José Clemente Adán Hernández Duarte
Expediente 1223/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1223/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/07/2023
Partes del expediente
- José Clemente Adán Hernández Duarte
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con lo dispuesto por su artículo 2, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la consultora jurídica general adscrita, a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, a través del cual devuelve el diverso oficio 21413/2023 de treinta de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio, toda vez que hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que la representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos en el presente sumario constitucional, le corresponde a la Secretaría de Salud. En consecuencia, se ordena reexpedir el oficio 21413/2023 de treinta de mayo de dos mil veintitrés al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Secretaría de Salud, para que esté en aptitud de informar el cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos. De igual forma, instrúyase al oficial judicial "A" adscrito a este órgano jurisdiccional, a efecto de que realice las gestiones correspondientes al respecto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio con evidencia criptográfica de la subdirectora de Procesos Judiciales del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología (CONAHCYT), en suplencia por ausencia de la Directora de Estrategias y Procesos Jurídico, en suplencia por ausencia del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos en representación de las autoridades señaladas como responsables de ese consejo, por el que solicita la aclaración de la resolución del incidente por defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva, dictada el veintidós de junio del presente año, por los motivos que indica. En atención a lo anterior, dígase a la autoridad oficiante que no se acuerda favorable su petición de pronunciarse sobre la aclaración a que se refiere de la resolución de veintidós de junio del año en curso, relativa al incidente por defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva que promovió la parte quejosa en el juicio del que deriva la presente incidencia, pues además de que este juzgado no puede revocar sus determinaciones, que es la pretensión de la oficiante al solicitar que este juzgado se pronuncie sobre el tema de la falta de recursos para realizar el pago a que se refiere la suspensión definitiva, la referida aclaración no es procedente tratándose de resoluciones dictadas en el incidente de suspensión, como se desprende de la tesis V.1o.P.A.32 K, que este juzgado comparte, publicada en la página 2856, Tomo XXXI, marzo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, con registro digital 165116, cuyo rubro y texto dice: ACLARACIÓN DE RESOLUCIONES DICTADAS EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al establecer la jurisprudencia P./J. 94/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, diciembre de 1997, página 6, de rubro: ACLARACIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SÓLO PROCEDE OFICIOSAMENTE Y RESPECTO DE EJECUTORIAS., concluyó que la aclaración de sentencias es una institución procesal necesaria en el juicio de amparo, que tiene por finalidad aclarar y corregir los errores materiales y oscuridades de la resolución, para hacerla coincidente como acto jurídico (declaración que hace el juzgador respecto a determinada resolución) y como documento (representación del acto decisorio), pues aunque la Ley de Amparo no la establece expresamente para el juicio de garantías, conforme al artículo 17 constitucional es un derecho fundamental elevado al rango de garantía constitucional el que la impartición de justicia sea completa, esto es, que agote las cuestiones planteadas, lo que se traduce en que las resoluciones deben ser congruentes y exhaustivas; de ahí que por la importancia y trascendencia de las ejecutorias dictadas en el juicio de amparo, el Juez o tribunal que las dictó puede, válidamente, aclararlas de oficio y bajo su estricta responsabilidad, siempre y cuando se trate de sentencias ejecutorias. Sin embargo, tal figura procesal no opera respecto de resoluciones dictadas en el incidente de suspensión, pues éstas no constituyen un acto decisorio definitivo, es decir, no dan por concluido el juicio, dado que no resuelven sobre la controversia planteada en lo principal, antes bien, el objeto del trámite del incidente de suspensión es evitar que se consumen de manera irreparable los actos reclamados en perjuicio de la parte quejosa, teniendo las partes a su alcance el recurso de revisión para impugnar lo resuelto sobre la suspensión definitiva; incluso el Juez de Distrito, mientras no se pronuncie sentencia ejecutoriada en el juicio de amparo, tiene la facultad de modificar o revocar el auto en que haya concedido o negado la suspensión, cuando ocurra un hecho superveniente que le sirva de fundamento, conforme al artículo 140 de la ley de la materia En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 209 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a las autoridades responsables Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y Sistema Nacional de Investigadores, para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS contado a partir de que queden notificadas del presente acuerdo, cumplan cabalmente con lo decretado en la suspensión definitiva de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, es decir, otorguen a la quejosa el estímulo económico correspondiente al mes de enero de dos mil veintitrés y siguientes, por su distinción como miembro del Sistema Nacional de Investigadores, a partir del convenio exhibido por la peticionaria cuya vigencia comprende al treinta y uno de diciembre de dos mil veintisiete, salvo que se configurara una causa de rescisión o terminación anticipada con base en las cláusulas quinta, novena y décima del convenio celebrado por aquella con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a las que se sometieron libremente las partes contratantes; así como los subsecuentes, hasta que cause ejecutoria la sentencia dictada en el juicio de amparo principal del que deriva este incidente de suspensión. En la inteligencia que deberán justificar haber efectuado ese pago mediante las constancias correspondientes. Con el apercibimiento que de no acatar lo ordenado por este juzgado federal, de conformidad con el artículo 209 de la Ley de Amparo, se procederá a dar vista al fiscal ejecutivo asistente adscrito, para que determine lo que en derecho corresponda. En efecto, el artículo 209 de la Ley de Amparo, establece que si como resultado del incidente se demuestra que las autoridades responsables no han cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa, o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitieron fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, deberán ser requeridas para que en el término de veinticuatro horas cumplan con la suspensión, rectifiquen los errores en que incurrieron al cumplirla, o subsanen las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo, serán denunciadas ante el Ministerio Púbico de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de la misma ley; de modo que determina y regula de forma diversa la denuncia de violación a la suspensión, dado que no tiene como consecuencia directa e inmediata fincar sanciones ni responsabilidades a las autoridades responsables por la desobediencia cometida por exceso, defecto, o incumplimiento de la suspensión, sino requerirlas para que, en una nueva oportunidad, reparen, subsanen o cumplan con la medida suspensional, y sólo en el caso de que no lo hagan, hacer efectivo el apercibimiento de denunciarlas ante el Ministerio Público Federal. Orienta el criterio del suscrito, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, visible en la página mil doscientos cuarenta y cinco, Libro 25, Diciembre de dos mil quince, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: INCIDENTE DE VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN POR EXCESO, DEFECTO O INCUMPLIMIENTO. EL ARTÍCULO 209 DE LA LEY DE AMPARO, NO TIENE COMO CONSECUENCIA DIRECTA E INMEDIATA FINCAR SANCIONES NI RESPONSABILIDADES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES POR LA DESOBEDIENCIA COMETIDA, SINO REQUERIRLAS PARA QUE, EN UNA NUEVA OPORTUNIDAD, REPAREN, SUBSANEN O CUMPLAN CON LA MEDIDA SUSPENSIONAL, Y SÓLO EN CASO DE QUE NO LO HAGAN, DENUNCIARLAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, PARA SU PERSECUCIÓN Y SANCIÓN CONDIGNAS. El artículo 209 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, sin correlativo alguno con la abrogada, establece que si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa, o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, deberá ser requerida para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, rectifique los errores en que incurrió al cumplirla, o subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada ante el Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de la misma ley; de modo que determina y regula de forma diversa la denuncia de violación a la suspensión, dado que no tiene como consecuencia directa e inmediata fincar sanciones ni responsabilidades a las autoridades responsables por la desobediencia cometida por exceso, defecto, o incumplimiento de la suspensión, sino requerirlas para que, en una nueva oportunidad, reparen, subsanen o cumplan con la medida suspensional, y sólo en el caso de que no lo hagan, hacer efectivo el apercibimiento de denunciarlas ante el Ministerio Público Federal, para su persecución y sanción condignas. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 2208/2022
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