José Colín Gómez

Expediente 626/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
626/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
19/06/2019

Partes del expediente

  • José Colín Gómez
  • Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia.

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de junio de dos mil diecinueve. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Causa estado auto. De la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no recurrió en el plazo legal el auto dictado el seis de junio de dos mil diecinueve (fojas 20 a 25) en que se desechó su demanda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Maira Flor López Valencia, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de junio de dos mil diecinueve. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 626/2019, ello con motivo de la demanda que promueve José Colín Gómez, por proprio derecho, en contra del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. DESECHAMIENTO. Vista la demanda de amparo promovida por José Colín Gómez, en contra del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, tal como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, la demanda de amparo, debe analizarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que lleve a su desechamiento de plano, lo que en el caso acontece, como se desprenderá de las consideraciones que enseguida se realizan. El artículo 113 de la citada ley, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Conforme a lo anterior, el suscrito considera que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por el cual procede desechar la demanda de amparo; en el caso se actualiza la causa prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". De lo que se sigue que el juicio de amparo indirecto no procede cuando la improcedencia resulte de alguna disposición legal. Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la citada Ley de Amparo, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". Expuesto lo anterior, cabe señalar que, a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". Por lo que puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento. La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Las ideas expuestas fueron extraídas, en lo conducente, de la Jurisprudencia P./J.37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P. /J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". En ese contexto, este órgano de control constitucional estima aplicable en el caso, en la idea conducente, los lineamientos expuestos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la citada jurisprudencia P. /J. 37/2014. En la especie, la parte promovente reclama al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, la resolución emitida el veintidós de mayo de dos mil diecinueve, en el incidente de nulidad de actuaciones respecto de exclusión de prueba, en la etapa intermedia de la causa penal 346/2018. Ahora, dicha determinación no puede considerarse como un acto de imposible reparación, pues recordemos que en la etapa intermedia se va a realizar una depuración de pruebas, por virtud de la cual el Juez de Control deberá excluir cualquier medio de prueba obtenido a partir de una violación de derechos fundamentales, pues para que el nuevo sistema de justicia penal funcione adecuadamente es necesario que las cuestiones relativas a la exclusión probatoria derivada de violaciones a derechos fundamentales, queden definitivamente dilucidadas en forma previa a la apertura de juicio oral. Además ya en juicio oral, la defensa puede cuestionar el valor de las pruebas. Es aplicable a lo anterior, en la idea jurídica sustancial y conducente, la tesis 1a. LII/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. UNO DE SUS OBJETIVOS ES DEPURAR EL MATERIAL PROBATORIO QUE SE VA A DESAHOGAR EN JUICIO ORAL, EXCLUYENDO AQUEL QUE SE HAYA OBTENIDO CON VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES. En el sistema de justicia penal acusatorio, al cierre de la investigación formalizada no sigue inmediatamente la realización del juicio oral, sino una etapa "intermedia" que también se realiza ante el juez de control. Dicha etapa inicia con la formulación de la acusación por parte del Ministerio Público y tiene por objeto principal la preparación del juicio, fijando de modo preciso su objeto, los sujetos intervinientes y los medios de prueba que deberán ser desahogados. En este sentido, una de las principales funciones del juez de control durante esta etapa consiste en asegurarse que durante la investigación no se hubieran cometido transgresiones a los derechos fundamentales del imputado y, en su caso, garantizar que las consecuencias de éstas no se trasladen a la etapa de juicio oral. Así, al dictar el auto de apertura a juicio, el juez de control debe verificar esta situación y excluir cualquier medio de prueba obtenido a partir de una violación a derechos fundamentales. En consecuencia, será precisamente durante la etapa intermedia cuando el imputado deba expresar los planteamientos que considere pertinentes en torno a la vulneración de sus derechos fundamentales que hayan tenido un impacto en la obtención de medios de prueba y, en consecuencia, solicitar la exclusión de éstos del material probatorio que va a ser desahogado en el juicio oral. No hay que perder de vista que para que el nuevo sistema de justicia penal funcione adecuadamente es necesario que las cuestiones relativas a la exclusión probatoria derivada de violaciones a derechos fundamentales, queden definitivamente dilucidadas de forma previa a la apertura del juicio oral, de tal manera que el juzgador en esta última etapa tenga como función exclusiva el análisis de las pruebas para determinar la existencia del delito y la responsabilidad del acusado". En el mismo sentido, tiene aplicación la tesis 1a. LIII/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "DIFERENCIAS EN EL DEBATE PROBATORIO DE LA ETAPA INTERMEDIA Y EL JUICIO ORAL EN RELACIÓN CON LA VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES. El objeto del debate probatorio durante la etapa intermedia y el juicio oral es distinto pero complementario. En la etapa intermedia se discute si de los datos que arroja la investigación se advierte una violación a derechos fundamentales que dé lugar a la exclusión de algún medio de prueba del material probatorio que se va a desahogar en el juicio oral. En cambio, la finalidad de esta última etapa consiste en esclarecer los hechos sobre la existencia de un delito y la responsabilidad del acusado en su comisión a partir de los medios de prueba admitidos en la etapa intermedia. Así, en atención al principio de continuidad previsto en el primer párrafo del artículo 20 constitucional, la exclusión de pruebas no es un tema que pueda plantearse nuevamente en el juicio oral. Con todo, aunque el debate sobre la exclusión probatoria deba agotarse en etapa intermedia, es incuestionable que en el juicio oral la defensa puede cuestionar el valor de las pruebas con argumentos estrechamente vinculados con violaciones a derechos fundamentales planteadas en etapas previas. Esto último puede ocurrir especialmente cuando durante el desahogo de las pruebas durante el juicio oral se revela que efectivamente existió una violación a derechos fundamentales del acusado, cuando surgen dudas sobre esa cuestión -por ejemplo, al advertirse durante el contrainterrogatorio o con algún otro medio de prueba que las autoridades mintieron o incurrieron en contradicciones en relación con lo que hubieren manifestado en etapas preliminares- o cuando se aporten elementos supervenientes que hagan suponer fundadamente que la prueba en cuestión se obtuvo a partir de una violación a derechos fundamentales. En estos casos, el juez o tribunal de enjuiciamiento deberá tomar en cuenta esta cuestión al momento de realizar la valoración probatoria en la sentencia definitiva, sin perder de vista que la fracción IX del apartado A del artículo 20 constitucional establece que las pruebas obtenidas mediante violación a derechos fundamentales son nulas". Por lo anterior, es que el acto reclamado se traduce en una violación procesal que no causa perjuicio de inmediato, sino que tal circunstancia se sabrá hasta que culmine la etapa intermedia. Por tanto, en este momento se deja intacta la esfera jurídica del afectado al no alterarse ningún derecho sustantivo. Aunado a lo anterior, se precisa que el procedimiento penal se encuentra dividido por tres etapas, según lo dispone el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos penales las cuales son: investigación, intermedia o de preparación a juicio y etapa de juicio. El objeto de la etapa intermedia es el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración tanto de las pruebas como de los hechos controvertidos que serán materia del juicio, tal como lo dispone el numeral 334 del mismo ordenamiento jurídico, por tanto, el imputado quejoso tiene la oportunidad, como ya se dijo, de solicitar al juez la exclusión de medios de prueba. Adicionalmente, en la etapa de juicio se desahogarán los medios de convicción planteados en la etapa intermedia, y es aquí cuando se podrá determinar si la prueba no tiene valor probatorio en caso de que haya sido obtenida por medio de actos violatorios de derechos fundamentales tal como lo dispone el diverso 357 del mismo Código, por tanto, el imputado tendrá otra oportunidad para solicitar la ineficacia de dicha prueba. Por lo anterior, al contar con varias oportunidades para solicitar al Juez la ineficacia de pruebas, es que su acto reclamado no es de imposible reparación. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sentido ambos de la Ley de la Materia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, respecto del citado acto reclamado, atento su manifiesta e indudable improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la citada legislación. Por otra parte, ha de decirse que los criterios jurisprudenciales formados bajo la Ley de Amparo abrogada, se invocan en términos del artículo Sexto transitorio de la vigente. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo dispuesto en los mencionados ordenamientos, las resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo los lineamientos que contiene el citado protocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Álex Chávez Rojas, Moisés Salvador Manuel, Armando Hernández Mejía y Mareli Salas Martínez, ya que acreditan tener la facultad para ejercer la profesión de abogados al contar con el registro ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de los Órganos Jurisdiccionales; y la persona restante, únicamente para recibir notificaciones, e imponerse de los autos. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y c) acuses de recibo. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.

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