Jose Castillo Mares
Expediente 331/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 36 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 331/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 36
- Última actuación
- 25/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Jose Castillo Mares
Actuaciones
Las 4 más recientes de 36.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran la sentencia dictada en este juicio, sin que lo hayan hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que aquélla, en la que se negó la protección constitucional, ha causado ejecutoria para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. En esa tesitura, acorde a lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se negó la protección constitucional solicitada, este expediente es susceptible de depuración. Asimismo, con apoyo en lo dispuesto en el citado numeral, toda vez que se tramitó incidente de suspensión, en el que se concedió la medida cautelar solicitada, el cuaderno original de dicho incidente también es susceptible de depuración, por lo que deberá glosarse al cuaderno principal. En consecuencia, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años, contado a partir del presente auto en el que se ordena su archivo y transcurrido aquél, dentro del término de noventa días deberá procederse a su depuración, para su posterior transferencia. Igualmente, se precisa que no obra algún documento presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Por otra parte, archívese por separado el duplicado del incidente, con la indicación de que al contar con su original, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a,) del referido Acuerdo, es susceptible de destrucción al transcurrir el plazo de seis meses, contado a partir del dictado del presente proveído; sin que existan en dicho cuaderno documentos originales. Glósese copia autorizada del presente proveído, en el duplicado del citado cuaderno incidental, para los efectos legales a que haya lugar. Hágase constar la valoración de los expedientes referidos, en las carátulas respectivas, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. En otro aspecto, por ser innecesaria su retención, devuélvanse al Juez Mixto de Primera Instancias con sede en Guadalcázar, San Luis Potosí, las constancias que exhibió en este asunto. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio en el que se les informa de la presente determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese.
- Principal
VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 331/2019-III. En el caso, los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa resultan infundados. A fin de sostener la anterior aseveración, conviene relatar, aun de forma sumaria, los antecedentes del acto reclamado, mismos que se obtienen de lo narrado bajo protesta de decir verdad por el impetrante del amparo, así como de las constancias inherentes a los señalados medios preparatorios a juicio 208/2018 del índice de la autoridad jurisdiccional designada como responsable, a las cuales se les reitera su pleno valor probatorio; así, se tiene que: a) Mediante escrito presentado el doce de noviembre de dos mil dieciocho, ante la Oficialía de Partes del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Décimo Distrito Judicial del Poder Judicial del Estado, con sede en Guadalcázar, San Luis Potosí, la tercero interesada "Solida Administradora de Portafolios" sociedad anónima de capital variable, sociedad financiera de objeto múltiple, entidad regulada, grupo financiero BANORTE, por conducto de quien se ostentó como su apoderado legal, promovió medios preparatorios a juicio reivindicatorio, a fin de que el aquí quejoso José Castillo Mares, manifestara bajo protesta de decir verdad la calidad con la que poseía determinados bines inmuebles; asunto que fue admitido a trámite el veintiséis del propio mes y año, por parte de la citada autoridad jurisdiccional, quien lo radicó bajo el consecutivo 208/2018 de su estadística (fojas 01 a 43 del cuaderno de pruebas que obra por separado). b) Previas diversas actuaciones, por diligencia de trece de febrero de dos mil diecinueve, el Actuario Judicial adscrito al referido órgano, asentó haber emplazado a los citados medios preparatorios a juicio, al entonces demandado y aquí quejoso José Castillo Mares; de igual manera, le informó sobre la citación existente a su cargo (fojas 56 vuelta y 57 del legajo de pruebas). c) Ante la inasistencia del referido demandado, por acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, el juez señalado como responsable hizo efectivo el apercibimiento previamente decretado, por lo que impuso a José Castillo Mares una multa por el equivalente a veinte veces del valor de la unidad de medida y actualización; asimismo, fijó nueva hora y fecha para que el citado demandado compareciera al desahogo de los citados medios, apercibiéndolo ahora con una multa por 40 veces el valor de la unidad de medida y actualización; (fojas 57 vuelta y 60 del tomo de pruebas). d) Anta la nueva inasistencia de José Castillo Mares, el Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo Distrito Judicial, con sede en Guadalcázar, San Luis Potosí, hizo efectivo el apercibimiento señalado, por lo que le impuso al citado demandado una multa por el equivalente a cuarenta veces el valor de la unidad de medida y actualización; además, agendó nueva data para el desahogo de los citados medios preparatorios a juicio (fojas 63 vuelta y 66 del cuaderno probatorio). Ahora, como conceptos de violación, la parte quejosa expresa en esencia que las autoridades señaladas como responsables violan en su perjuicio el derecho fundamental de audiencia que consagra el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que en momento alguno se le ha comunicado la existencia de los referidos medios preparatorios, mientras que la determinación de doce de marzo de dos mil diecinueve, dictada en los propios medios preparatorio, y a través de la cual se le impuso una multa, le fue mal notificada, pues la cédula respectiva se dejó fijada en un domicilio diverso al suyo. Señala que su domicilio es el ubicado en calle Emiliano Zapata sin número, en la Zona Centro de la cabecera municipal de Villa de Arista, San Luis Potosí, tal y como lo pretende acreditar con copia certificada de su credencial para votar, y que en ese domicilio no se ha sido legalmente emplazado. De ahí que exprese que la falta de emplazamiento vulnera los derechos humanos inherentes a la legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, en su perjuicio. Pues bien, previo a dar solución a los motivos de disenso sintetizados con antelación, cabe precisar que el segundo párrafo del artículo 14 constitucional consagra el derecho humano de audiencia, que implica el derecho de todo gobernado para que, previamente a cualquier acto de autoridad que pueda llegar a privarlo de su vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, se le dé oportunidad de defenderse en juicio. El debido respeto al citado derecho de audiencia, impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que el juicio correspondiente se siga ante tribunales previamente establecidos, conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho y que pueda culminar con un acto privativo, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. La primera y más importante de esas formalidades esenciales del procedimiento y además, requisito indispensable para que se puedan dar las otras, es la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; en el proceso jurisdiccional, esa primera formalidad se denomina generalmente emplazamiento o llamamiento a juicio. La importancia y trascendencia del emplazamiento han sido reiteradamente reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que la falta de emplazamiento o su defectuosa práctica constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio. Precisamente por la importancia y trascendencia que tiene el emplazamiento es que, por un lado, las leyes procesales lo regulan detalladamente estableciendo las formalidades de que debe estar investido; y, por otro, la falta de apego a esas formalidades trae como consecuencia su nulidad; por lo que es indudable que las formalidades que disponen las leyes procesales para la práctica del emplazamiento, no tienen otra finalidad que la de garantizar, hasta donde racionalmente sea posible, que el demandado tenga noticia cierta y plena del inicio de un juicio en su contra y de sus consecuencias, pues sólo así tendrá realmente oportunidad de defenderse. En suma, el emplazamiento es la diligencia de mayor trascendencia jurídica en todo procedimiento, cuyo fin primordial consiste en darle la efectiva oportunidad al demandado de enterarse de quién lo demanda, qué conceptos o prestaciones se le exigen, ante quién se tramita el juicio respectivo y el número de éste, además tal llamamiento a juicio trae como consecuencia, someter al demandado a la potestad del órgano jurisdiccional, para que conteste la demanda entablada en su contra, oponiendo las excepciones y defensas que estime convenientes, igualmente alegue y ofrezca las pruebas que sean necesarias para su efectiva defensa, esto es, que el emplazamiento tiene como finalidad primordial darle la oportunidad al demandado de acudir a defender sus derechos. Amén de que, tratándose los medios preparatorios de determinadas diligencias que preparan la acción para promover un juicio, generalmente preconstitutivas de pruebas, es indudable que al momento de practicar la primera notificación o citación respectiva, también deben acatarse las referidas formalidades, porque igualmente el estado de indefensión es latente, al no poder el interesado deducir sus derechos en el procedimiento correspondiente. Cabe precisar que a criterio de este tribunal federal, en relación con el emplazamiento a medios preparatorios, no resulta aplicable el contenido del artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí, en virtud que de su contenido integral, claramente se advierte que éste acota sus determinaciones a la notificación de la demanda; hipótesis que no se actualiza en relación con las referidas diligencias, en atención a que éstas preparan la acción para promover un juicio, generalmente preconstitutivas de pruebas, y que las mismas no forman parte del propio juicio, pues como su nombre lo indica, preparan pero no son el mismo, aunque sirvan de apoyo a la acción o excepción que se intente; de ahí que resulta indudable que el escrito por el que se promueve dicho trámite de jurisdicción voluntaria, no posee las características de una pretensión enderezada en contra de una persona diversa al actor, a quien necesariamente deba correrse traslado con copia del ocurso respectivo. Es por ello que, ante la ausencia de la presentación de una demanda en los medios preparatorios a juicio, debe acudirse a las reglas que el diverso artículo 111 del ordenamiento legal en consulta, prevé para la práctica de las primeras notificaciones en todo trámite judicial, mismas que ya quedaron debidamente precisadas en párrafos precedentes. En consecuencia, al resultar por un lado infundados y, por otra parte, inoperantes los conceptos de violación que nos ocupan, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal que solicita José Castillo Mares, respecto de los actos consistentes en la falta de emplazamiento a los medios preparatorios a juicio 208/2018 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Décimo Distrito Judicial del Poder Judicial del Estado, con sede en Guadalcázar, San Luis Potosí, así como todo lo actuado en ellos. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103, fracción I, 107 de la Constitución Federal; 75, 76, 77, 78, 79, y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO: LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los autos se desprende que se fijaron las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para la celebración de la audiencia constitucional del presente juicio de amparo, sin embargo, dicho día es inhábil; en ese sentido, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento, dejando sin efectos la hora y fecha antes señaladas, y en su lugar se fijan las TRECE HORAS DEL UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo la misma. Considerando la normativa vigente emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el estado actual de las cosas, así como con la finalidad de prevenir contagios y privilegiar el cuidado del personal y de los justiciables, aunado a que no se actualiza ninguno de los supuestos que establece el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo para la práctica de notificaciones personales, ni a juicio de esta juzgadora se advierte circunstancia especial que amerite, notifíquese por lista este acuerdo. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de octubre de dos mil veinte. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, mediante el cual remite el original del juicio de amparo 331/2019-III; la ejecutoria correspondiente a la sesión de treinta de septiembre del año en curso, dictada dentro de los autos del amparo en revisión civil 7/2020, de su índice, así como un cuaderno de pruebas. Acúsese recibo, agréguense únicamente las actuaciones originales que contiene el cuaderno de antecedentes y destrúyanse las copias certificadas que obran glosadas en el mismo, por ser innecesarias; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y notifíquese a las partes el contenido de la ejecutoria que se acompaña al oficio de cuenta, en cuyos puntos resolutivos se determinó: PRIMERO. Se REVOCA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se ordena la REPOSICIÓN del procedimiento en los términos indicados en la parte final de esta ejecutoria. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado por el tribunal superior, y con fundamento en los artículos 111, en relación con el 108, fracción III, de la ley de la materia, requiérase a la parte quejosa para que en el término de quince días contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente auto, manifieste si es su deseo ampliar la demanda de amparo, respecto de los actos que se desprenden del informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable ejecutora y que adujo desconocer; apercibida que de no hacerlo así, se procederá a resolver el juicio únicamente respecto de los actos reclamados indicados en el escrito inicial de demanda. En el entendido de que, en caso afirmativo, deberá acatar los requisitos previstos en el referido artículo 108 de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, se fijan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para el verificativo de la audiencia constitucional a celebrarse en el presente asunto. Notifíquese personalmente.
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