José Cesar Bravo Mejía o Cesar Bravo Mejía
Expediente 12/2019 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 52 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 12/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 52
- Última actuación
- 31/10/2019
Partes del expediente
- José Cesar Bravo Mejía o Cesar Bravo Mejía
- José Cesar Bravo Mejía o Cesar Bravo Mejía y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 52.
- Principal
Ciudad de México, a treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el proveído mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado dicho proveído. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción II del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Toda vez que en el incidente respectivo, se negó la suspensión provisional y definitiva, respecto del acto reclamado, por tanto, el cuaderno original de este expediente es susceptible de destrucción, en términos del párrafo primero de la fracción III del numeral vigésimo primero de la disposición en consulta. Por otra parte, con sustento en el punto vigésimo, fracción III del acuerdo general mencionado, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el seis de mayo de dos mil veinte. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en el incidente de suspensión. Asimismo, ya que no es necesaria la retención de los anexos enviados en apoyo al informe justificado rendido por las autoridades judiciales señaladas como responsables, devuélvanse a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo, pues es suficiente que en el comunicado relativo se estampe el sello que avale su recepción. Por último, por lo que hace al sobre que se encuentra en resguardo en la caja de seguridad de este órgano de control constitucional (1/2019), en el que consta un documento que contiene información confidencial respecto de la tercero interesada María Leticia García Morales, al no ser necesaria tal información, extráigase el sobre de referencia del seguro del juzgado, y previa certificación que se realice, procédase a su destrucción.
- Principal
Con apoyo en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa el proveído de treinta y uno de octubre del año en curso, que en lo conducente dice: "...Ciudad de México, a treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el proveído mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado dicho proveído. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción II del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Toda vez que en el incidente respectivo, se negó la suspensión provisional y definitiva, respecto del acto reclamado, por tanto, el cuaderno original de este expediente es susceptible de destrucción, en términos del párrafo primero de la fracción III del numeral vigésimo primero de la disposición en consulta. Por otra parte, con sustento en el punto vigésimo, fracción III del acuerdo general mencionado, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el seis de mayo de dos mil veinte. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en el incidente de suspensión. Asimismo, ya que no es necesaria la retención de los anexos enviados en apoyo al informe justificado rendido por las autoridades judiciales señaladas como responsables, devuélvanse a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo, pues es suficiente que en el comunicado relativo se estampe el sello que avale su recepción. Por último, por lo que hace al sobre que se encuentra en resguardo en la caja de seguridad de este órgano de control constitucional (1/2019), en el que consta un documento que contiene información confidencial respecto de la tercero interesada María Leticia García Morales, al no ser necesaria tal información, extráigase el sobre de referencia del seguro del juzgado, y previa certificación que se realice, procédase a su destrucción...".
- Principal
Ciudad de México, a ocho de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de veintitrés días otorgado al quejoso José Cesar Bravo Mejía o Cesar Bravo Mejía en proveído de seis de junio pasado, para que acudiera a este juzgado a recoger y, posteriormente, exhibiera los edictos para emplazar a la tercero interesada María Leticia García Morales, sin que cumpliera. En tales condiciones, es evidente que no satisfizo un presupuesto procesal, que se erige en formalidad del procedimiento y hace que este juzgado de amparo no pueda pronunciarse respecto del fondo de lo planteado en el juicio constitucional, por una causa atribuible al quejoso, que implica la paralización del juicio, contraviniéndose así lo previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó, por lo que se sobresee fuera de audiencia, de conformidad con el artículo 63, fracción II, en relación con los diversos 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, y 5°, fracción III, inciso b), todos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 211 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Materia Común, Julio de 2002, del tenor siguiente: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso". De igual manera, no se soslaya el criterio jurisprudencial 108, emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 416 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, Agosto de 2010, de rubro siguiente: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO"; sin embargo, la cuestión de la solvencia económica del quejoso y la obligación de exhibir los edictos relativos, fueron materia de la queja 124/2019 del registro del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en que se determinó que su publicación debía ser a su costa.
- Principal
Con apoyo en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa el proveído de ocho de octubre del año en curso por medio de lista, que en lo conducente dice: "...Ciudad de México, a ocho de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de veintitrés días otorgado al quejoso José Cesar Bravo Mejía o Cesar Bravo Mejía en proveído de seis de junio pasado, para que acudiera a este juzgado a recoger y, posteriormente, exhibiera los edictos para emplazar a la tercero interesada María Leticia García Morales, sin que cumpliera. En tales condiciones, es evidente que no satisfizo un presupuesto procesal, que se erige en formalidad del procedimiento y hace que este juzgado de amparo no pueda pronunciarse respecto del fondo de lo planteado en el juicio constitucional, por una causa atribuible al quejoso, que implica la paralización del juicio, contraviniéndose así lo previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó, por lo que se sobresee fuera de audiencia, de conformidad con el artículo 63, fracción II, en relación con los diversos 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, y 5°, fracción III, inciso b), todos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 211 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Materia Común, Julio de 2002, del tenor siguiente: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso". De igual manera, no se soslaya el criterio jurisprudencial 108, emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 416 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, Agosto de 2010, de rubro siguiente: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO"; sin embargo, la cuestión de la solvencia económica del quejoso y la obligación de exhibir los edictos relativos, fueron materia de la queja 124/2019 del registro del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en que se determinó que su publicación debía ser a su costa...".
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