional la parte quejosa señaló como acto reclamado la ilegal privación de la libertad y siendo que, como ya se precisó, dicha autoridad el treinta y uno de marzo del presente año, emitió el acuerdo de evasión, por el cual informa a la autoridad oficiante que el quejoso evadió el control migratorio. Así, tomando en consideración lo antes mencionado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA DEL PRESENTE ASUNTO. En las condiciones anotadas, es dable dejar sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional fijada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis 26/2002, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en Página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, el Semanario Judicial y su Gaceta, que literalmente expone: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE" Notifíquese y personalmente al Agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado.
- Principal
Mesa 8. VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Se tiene a la autoridad responsable informando lo relativo a la suspensión de plano concedida en el presente juicio, por tanto dese vista a las partes para que se impongan a su contenido. Notifíquese.
- Principal
Mesa 3. se tiene a los quejosos haciendo manifestaciones en referencia la vista otorgada.
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