Jose Ciro Huerta Santamaria

Expediente 986/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
986/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
09/12/2020

Partes del expediente

  • Jose Ciro Huerta Santamaria

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 986/2020-VI. En nueve de diciembre de dos mil veinte, se da cuenta a la jueza con un escrito, recibido en forma física y registrado con el folio de control interno 15777. Conste. Puebla, Puebla, nueve de diciembre de dos mil veinte. Se agrega al expediente el escrito de cuenta, signado por el quejoso ++++, por el que manifiesta su deseo de desistirse del presente juicio de amparo. Al respecto, hágasele saber que el desistimiento de la acción de amparo consiste en la declaración de voluntad de la parte quejosa de no proseguir con el juicio, el cual, debidamente ratificado, conlleva a emitir una resolución con la que finaliza la instancia de amparo, independientemente de la etapa en que se encuentre (desde el inicio del juicio hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia que se dicte) y sin necesidad de examinar los conceptos de violación o, en su caso, los agravios. Sirven de apoyo a lo anterior las jurisprudencias 2a./J.119/2006, sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO", y 2a./J.82/2016 (10ª) de epígrafe: "DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO. SUS CONSECUENCIAS". En consecuencia, con fundamento en el artículo 6, fracción I1, del Acuerdo General 21/2020 (reformado en cuanto a su vigencia por el diverso 25/2020), del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la presencia de la enfermedad COVID19, se procede a agendar a favor del promovente +++++, una cita para que, acuda físicamente (con las medidas sanitarias pertinentes) a las instalaciones de este juzgado federal en la siguiente fecha: DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE (10:30 a.m. del 15 de diciembre de 2020). En consecuencia, se requiere al citado quejoso, para que en el día y hora antes precisados comparezca físicamente ante este juzgado con credencial oficial vigente y copia simple de la misma, a manifestar bajo protesta de decir verdad si ratifica su escrito de desistimiento en el presente juicio de amparo. Con el apercibimiento que de no hacerlo, se continuará con la substanciación de este juicio de protección de derechos fundamentales, hasta su total conclusión. Sin perjuicio de que al momento de la notificación personal de este auto, si ésta se entiende directamente con el quejoso +++ pueda manifestar lo anterior, previa exhibición que se haga para tal efecto ante él, por la actuaria de la adscripción, de una impresión del escrito de desistimiento. Ello, a fin de que el promovente de mérito tenga oportunidad de conocer el contenido y firma de ese escrito, para que pueda manifestar si es su deseo, o no, ratificar el desistimiento de este juicio de amparo. Se hace notar a la parte quejosa que si existiera algún obstáculo material que impidiera su comparecencia física en la data y hora antes señaladas, deberá informarlo justificadamente a este juzgado para que se evalúe la pertinencia de conceder otro plazo para el referido desistimiento. En el entendido que, como se dijo, la recepción de todas las promociones que desee presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Por último, se instruye al actuario judicial adscrito que corresponda, para que imprima del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) la presente determinación, así como el escrito de desistimiento, signado por +++++ y recibido en este juzgado el ocho de noviembre de dos mil veinte. También se comisiona a dicho actuario para que imprima el código QR derivado de la cita agendada. Lo anterior, a fin de que el actuario proceda de la siguiente manera: 1. Notifique personalmente la presente determinación a la parte quejosa en el domicilio señalado por ésta para tal fin, entregándole para ello la impresión de este auto y del código QR relativo a la cita generada a su favor. 2. Deberá buscar, para ello, al promovente +++++, las veces que sean necesarias, a fin de intentar entablar directa y personalmente con él tal diligencia de notificación. 3. En caso de que después de acudir en diversos horarios y días al domicilio señalado para recibir notificaciones por la parte quejosa, no haya sido posible entender la diligencia con el mencionado quejoso, deberá proceder en términos de lo que prevé la ley de la materia y el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para concretar la diligencia de notificación y cita. Lo anterior implica que, de ser el caso, previo aviso de notificación o citatorio, cuando el citatorio se notifique por lista, el Código QR, el actuario lo dejará en el acceso del edificio respectivo y dará aviso a la administración del mismo con la fecha y horario de audiencia, de modo que quien acuda a la cita puedan ingresar (bajo la regla de hasta dos personas por Código). Una vez en el órgano jurisdiccional se verificará que quien asista cuente con la capacidad procesal necesaria para participar en la diligencia. 4. En caso de encontrar a +++++, y luego de notificarle en términos de ley, este proveído y de entregarle la impresión del mismo y la impresión del código QR generado con motivo de la cita agendada a favor de ese promovente; deberá exhibir ante ese promovente la impresión del escrito de desistimiento presentado el ocho de diciembre de dos mil veinte, ante este juzgado. 5. Enseguida, y previa identificación del impetrante, le requerirá para que en el acto de la diligencia manifieste (si es su deseo) ratificar el escrito de desistimiento. 6. Le informará que en caso de que exprese que sí ratifica el aludido escrito de desistimiento, será innecesario que acuda a la cita en mención. 7. Deberá emitirse por el actuario, razón circunstanciada y detallada donde se asiente el cumplimiento de todo lo anterior. Notifíquese; de manera personal al quejoso; y cúmplase

  2. Incidental

    --- INCIDENTE DE SUSPENSIÓN 986/2020-VI. V I S T O S los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 986/2020, promovido por el quejoso ++++; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. El uno de diciembre de dos mil veinte, se recibió la demanda de amparo presentada por el quejoso ++++, en la cual solicitó la suspensión del acto reclamado. SEGUNDO. Mediante acuerdo de dos de diciembre de dos mil veinte, se ordenó abrir el incidente de suspensión, y en cumplimiento a esto, se dio trámite a la medida cautelar solicitada, porque fue requerido el informe previo a la autoridad responsable y se proveyó la celebración de la audiencia respectiva, que inició en términos del acta precedente. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Materia del incidente. La lectura integral que se hizo a la solicitud de amparo, frente a las demás actuaciones del presente cuaderno, permiten determinar que el quejoso reclama:  El proveído de veinte de noviembre de dos mil veinte, dictado en la carpeta de ejecución ++++ por medio del cual se ordenó su reaprehensión. SEGUNDO. Certeza del acto reclamado. La Jueza de Ejecución de Sanciones Itinerante del Estado de Puebla, al rendir su informe previo aceptó haber emitido el referido acuerdo, motivo por el cual se emite el pronunciamiento correspondiente a la suspensión definitiva, como sigue: Negativa de la suspensión. Se niega la suspensión definitiva respecto del acuerdo de veinte de noviembre de dos mil veinte, dictado en la carpeta de ejecución +++, porque constituye una determinación judicial emitida con anterioridad en el tiempo, razón por la cual encuadra en los actos consumados que tienen restringida la suspensión por regla general. Además, de otorgarse la suspensión definitiva contra el mencionado acuerdo -como determinación judicial-, se generarían efectos restitutorios que son exclusivos de una sentencia de amparo que eventualmente se dictara en el juicio principal. Lo anterior, se orienta en la tesis jurisprudencial 51. II.3o. J/37, emitida por el otrora Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Núm. 60, Diciembre de 1992, página 51, de rubro siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSION IMPROCEDENTE"2. Concesión de la suspensión. Pero con fundamento en los artículos 125 y 138 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva respecto de los efectos o consecuencias del acuerdo reclamado, que implican la ejecución de la orden de reaprehensión librada contra el quejoso. La suspensión definitiva se otorga para el efecto de que aquél quede a disposición de esta Jueza de Distrito, únicamente en lo concerniente a la libertad personal. Por consiguiente, el quejoso se mantiene a resolución de la juez de la causa para la continuación del procedimiento, motivo por el cual esta deberá instruir a las autoridades ejecutoras que se abstengan de ejecutar la orden de reaprehensión. Así, es válido afirmar que la suspensión definitiva no contravendrá el interés social ni las disposiciones de orden público, pues dicha medida sólo tendrá el efecto de postergar la compurgación de la pena impuesta en la sentencia firme, hasta decidir la legalidad del acuerdo donde fue ordenada la reaprehensión del quejoso. Dicho de otro modo, se mantiene el escenario judicial para que una vez resuelta la legalidad de la reaprehensión, pueda lograrse la compurgación de la pena impuesta al quejoso, dado el interés de la sociedad en que quienes resulten penalmente responsables de la comisión de un delito, en una sentencia ejecutoria, purguen la pena correspondiente. Es aplicable al caso la tesis jurisprudencial 1a./J. 34/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, junio de 2010, página 166; cuyo tenor es el siguiente: "SUSPENSIÓN. PROCEDE OTORGARLA CONTRA LA ORDEN DE REAPREHENSIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA CONDENATORIA, AUN CUANDO ÉSTA HUBIESE CAUSADO EJECUTORIA. Procede conceder la suspensión cuando el acto reclamado lo constituye la orden de reaprehensión dictada en cumplimiento de una sentencia condenatoria en contra del reo, aun cuando ésta hubiese causado ejecutoria. Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que entre los requisitos previstos en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, se encuentra el relativo a que con la medida cautelar no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, también lo es que la orden de reaprehensión es un acto independiente de la sentencia ejecutoriada, cuya legalidad y constitucionalidad no han sido determinadas, y puede contravenir las leyes que la rigen. Por tanto, procede conceder la suspensión contra dicho acto, con el objeto de que el responsable quede a disposición del Juez de Distrito únicamente por cuanto a su libertad personal, y a disposición del Juez de la causa para la continuación del procedimiento, lo cual no contraviene el interés social ni las disposiciones de orden público, pues con tal medida cautelar solamente se posterga la compurgación de la pena impuesta en la sentencia firme, ya que la sociedad está interesada en que quienes resulten penalmente responsables de la comisión del delito en una sentencia ejecutoria purguen la pena correspondiente. Esto es, al concederse la suspensión contra la orden de reaprehensión, no se determina que el sentenciado no compurgue dicha condena, sino que únicamente se postergue hasta en tanto exista certeza legal de que, con independencia de la sentencia firme, tal acto se haya llevado a cabo de acuerdo con la legislación que lo rige, y no se violen preceptos de la Constitución Federal; de no ser así, se afectarían disposiciones de orden público, aunado a que, en la observancia de la legislación relativa y de los principios contenidos en la Ley Fundamental, la sociedad en general tiene un interés superlativo, pues está interesada en que cualquier acto que afecte la libertad de una persona se lleve a cabo conforme a las disposiciones vigentes." Bajo este contexto, se determina que la suspensión definitiva tiene vigencia hasta que la responsable sea notificada sobre el acuerdo que declare ejecutoriada la sentencia dictada en el juicio principal, o bien, se le comunique alguna determinación emitida en el presente incidente, que deje sin efectos la medida de suspensión. Garantía. La suspensión concedida surtirá efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si el quejoso, en el plazo de cinco días hábiles contados a partir de la notificación de este auto, no exhibe una garantía por la cantidad de cinco mil pesos cero centavos moneda nacional ($5,000.00), en cualquiera de las formas establecidas por la ley. Garantía que con fundamento en la fracción III del artículo 6 del Acuerdo General 21/2020 (reformado en cuanto al periodo de su vigencia por su similar 25/2020), del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-193, el quejoso la deberá presentar ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; salvo que para ello elija agendar una cita para hacerlo directamente ante este órgano jurisdiccional, en cuyo caso será su responsabilidad cumplir el requerimiento dentro del plazo establecido. Por lo que deberá acompañar dos fotocopias del documento donde conste ésta, para garantizar su presentación ante la autoridad correspondiente que lo reclame, en caso de que no le sea favorable la sentencia que se pronuncie en el juicio de amparo del que deriva este incidente de conformidad con el invocado artículo 162 de la Ley de Ampar. Cantidad que se fija de manera discrecional, conforme a las particularidades del presente caso, esto es, una orden de reaprehensión librada para lograr la compurgación de una pena de prisión impuesta al quejoso, lo cual obliga a fijar el citado monto para disminuir el riesgo de evasión a la acción de la justicia, en una carpeta que tiene como propósito la ejecución de una pena de prisión impuesta en sentencia firme. Por ello, se estima que la garantía es proporcional entre la posibilidad de acceder a la medida cautelar y, a la vez, garantizar que el quejoso no pretenda evadir la acción de la justicia, la cual deberá aportar a satisfacción de este juzgado federal, en cualquiera de las formas establecidas por la ley. Además, se considera asequible de momento para el quejoso. Sólo resta decir que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, estableció que la garantía deberá estimarse en forma discrecional y proporcional entre la posibilidad de acceder a la medida cautelar y a la vez garantizar que la parte quejosa no pretenda evadir la acción de la justicia; como se desprende de la ejecutoria dictada en el recurso de queja +++/2017, del citado tribunal. Incluso estimó que el número de autoridades, la designación de algún profesionista en derecho para intervenir a nombre de la parte quejosa, el número de autorizados y el domicilio procesal, no son factores que sirvan para demostrar la capacidad económica de una quejosa, pues independientemente del número de autoridades se puede carecer de recursos monetarios, así como el que haya señalado defensor particular y autorizados tampoco es determinante para tal efecto, toda vez que no se puede conocer si estos reciben una remuneración y cuál es el monto, como tampoco el que se señale un domicilio procesal indica la capacidad económica del recurrente. En último lugar, se deja establecido que la suspensión definitiva también quedará sin efectos, si se le sorprende al quejoso en la comisión de flagrante delito. Presentación ante la autoridad emisora. Por otro lado, con apoyo en el artículo 162 de la Ley de Amparo, se requiere al quejoso para que acuda física y personalmente dentro del plazo de cinco días, contados a partir de la notificación de esta interlocutoria, a ponerse a disposición del juez responsable por escrito y con esto continuar el procedimiento respectivo o intervenir en las diligencias necesarias. Lo cual también deberá acreditar por escrito presentado a este juzgado, en el referido lapso de cinco días hábiles, en el que deberá demostrar con el medio de prueba idóneo su comparecencia personal ante dicha autoridad; porque de no hacerlo quedará sin efectos la suspensión definitiva y podrá la responsable disponer la ejecución de la orden reclamada. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis jurisprudencial 149/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ". Además, se requiere a dicho quejoso, con apoyo en el artículo 162 referido, que deberá presentarse ante la autoridad emisora cuantas veces le sea solicitado. R E S U E L V E PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por +++++, contra el acto y autoridad precisadas en los puntos considerativos primero y segundo de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por el quejoso +++++, contra las consecuencias del acto y autoridad precisada en los puntos considerativos primero y segundo de esta resolución. Notifíquese

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 986/2020-VI. En dos de diciembre de dos mil veinte, se da cuenta a la jueza con el oficio 27692/2020 el cual contiene la ampliación de demanda de amparo promovida por ++++++, advertido del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrado con el número 15435. Conste. Puebla, Puebla, dos de diciembre de dos mil veinte. Radicación. Se recibe el oficio con ampliación de demanda de amparo advertido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), promovida por ++++, por propio derecho contra un acto de la Jueza de Ejecución de Sanciones Penales Itinerante, en el Estado de Puebla. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Lo anterior, en términos del Acuerdo General 21/2020 (reformado en cuanto a su periodo de vigencia por su similar 25/2020), del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia producida por el virus SARS-CoV-21 - causante de la enfermedad COVID-19-. Integración de la demanda original al expediente. En virtud de las cuestiones de logística adoptadas ante la presencia de la enfermedad COVID-19, se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que, una vez recibida la demanda de amparo -de manera física-, sin ulterior acuerdo glose a los autos el documento original respectivo. Admisión. Debido a que el escrito inicial cumple los requisitos legales establecidos, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la constitución federal, 1, fracción I y último párrafo, 2, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 110, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo. Materia. Del escrito inicial se advierte que se reclama:  El auto de veinte de noviembre de dos mil veinte, dictado en la carpeta de ejecución ++++++ por medio del cual se ordena la reaprehensión del quejoso. Exhortación para tramitación del juicio en línea. Debido a la enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2, motivo por el cual se declaró en todo el país contingencia sanitaria y las acciones extraordinarias tendentes a afrontarla, se exhorta a las partes para efectos de que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo, porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad les permitiría la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica). En ese sentido, es necesario destacar que, de conformidad con el artículo 39, del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos no implicará permisos para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales. De ahí que, para estar en aptitud de tramitar el presente juicio bajo el esquema de "juicio en línea", no basta que la demanda de amparo haya sido presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o se haya solicitado el acceso al expediente electrónico -incluso en aquellos asuntos tramitados bajo el esquema tradicional-; pues, para ello, es indispensable que, en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a traes del "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. Se reitera, el hecho de que el asunto se haya iniciado de manera tradicional, no es impedimento para transitar al esquema de "juicio en línea"; por ello, se exhorta a las partes para efectos de que opten por este último modelo (juicio en línea). Apertura del incidente de suspensión. Ante la solicitud de la medida cautelar, se ordena tramitar por duplicado y separado el incidente de suspensión relativo a este juicio; al cual deberá glosarse copia certificada de este acuerdo. Notificación de la fiscal adscrita. Notifíquese en forma personal a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado de distrito, para que intervenga en términos del artículo 5; fracción IV, de la Ley de Amparo; por lo que se le deberá entregar una impresión de este proveído y copia de la demanda de amparo. A fin de justificar el cumplimiento de lo anterior, se ordena al actuario correspondiente deje constancia legal en el expediente. Informe justificado. De conformidad con los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable su informe justificado, el cual deberá rendir dentro del plazo de quince días computados a partir de su legal notificación1. En dicho informe deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para la improcedencia del juicio o la legalidad de los actos reclamados; incluidos (de ser el caso), copia certificada o auténtica, completa y legibles de las constancias pertinentes para apoyar su informe justificado. Se le apercibe que de no rendir el informe justificado o de presentarlo sin acompañar las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Solicitud de antecedentes. Se requiere a la autoridad responsable para que informe si en el procedimiento de donde emana el acto reclamado, se ha tramitado diverso juicio de amparo, y de ser así, señale ante cuál autoridad federal se radicó el mismo. Lo anterior bajo el apercibimiento que en caso de desatender dicho requerimiento, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259, de la Ley de Amparo. Terceros interesados. Una vez que se reciba la información requerida a las autoridades responsables y sea cierto el acto reclamado, habrá de proveerse el emplazamiento de quien tenga el carácter de tercero interesado -si procede- en términos del artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. Emplazamiento del Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales del Distrito Judicial de Puebla. Se ordena emplazar al fiscal tercero interesado (agente el ministerio público que conoce del procedimiento de origen) mediante oficio y correrle traslado anexando al mismo una impresión simple de la demanda de amparo. Se hace del conocimiento del mencionado Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales del Distrito Judicial de Puebla, tercero interesado, lo siguiente:  La celebración de la audiencia constitucional se encuentra señalada para la hora y día señaladas en el presente acuerdo.  De conformidad con el artículo 5, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 (reformado en cuanto a su periodo de vigencia por su similar 25/2020), la mencionada audiencia constitucional se celebrará, de manera tradicional, a partir de los escritos presentados de manera física o electrónica por las partes, esto es, sin la presencia de estas.  En términos de los artículos 25 y 26 del Acuerdo General 21/2020 (reformado en cuanto a su periodo de vigencia por su similar 25/2020), en caso de que sea indispensable la intervención oral de las partes, es decir, por ser necesaria para el desahogo de una probanza, diligencia o ejercer su derecho de alegar de manera verbal, únicamente en supuestos previstos por el artículo 124, segundo párrafo, de la Ley de Amparo por regla general, su desahogo se realizará a través de videoconferencias.  Si se ubican en alguno de los supuestos precisados, deberá proporcionar por escrito ante este juzgado federal, un número telefónico y correo electrónico para establecer contacto, así como contar con equipo de cómputo que cumpla al menos con los requerimientos tecnológicos necesarios2; o a través de un dispositivo móvil (celular inteligente o tableta); en este último caso, deberán descargar previamente la aplicación "Webex Meetings"3; lo anterior, a fin de que se realicen las gestiones pertinentes para que pueda acceder a la visualización por videoconferencia de la audiencia respectiva. Asimismo, en ese caso deberá platear su petición (la parte que así lo desee), por escrito ante este juzgado federal, dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación de este proveído, de lo contrario, como ya se precisó, la audiencia se celebrará sin su presencia. Y, en el supuesto de que sea indispensable la intervención oral de las partes y no sea posible desahogar la audiencia a través de videoconferencia, de manera excepcional podrá comparecer de manera presencial a la misma; pero, de antemano deberá registrar la cita respectiva en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, esto es, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ".  Se le da vista con las actuaciones que se integren al presente sumario al momento de su emplazamiento, incluidos los informes o actuaciones que en ese momento se hayan agregado, cuyo plazo de la vista es por ocho días contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, para que manifieste (si es su deseo) lo que a su derecho e interés convenga. Lo anterior, en términos del artículo 117 de la Ley.  Se le requiere para que en el plazo de tres días siguientes a que surta efectos el emplazamiento, señale por escrito que presente ante este juzgado federal, domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Puebla o en su zona conurbada (San Pedro Cholula, San Andrés Cholula o Cuautlancingo); se apercibe en que caso contrario se le notificará (lo que deba hacerse en forma personal) por oficio al domicilio proporcionado en la promoción de cuenta.  Se le requiere para que en el plazo de tres días proporcione por escrito ante este juzgado federal algún número de teléfono móvil (teléfono celular) o correo electrónico, a fin de establecer contacto -de ser necesario; el cual se considerará, en su caso, únicamente como un medio para establecer contacto con la parte impetrante del amparo, no así para notificarlo  Se le exhorta para que sigua la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma); en el entendido que está en aptitud (si lo desea) de solicitar por escrito presentado ante este juzgado el acceso al expediente electrónico y su notificación electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, lo que implicará que proporcione a este órgano jurisdiccional federal el usuario que tenga en ese portal.  Se hace de su conocimiento que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 (reformado en cuanto a su periodo de vigencia por su similar 25/2020), el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberá agendarse por la propia parte tercera interesada en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional.  Se le comunica que con el fin de respetar la política de sana distancia aplicada a la contingencia de salud pública derivada de la enfermedad Covid-19, en el sentido de que deberá privilegiarse el trabajo a distancia haciendo uso de las herramientas electrónicas que resulten necesarias; cualquier oficio que daban enviar a este órgano judicial, deberá ser remitido únicamente al correo electrónico oficial de este juzgado, cuya dirección es: 4jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx, y por el mismo medio se les acusará recibo -el mismo día si el correo se recibe de nueve a quince horas, o al día siguiente si es con posterioridad-.  Empero, de ser necesaria la presentación física del mismo por contener anexos que no puedan digitalizarse y remitirse vía electrónica, la recepción de todos los escritos y promociones o anexos que desee presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 Poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Dado que la autoridad requerida (tercera interesada) es local, en términos del Acuerdo General 21/2020 (reformado en cuanto a su periodo de vigencia por su similar 25/2020), del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-194, el actuario adscrito a este juzgado federal deberá realizar el envío físico del oficio y sus anexos que deriven de este proveído. Notificación a las autoridades responsables. Con fundamento en los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, se hace saber a la responsable que en el presente juicio sólo le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión, o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial) y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fije en este juzgado de distrito5. Además, de negarse a recibir alguna notificación ordenada en este juicio, sin demostrar con ordenamientos jurídicos o documentos oficiales la causa razonable que impida la recepción del oficio, con fundamento en el artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el actuario de este juzgado procederá a levantar una razón donde establezca la negativa injustificada y tendrá hecha la notificación. También, como lo ordena el artículo 2456 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario). Comunicación especial con las partes. A fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020 (reformado en cuanto a su vigencia por su similar 25/2020), se requiere a las partes para que en el plazo de tres días contados a partir de la notificación de este acuerdo, proporcionen algún correo electrónico o número de teléfono móvil como medios del cual puedan ser contactadas. Se hace la precisión que los referidos medios electrónicos de comunicación (teléfono móvil y correo electrónico) sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran (y de estimarse necesario). Sin embargo, las notificaciones que en derecho les correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Consulta física del expediente. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 (reformado en cuanto a su vigencia por su similar 25/2020), el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes; o, de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programará para el día en que venza dicho plazo-. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes, en el caso de las diligencias y audiencias, podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia Presentación de promociones físicas. Se comunica a las partes que la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 Poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías), así como por las autoridades responsables cuando rindan su informe justificado (o cualquier otro requerimiento) y éste no pueda ser remitido en vía electrónica. Medidas especiales para la notificación de las autoridades y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Se hace saber a las autoridades y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita que, con el fin de respetar la política de sana distancia aplicada a la contingencia de salud pública derivada de la enfermedad Covid-19, en el sentido de que deberá privilegiarse el trabajo a distancia haciendo uso de las herramientas electrónicas que resulten necesarias; cualquier oficio que deseen enviar a este órgano judicial, deberá ser remitido únicamente al correo electrónico oficial de este juzgado, cuya dirección es: 4jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx, y por el mismo medio se acusará recibo -el mismo día si el correo se recibe de nueve a quince horas, o al día siguiente si es con posterioridad-. Empero, de ser necesaria la presentación física del mismo por contener anexos que no puedan digitalizarse y remitirse vía electrónica, deberán hacerlo en la Oficialía de Partes Común a los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, (cuyas particularidades se precisaron en líneas anteriores). De igual manera, se instruye al actuario encargado de este expediente que los oficios derivados de la tramitación de este, deberán ser entregados de manera física, al tratarse de autoridades locales. Para ello, deberá observar de manera estricta el "Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID 19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF" y hacer uso del Kit de seguridad proporcionado para tal efecto. Audiencia constitucional. De conformidad con el artículo 115, primer párrafo, en relación con los diversos 19 y 22 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON SEIS MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE para que sea celebrada la audiencia constitucional de este juicio. Al respecto, es menester precisar que, de conformidad con el artículo 5, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 (reformado en cuanto a su periodo de vigencia por su similar 25/2020), la audiencia constitucional se celebrará, de manera tradicional, a partir de los escritos presentados de manera física o electrónica por las partes, esto es, sin la presencia de éstas. Sin embargo, en términos de los artículos 25 y 26 del Acuerdo General 21/2020 (reformado en cuanto a su periodo de vigencia por su similar 25/2020), en caso de que sea indispensable la intervención oral de las partes, es decir, por ser necesaria para el desahogo de una probanza, diligencia o ejercer su derecho de alegar de manera verbal -únicamente en supuestos previstos por el artículo 124, segundo párrafo, de la Ley de Amparo por regla general, su desahogo se realizará a través de videoconferencias. Por ello, los intervinientes del sumario constitucional que se ubiquen en alguno de los supuestos precisados, deberán proporcionar un número telefónico y correo electrónico para establecer contacto, así como contar con equipo de cómputo que cumpla al menos con los requerimientos tecnológicos necesarios7; o a través de un dispositivo móvil (celular inteligente o tableta); en este último caso, deberá descargar previamente la aplicación "Webex Meetings"8; lo anterior, a fin de que se realicen las gestiones pertinentes para que pueda acceder a la visualización por videoconferencia de la audiencia respectiva. Para preparar lo anterior, la parte que así lo desee deberá elevar su petición dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación de este proveído, de lo contrario, como ya se precisó, la audiencia se celebrará sin su presencia. Por último, en caso de que sea indispensable la intervención oral de las partes y no sea posible desahogar la audiencia a través de videoconferencia, de manera excepcional podrán comparecer de manera presencial a la misma; pero, de antemano deberán registrar la cita respectiva en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, esto es, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ". Causas de sobreseimiento. Se informa a las partes que de conocer alguna causal de sobreseimiento en relación con los actos combatidos, deberán manifestarla de inmediato como lo dispone el artículo 64 de la ley de la materia; y acompañen las constancias que la acrediten. No cumplir lo anterior implica, como lo prevé el numeral 251 de la Ley de Amparo, la imposición de una multa por el importe de cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario). Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido de que dicha autorización podrá validarse hasta en tanto se reanuden las labores jurisdiccionales en forma presencial. Autorizados y domicilio para oír y recibir notificaciones. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el que señala en el escrito de cuenta y queda autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, la profesionista de nombre +++++ por encontrarse inscrita en el Registro de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal. En cambio quedan autorizados únicamente para efectos de oír y recibir notificaciones las restantes personas nombradas por el quejoso, porque así lo solicitó. Acceso a la información. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y ante la oposición expresa para la publicación de datos personales, se ordena salvaguardarlos, así como la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal9, en específico en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto10 a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Se instruye a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Ello, a fin de evitar que pueda generarse algún oficio con una denominación incorrecta que sea motivo de rechazo por la autoridad a la que va dirigido o que no se libre algún oficio necesario para la tramitación y resolución del presente asunto. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita). Notifíquese y cúmplase

  4. Incidental

    INCIDENTE DE SUSPENSIÓN 986/2020-VI. En dos de diciembre de dos mil veinte, se da cuenta a la jueza con dos copias de la demanda de amparo y la impresión con evidencia criptográfica del acuerdo dictado en el juicio principal . Conste. Puebla, Puebla, dos de diciembre de dos mil veinte. Formación del incidente. Como se ordenó en esta fecha en el expediente principal, con dos copias de la demanda de amparo, así como la impresión con evidencia criptográfica del proveído de admisión dictado en el juicio principal, se tramita por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 986/2020-VI, promovido por ++++, contra actos del Juez de Ejecución de Sanciones Penales Itinerante, en el Estado de Puebla. Informe previo. En términos de los artículos 128, 130, 136, 138, 140, 142 y 143 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable presente su informe previo, el cual deberá cumplir los requisitos legales establecidos, y rendirse por duplicado dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del presente acuerdo. Por tanto, envíese a la responsable copia de la demanda adjunta al oficio que contiene esta determinación. Medidas sanitarias. Se hace saber a la autoridad responsable que a fin de respetar la política de sana distancia aplicada a la contingencia de salud pública derivada del virus Covid- 19, en el sentido de que deberá privilegiarse el trabajo a distancia haciendo uso de las herramientas electrónicas que resulten necesarias; la información y constancias requeridas deberán ser remitidas únicamente por vía electrónica, al correo electrónico oficial de este juzgado: 4jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx, y por ese mismo medio se acusará de recibo -el mismo día, si el correo se recibe de nueve a quince horas en día hábil; o bien, al día siguiente hábil, si se recepciona con posterioridad-. De igual manera, se instruye al actuario encargado de este expediente que los oficios derivados de la tramitación de este, deberán ser entregados de manera física, al tratarse de autoridades locales. Para ello, deberá observar de manera estricta el "Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID 19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF" y hacer uso del Kit de seguridad proporcionado para tal efecto. Apercibimiento. Con fundamento en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo, se le apercibe que, de no rendir su informe previo en el plazo señalado, le será impuesta una multa de cien Unidades de Medida y Actualización (a razón de su valor diario). Requerimiento a la responsable. De resultar ciertos los actos reclamados, en términos del artículo 168, fracción I, de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable informe:  La naturaleza, modalidades y características del delito o delitos imputados al quejoso, y si fueren de carácter patrimonial, deberán informar el monto del daño causado y si este ya fue cubierto a la parte agraviada.  Si el delito imputado es de aquéllos considerados como de prisión preventiva oficiosa en términos del artículo 19 constitucional, o si está catalogado grave en la legislación estatal. Audiencia incidental. Con fundamento en el artículo 138, fracción II, de la ley de la materia, se señalan las NUEVE HORAS CON SEIS MINUTOS DEL OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE para que sea celebrada la audiencia incidental. Indicación para juicio en línea. Debido al fenómeno de salud pública que existe en la República Mexicana, a partir del virus COVID-19, y aun cuando el quejoso promovió la demanda en el juicio de amparo principal del que deriva este cuaderno, en la vía electrónica, se exhorta a las demás partes a que obtengan su firma electrónica y con esta intervengan en la presente incidencia, conforme a la modalidad de juicio en línea. Sobre todo porque la tramitación de este incidente bajo la modalidad en línea, les permitiría la consulta del expediente electrónico y la presentación de escritos por la misma vía (electrónica). Materia del incidente. Del escrito inicial se advierte que se reclama:  El auto de veinte de noviembre de dos mil veinte, dictado en la carpeta de ejecución +++++ por medio del cual se ordena la reaprehensión del quejoso. Negativa de la suspensión. Se niega la suspensión provisional respecto del acuerdo de veinte de noviembre de dos mil veinte, dictado en la carpeta de ejecución +++++ porque se trata de un acto consumado, cuyos efectos restitutorios son de propia manera de la ejecutoria que se dicte en el juicio principal. Lo anterior, se orienta en la tesis jurisprudencial 51. II.3o. J/37, emitida por el otrora Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Núm. 60, Diciembre de 1992, página 51, de rubro siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSION IMPROCEDENTE"1. Concesión de la suspensión. Por lo que hace a las consecuencias de dicho auto consistentes en la orden de reaprehensión del quejoso, con fundamento en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128, 138, 139, 162, 163, 164 y 165 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada, para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y la responsable se abstenga de privar de la libertad al quejoso con motivo de la orden dictada en su contra. El quejoso queda a disposición de este juzgado en cuanto a su libertad personal, hasta que la responsable reciba notificación sobre la suspensión definitiva. Sin embargo, lo anterior debe sujetarse respecto a esa orden combatida a los siguientes términos: Si se estuviere en el supuesto de la fracción I del citado artículo 166 de la Ley de Amparo, esto es, si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 de la constitución federal, la suspensión provisional sólo producirá el efecto de que una vez detenida el quejoso, quedará a disposición de este juzgado en cuanto a su libertad personal en el lugar donde sea reaprehendido o recluido o internado, y a disposición del juez de la causa para continuar el procedimiento que se le instruya. Por consiguiente, en este supuesto el quejoso continuará a disposición del juez de la causa para el trámite del procedimiento que le instruya, con la única salvedad de que la autoridad judicial deberá comunicar al director del centro penitenciario donde se interne a aquél, que deberá mantenerlo recluido en un área de prisión preventiva, distinta de la asignada a los sentenciados. De estarse en el supuesto de la fracción II del citado artículo 166 de la Ley de Amparo, es decir, si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión provisional tendrá el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y el quejoso no sea detenido, por lo que quedará a disposición de este juzgado en cuanto a la libertad personal, hasta que la autoridad responsable sea notificada de la suspensión definitiva. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido, bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional de amparo estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. De estarse en el supuesto del segundo párrafo de la fracción II del citado artículo 166 de la Ley de Amparo, es decir, cuando el quejoso ya se encuentre materialmente detenido por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en la fracción I del artículo 166 de la Ley de Amparo, con la salvedad antes anotada concerniente a que el quejoso (cuando se encuentre detenido) deberá ser recluido en un área de prisión preventiva, distinta a la asignada a los sentenciados, lo que deberá comunicar al director del centro penitenciario correspondiente. Medidas de aseguramiento. Como medidas de aseguramiento y para evitar la evasión de la acción de la justicia por parte del quejoso, en caso de negársele la protección, en términos del artículo 162 de la Ley de Amparo, deberá presentar escrito en el plazo de tres días donde acredite con documental idónea y eficaz su domicilio particular, ocupación e ingreso o salario percibido. Lo anterior deberá acreditarse por escrito ante este juzgado con las constancias idóneas para ello y dentro del mismo plazo, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo así quedará sin efectos la suspensión y podrá la responsable ejecutar la orden reclamada. Garantía. La suspensión concedida surtirá efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si el quejoso en el término de cinco días hábiles contados a partir de la notificación de este auto, no exhibe una garantía por la cantidad de cinco mil pesos moneda nacional ($5,000.00) en cualquiera de las formas establecidas por la ley. Lo mismo sucederá si se le sorprende en la comisión de flagrante delito. Garantía que con fundamento en la fracción III del artículo 6 del Acuerdo General 21/2020 (reformado en cuanto al periodo de su vigencia por su similar 25/2020), del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-193, el quejoso la deberá presentar ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; salvo que para ello elija agendar una cita para hacerlo directamente ante este órgano jurisdiccional, en cuyo caso será su responsabilidad cumplir el requerimiento dentro del plazo establecido. Por lo que deberá acompañar dos fotocopias del documento donde conste ésta, para garantizar su presentación ante la autoridad correspondiente que lo reclame, en caso de que no le sea favorable la sentencia que se pronuncie en el juicio de amparo del que deriva este incidente de conformidad con el invocado artículo 162 de la Ley de Amparo; cantidad que se fija de manera discrecional, pues se prescinde de la información para decretarla. Por ello, se estima que la garantía es discrecional y proporcional entre la posibilidad de acceder a la medida cautelar y, a la vez, garantizar que el quejoso no pretenda evadir la acción de la justicia, la cual deberá aportar a satisfacción de este juzgado federal, en cualquiera de las formas establecidas por la ley; además, se considera asequible de momento para el quejoso. Sólo resta decir que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, estableció que la garantía deberá estimarse en forma discrecional y proporcional entre la posibilidad de acceder a la medida cautelar y a la vez garantizar que la parte quejosa no pretenda evadir la acción de la justicia; como se desprende de la ejecutoria dictada en el recurso de queja +++/2017, del citado tribunal. Además, también estimó que el número de autoridades, la designación de algún profesionista en derecho para intervenir a nombre de la parte quejosa, el número de autorizados y el domicilio procesal, no son factores que sirvan para demostrar la capacidad económica de una quejosa, pues independientemente del número de autoridades se puede carecer de recursos monetarios, así como el que haya señalado defensor particular y autorizados tampoco es determinante para tal efecto, toda vez que no se puede conocer si estos reciben una remuneración y cuál es el monto, como tampoco el que se señale un domicilio procesal indica la capacidad económica del recurrente. Presentación ante la autoridad emisora. Por otro lado, de resultar cierto el acto reclamado, con apoyo en el artículo 162 de la Ley de Amparo, se requiere a el quejoso para que acuda física y personalmente dentro del plazo de tres días, contados a partir de que rinda informe la autoridad emisora, a rendir declaración en la causa penal instruida en su contra, o en su caso, para intervenir en las diligencias de investigación por algún hecho. Lo cual también deberá acreditar por escrito presentado a este juzgado, en el referido lapso de tres días hábiles, en el que deberá demostrar con el medio de prueba idóneo su comparecencia personal ante dicha autoridad; porque de no hacerlo quedará sin efectos la suspensión provisional y podrán las responsables ejecutar la orden reclamada. Se hace notar que la obligación de comparecer ante la autoridad responsable, será exigible sólo en el caso de que sea cierta la orden reclamada. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis jurisprudencial 149/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ". Además, se requiere al quejoso, con apoyo en el artículo 162 de la referida ley de la materia, que deberá presentarse ante la autoridad emisora de la orden reclamada (en caso de que ésta sea cierta) cuantas veces le sea así solicitado, porque de no hacerlo quedará sin efectos la suspensión provisional y podrá la responsable ejecutar la orden reclamada. Notifíquese y cúmplase

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