José Cirilo Pacheco Olvera
Expediente 371/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 22 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 371/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 13/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- José Cirilo Pacheco Olvera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por el Juez Primero Penal del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo; a través del cual acusa recibo del duplicado de la causa penal 312/2021, circunstancia de lo cual queda enterado este órgano Jurisdiccional Notifíquese
- Principal
Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo para recurrir la sentencia mediante la cual se NEGÒ en el presente juicio de derechos fundamentales, sin que la parte interesada lo haya hecho; en consecuencia, con fundamento en los diversos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, acuérdese lo conducente en el incidente de suspensión que deriva de este juicio. Procédase a la devolución del duplicado de la causa penal 02/2018, a la autoridad responsable Juez Segundo del Ramo Penal por Ministerio de Ley, del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, mismo que enviará como anexos a su correspondiente informe justificado, solicitando ordene a quien corresponda elabore el acuse de recibo correspondiente, al correo electrónico 3jdo29cto@correo.cjf.gob.mx. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Asimismo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 se establece que el presente expediente es susceptible de depuración; debiéndose conservar todas las resoluciones relativas. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Por ende, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese
- Incidental
Visto el estado de autos y lo asentado en la cuenta secretarial de la que se advierte que por acuerdo de esta fecha emitido en el cuaderno principal del que deriva el presente incidente, causó estado la resolución emitida en el mismo y se ordenó su archivo definitivo, se determina que de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Asimismo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 18, fracción I, inciso a), se establece que el original de la presente incidencia es susceptible de depuración, toda vez que por se concedió la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado; debiéndose conservar todas las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. En tal virtud, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que en términos del artículo 154 de la Ley de amparo, queda si efectos la suspensión definitiva decretada en autos. Asimismo, se establece que el duplicado es destruible al ubicarse en el supuesto contemplado en la fracción II, inciso a) del artículo 20 del referido acuerdo. Por tanto, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como en las carátulas del mismo. Finalmente, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. Notifíquese.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 371/2020-6; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda Mediante escrito de demanda presentado el treinta de marzo de marzo dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, turnado por razón de turno al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo; se tuvo a José Cirilo Pacheco Olvera, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y el acto que a continuación se especifican: La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes, y señaló como derechos fundamentales violados, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Incompetencia. Mediante oficio 2559 de seis de abril de dos mil veintiuno, la Jueza Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, remitió el juicio de amparo indirecto 348/2021-I, al declararse incompetente al actualizar un conocimiento previo en este juzgado, respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; motivo por el cual, en auto de nueve de abril de dos mil veintiuno, este juzgado aceptó la competencia planteada, registrando dicho juicio bajo el número 371/2021-6; por lo que, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se inició en los términos del acta que antecede; por tanto, se procede a emitir la resolución correspondiente. TERCERO. Inexistencia de autoridades responsables. En proveído de veintidós de abril de este año, ante su inexistencia dejaron de tener el carácter de responsables las siguientes autoridades: Autoridades responsables Foja DIRECTOR DE AVERIGUACIONES PREVIAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE HIDALGO 17 COORDINADOR DE LA AGENCIA DE SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN DEL ESTADO DE HIUDALGO 17 JEFE GENERAL DE LA POLICÍA DE COORDINACIÓN DE INVESTIGACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE HIDALGO 17 C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca de Soto, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente; 1º, fracción V, fracción IV de la Ley de Amparo; 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con lo establecido en el Acuerdo General 36/2016, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de junio de dos mil dieciséis, vigente a partir del catorce de ese propio mes y año, el cual reformó el similar 3/2013; por tratarse de un acto que se atribuye a una autoridad residente en el ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado.. SEGUNDO. Fijación de la litis. El artículo 74 de la Ley de Amparo autoriza al juez de Distrito a interpretar la demanda de garantías con el objeto de desentrañar la verdadera intención de la parte quejosa, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en ella y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado y las pruebas aportadas (incluso con la totalidad de la información que obra en el expediente), en congruencia con lo dispuesto por los diversos 108, 115 y 117 del ordenamiento de referencia, según trata la jurisprudencia P./J. 40/2000 y la tesis P. VI/2004 plenarias, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomos XI y XIX, de abril de dos mil cuatro y dos mil, Novena Época, páginas 32 y 255, respectivamente, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Se precisa el acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo: La orden de reaprehensión de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, librada contra el quejoso en la causa penal 02/2018-II, por el Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables siguientes, al rendir su informe previo, aceptaron el acto reclamado: Autoridades responsables Informe previo sentido Foja Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo Cierto 26 Procurador General de Justicia del Estado de Hidalgo Cierto 15 Lo que se corrobora con el duplicado de la causa penal 02/2018-II, documental a la que se le concede eficacia probatoria plena en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su 2° numeral. Similar consideración debe decirse respecto de las autoridades Comandante de la Policía Investigadora Grupo Tula y Secretario de Seguridad Pública de Tula de Allende, Hidalgo, no obstante que hayan negado el acto reclamado; pues ante la existencia del acto reclamado, en su calidad de ejecutoras, tiene la obligación de ejecutarlo; por tanto, se tiene como existente el acto que se les reclama. CUARTO. Oportunidad de la demanda. La promoción del juicio de amparo fue oportuna, en virtud de que tuvo conocimiento del acto reclamado el veintisiete de marzo de dos mil veintiuno, tal como lo manifiesta en su demanda. Por lo que, el plazo de quince días a que hace alusión el artículo 17 de la Ley de Amparo, empezó a computarse a partir del día hábil siguiente en que tuvo conocimiento del acto reclamado, es decir, el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, en términos del numeral 18 de la citada Ley. Así, se tiene que el plazo de quince días hábiles transcurrió del treinta de marzo al veintidós de abril de dos mil veintiuno, descontándose del cómputo anterior el treinta y uno de marzo,uno, dos, tres, cuatro, diez, once, diecisiete y dieciocho de abril de este año, por ser inhábiles. En consecuencia, si el escrito de demanda se presentó el treinta de marzo de dos mil veintiuno, dicha presentación ocurrió dentro del plazo otorgado en la ley de la materia para tal efecto; por lo que, dicha presentación fue oportuna. QUINTO. Análisis de causas de improcedencia o sobreseimiento. Por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen o no las partes o que este órgano de Control Constitucional advierta de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la Jurisprudencia número 814, publicada en la página 553 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." Luego, si las partes no hicieron valer causa de improcedencia alguna, ni este órgano de Control Constitucional advierte de oficio la actualización de alguna de ellas, lo que procede es analizar la constitucionalidad de la resolución reclamada. SEXTO. análisis del fondo. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa sin que se advierta deficiencia de la queja que deba suplirse en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Previo a exponer los motivos que sustentan dicha aseveración, es necesario efectuar una reseña de los antecedentes del acto reclamado, entre los cuales destacan: El quince de mayo de dos mil dieciocho, se dictó auto de formal prisión contra el aquí quejoso, dentro de la causa penal 02/2018-II por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude en agravio de Mario Escamilla Martínez. Mediante auto de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, se fijó garantía para que el procesado gozara del beneficio de la libertad provisional bajo caución, consistentes en $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 m.n.) por concepto de reparación del daño y $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 m.n.) para garantizar su libertad personal. Mediante sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, dictada en el juicio de amparo indirecto 134/2019, se determinó que dichas garantías no vulneraban los derechos humanos del quejoso, por lo que se le negó el amparo de la Justicia Federal. Determinación que fue confirmada mediante resolución de veintitrés de enero de dos mil veinte, dictada en el recurso de revisión 241/2019 del índice del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. Mediante auto de seis de febrero de dos mil veinte, el juez responsable requirió al quejoso para que dentro del término de cinco días hábiles contados a partir de la legal notificación de dicho auto, exhibiera las garantías para gozar de su libertad provisional bajo caución fijadas en auto de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, bajo apercibimiento que de no hacerlo, ordenaría su reaprehensión -acto reclamado-; circunstancia la cual le fue notificada mediante cédula de notificación el once de febrero de dos mil veinte, en el domicilio particular del quejoso, ubicado en calle Aldama 3, colonia Teocalco, en Tlaxcoapan, Hidalgo. Previa petición, en proveído de dieciocho de febrero de dos mil veinte, se otorgó una prórroga de tres días al procesado para que exhibiera las garantías antes citadas, apercibido que no de hacerlo ordenaría su reaprehensión; circunstancia la cual le fue notificada mediante cédula de notificación veinticuatro de febrero de dos mil veinte, en el domicilio particular del quejoso, ubicado en calle Aldama 3, colonia Teocalco, en Tlaxcoapan, Hidalgo. El veinticinco de febrero de dos mil veinte, tuvo verificativo la audiencia de vista, en la cual se certificó que estuvieron presentes el quejoso y su defensor particular Armando Mendoza Rodríguez. Posteriormente, el quejoso interpuso el juicio de amparo indirecto 924/2020-6 del índice de este juzgado, contra los autos de seis y dieciocho de febrero de dos mil veinte, dictados en la causa penal 02/2018-II por el Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, en los cuales se requirió a José Cirilo Pacheco Olvera que exhibiera las garantías que le fueron fijadas en auto de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, para gozar del beneficio de la libertad bajo caución, con apercibimiento que no de exhibirlas, ordenaría su reaprehensión; el cual le fue negado mediante resolución de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, la cual causó ejecutoria el ocho de marzo del presente año. Mediante proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, se requirió al quejoso para que dentro del término de tres días hábiles contado a partir de la legal notificación de dicho auto, exhibiera las garantías para gozar de su libertad provisional bajo caución fijadas en auto de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, bajo apercibimiento que de no hacerlo, ordenaría su reaprehensión -acto reclamado-; circunstancia la cual le fue notificada mediante cédula de notificación el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, en el domicilio particular del quejoso, ubicado en calle Aldama 3, colonia Teocalco, en Tlaxcoapan, Hidalgo. Ante la renuencia del quejoso en exhibir las garantías para gozar del beneficio de la libertad provisional bajo caución, no obstante de estar notificado del auto que antecede, mediante determinación de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, determinó hacer efectivo el apercibimiento decretado en auto de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, y revocó la libertad del quejoso y ordenó su reaprehensión - acto reclamado-. Resolución que constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. De lo antes expuesto, se advierte que el acto reclamado en el presente asunto se hace consistir en la orden de reaprehensión de veintiséis de marzo de dos mli veintiuno, librada contra el quejoso José Cirilo Pacheco Olvera, dentro de la causa penal 2/2018 del índice del Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia en el Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo. Al respecto, la parte quejosa en su escrito de demanda únicamente se limitó a referir que el acto reclamado viola en su perjuicio las garantías consagradas en los numerales 1°, 14 y 16, sin precisar en que consistieron las mismas dentro de la resolución reclamada. No obstante, éste órgano jurisdiccional de oficio determina que aún suplidos en su deficiencia resultan infundados los conceptos de violación de la parte quejosa, en términos de la fracción III, inciso a), del ordinal 79 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues del mandato de captura reclamado, relacionado con los antecedentes reseñados, se pone de manifiesto que está apegado a derecho, puesto que la autoridad responsable, previo a emitir la orden de reaprehensión combatida, mediante proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, requirió al procesado José Cirilo Pacheco Olvera, aquí quejoso, para que, en un plazo de tres días exhibieran las cantidades indicadas en el auto de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, es decir, $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 m.n.) por concepto de reparación del daño y $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 m.n.) para garantizar su libertad personal, a efecto de que pueda gozar del beneficio de la libertad provisional bajo caución, apercibido que de no hacerlo en dicho término ordenaría su reaprehensión. Ahora, si se toma en consideración que el quejoso fue notificado del requerimiento y apercibimiento insertó en proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, el veintidós siguiente, en su domicilio particular, ubicado en calle Aldama 3, colonia Teocalco, en Tlaxcoapan, Hidalgo. Por tanto, es evidente que, como lo sostuvo el Juez de la causa, a la fecha en que emitió la orden de reaprehensión (veintiséis de marzo de dos mil veintiuno), había trascurrido en exceso el plazo de tres días concedido para que José Cirilo Pacheco Olvera, diera cumplimiento al requerimiento de diecisiete de marzo del presente año; es decir, que exhibiera la cantidad de $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 m.n.) por concepto de reparación del daño y $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 m.n.) para garantizar su libertad personal, para garantizar el beneficio de la libertad provisional bajo caución o bien, ordenaría su reaprehensión. Lo anterior, en virtud de que el plazo en cita, de acuerdo a las constancias del sumario, trascurrió en exceso, sin que el quejoso cumpliera con el requerimiento efectuado. De ahí que, al no haber dado cumplimiento a lo señalado, la responsable actuó apegada a derecho al emitir la orden de reaprehensión combatida, pues dicho procesado, aquí peticionario de amparo, incumplió un requerimiento judicial; máxime que no debe soslayarse que la autoridad responsable está investida de diversas facultades para hacer cumplir sus determinaciones. En esas condiciones, si como de autos se desprende el quejoso no dio cumplimiento al requerimiento hecho por el Juez responsable, no obstante haber quedado debidamente notificado del requerimiento y apercibimiento realizado, es evidente que la resolución reclamada en la cual se ordena su reaprehensión con base en su omisión, está apegada a derecho. Además, porque de los antecedentes antes narrados queda evidenciada la renuencia del quejoso en exhibir las cantidades que le fueron señaladas para poder gozar del beneficio de la libertad provisional bajo caución, demostrando un desinterés en su proceso, el cual debe culminar con una sentencia, sin que se advierta de autos que dicho desinterés se encontrare justificado con una causa física o psíquica de su parte. Por los motivos, antes expuestos es que devienen infundados los conceptos suplidos en su deficiencia, toda vez el requerimiento que contenía el apercibimiento de que exhibiera las garantías para gozar del beneficio de la libertad provisional bajo caución o en su ordenaría su reaprehensión, fue notificado en el domicilio que para tal efecto señaló el quejoso en declaración preparatoria; por tanto, estuvo en aptitud de conocerlo y darle cumplimiento. Por tanto, al no advertirse queja deficiente por suplir y como este Órgano de Control Constitucional estima que el acto de autoridad de que se duele el promovente de garantías, no resulta atentatorio de sus derechos fundamentales, lo que procede es NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL que solicita. SÉPTIMO. Publicación. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y en atención a que el quejoso de mérito durante el procedimiento no expresó su inconformidad respecto a la publicación de su nombre y demás datos personales en la sentencia que ahora se dicta, en tales condiciones, publíquense los mismos, en la inteligencia que dicho fallo quedará a disposición del público para su consulta. En términos de las disposiciones primera y segunda del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de tres de septiembre de dos mil siete, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; este Juzgador Federal considera que la presente sentencia debe capturarse en el módulo referido; asimismo una vez capturada la sentencia emitida, procédase a glosar al presente expediente la constancia de captura generada por el sistema antes aludido. En mérito de lo expuesto, fundado, motivado, y con apoyo, en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se; R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a José Cirilo Pacheco Olvera, contra la autoridad y por el acto reclamado referidos en el resultando primero y considerando cuarto de la presente sentencia, por las razones precisadas en el considerando sexto de la misma. TERCERO. Se le tiene como no opuesta a la parte quejosa a que se incluya su nombre y datos personales en la publicación de esta resolución, en tanto este fallo no sea impugnado, pues de ser así, se estará a lo que la parte exprese durante la substanciación del recurso que haga valer. CUARTO. Una vez publicada la presente determinación, procédase a su captura en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente que para el efecto se lleva en este Juzgado Federal, y glósese a los presentes autos la constancia de la captura generada por el sistema aludido. QUINTO. Desde este momento, de conformidad con lo establecido en los artículos 1° y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25, de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, este ultimo de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para una mejor y pronta impartición de justicia, se autoriza expedir copia simple a las partes que así lo soliciten de manera verbal (al momento de la notificación o con motivo de esta) y acrediten estar autorizadas para recoger las mismas, previa toma de razón y constancia quede en autos. Notifíquese.
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