José Castro Rosas
Expediente 389/2019 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 11 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 389/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 18/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- José Castro Rosas
- Instituto Mexicano del Seguro Social
- Junta Especial número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Del estado que guardan los autos del presente asunto, se advierte que mediante auto de dos de febrero de dos mil veintiuno se ordenó el archivo del expediente en que se actúa, y se determinó depurarlo conforme a la fracción III del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General 2/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Tribunales Colegiados de Circuito. Sin embargo, en razón de que el veinticinco de marzo de dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual entró en vigor al día siguiente, este asunto debe ser valorado de conformidad con las reglas establecidas en dicho acuerdo. Por tanto, tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previsto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso a) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías, la sentencia, el acuerdo de archivo y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de dicho numeral. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Amparo en revisión
Apizaco, Tlaxcala, a veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Del estado que guardan los autos del presente asunto, se advierte que mediante auto de nueve de octubre de dos mil veinte se ordenó el archivo del expediente en que se actúa, y se determinó destruirlo conforme a la fracción IV del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General 2/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Tribunales Colegiados de Circuito. Sin embargo, en razón de que el veinticinco de marzo de dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual entró en vigor al día siguiente, este asunto debe ser valorado de conformidad con las reglas establecidas en dicho acuerdo. Por tanto, tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de destrucción, en su momento oportuno, conforme a lo establecido en el precepto 21, inciso d) de dicho acuerdo general. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe. MRA/agum
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, dos de febrero de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, atento a lo establecido en el Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General 2/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías y la sentencia, tal como lo señala la fracción III del referido punto. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal de los autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, con el cual se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 80), quienes no hicieron manifestación alguna al respecto (foja 83). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de dieciséis de enero de dos mil veinte este Órgano Colegiado resolvió conceder al Instituto Mexicano del Seguro Social la protección constitucional para los efectos siguientes: "I. Deje insubsistente el laudo reclamado. II. Emita otro en el que: 1. Reitere lo que no es materia de la concesión del amparo, esto es el otorgamiento y pago de la pensión de vejez y prestaciones derivadas de ésta. 2. Siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, de manera fundada y motivada, realice un verdadero juicio sobre la verosimilitud del salario que señaló el actor en la demanda de origen, resuelva lo que en derecho proceda; y, en el supuesto de que estime que el salario promedio indicado por la parte actora resulte inverosímil, para cuantificar la pensión deberá observar las disposiciones del artículo 168 de la Ley del Seguro Social anterior a la vigente en cuanto prevén que la misma no podrá ser inferior al 100% del salario mínimo general" (foja 55). Del examen de las copias certificadas remitidas por la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, este Tribunal Colegiado aprecia que mediante acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil veinte dejó insubsistente el laudo reclamado de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve y ordenó turnar los autos a su auxiliar para formular el proyecto de resolución correspondiente (foja 63). El veinticuatro de febrero de dos mil veinte la Junta dictó nuevo laudo en los siguientes términos: I. Reiteró lo que no fue materia de la concesión del amparo, es decir, declaró improcedentes las excepciones de falta de legitimación procesal activa, la de conservación de derechos y la de falta de reconocimiento de derechos opuestas por el demandado (fojas 71 a 73). En consecuencia, condenó al instituto demandado al pago de vejez [limitando la condena a un año antes de la presentación de la demanda esto es, del veintitrés de enero de dos mil dieciséis, conforme al artículo 279, fracción I de la ley invocada] (foja 78 vuelta). Así como a otorgarle los incrementos que se hayan dado en términos del artículo 172 de la Ley del Seguro Social de 1973, asistencia médica en términos del artículo 144 del citado ordenamiento, aguinaldo anual en términos del diverso 167 de la citada ley y absolvió al instituto demandado del pago de asignaciones familiares conforme al artículo 164 fracción IV de la ley del seguro social invocada y ayuda asistencial conforme al artículo 166 de la multicitada ley (fojas 71 a 73 y 77 vuelta). II. Al determinar la cuantía de las prestaciones otorgadas, de manera fundada y motivada realizó un estudio de verosimilitud del salario promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas cotizadas por el actor mencionadas en la demanda de origen, tomando en consideración la categoría y puesto del actor, salario mínimo general y profesional de la zona del lugar donde se desempeñó el trabajador, así como el salario real que se otorgaba en el periodo de los últimos cinco años anteriores a la conclusión de la relación laboral (foja 79). Por lo tanto, la junta determinó que el salario señalado por el actor en su escrito de demanda es inverosímil, en consecuencia, conforme a la tabla de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI), señaló que el salario mínimo general del área geográfica única a la que pertenece el Distrito Federal, hoy ciudad de México vigente el veinte de octubre de dos mil dieciséis [año a partir del cual fue decretada la condena], asciende a setenta y tres pesos 04/100 moneda nacional (fojas 79 y 75). La junta señaló que de conformidad con el artículo 168 de la Ley del Seguro Social aplicable al caso el monto de la pensión de invalidez, de vejez o de cesantía en edad avanzada, no podrá ser inferior al salario mínimo general del Distrito Federal vigente al momento de dictar la resolución, en virtud de que la pensión resultó ser inferior a la mínima garantizada del año dos mil dieciséis; en consecuencia, condenó al instituto demandado a pagar la cantidad de dos mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 01/100 moneda nacional, a partir del veintitrés de enero de dos mil dieciséis (fojas 75 a 77). De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Notifíquese, personalmente a las partes quejosa y tercera interesada. Así lo proveyó y firma el Magistrado Jesús Eduardo Hernández Fonseca, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
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