Jose Cerecedo Cervantes
Expediente 810/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 29 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 810/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 13/07/2023
Partes del expediente
- Jose Cerecedo Cervantes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, trece de julio de dos mil veintitrés. Causa estado cumplimiento. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes promovieran recurso de inconformidad en contra del auto de catorce de junio de dos mil veintitrés que declaró cumplida la ejecutoria de amparo; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado proveído. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente. Conservación íntegra del expediente principal, Transfiérase una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó conceder el amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción III, inciso a), del artículo 17 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 17. Conservación íntegra del expediente. Los expedientes conservables serán transferidos una vez que cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, y se encuentren en los siguientes supuestos: [.] III. En los Juzgados de Distrito conforme a las siguientes series documentales: a) Juicios de amparo indirecto en los que se haya negado o concedido la protección constitucional;". Una vez cumplido el término a que se refiere la fracción III, inciso a), del artículo 17 del Acuerdo General de referencia, transfiérase el expediente al depósito documental que se designe para tal efecto, como lo prevé el artículo 26 del Acuerdo General en cita. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Conservación íntegra del incidente de suspensión Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se negó la medida cautelar provisional y definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo en comento; por tanto, el cuaderno incidental es destruible una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 19, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruible una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes. Digitalización. Previo a su transferencia, en cumplimiento al párrafo tercero, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Toda vez que este asunto es conservable, los documentos exhibidos por la parte quejosa adquieren dicha categoría; por ello, con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo en comento, notifíquese a dicha parte que puede acudir a recogerlos en las instalaciones de este juzgado federal. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA *** NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, trece de julio de dos mil veintitrés. Causa estado cumplimiento. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes promovieran recurso de inconformidad en contra del auto de catorce de junio de dos mil veintitrés que declaró cumplida la ejecutoria de amparo; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado proveído. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente. Conservación íntegra del expediente principal, Transfiérase una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó conceder el amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción III, inciso a), del artículo 17 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 17. Conservación íntegra del expediente. Los expedientes conservables serán transferidos una vez que cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, y se encuentren en los siguientes supuestos: [.] III. En los Juzgados de Distrito conforme a las siguientes series documentales: a) Juicios de amparo indirecto en los que se haya negado o concedido la protección constitucional;". Una vez cumplido el término a que se refiere la fracción III, inciso a), del artículo 17 del Acuerdo General de referencia, transfiérase el expediente al depósito documental que se designe para tal efecto, como lo prevé el artículo 26 del Acuerdo General en cita. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Conservación íntegra del incidente de suspensión Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se negó la medida cautelar provisional y definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo en comento; por tanto, el cuaderno incidental es destruible una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 19, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruible una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes. Digitalización. Previo a su transferencia, en cumplimiento al párrafo tercero, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Toda vez que este asunto es conservable, los documentos exhibidos por la parte quejosa adquieren dicha categoría; por ello, con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo en comento, notifíquese a dicha parte que puede acudir a recogerlos en las instalaciones de este juzgado federal. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, catorce de junio de dos mil veintitrés. Se declara cumplida la sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, y tomando en consideración que transcurrió el plazo para que la parte quejosa desahogara la vista concedida mediante auto de treinta de mayo del año en curso, dentro del cual realizó diversas manifestaciones; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento dado al fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Sentencia. Al respecto, se precisa que mediante sentencia de veinticinco de julio de dos mil veintidós, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: "VI. DECISIÓN 45. Con base en las premisas expuestas, se impone conceder la protección constitucional solicitada para los efectos siguientes. Una vez que cause ejecutoria esta sentencia, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP), dentro del plazo de diez días hábiles siguientes, resuelva sobre la petición de solicitud de pensión formulada por el quejoso José Cerecedo Cervantes, es decir, integre el expediente T-ViM-30/2021, lo turne para su valoración y elaboración del proyecto conducente y se resuelva por conducto de la Junta Directiva. En la inteligencia que, de no encontrarse integrado, deberá requerirlo para que exhiba la documentación que corresponda, siempre que no se trate de información que deba o pueda recabar oficiosamente. Además, para el caso de ser favorable su solicitud, deberá notificar el dictamen conducente y entregarle la Patente original que prevé la legislación de la materia -por conducto del Departamento de Pensiones y Jubilaciones-." En desacuerdo, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, por conducto de su representante, interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, el cual, mediante ejecutoria de trece de abril de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de revisión R.A.-492/2022, confirmó la sentencia recurrida. Cumplimiento Por lo anterior, el veinticuatro de abril siguiente se requirió a la autoridad responsable que diera cumplimiento a la sentencia de amparo y remitiera las constancias relativas para acreditarlo. Así, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, por conducto de su representante, remitió las siguientes constancias: Por auto de treinta de mayo pasado, la autoridad responsable remitió el memorando DPJ/1315/2023 de veintidós de mayo del presente año, signado por la encargada del despacho de Pensiones y Jubilaciones del instituto responsable, al que se adjuntó el oficio DG/179/2023, de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, por el que se le informó a la parte quejosa, José Cerecedo Cervantes, que su solicitud de pensión fue aprobada por la junta directiva, lo que se notificó el diecinueve de mayo siguiente. Conclusión. Por tanto, se estima que se colmaron los alcances del fallo protector; toda vez que la autoridad responsable aprobó la solicitud de pensión y notificó a la parte quejosa dicha resolución; por lo que sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la ley de amparo, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO." Manifestaciones de la parte quejosa. Ahora bien, del estado que guardan los presentes autos, se advierte que en acuerdo de ocho de junio pasado se reservó proveer respecto de las manifestaciones realizadas por la parte quejosa en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En ese sentido, dicha parte sostiene que la autoridad responsable no dio cumplimiento a la sentencia de amparo, esto, porque no ha recibido el dinero en efectivo por la pensión de viudez y el pago mensual correspondiente; sin embargo, lo relativo a que la autoridad responsable realice el pago correspondiente, no forma parte de los efectos en la sentencia de amparo. En ese orden de ideas, se advierte que la autoridad responsable satisfizo los efectos de la sentencia de amparo, toda vez que la junta directiva del instituto responsable aprobó la solicitud de pensión. Resulta aplicable por identidad de razones lo expuesto en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) (*), sostuvo que al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de la sentencia protectora o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de ese medio de impugnación, la satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades responsables, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; de ahí que los agravios formulados para impugnar dichos argumentos resulten ineficaces. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes esta determinación, a efecto de que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes puedan interponer recurso de inconformidad. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 14 DE JUNIO DE 2023, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Estado de Puebla, catorce de junio de dos mil veintitrés. Se declara cumplida la sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, y tomando en consideración que transcurrió el plazo para que la parte quejosa desahogara la vista concedida mediante auto de treinta de mayo del año en curso, dentro del cual realizó diversas manifestaciones; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento dado al fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Sentencia. Al respecto, se precisa que mediante sentencia de veinticinco de julio de dos mil veintidós, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: "VI. DECISIÓN 45. Con base en las premisas expuestas, se impone conceder la protección constitucional solicitada para los efectos siguientes. Una vez que cause ejecutoria esta sentencia, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP), dentro del plazo de diez días hábiles siguientes, resuelva sobre la petición de solicitud de pensión formulada por el quejoso José Cerecedo Cervantes, es decir, integre el expediente T-ViM-30/2021, lo turne para su valoración y elaboración del proyecto conducente y se resuelva por conducto de la Junta Directiva. En la inteligencia que, de no encontrarse integrado, deberá requerirlo para que exhiba la documentación que corresponda, siempre que no se trate de información que deba o pueda recabar oficiosamente. Además, para el caso de ser favorable su solicitud, deberá notificar el dictamen conducente y entregarle la Patente original que prevé la legislación de la materia -por conducto del Departamento de Pensiones y Jubilaciones-." En desacuerdo, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, por conducto de su representante, interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, el cual, mediante ejecutoria de trece de abril de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de revisión R.A.-492/2022, confirmó la sentencia recurrida. Cumplimiento Por lo anterior, el veinticuatro de abril siguiente se requirió a la autoridad responsable que diera cumplimiento a la sentencia de amparo y remitiera las constancias relativas para acreditarlo. Así, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, por conducto de su representante, remitió las siguientes constancias: Por auto de treinta de mayo pasado, la autoridad responsable remitió el memorando DPJ/1315/2023 de veintidós de mayo del presente año, signado por la encargada del despacho de Pensiones y Jubilaciones del instituto responsable, al que se adjuntó el oficio DG/179/2023, de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, por el que se le informó a la parte quejosa, José Cerecedo Cervantes, que su solicitud de pensión fue aprobada por la junta directiva, lo que se notificó el diecinueve de mayo siguiente. Conclusión. Por tanto, se estima que se colmaron los alcances del fallo protector; toda vez que la autoridad responsable aprobó la solicitud de pensión y notificó a la parte quejosa dicha resolución; por lo que sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la ley de amparo, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO." Manifestaciones de la parte quejosa. Ahora bien, del estado que guardan los presentes autos, se advierte que en acuerdo de ocho de junio pasado se reservó proveer respecto de las manifestaciones realizadas por la parte quejosa en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En ese sentido, dicha parte sostiene que la autoridad responsable no dio cumplimiento a la sentencia de amparo, esto, porque no ha recibido el dinero en efectivo por la pensión de viudez y el pago mensual correspondiente; sin embargo, lo relativo a que la autoridad responsable realice el pago correspondiente, no forma parte de los efectos en la sentencia de amparo. En ese orden de ideas, se advierte que la autoridad responsable satisfizo los efectos de la sentencia de amparo, toda vez que la junta directiva del instituto responsable aprobó la solicitud de pensión. Resulta aplicable por identidad de razones lo expuesto en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) (*), sostuvo que al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de la sentencia protectora o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de ese medio de impugnación, la satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades responsables, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; de ahí que los agravios formulados para impugnar dichos argumentos resulten ineficaces. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes esta determinación, a efecto de que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes puedan interponer recurso de inconformidad. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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