Jose Christian Cintora Carrillo
Expediente 754/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 754/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Jose Christian Cintora Carrillo
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, quince de octubre de dos mil veinte. Por recibido el oficio signado por el Actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por el que remite el juicio de amparo 149/2019-IV, en un tomo y un testimonio, correspondiente al amparo en revisión R.A. 366/2019 de su índice, donde tal órgano resolvió: "PRIMERO. En la materia del recurso, se REVOCA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, contra el artículo 25, fracción VI, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, reclamado respectivamente, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, del Congreso de la Unión y del Presidente de la República, así Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 y su anexo, reprochadas de la Jefa del Servicio de Administración Tributaria." Acúsese recibo de estilo correspondiente a la superioridad. Comuníquese la determinación que antecede a las partes para los efectos legales a que haya lugar; asimismo, previo al presente auto glósense del cuaderno de antecedentes, únicamente las constancias originales y no así las copias certificadas por ser innecesarias, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con los puntos decimoprimero, párrafo último, vigésimo, fracción III, vigésimo primero, fracciones III, segundo párrafo y fracción IV y vigésimo segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace constar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, pues en el juicio principal se revocó y se negó el amparo; por lo que para dar cumplimiento al acuerdo de referencia, se deberán conservarse la demanda, sentencia, ejecutoria dictada por el tribunal de alzada; en su oportunidad desglósense las demás constancias que lo integran para su destrucción que será a partir del quince de octubre de dos mil veinticinco; mientras tanto, remítanse los autos del presente asunto al archivo de este Juzgado Federal para su resguardo. Ahora, visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, de las que se advierte que la parte quejosa exhibió documentales como pruebas de su parte y tomando en consideración que es un asunto totalmente concluido; en tal virtud, con apoyo en el punto décimo primero, párrafo in fine, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre del dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se les requiere para que en el término de NOVENTA DÍAS, acudan a este órgano jurisdiccional a recogerlos, previa toma de razón que por su recibo deje para constancia. Se les apercibe que en caso de ser omisa, se procederá a su destrucción, de conformidad con el punto décimo primero, último párrafo del citado acuerdo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, EN VIRTUD DE QUE NO ATENDIÓ AL AVISO DEJADO EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES: "Por recibido el oficio signado por el Director General del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, por el que exhibe constancias con las que aducen el cumplimiento del fallo protector. Con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo, se da vista a la quejosa con el oficio de cuenta y sus anexos, para que en el término de TRES DÍAS, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con el acatamiento de la sentencia de amparo, en el entendido que transcurrido dicho término, con desahogo de la vista o sin ella, se dictará la resolución correspondiente, con base en las documentales que obran en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. En atención a su contenido, de conformidad con el artículo 3º de la ley de la materia y, al aviso emitido por la Dirección General de Estadística Judicial dependiente del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación titulado "Consulta de Expediente Electrónico", se autoriza la consulta electrónica vía internet de este expediente a los usuarios Moctezuma_Gon y Abraham_HH. Finalmente, por recibidos los escritos signados electrónicamente por la autorizada de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante los cuales desahoga las vistas concedidas en proveído de trece de agosto de la presente anualidad. En atención a lo anterior y a efecto de evitar mayores dilaciones en el procedimiento, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, con copia de los escritos de cuenta se requiere al Director General y por la Coordinadora de la Clínica de Trastorno del Espectro, ambos del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, para que dentro del término de diez días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, se pronuncien respecto de las manifestaciones vertidas en los escritos de cuenta, debiendo remitir copia certificada de las constancias que acrediten su dicho. Se apercibe a las autoridades, que de no acatar lo ordenado en este acuerdo, se impondrá multa de CIEN veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, de conformidad con los artículos 192, 238, primer párrafo, y 258, todos de la Ley de Amparo, conforme al decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. ".NOT.-
- Principal
Ciudad de México, veintidós de septiembre de dos mil veinte. De conformidad con lo establecido en los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se determinó que, se suspendieran las labores de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, con excepción de los casos urgentes señalados en tales acuerdos. Lo anterior, tuvo como consecuencia la suspensión de plazos de manera provisional del procedimiento de ejecución de sentencia. Ahora, mediante "Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura, relativo a la reanudación de plazos al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19" se ordenó el levantamiento de manera escalonada de todos los asuntos cuya tramitación quedó suspendida conforme a los lineamientos y razones expuestas en los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020. Por lo anterior, y atendiendo de manera puntual el esquema laboral establecido en el artículo 2 del Acuerdo General 21/2020 y las cargas de trabajo que tiene este juzgado, es que en este acuerdo se ordena reanudar el presente juicio en la etapa de ejecución. En ese sentido, se reciben los oficios signados por el Director General de Amparos y Contencioso, en representación del Comandante de la Guardia Nacional, a través de los cuales en atención al requerimiento formulado en auto de doce de marzo del año en curso, informa la imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por las razones que indica; asimismo, manifiesta que dicho cumplimiento corresponde a la Unidad de Transición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. En virtud de la información proporcionada por la autoridad oficiante, y a fin de evitar mayores dilaciones en el procedimiento, con fundamento en los artículos 192, 193 y 197 de la Ley de Amparo, se requiere al Titular de la Unidad de Transición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que dentro del término de diez días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, cumpla de forma inmediata y total con el fallo constitucional, que consiste en: 1. Deje sin efectos el acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, a través del cual se inició el procedimiento administrativo número ...., en contra de la quejosa ..... 2. Emita un nuevo acto en que se ocupe de la solicitud de inicio de procedimiento contra la quejosa debidamente fundado y motivado, resolviendo con plenitud de jurisdicción si procede o no incoar el citado procedimiento pero evitando incurrir en los vicios de legalidad advertidos. Sustenta lo expuesto la tesis de jurisprudencia 1a./J. 57/2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Instancia Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XXV, mayo de 2007, página 144, cuyo rubro y texto es: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica." Se apercibe a la autoridad requerida, que de no acatar lo ordenado en este acuerdo, se le impondrá multa de CIEN veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, en términos del artículo 192, en relación con el 238 párrafo primero y 258, todos de la Ley de Amparo, conforme al decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Además, los autos serán remitidos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, por inejecución de sentencia, para los efectos precisados en la fracción XVI, del artículo 107, de la Constitución y 192 de la ley de la materia, es decir, para que el omiso sea separado de su cargo y consignado al juez de Distrito que corresponda. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia P./J.54/2014 de la Décima Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo I, noviembre del 2014, página 19, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector Inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Notifíquese, y personalmente a la quejosa.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve *******, por su propio derecho, contra los actos que reclama del Secretario de Protección Federal y otra autoridad, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Regístrese en el libro de gobierno con el número 754/2020-VII, y fórmese expediente, así como su versión electrónica, en términos del artículo 3 de la ley de la materia. Cabe señalar que de la lectura del escrito de demanda, se advierten diversas irregularidades que deben ser subsanadas en términos del artículo 108, fracción IV y V, y 114, fracciones I, II, IV y V, de la Ley de Amparo, a saber: - ACTOS RECLAMADOS Y ANTECEDENTES DE LOS MISMOS (fracciones IV y V del artículo 108 de la Ley de Amparo). Del capítulo correspondiente se advierte que éstos fueron señalados de forma genérica es decir que no precisó la acción que en particular realizó cada una de las autoridades que señaló como responsables. Ello es así ya que solo refiere lo siguiente: Se inserta imagen** De la imagen que antecede, se advierte que el promovente señala de manera genérica los actos que reclama de las autoridades responsables, lo que no permite conocer o deducir de manera clara y concreta cuál es el acto que en realidad reclama a cada una de ellas, y en su caso, la medida en que esas autoridades intervinieron, además de que si bien el impetrante señala al parecer algunos hechos relacionados con los actos que pretende reclamar, lo cierto es que no se logra advertir ni dilucidar de manera específica y pormenorizada los antecedentes de éstos y su relación con las autoridades que señala como responsables, y tampoco se desprende si derivado de ellos, se inició en su contra algún procedimiento administrativo de responsabilidad o de separación, por lo que resulta indispensable subsanar esta irregularidad para fijar debidamente la litis constitucional. Tiene aplicación, en lo conducente, la tesis XX.57 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 871, del tomo III, marzo de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." - Suspensión Aunado a ello, el impetrante solicitó la suspensión de los actos reclamados, para el siguiente efecto: Conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución; así como 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, en el análisis de la suspensión deben privilegiarse diversos temas destacando los efectos para los que se solicita dicha medida, es decir, la precisión detallada de lo que las autoridades deben o abstenerse de realizar. En esa tesitura, conviene citar la jurisprudencia XXVII.3o. J/2 (10ª), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, página 2347, registro 2´007,358, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, en el análisis de la suspensión deben distinguirse diversos temas de estudio escalonado como son: i) los requisitos de su procedencia que, en su conjunto, tendrán como resultado determinar si la medida cautelar debe o no concederse; ii) los efectos de dicha medida, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o abstenerse de realizar; iii) las medidas o garantías que, en su caso, se pidan al quejoso para que los efectos de la suspensión continúen; y, iv) las previsiones que el juzgador tome para que no se abuse de los efectos de la suspensión. Respecto al primer tema, fuera de los casos en que proceda de oficio o de las regulaciones especiales, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de procedencia en el orden que se señalan: 1. La petición de parte; 2. La existencia del acto reclamado, que en el caso de la suspensión provisional se presume con base en las manifestaciones o afirmaciones que el quejoso formule bajo protesta de decir verdad en su demanda, y para la definitiva requiere que se haya aceptado su existencia, o bien, prueba de ella; 3. La naturaleza del acto reclamado, esto es, que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza, análisis en el cual debe tomarse en cuenta la clasificación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha formulado respecto de los que admiten suspensión y los que no (actos consumados, negativos, futuros e inciertos, etc.); 4. El quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el Más Alto Tribunal." De manera que estas irregularidades impiden admitir a trámite la demanda y obligan a realizar la siguiente: PREVENCIÓN Con fundamento en los artículos 108, fracción IV, y 114, fracciones I, II, IV y V, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, requiérase a la promovente para que en el plazo de CINCO DÍAS: 1) Precise con claridad y de manera específica, qué acto o actos reclama de cada una de las autoridades que señala como responsables; ello tomando en consideración que del capítulo respectivo no se advierte con claridad la participación de las autoridades que señala con dicho carácter. Por tanto, deberá exponer de manera concreta y sin calificativos, el acto o actos que reclama de cada una de las autoridades señaladas como responsables y en qué medida tuvieron participación en los mismos. En el entendido de que: a) Los actos reclamados deberán ser existentes y concretos, ya que el juicio de amparo es improcedente contra actos no probables o eventuales. b) Las autoridades responsables deberán estar debidamente identificadas, conforme a su denominación correcta y su participación en los actos que irrogan perjuicio al quejoso. 2) Precise de manera clara y concreta la totalidad de los antecedentes relacionados con los actos reclamados que precise conforme al desahogo del requerimiento que antecede. 3) Bajo protesta de decir verdad, informe si derivado de los hechos relacionados con los actos que pretende reclamar, ya se inició en su contra algún procedimiento administrativo de responsabilidad o de separación, y, de ser así, señale su estado procesal y sus datos de identificación. Se le hace notar para los efectos legales a que haya lugar, que en términos del artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, se podrá imponer una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, al quejoso, abogado autorizado o ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirmen hechos falsos u omitan los que les consten con relación al acto reclamado. Respecto de lo anteriormente señalado se considera ilustrativa en lo conducente la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 348 del tomo XXIV, julio de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes." 4) Indique cuáles son los efectos para los que solicita la suspensión, es decir, detalle lo que las autoridades deben realizar o abstenerse de hacer, en función del acto que reclama. 5) Deberá exhibir CINCO COPIAS del escrito aclaratorio para estar en aptitud de correr traslado a cada una de las partes, para ser distribuidas de la siguiente manera: DOS para emplazar a cada una de las autoridades señaladas como responsables, UNA para dar intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, DOS para formar el cuaderno del incidente de suspensión solicitado, Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 106/2005, de la Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, octubre de 2005, página 170, de rubro y texto siguientes: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional." APERCIBIMIENTO Se le APERCIBE que de no desahogar los puntos 1, 2 y 3 de conformidad con lo previsto por el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda amparo o bien, se acordará lo que en derecho proceda. De no desahogar el requerimiento formulado en el número 4, se atenderá a la integridad de la demanda en los términos que fue planteada. Asimismo, para el caso de no exhibir las copias requeridas en el punto número 5, esto es, tres copias de su escrito aclaratorio para desahogar la presente prevención y correr traslado a cada una de las partes del juicio, no se admitirá la demanda en términos de lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia, pues no se podría emplazar a las autoridades responsables a fin de que deduzcan sus derechos; por el contrario, si exhibe copias suficientes para correr traslado a las partes pero no las suficientes para tramitar la medida cautelar (dos), ésta no se aperturará hasta que cumpla con lo concerniente. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. AUTORIZADOS Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Francisco García Esteva, en virtud de que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación; asimismo, respecto de la diversas persona que nombra, se tiene únicamente por autorizada para oír y recibir notificaciones en términos de lo previsto por el artículo 24 de la Ley de Amparo, toda vez que no proporcionó los datos que exige el artículo 12 de dicha ley, hasta en tanto acredite que tiene registrada su cédula profesional en el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, al igual que a las demás personas que expresamente señala para tales efectos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilita al fedatario de la adscripción para que, de ser necesario, realice las diligencias que se ordenen en este sumario, aún en días y horas inhábiles, a fin de no dilatar su tramitación. Notifíquese personalmente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · 13,735 expedientes
- Jose Cassab Amkie1440/2018
- JOSE CASTILLO SANCHEZ y Otros.1921/2022
- Jose Ceron Hernandez1020/2018
- José César Martínez Osornio1596/2016
- José César Soriano González1231/2016
- Jose Cesar Soriano Gonzalez1349/2016
- Jose Clemente Castañeda Hoeflich2009/2022
- Jose Cruz Aguilar Garcia705/2022
- Jose Cruz Cruz1578/2019
- JOSE CRUZ CRUZ y Otros.1988/2023
- Jose Cruz Gomez Mayorga214/2021
- Jose Cruz Rivera Lara970/2016