José Ciro Moreno González
Expediente 214/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 214/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- José Ciro Moreno González
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días, a que se refiere el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de queja previsto por el numeral 97, fracción I, inciso a), de la misma legislación, en contra del auto en que se desechó la demanda de amparo....
- Principal
NOTIFIQUESE PERSONALMENTE.-
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CITATORIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA A LA PARTE JOSÉ CIRO MORENO GONZÁLEZ LA RESOLUCIÓN DE VEINTICUATRO DE LOS CORRIENTES; LO ANTERIOR EN VIRTUD DE NO HABER ACUDIDO AL LOCAL DE ESTE JUZGADO DENTRO DE LOS DOS DÍAS SIGUENTES SEÑALADOS EN LA CONSTANCIA DE CITATORIO; LA CUAL ES LA SIGUIENTE: "Aguascalientes, Aguascalientes, veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete. -RECEPCIÓN DE DEMANDA- Se recibe la demanda de amparo promovida por José Ciro Moreno González, por derecho propio, contra actos del Juez Tercero de lo Civil del Estado de Aguascalientes, por considerarlos violatorios de los derechos humanos que de su demanda se desprenden. En consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 214/2017-3-VIII. -SE DESECHA DEMANDA- Del estudio de la demanda de amparo, se advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia en el juicio, por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano. En principio, cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Al respecto, es de invocarse la jurisprudencia en materia común I.6o.C. J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Motivo manifiesto e indudable que se actualiza en el presente caso, toda vez que el auto reclamado no constituye un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del amparo indirecto. Para sostener esta conclusión, se impone realizar una interpretación sistemática de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [...] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: ... b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y...". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Preceptos de los cuales se obtiene que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución General y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto será improcedente cuando el acto reclamado no produce una afectación de esa naturaleza. En ese contexto, en el particular se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Ello es así, porque del análisis integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado consiste, en esencia, en: ? El auto de dos dos de octubre del dos mil diecisiete, dictado por el Juez Tercero de lo Civil del Estado de Aguascalientes, dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria 1128/2016, que resuelve el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso contra el diverso auto de uno de septiembre anterior, que niega notificar por medio de edictos a María del Carmen Campos Plascencia la cesión de un derecho litigioso, y en su lugar, ordena girar oficios a diversas dependencias públicas y privadas para localizar un domicilio de la buscada. Como es de verse, los elementos de la definición de ejecución irreparable no se actualizan en el acto reclamado, dado que con dicho acto sólo se pueden afectar los derechos procesales de la aquí quejosa, pero no los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, etcétera. Se afirma lo anterior, porque de acuerdo a lo narrado por el propio quejoso, no existe una paralización del procedimiento, dado que, si bien, se negó notificar por medio de edictos a la persona buscada, lo cierto es que esa decisión se tomó con el propósito de realizar una búsqueda exhaustiva de la persona a emplazar, de ahí que se ordenara girar oficios a diversas dependencias públicas y privadas atendiendo a las características del asunto y al prudente arbitrio del juzgador natural. Lo que es constitucional y legal, toda vez que la exhaustividad de la búsqueda es necesaria para evitar, en la medida de lo posible, que el emplazamiento se practique por edictos, ya que su eficacia comunicativa es considerablemente menor a la de una notificación personal, garantizando así, el derecho de audiencia de la persona buscada. En congruencia con lo anterior, y toda vez que el acto reclamado se trata de un acto intermedio cuya ejecución no es de imposible reparación, el presente juicio constitucional es improcedente, en virtud de que tratándose de diligencias de jurisdicción voluntaria, el amparo indirecto sólo procede contra el acto que ponga fin a la diligencia salvo que se trate de actos intermedios cuya ejecución sea de imposible reparación, circunstancia que no ocurre en el particular. Es de invocarse, en lo conducente, la jurisprudencia en materia común 1a./J. 16/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro XIX, abril de 2013, tomo 1, página 744, registro 2003301, de rubro y texto: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. EL AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA EL ACTO QUE PONGA FIN A LA DILIGENCIA SALVO QUE SE TRATE DE ACTOS INTERMEDIOS CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Las diligencias de jurisdicción voluntaria deben calificarse como actos dictados fuera de juicio en los términos del primer párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo. Al respecto, el Pleno de este Alto Tribunal en las tesis jurisprudenciales de rubros: "PRENDA MERCANTIL. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL ACUERDO QUE ADMITE A TRÁMITE LA PETICIÓN DEL ACREEDOR PARA QUE EL JUEZ AUTORICE LA VENTA DE LOS BIENES DADOS EN GARANTÍA."; "PRENDA MERCANTIL, VENTA JUDICIAL DE LA. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 341 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO."; y en las ejecutorias de las que derivaron éstas, estableció que cuando dichos actos provinieran de un procedimiento, el juicio de amparo indirecto sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento; supuesto en el cual, de acuerdo al inciso b), de la fracción III, del artículo 107 Constitucional, en estos casos debe respetarse el principio de definitividad. No obstante, aplicando por analogía la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, si durante el procedimiento de jurisdicción voluntaria existe un acto intermedio de imposible reparación, el amparo indirecto procedería excepcionalmente respecto de dicho acto, una vez que se hubiesen agotado los medios ordinarios de defensa que existan en su contra, sin requerir que se emita la determinación final que proceda. Así, por regla general el amparo indirecto sólo procede contra el acto que ponga fin a la diligencia de jurisdicción voluntaria, salvo que el acto sea de imposible reparación, supuesto en el cual el amparo indirecto procederá en contra de actos intermedios, debiendo en ambos casos respetarse el principio de definitividad." También es aplicable la jurisprudencia en materia común P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 7, junio de 2014, tomo I, página 39, registro 2006589, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Criterio jurisprudencial, este último, que en esencia, establece que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente contra actos que únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; sino que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. En ese contexto, y toda vez que la resolución que confirma el auto que niega notificar por medio de edictos a la persona a emplazar, que constituye el acto reclamado, no es de imposible reparación, dado que no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los Tratados Internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos, es de concluirse que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto. En consecuencia, al actualizarse de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el dispositivo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, y con apoyo en el diverso artículo 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. -DOMICILIO Y AUTORIZADOS- Téngase a la parte quejosa señalado como domicilio procesal el que indica en su escrito y nombrando como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Francisco Javier Castillo Méndez, Georgina Lozano González, Karla Fabiola Robles Amador, Juan Carlos Meléndez Flores y Marco Antonio Amador Macías, y en términos restringidos del segundo párrafo del citado numeral, en relación al 24, segundo párrafo, de la misma ley, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones, a Fernando Amador Tiscareño, Ma. Norma Contreras Rodríguez, Karla victoria delgadillo Valdez y Alejandro Hernández Bonilla, porque no están registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. -HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES- Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en el presente expediente. -DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES- Con fundamento en los artículos 6o. y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 26 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como lo dispuesto por los artículos 67, 68, 97, 110, 113, fracción I, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen ejecutoria; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a la información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información, así mismo, las partes podrán solicitar la supresión de sus nombres en las listas de notificación que se publiquen en medios electrónicos. -INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO- En términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario encargado del trámite del presente juicio para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse o a presentarse en el expediente en que se actúa, a fin de que ambos coincidan en su totalidad; dicha instrucción también se hace extensiva a los actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, en relación con las actuaciones que les correspondan realizar. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Sonia Hernández Orozco, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en Aguascalientes, ante Miguel Ángel Ramírez Estévez, Secretario que autoriza y da fe."
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