José Claro Ramírez Mena

Expediente 498/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
498/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
26/07/2021

Partes del expediente

  • José Claro Ramírez Mena

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    se advierte de autos que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja, contra el auto de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo; consecuentemente, se declara que dicho proveído ha causado estado. Realícense las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    Con efectos de notificación personal para LA PARTE QUEJOSA Y/O SUS AUTORIADOS EN AUTOS, se notifica el proveído de 29 de junio de 2021, por medio de la presente lista que se publica en el PORTAL DEL INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION Y A LAS AFUERAS DEL EDIFICIO, el día de hoy 05 de JULIO DE 2021, en virtud de no haber comparecido hasta las 13:45 horas del día 02 DE JULIO DE 2021; a pesar de haber dejado CITATORIO en su domicilio señalado en autos para recibir notificaciones, resolución, la cual toralmente dice: "CUMPLE PREVENCIÓN. Téngase por recibido del promovente, a través del cual da cumplimiento a la prevención formulada el pasado dieciséis de junio del año en curso; por tanto, procédase a acordar lo legalmente conducente respecto al trámite legal que se le dará a la demanda que nos ocupa. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de nuestra Carta Magna, previo a admitir la demanda de amparo, debe examinarse la misma en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que lleve a su desechamiento de plano, lo que en el caso acontece, como se desprenderá de las consideraciones que enseguida se realizan. Del análisis íntegro de la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: - La determinación de siete de abril de dos mil veintiuno, dictada en el juicio agrario , en que se requirió al quejoso (demandado en el sumario natural) para que en el plazo de tres días acreditara el fallecimiento de su contraparte, apercibido que de no hacerlo se le tendría por perdido ese derecho. Lo anterior, en virtud de que el propio peticionario fue quien informó a la autoridad dicha circunstancia, la cual fue desconocida por quien representa en esa contienda sus intereses. Ilustra lo expuesto la Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a foja 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Con base en lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que en el particular se actualiza, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales literalmente disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede:. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Como puede observarse, de los preceptos legales transcritos se desprende que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de actos dictados en juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. En relación con lo anterior, es de mencionar que actualmente el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido criterios orientadores a la luz de la Ley de Amparo en vigor, para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto contra los actos que por sus consecuencias dentro del juicio o en la fase de ejecución son de imposible reparación. Ciertamente, en la tesis P./J. 37/2014 (10ª.), visible en el Semanario Judicial de la Federación, publicada el seis de junio de dos mil catorce, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013); dicho Alto Tribunal sostuvo que: Los actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, que de la interpretación del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se deducen dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: 1. La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, 2. La segunda, que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Precisiones las anteriores que fueron sustancialmente reiteradas en la jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.), visible en la página 15, de la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, abril de 2016, Tomo I, intitulada: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Ante ese panorama normativo, es evidente que en el presente asunto no se actualizan los supuestos establecidos por la Suprema Corte, para considerar el acto aquí reclamado y sus consecuencias, como de imposible reparación; pues no afecta de manera directa, inmediata y actual alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o Tratados Internacionales suscritos por nuestro país, esto es, alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera; y menos aún, se afectan de manera material, a grado tal que impidan el libre ejercicio de algún derecho en el presente. Es así, toda vez que dicho acto reclamado únicamente tuvo efectos formales o intraprocesales, derivados de la eventual infracción a derechos adjetivos; es decir, en el caso no existe una afectación actual a los derechos sustantivos de la parte impetrante cuyas consecuencias sean de imposible reparación. En efecto, este tribunal estima que el hecho de que la autoridad responsable le haya requerido para que en el término de tres días acreditara el fallecimiento de la parte actora, no le ocasiona una afectación de derechos sustantivos de manera material y directa, en la medida que no implica necesariamente que la resolución que se llegue a dictar en dicho sumario vaya a ser desfavorable a sus intereses, sino que únicamente incide en la forma bajo la cual se desarrollará el juicio y en la postura jurídica procedimental que van tomando las partes dentro de la controversia natural, con vista a obtener un fallo favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, los efectos o consecuencias del acto que aquí se reclama, se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a sus derechos fundamentales, y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Bajo tal contexto, queda claro que las consecuencias que pudieran generar el acto que se reclama (pérdida del derecho a acreditar el fallecimiento de la parte actora), no causan una afectación de manera directa, inmediata y actual a alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los Tratados Internacionales suscritos por nuestro país, de manera que el amparo promovido en su contra resulta improcedente. No obstante, si la parte quejosa estima que la resolución definitiva que en su momento se llegue a dictar en el procedimiento natural, le resulta desfavorable, y si la violación procesal que señala como acto reclamado en la demanda que se provee trasciende en su dictado, habiéndola dejado sin defensa, en su momento la podrá hacer valer en el juicio de amparo directo que se promueva contra dicha resolución, atento a lo dispuesto por los artículos 171 y 172, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones jurídicas que la sustentan, la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), con número de registro digital 2006338, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera". Corolario de lo anterior, ante la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia invocada, procede DESECHAR DE PLANO la demanda en estudio, acorde con lo establecido por los numerales 62 y 113 del ordenamiento legal antes citado. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Finalmente, con el ánimo de dar estricto cumplimiento a las diversas disposiciones existentes en materia de transparencia y protección de datos personales, se instruye al personal vinculado con la tramitación del presente asunto, adopte las medidas pertinentes sobre el particular, en términos de la normatividad aplicable: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para su aplicación, Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos y Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; por lo que a los datos personales e información de carácter confidencial y/o reservado que obren en el presente asunto deberá dárseles el trato correspondiente, tal y como lo disponen las leyes invocadas, esto es, adoptar las medidas necesarias que garanticen su resguardo o protección y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. Además, se hace del conocimiento de la parte quejosa que de conformidad con el artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en correlación con lo dispuesto por los artículos 110, 112, 113, 117, 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con el fin de respetar su derecho a la intimidad dentro del presente juicio, al hacerse pública la resolución respectiva, se suprimirán sus datos personales y sensibles por constituir información confidencial, así como la información que pueda calificarse como reservada, procurando que la referida supresión no impida conocer el criterio sostenido. ". Lo anterior, Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo.- Doy Fe.

  3. Principal

    CUMPLE PREVENCIÓN. Téngase por recibido del promovente, a través del cual da cumplimiento a la prevención formulada el pasado dieciséis de junio del año en curso; por tanto, procédase a acordar lo legalmente conducente respecto al trámite legal que se le dará a la demanda que nos ocupa. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de nuestra Carta Magna, previo a admitir la demanda de amparo, debe examinarse la misma en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que lleve a su desechamiento de plano, lo que en el caso acontece, como se desprenderá de las consideraciones que enseguida se realizan. Del análisis íntegro de la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: - La determinación de siete de abril de dos mil veintiuno, dictada en el juicio agrario , en que se requirió al quejoso (demandado en el sumario natural) para que en el plazo de tres días acreditara el fallecimiento de su contraparte, apercibido que de no hacerlo se le tendría por perdido ese derecho. Lo anterior, en virtud de que el propio peticionario fue quien informó a la autoridad dicha circunstancia, la cual fue desconocida por quien representa en esa contienda sus intereses. Ilustra lo expuesto la Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a foja 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Con base en lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que en el particular se actualiza, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales literalmente disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede:. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Como puede observarse, de los preceptos legales transcritos se desprende que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de actos dictados en juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. En relación con lo anterior, es de mencionar que actualmente el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido criterios orientadores a la luz de la Ley de Amparo en vigor, para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto contra los actos que por sus consecuencias dentro del juicio o en la fase de ejecución son de imposible reparación. Ciertamente, en la tesis P./J. 37/2014 (10ª.), visible en el Semanario Judicial de la Federación, publicada el seis de junio de dos mil catorce, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013); dicho Alto Tribunal sostuvo que: Los actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, que de la interpretación del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se deducen dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: 1. La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, 2. La segunda, que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Precisiones las anteriores que fueron sustancialmente reiteradas en la jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.), visible en la página 15, de la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, abril de 2016, Tomo I, intitulada: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Ante ese panorama normativo, es evidente que en el presente asunto no se actualizan los supuestos establecidos por la Suprema Corte, para considerar el acto aquí reclamado y sus consecuencias, como de imposible reparación; pues no afecta de manera directa, inmediata y actual alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o Tratados Internacionales suscritos por nuestro país, esto es, alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera; y menos aún, se afectan de manera material, a grado tal que impidan el libre ejercicio de algún derecho en el presente. Es así, toda vez que dicho acto reclamado únicamente tuvo efectos formales o intraprocesales, derivados de la eventual infracción a derechos adjetivos; es decir, en el caso no existe una afectación actual a los derechos sustantivos de la parte impetrante cuyas consecuencias sean de imposible reparación. En efecto, este tribunal estima que el hecho de que la autoridad responsable le haya requerido para que en el término de tres días acreditara el fallecimiento de la parte actora, no le ocasiona una afectación de derechos sustantivos de manera material y directa, en la medida que no implica necesariamente que la resolución que se llegue a dictar en dicho sumario vaya a ser desfavorable a sus intereses, sino que únicamente incide en la forma bajo la cual se desarrollará el juicio y en la postura jurídica procedimental que van tomando las partes dentro de la controversia natural, con vista a obtener un fallo favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, los efectos o consecuencias del acto que aquí se reclama, se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a sus derechos fundamentales, y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Bajo tal contexto, queda claro que las consecuencias que pudieran generar el acto que se reclama (pérdida del derecho a acreditar el fallecimiento de la parte actora), no causan una afectación de manera directa, inmediata y actual a alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los Tratados Internacionales suscritos por nuestro país, de manera que el amparo promovido en su contra resulta improcedente. No obstante, si la parte quejosa estima que la resolución definitiva que en su momento se llegue a dictar en el procedimiento natural, le resulta desfavorable, y si la violación procesal que señala como acto reclamado en la demanda que se provee trasciende en su dictado, habiéndola dejado sin defensa, en su momento la podrá hacer valer en el juicio de amparo directo que se promueva contra dicha resolución, atento a lo dispuesto por los artículos 171 y 172, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones jurídicas que la sustentan, la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), con número de registro digital 2006338, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera". Corolario de lo anterior, ante la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia invocada, procede DESECHAR DE PLANO la demanda en estudio, acorde con lo establecido por los numerales 62 y 113 del ordenamiento legal antes citado. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Finalmente, con el ánimo de dar estricto cumplimiento a las diversas disposiciones existentes en materia de transparencia y protección de datos personales, se instruye al personal vinculado con la tramitación del presente asunto, adopte las medidas pertinentes sobre el particular, en términos de la normatividad aplicable: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para su aplicación, Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos y Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; por lo que a los datos personales e información de carácter confidencial y/o reservado que obren en el presente asunto deberá dárseles el trato correspondiente, tal y como lo disponen las leyes invocadas, esto es, adoptar las medidas necesarias que garanticen su resguardo o protección y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. Además, se hace del conocimiento de la parte quejosa que de conformidad con el artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en correlación con lo dispuesto por los artículos 110, 112, 113, 117, 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con el fin de respetar su derecho a la intimidad dentro del presente juicio, al hacerse pública la resolución respectiva, se suprimirán sus datos personales y sensibles por constituir información confidencial, así como la información que pueda calificarse como reservada, procurando que la referida supresión no impida conocer el criterio sostenido.

  4. Principal

    RECEPCIÓN Y REGISTRO DE DEMANDA. Téngase por recibido el escrito de demanda. Regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponde, 498/2021-I, y acorde a las disposiciones legales aplicables, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos. PREVENCIÓN A LA PARTE QUEJOSA. A efecto de acordar lo conducente sobre la admisión o desechamiento de la demanda de mérito; se requiere al promovente para que dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente de aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito En vía de ampliación de los hechos o abstenciones que le consten y que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, bajo protesta de decir verdad, precise lo siguiente a) La etapa procesal se encuentra el juicio origen; lo anterior, ya que de la transcripción que realiza del acto reclamado se obtiene que la autoridad responsable le otorgó el plazo de tres días para que acreditara el fallecimiento de su contraparte, de lo contrario se turnarían los autos para dictar la interlocutoria correspondiente; de ahí que se hace necesario que precise cuál es el incidente que se encuentra en trámite, si ya se resolvió y, en su caso, la fecha en que se le notificó la interlocutoria respectiva. b) Si acató el requerimiento mencionado, es decir, si acreditó ante la autoridad responsable el fallecimiento de la parte actora y, de ser ese supuesto, si recayó algún acuerdo al respecto, así como el sentido en que se hubiere emitido y la fecha en que se le notificó. Precisiones que resultan indispensables, a efecto de estar en condiciones de pronunciarse sobre la admisión de la demanda de amparo intentada, pues sólo así se podrá fijar correctamente la litis, solicitar la rendición del informe de ley a las autoridades responsables, analizar la procedencia de la demanda que nos ocupa y, eventualmente, la constitucionalidad del acto reclamado. Se apercibe a la parte promovente, que de no cumplir con el requerimiento formulado en el término otorgado para tal efecto, con apoyo en el penúltimo párrafo del invocado numeral 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada su demanda.

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