José Claudio Anaya Rugarcía
Expediente 1521/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 8 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1521/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 25/01/2018
Partes del expediente
- José Claudio Anaya Rugarcía
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se aprecia que transcurrieron los plazos otorgados a la parte quejosa José Claudio Anaya Rugarcía mediante acuerdos de cuatro y diecisiete de enero de dos mil dieciocho, para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto a los libelos a través de los cuales se informó el cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, sin que realizara manifestación alguna, no obstante estar apercibido que ante esa conducta este tribunal resolvería sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. En esa medida, este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse sobre si las autoridades responsables dieron o no, cumplimiento a la sentencia de amparo, en principio es pertinente precisar: que por sentencia de veintisiete de noviembre de dos milo diecisiete, este juzgado determinó en su único punto resolutivo conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa en contra del acto que reclamó a la Legislatura Constitucional del Estado de Querétaro y otras autoridades, para los efectos apuntados en el considerando séptimo de la sentencia, que señala: I [.]". El primero de ellos es para que se desincorpore de la parte quejosa, la obligación tributaria prevista en los artículos 90 y 97 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro; publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga" el dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, esto es, para que no se le apliquen las normas declaradas inconstitucionales durante el lapso de su vigencia. II. Como consecuencia de lo anterior, que al determinarse el derecho que por servicios del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, deba pagar la parte quejosa con motivo de los actos denominados compraventa de inmuebles, que le fueron retenidos a través de la factura con número de folio A-0197 de uno de noviembre de dos mil diecisiete, relativos a la operación consignada en la escritura pública número 34729 (treinta y cuatro mil setecientos veintinueve) pasada ante la fe del Notario Público número 2 de San Juan del Río, Querétaro, se aplique la cantidad mínima que prevé el artículo 110 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, publicada en el en el Periódico del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", el dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, y, se restituya a la parte quejosa el numerario excedente de la cantidad que hubiese pagado por la aplicación de los artículos declarados inconstitucionales. III. Finalmente, es conveniente establecer que el cumplimiento de la presente resolución no implica anular las normas inconstitucionales, atento al principio de relatividad de las sentencias de amparo, por lo cual, la Legislatura y Gobernador del Estado de Querétaro, quedan exentos de cumplimiento alguno de este fallo, sino únicamente los actos de aplicación dirigidos a la parte quejosa y que en concreto, corresponden al Secretario y al Director de Ingresos, ambos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, por ende, tan pronto como cause ejecutoria la presente resolución, deberá requerirse a dichas autoridades, reintegren a la parte quejosa las cantidades erogadas por el pago de derechos registrales mencionados o bien en caso de que el Notario Público número 2 de la Demarcación Notarial de San Juan del Río, Querétaro, a la fecha no haya efectuado el pago correspondiente por los servicios del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, éste deberá realizar los trámites correspondientes para efecto de que a la parte quejosa únicamente se le aplique la cantidad mínima que prevé el artículo 110 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, vigente, y reintegre a la parte quejosa las cantidades que le fueron retenidas por la aplicación de los artículos declarados inconstitucionales; o bien, realizar el pago correspondiente para que este órgano jurisdiccional realice las gestiones correspondientes ante el referido Secretario y al Director de Ingresos, ambos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, para la devolución de la cantidad que la impetrante de amparo haya erogado indebidamente, con motivo de la retención realizada por el aludido fedatario. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que el Secretario y el Director de Ingresos, ambos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, no hayan sido señalados como responsables, pero en razón de sus funciones, tienen intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; por lo tanto, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica. Por ende, tan pronto como cause ejecutoria la presente resolución, deberá requerirse a dichas autoridades, reintegren a la parte quejosa las cantidades antes precisadas. [.]" Mediante acuerdo de quince de diciembre de dos mil diecisiete, se requirió el cumplimiento de la sentencia al Secretario y al Director de Ingresos, ambos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, así como al Notario Publico Numero 02 con sede en San Juan del Río, Querétaro. En dicho tenor, el fedatario mencionado informó por escrito recibido en este juzgado el tres de enero de la presente anualidad que se encuentra a disposición de la parte quejosa el cheque número 0000201 en las instalaciones de dicha notaría, valioso por la cantidad de $25,967.00 (VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.). Ahora bien, por oficio PF/DAF/00463/2018 recibido en este juzgado el dieciséis de enero del actual, la Procuradora Fiscal del Estado de Querétaro en representación del Secretario y Director de Ingresos, ambos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional que desincorporó los artículos 90 y 97 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro vigente. Es así, que quien esto resuelve estima que las autoridades obligadas al cumplimiento de la sentencia la cumplieron sin excesos ni defectos, ya que restituyeron a la parte quejosa el numerario enterado con motivo del pago de la obligación tributaria declarada inconstitucional en sentencia al librar el mencionado cheque a su favor, además de que desincorporaron de su esfera jurídica la aplicación de los numerales cuya inconstitucionalidad se declaró en sentencia, lo cual constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo a la parte quejosa, siendo aplicable al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo." En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, se declara cumplida la ejecutoria de amparo que se analiza. Hágase del conocimiento de las partes este proveído, asimismo, dese vista con lo aquí determinado al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado para que manifieste lo que a su Representación Social corresponda; y al no haber actos pendientes por cumplimentar con fundamento en el artículo 214 Ibídem, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Sin que obste para emitir el presente pronunciamiento, el hecho de que no obre constancia en autos que revele que la parte quejosa ya acudió a recoger el monto líquido precitado, toda vez que la presente calificación no puede estar supeditada a la voluntad del promovente de acudir o no a recibir el numerario aludido, pues los efectos del fallo protector obligan a que la autoridad fiscal o aquella vinculada al cumplimiento del fallo protector ponga a su disposición de la parte quejosa el monto descrito en la sentencia, actuación que por su parte ya satisfizo el notario publico vinculado al cumplimiento que nos ocupa, de manera que es carga del peticionario acudir cuando lo estime conveniente a recoger dicho monto, sin que este Juzgado Federal pueda ejercer medios coactivos para tal efecto, pues se está frente a la esfera de derechos dispositivos del gobernado. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento (cuaderno principal), con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos....III
- Principal
. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta, signado por la Procuradora Fiscal, en representación del Secretario de Planeación y Finanzas; así como del Director de Ingresos adscrito a dicha Secretaría, ambos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, mediante el cual en relación con la ejecutoria de amparo dictada en autos, informa que los artículos 90 y 97 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro vigente, se desincorporaron de la esfera jurídica del quejoso; en esa virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, dése vista por el término de tres días contados a partir de la notificación de este auto al quejoso para que manifieste lo que a sus intereses convenga; en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el plazo indicado, se entenderá que está conforme, y este Tribunal procederá a analizar en forma oficiosa lo relativo al cumplimiento de la sentencia, sin que sea necesario notificar de manera personal la resolución que adopte este juzgado por ser obligación del justiciable atender el asunto promovido y no ubicarse tal supuesto en las hipótesis previstas en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo. Ahora bien, cuanto al requerimiento que solicita la autoridad oficiante dígasele que no ha lugar de acordar de conformidad, toda vez que mediante proveído de cuatro de enero del presente año, el Notario Público Número Dos, con sede en San Juan del Rio, Querétaro, informó que se encuentra en sus instalaciones el cheque por la cantidad a devolver solicitada en la sentencia del presente asunto...II
- Principal
Incorpórese a los autos el escrito y anexo de cuenta que remite el Notario Público Número Dos, con sede en San Juan del Río, Querétaro, mediante el cual en relación con la ejecutoria de amparo dictada en autos, informa que se encuentra a disposición de la parte quejosa en las instalaciones de esa Notaria el cheque número 0000201, por la cantidad de $25,967.00 (VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.); en esa virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, dése vista por el término de tres días contados a partir de la notificación de este auto a la parte quejosa para que manifieste lo que a sus intereses convenga; en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el plazo indicado, se entenderá que está conforme, y este Tribunal procederá a analizar en forma oficiosa lo relativo al cumplimiento de la sentencia, sin que sea necesario notificar de manera personal la resolución que adopte este juzgado por ser obligación del justiciable atender el asunto promovido y no ubicarse tal supuesto en las hipótesis previstas en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento del promovente, que dicha cantidad deberá ser cobrada en un término no mayor a un mes, según lo dispuesto por el artículo 181 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, por lo que de inmediato deberá acudir ante el Fedatario Público a recoger el cheque respectivo, acompañando identificación oficial y copia. Igualmente infórmese a la parte quejosa, que al resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria dictada en autos, se determinará que el presente asunto es susceptible de depuración y que carece de relevancia documental, motivo por el cual se conservará tres años en el archivo reciente de este Órgano Jurisdiccional y una vez transcurridos cinco años de archivo, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, la parte quejosa deberá comparecer ante este Órgano Jurisdiccional dentro del término de noventa días a partir del auto que tenga por cumplida la sentencia a fin de recoger los documentos originales que haya aportado al procedimiento, bajo apercibimiento que de no hacerlo dichos documentos se destruirán. Asimismo, en caso de que posteriormente se reciban promociones que provengan del Fedatario Público vinculado al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, mediante las cuales informe sobre los actos que secunden a los que les correspondía realizar, se ordena que se agreguen al sumario sin necesidad de dictar diverso acuerdo que el presente, dejando sólo certificación en autos de que se hace así de acuerdo con lo aquí determinado...III
- Principal
V I S T O el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece; sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa; con apoyo en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del artículo 2° de la ley reglamentaria invocada, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo de mérito, NOTIFÍQUESE SIN DEMORA A LAS PARTES el presente proveído, para los efectos legales consiguientes. Bajo ese contexto, con fundamento en el propio artículo 192 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece; requiérase al Director de Ingresos adscrito a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, así como a su superior jerárquico Secretario de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, para que, dentro del término de DIEZ DÍAS contados a partir del en que reciban la presente notificación, las referidas autoridades, cumplan con la sentencia ejecutoria de amparo pronunciada en autos; y en su caso, su superior jerárquico, obligue a su inferior a acatar dicho fallo protector; asimismo, requiérase al NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS DE LA DEMARCACIÓN NOTARIAL DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, para que en el término de TRES DÍAS, contados a partir de que reciba la presente notificación, en caso de que no haya efectuado el pago correspondiente por Servicios de Registro Público de la Propiedad y del Comercio, respecto de la escritura pública número 34,729 (treinta y cuatro mil setecientos veintinueve), realice los trámites correspondientes a efecto de que la parte quejosa únicamente se le aplique la cantidad mínima que prevé el artículo 110 de la Ley de Hacienda para el Estado de Querétaro; de igual forma, en caso de que el citado fedatario haya realizado los pagos referidos, remita a este a este órgano jurisdiccional copia certificada de los comprobantes de pago que avalen su dicho. Sin que sea obstáculo para lo anterior, la circunstancia de que el Director de Ingresos y Secretario, ambos de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro, no tengan la calidad de autoridades responsables en el presente juicio de amparo, pues es de explorado derecho que cualquier autoridad del país que de alguna manera intervenga en la ejecución de una sentencia constitucional, dentro de los límites de su competencia, se encuentra legalmente obligada a realizar lo necesario para que la ejecutoria condigna logre vigencia real y eficacia práctica, habida cuenta que las sentencias de amparo en las cuales se concede el mismo, son de orden público, de manera que la sociedad está sumamente interesada en su cabal cumplimiento, pues en ellas se consagra el control constitucional que debe imperar en nuestro estado de derecho, razón por la cual ninguna autoridad puede considerarse extraña para los anteriores efectos, porque el artículo 197 de la ley reglamentaria invocada, obliga a autoridades de las responsables a coadyuvar en esa ejecución, cuando es indispensable por razón de su función. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obra en la página 183, del Tomo XIX, Febrero de 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO..." En la inteligencia de que la devolución del numerario respectivo la deberá hacer la propia autoridad, debiendo remitir dentro del término otorgado, copia certificada del título de crédito que ponga a disposición de la parte quejosa, con la leyenda "no negociable" o "para abono en cuenta" en términos de los artículos 25 y 198 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; por lo tanto la autoridad DEBERÁ ABSTENERSE de remitir a este Juzgado el cheque que por concepto de devolución deba realizar. Apercibidos que, de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá en forma individual una multa de CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, ello de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo que crea la nueva Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con los numerales 192, 238 y 258 de la Ley de Amparo; y se remitirá el expediente a la Superioridad, para el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, acorde a lo dispuesto en el párrafo segundo y tercero del numeral 192 en relación con el 194, ambos de la Ley de Amparo en cita. En el entendido de que el incumplimiento a lo expuesto en el párrafo anterior, ameritara la imposición de los apercibimientos decretados. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo invocada, la jurisprudencia número 9/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el Tomo XIV, Octubre de 2001, Página 366, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA". Hágase saber a la autoridad que el título de crédito que ponga a disposición de la parte quejosa puede ser entregado a sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de amparo a saber José Rubén Sáenz Velasco y/o Gloria Almendra Ríos Ibarra; y con sus debidas salvedades a María Luisa Castañón Álvarez y Karla Alejandra Lucio Vázquez, debiendo remitir las constancias relativas a la entrega del documento relativo. Asimismo indíquese a la parte quejosa que a la brevedad acuda ante las oficinas de la autoridad exactora a recibir el cheque respectivo, debiendo llevar copia de identificación oficial. Finalmente, es necesario establecer que el cumplimiento de la presente resolución no implica anular en forma general la norma inconstitucional, atento al principio de relatividad que rige el juicio de amparo, por lo que la Legislatura y Gobernador, ambos del Estado de Querétaro, quedan exentos de cumplimiento alguno de este fallo, atento al principio de relatividad de las sentencias de amparo; pues como se advierte de la sentencia respectiva, los efectos del amparo tienen influencia únicamente sobre los actos de aplicación dirigidos a la parte quejosa y que en concreto, corresponden a la Secretaría mencionada, que fue la que efectuó directamente el cobro....III
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