José Clemente Castañeda Hoeflich

Expediente 1177/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1177/2017
Año
2017
Actuaciones
9
Última actuación
22/02/2018

Partes del expediente

  • José Clemente Castañeda Hoeflich

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    AGRÉGUESE EL OFICIO DE LA AUTORIDAD, SE AUTORIZA LA CONSULTA VÍA INTERNET DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO, REALÍCESE LA VINCULACIÓN CORRESPONDIENTE. NOTIFÍQUESE

  2. Principal

    VISTA LA CERTIFICACIÓN QUE ANTECEDE Y EL ESTADO DE LOS AUTOS, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA LA SENTENCIA, ARCHÍVESE, ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    VISTOS para resolver el juicio de amparo indirecto 1177/2017, promovido por JOSÉ CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH, por propio derecho, contra actos que reclama del Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito recibido el veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, turnado a este Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa de esa materia y jurisdicción, JOSÉ CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH, formuló demanda de amparo indirecto en contra de las autoridades y actos que a continuación se precisan: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES A. Como autoridades que aprobaron la norma general de la que se reclama su inconstitucionalidad: El Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. B. En lo que respecta al primer acto de aplicación de la norma impugnada: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAI), a través de su Director General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales administrativos. IV.- ACTO RECLAMADO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE A) Se reclama del Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales: El ilegal "inciso B del Anexo I del Acuerdo mediante el cual se aprueban las Directrices para llevar a cabo la verificación diagnóstica establecida en el artículo tercero transitorio de los lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la plataforma nacional de transparencia; así como la atención a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia" aprobado con fecha 03 de mayo de 2017 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 11 de mayo de 2017, del cual específicamente se reclama la inconstitucionalidad del inciso B del Anexo I del referido acuerdo. B) Se reclama del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), a través de su Director General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales administrativos: El primer acto de aplicación del inconstitucional "inciso B del Anexo I del Acuerdo mediante el cual se aprueban las Directrices para llevar a cabo la verificación diagnóstica establecida en el artículo tercero transitorio de los lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la plataforma nacional de transparencia; así como la atención a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia" aprobado con fecha 03 de mayo de 2017 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 11 de mayo de 2017, vía correo electrónico." SEGUNDO. El quejoso consideró que los actos reclamados transgreden el artículo 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y señaló como tercero interesado a la Procuraduría General de la República. TERCERO. En proveído de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, este Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, admitió a trámite la demanda; de las autoridades responsables solicitó el respectivo justificado; dio la legal intervención al Agente del Ministerio Público Federal adscrito y fijó fecha para la celebración de la audiencia Constitucional, la cual concluye con la resolución de este juicio de amparo; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El suscrito, Enrique Marcial Islas Tolentino, Secretario del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto por el artículo 43, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/6194/2017 de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, es legalmente competente para resolver este asunto, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo, y 52, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el contenido del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal número 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, dado que se reclama un acto de naturaleza administrativa atribuido a diversas autoridades en esa materia que residen en la jurisdicción que corresponde a este juzgador. La señalada facultad se sustenta en la Jurisprudencia 2a./J. 67/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXXIV, julio de dos mil once, página 853, que es del orden siguiente: "SECRETARIO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUPLIR AL JUEZ DE DISTRITO. CASOS EN QUE TIENE FACULTADES PARA DICTAR SENTENCIA A FIN DE PRESERVAR LA ACTIVIDAD NORMAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL. El párrafo segundo del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que en las ausencias del Juez de Distrito superiores a 15 días, el Consejo de la Judicatura Federal autorizará al correspondiente secretario o designará a quien deba sustituirlo durante su ausencia, sin establecer restricción alguna en relación con las facultades que se confieren al secretario designado en tales términos, lo cual encuentra explicación lógica en que las faltas temporales de los titulares de los juzgados que excedan dicho lapso, no deben propiciar que el trámite de los asuntos y el dictado de las sentencias quede paralizado indefinidamente. Consecuentemente, dada la amplitud de las atribuciones que la norma confiere al secretario en funciones de Juez de Distrito y, sobre todo, en observancia de la garantía a la tutela jurisdiccional efectiva prevista en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto establece que los tribunales estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, el secretario autorizado conforme a la disposición citada está facultado para dictar sentencia aun en los juicios de amparo cuya audiencia no hubiese presidido, a fin de preservar la actividad normal del órgano jurisdiccional al cual se encuentre adscrito. En cambio, en los casos en que el secretario queda encargado del despacho durante el periodo vacacional del Juez de Distrito, no es aplicable el mencionado artículo 43, en virtud de que la actuación del secretario que lo supla la regula el párrafo segundo del artículo 161 de la propia Ley Orgánica, que le faculta para resolver única y exclusivamente los juicios de amparo cuyas audiencias constitucionales se hubiesen celebrado en dicho periodo. Conviene hacer dos precisiones más: 1) Sea que se trate de una sustitución con motivo de vacaciones o de una ausencia mayor a 15 días del titular por cualquiera otra razón, el secretario que haga las funciones de Juez de Distrito solamente está facultado para dictar resolución durante el periodo en el que rija la autorización respectiva, de modo que si presidió alguna audiencia y no tuvo oportunidad de dictar sentencia cuando estaba autorizado para ello, ya no podrá hacerlo con posterioridad, ya que sólo corresponderá al titular resolver esos asuntos aunque no hubiera presidido las audiencias respectivas; y 2) Cuando en el Juzgado de Distrito se presente un cambio de titular, basta que en los autos del juicio de amparo obre constancia del aviso de dicha sustitución y que se haga del conocimiento a las partes esa circunstancia, para que el nuevo titular pueda pronunciar las sentencias en los juicios cuyas audiencias se hubieran celebrado con anterioridad al día en que asumió el cargo, para no interrumpir el funcionamiento normal de ese órgano jurisdiccional. Por último, a fin de que exista certidumbre de los términos de la autorización en los cuales los secretarios en funciones de Juez de Distrito asumen el cargo por un lapso superior a 15 días, debe transcribirse en la propia sentencia el contenido de dicho documento y, en su caso, recabarse la copia certificada por el órgano revisor antes de emitir la resolución correspondiente." SEGUNDO. Del estudio integral de la demanda de amparo y anexos, sin atender a calificativos que en la enunciación se hagan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad, desprendiéndose, por ende, que la autoridad responsable, en la denominación actual y correcta, así como el acto que por esta vía se le reclama, consisten en: 1.- Consejo del Sistema Nacional de Transparencia del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 2.- Director General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos. A la autoridad responsable señalada en el numeral 1, se le atribuye la emisión del "Acuerdo por el cual se aprueban las Directrices para llevar a cabo la verificación diagnóstica establecida en el artículo tercero transitorio de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet en la Plataforma Nacional de Transparencia; así como la atención a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia", publicados el once de mayo de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación. De la autoridad precisada en el numeral 2, se le reclama el acuerdo de cuatro de julio de dos mil diecisiete, por el cual se acordó la acumulación de la denuncia presentada por el quejoso al procedimiento oficioso de verificación diagnóstica previsto en el acuerdo reclamado. TERCERO. Es cierto el acto que se le reclama al CONSEJO DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS (fojas 29 a 40), consistente en la emisión del "Acuerdo por el cual se aprueban las Directrices para llevar a cabo la verificación diagnóstica establecida en el artículo tercero transitorio de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet en la Plataforma Nacional de Transparencia; así como la atención a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia", publicados el once de mayo de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, toda vez que así lo manifestó al rendir el informe justificado que le fue requerido. Además, la certeza de los citados actos, se corrobora con la existencia del ordenamiento legal indicado, ello, ya que dicha autoridad concurrió al proceso y formación de éste, lo que se acredita plenamente de conformidad con los artículos 86 y 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo conforme al numeral 2, y con la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 983, de la Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1988, que al rubro señala: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas." De igual forma sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.65/2000, publicada en la página 260, Tomo XII, agosto de dos mil, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "PRUEBAS. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza obligatoria y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueden argüir desconocerlo." Por otra parte, también es cierto el acto reclamado al DIRECTOR GENERAL DE ENLACE CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA Y TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS (fojas 29 a 40), consistente en el acuerdo de cuatro de julio de dos mil diecisiete, por el cual se acordó la acumulación de la denuncia presentada por el quejoso al procedimiento oficioso de verificación diagnóstica previsto en el acuerdo reclamado, ya que así lo aceptó dicha responsable al rendir el informe justificado. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado en la tesis 305, publicada en la página 206, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1995, Quinta Época; cuyo contenido reza: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza del acto señalado se encuentra acreditada, con las constancias que obran en autos, de las que se advierte que la mencionada autoridad emitió la resolución que se reclama, documentos a los que se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con los dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles. CUARTO. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia que propongan las partes, por ser de estudio preferente en el juicio de amparo, o bien llevar a cabo su análisis de oficio de acuerdo con lo establecido en el último párrafo del artículo 62, de la Ley de Amparo. En ese sentido, el Director General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República, tercero interesado en el presente juicio de amparo, aduce que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en el 107, fracción IX, interpretados a contrario sensu de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado es intraprocesal, preceptos que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I a XXII . . . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Ahora bien, de conformidad con el precepto 107, fracción V, de la ley reglamentaria del juicio de amparo, el amparo indirecto sólo procede contra actos en el juicio que tengan una ejecución que sea de imposible reparación. Los actos en juicio de imposible reparación son aquellos que afectan directamente derechos sustantivos de las partes, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de los derechos fundamentales, porque la afectación o los efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales de los gobernados y sin dejar huella en la esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo indirecto que se promueva. Bajo este contexto, resulta fundada la causa de improcedencia propuesta por la tercero interesada. En efecto, las consecuencias del acto reclamado consistente en la emisión del acuerdo de cuatro de julio de dos mil diecisiete, por el cual se acordó la acumulación de la denuncia presentada por el quejoso al procedimiento oficioso de verificación diagnóstica previsto en el acuerdo reclamado, no afecta de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos, ni produce una afectación en el juicio en grado predominante o superior, pues la resolución que se llegue a dictar para resolver la queja en comento, puede resultar favorable a los intereses del quejoso. Máxime que en dicho acuerdo que ordena la acumulación de la denuncia promovida por el quejoso, al procedimiento de verificación diagnóstica que realizará la unidad administrativa al sujeto obligado denunciado, no hay afectación de derechos sustantivos, pues es una institución procesal que sólo otorga derechos adjetivos a las partes, con la finalidad de evitar consecuencias jurídicas incompatibles entre la primera verificación diagnóstica que será realizada a los sujetos obligados del ámbito federal y los procedimientos de denuncia sustanciados ante el Instituto de referencia, por lo que, si bien, la decisión de acumular diversas denuncias pudiera perjudicar prerrogativas, tal daño no tiene el carácter de agravio material a derechos sustantivos que haga procedente el juicio de amparo indirecto, al tratarse de prerrogativas otorgadas por normas ordinarias para que los procedimientos se desarrollen de la mejor forma posible. Fundamenta lo anterior en la parte conducente, la jurisprudencia 32/2013, emanada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, tomo I, enero de dos mil diecisiete, página 5, con el rubro: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La acumulación de juicios es una institución procesal que sólo otorga derechos adjetivos a las partes, con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias, por lo que, si bien la decisión de acumular diversos juicios pudiera afectar sus derechos, tal afectación no tiene el carácter de afectación material a derechos sustantivos que haga procedente el juicio de amparo indirecto, al tratarse de derechos otorgados por normas ordinarias para que los procedimientos se desarrollen de la mejor forma posible. Aunado a ello, las posibles afectaciones a la debida integración de la litis que pudieran reclamar las partes con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se materializarán, en su caso, al dictarse la sentencia si no les es favorable, por lo que tampoco harían procedente el juicio de amparo indirecto; por esas razones, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, es factible desechar la demanda cuando se reclama la resolución que decreta la acumulación de juicios por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia en términos del artículo 107, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, ambos de la ley citada, en atención a que el solo análisis de la naturaleza del acto permite concluir que el juicio constitucional es improcedente, pues se trata simplemente de un ejercicio jurídico para determinar los alcances de la naturaleza del acto y no se requiere de alguna prueba para concluir que las resoluciones relativas a la acumulación de juicios sólo afectan derechos adjetivos que hacen improcedente el juicio de amparo indirecto." Así como la tesis P. LVII/2004, emitida por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XX, octubre de dos mil cuatro, página 9, con el rubro: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Y la jurisprudencia 244, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la octava época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, página 164, del texto: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivo o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En estas condiciones, lo procedente es sobreseer en el juicio, respecto de los actos precisados, con fundamento en la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo. Ahora bien, al actualizarse la causa de improcedencia citada respecto del acto de aplicación consistente del "Acuerdo por el cual se aprueban las Directrices para llevar a cabo la verificación diagnóstica establecida en el artículo tercero transitorio de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet en la Plataforma Nacional de Transparencia; así como la atención a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia", que también impugna el quejoso, dicho sobreseimiento se hace extensivo a éste. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 2ª./J. 71/2000, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, agosto de dos mil, página 235, de rubro y texto siguientes: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Asimismo, resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 1a./J. 29/98, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 150, del Tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "AMPARO INDIRECTO. PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA EN UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO SI EL QUEJOSO RECLAMA ÚNICAMENTE LA AFECTACIÓN DE DERECHOS PROCESALES Y NO SUSTANTIVOS. Para que el juicio de garantías proceda de manera inmediata contra una ley aplicada dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, sin necesidad de esperar a que éste culmine, es menester analizar si el acto de aplicación tiene una ejecución de imposible reparación, porque los efectos legales y materiales alcancen a afectar al quejoso de manera cierta e inmediata en algún derecho sustantivo, que no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación. De lo contrario, si la parte quejosa únicamente alega que se afecta su posibilidad de defensa, implicando cuestiones meramente procesales, el juicio resulta improcedente y debe sobreseerse con fundamento en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, pues en este caso, atendiendo al principio de definitividad, la acción procede hasta que se dicte la resolución definitiva con la cual culmine el procedimiento, momento en que se podrán combatir tanto la ley, como el procedimiento mismo, y la resolución final." Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 61, 63, 73, 74, 75, 76, 216, 217 y Sexto Transitorio, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 1177/2017, promovido por JOSÉ CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH, contra los actos que se les atribuyen a las autoridades responsables, por los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando de la presente resolución. NOTIFIQUESE.

  4. Principal

    SENTENCIA: ÚNICO. SE SOBRESEE. NOTIFÍQUESE.

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