José Concepción Martínez García

Expediente 576/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
576/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
17/06/2022

Partes del expediente

  • José Concepción Martínez García

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de dos de junio del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se determinó desechar el presente juicio de amparo. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por ************, apoderado legal de la directa quejosa **************, también conocida como *******************, mediante el cual manifiesta que no está conforme con el cumplimiento dado por el Registrador Público de la Propiedad del Partido Judicial de Salvatierra, Guanajuato, Notario Público número 1 y Directora de Catastro e Impuesto Inmobiliario, ambos con sede en Tarimoro, Guanajuato, a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. Asimismo, respecto a la actuación realizada por la primera de las autoridades antes señaladas, exhibe copia certificada del Apéndice Electrónico correspondiente a la imagen digitalizada que obra en el Apéndice del Folio Electrónico R39*7232; inscripción realizada en la solicitud número 44362, a efecto de demostrar que solo se anexó copia del oficio 5725, dirigido por parte de este Juzgado a dicha autoridad, de fecha siete de abril del año en curso, sin que se haya realizado la anotación de cancelación de la inscripción de la escritura 5,734 (cinco mil setecientos treinta y cuatro), de fecha quince de abril de mil novecientos noventa y seis. En ese sentido, y tomando en consideración las manifestaciones realizadas por la parte quejosa, se ordena: Girar oficio al Registrador Público de la Propiedad del Partido Judicial de Salvatierra, Guanajuato, Notario Público número 1 y Directora de Catastro e Impuesto Inmobiliario, ambos con sede en Tarimoro, Guanajuato, para que en el término de tres días legalmente computado, a la anotación de cancelación de la escritura 5,734 (cinco mil setecientos treinta y cuatro), de fecha quince de abril de mil novecientos noventa y seis, e inscripciones respectivas ya realizadas en los instrumentos de control que de acuerdo a sus funciones cuenten en las oficinas a su cargo como libros, protocolo notarial, folios electrónicos, sistemas, etc, , se haga constar que: La cancelación de dicho instrumento notarial e inscripciones (según corresponda), se realizó en cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida por Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, el uno de septiembre de dos mil veintiuno, en el amparo en revisión 68/2021, relativo a los recursos de revisión interpuestos por la quejosa ************, y por los terceros interesados ******************, en contra de la sentencia dictada por este Juzgado, el veintidós de enero de dos mil veintiuno, en el juicio de amparo 625/2019. Hecho lo anterior, remitan copia certificada y legible de sus respectivas actuaciones que acrediten lo ordenado. Asimismo, como lo solicita el gestionante, requiérase a la Directora de Catastro e Impuesto inmobiliario con sede en Tarimoro, Guanajuato, para que en el término de tres días legalmente computado, aclare si el número de oficio 626/2019, a que hace mención en el apartado de "OBSERVACIONES", de la hoja de "VARIACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO", que adjuntó a su escrito de seis de mayo del año en curso, en el que se hace constar la cancelación de la cuenta S-000445-001, se quiso referir al número de juicio de amparo 625/2019, o bien indique, a qué comunicado girado por este Juzgado se refiere, así como la fecha de expedición del mismo, pues la orden por parte de este Juzgado de que se cancelara dicha cuenta, se hizo a través del número 6787/2022, de fecha veintinueve de abril del año en curso. Por último, se apercibe a las autoridades responsables requeridas que de no atender lo solicitado, en el plazo otorgado para ello, se les podrá imponer una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, de la Ley de Amparo, conforme al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis y su complemento del día siguiente.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por ******************, por su propio derecho, contra actos de la Agencia de Tramitación del Fuero Común número I de Cortázar, Guanajuato y otras autoridades; con apoyo en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número de expediente 576/2022-V. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." (.) "El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley" Como se puede advertir de la transcripción de los artículos anteriores, para que el juicio constitucional sea procedente es necesario que se enderece contra actos de autoridad, o bien, de particulares en los casos señalados por la propia ley, pues por su naturaleza jurídica las garantías constitucionales constituyen en la generalidad de los casos limitaciones al Poder Público, ya que los actos que ejecuten y molesten en su persona, domicilio, papeles o familia a otros particulares, encuentran sus sanciones en las disposiciones del derecho común. En ese orden, la concepción del "acto reclamado", es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para la procedencia de este medio de control constitucional, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1o. de la Ley de Amparo, preceptos en los que constantemente aparece el término de "actos u omisiones de autoridad". Dentro del campo del juicio de amparo, el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De la definición que antecede, se desprende que el acto debe de ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. Por ello, tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización (actos inciertos), los mismos no producen ningún efecto de derecho, y contra ellos no procede el juicio de amparo. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que la parte quejosa esencialmente señaló como acto reclamado: Las órdenes de presentación, aprehensión o detención emitidas en su contra, así como su ejecución. Asimismo, del capítulo atinente a los antecedentes de los actos reclamados se advierte que el peticionario del amparo narró bajo protesta de decir verdad lo siguiente: ". manifiesto que en pasados días, fui informado por mis vecinos que en mi domicilio ubicado en la calle ********************, habían llegado elementos de la Policía Ministerial del Estado y le informaron que me andaban buscando porque tenía un pendiente, y ante el temor fundado que me pueden detener por un hecho que bajo protesta de decir verdad, no he cometido ningún delito." De lo antes narrado, se desprende que los posibles mandatos de captura que reclama el aquí quejoso son actos futuros e inciertos, contra los cuales es improcedente el juicio de amparo intentado. Ello, en razón de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el juicio de amparo procede contra actos no existentes aún, pero de cuya realización se tenga plena certeza, por así demostrarlo actos previos, o por ser una consecuencia forzosa e ineludible de hechos probados. Lo que en el caso no sucede, pues la circunstancia de que el quejoso manifestara que sus vecinos le comentaron que elementos de la Policía Ministerial acudieron a su domicilio porque tiene un "pendiente", no implica, ni de suyo ni de facto, que las autoridades que señala como responsables hayan girado alguna orden de presentación, aprehensión o detención en su contra, o incluso, que éstas hayan acudido a su domicilio con la finalidad de detenerlo. Se afirma lo anterior, ya que de lo narrado por el quejoso no se advierte que los elementos policiacos que acudieron a su morada pretendieran privarlo de la libertad, dado que únicamente manifestaron que lo estaban buscando porque tenía un pendiente, sin precisar si era con la finalidad de cumplimentar algún mandato de captura o con algún otro propósito. Máxime que el propio quejoso narró que no ha cometido delito alguno. Sin que obste a lo anterior lo señalado por el solicitante del amparo en el proemio de su demanda, en el sentido de que ".por medio de mis vecinos me enteré de que tenía una orden de aprehensión en mi contra.", toda vez que de acuerdo a lo que narró bajo protesta de decir verdad en los antecedentes del acto reclamado, los elementos de la Policía Ministerial que acudieron a su domicilio únicamente le informaron a sus vecinos que porque tiene un "pendiente", más no que existía una orden de aprehensión en su contra. De ahí que se consideren dichos actos reclamados como futuros de realización eventual, pues no existe dato alguno que genere la certeza clara y fundada de que los actos impugnados existan o pueda llegar a existir. Y es que no debe perderse de vista que la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce su derecho fundamental violado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente. Debe decirse que este juzgador no soslaya la jurisprudencia 1ª./J.25/2003, de la Primera Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA RECLAMACIÓN DE UN ACTO FUTURO E INCIERTO, DEL CUAL NO PUEDA SABERSE CON EXACTITUD SI ES INMINENTE O SI LLEGARÁ O NO A MATERIALIZARSE, NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRAMITE."; sin embargo, se estima que la misma no es aplicable. Esto se afirma, en virtud que en el presente caso este operador jurídico se encuentra en condiciones de determinar racionalmente que las responsables no han ordenado la realización de los actos reclamados o que están a punto de hacerlo, puesto que para llegar a dicha conclusión se sopesó que el propio quejoso manifestó en el capítulo atinente al acto reclamado y antecedentes del mismo que acude a esta instancia constitucional señalando como tales las órdenes de presentación, aprehensión o detención emitidas en su contra, así como su ejecución "..con motivo de que elementos de la Policía Ministerial, han acudido a su domicilio, porque tienen un pendiente con él."; manifestación a la que se le otorga valor pleno de CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).". Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 1°, fracción I, de la ley de la materia, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA. Se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***********, al contar con cédula profesional ***********, respectivamente, registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,190 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano