José Castillo González
Expediente 1552/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1552/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 14/12/2022
Partes del expediente
- José Castillo González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de diciembre de dos mil veintidós.****************************************Oficio. ****************************************La Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, informa el contenido del acuerdo de nueve de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el recurso de revisión número 555/2022, del que se advierte que se admitió a trámite el referido medio de impugnación interpuesto por la parte quejosa.****************************************Fundamentación.****************************************Artículos 61, 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.****************************************Acuerdo.****************************************Se toma conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar.****************************************Notifíquese.****************************************
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Estado procesal Visto el estado de autos, se advierte que se ha logrado la correcta integración del presente expediente; por tanto, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en turno, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto en autos, contra la sentencia autorizada en el presente asunto, tal y como se ordenó en proveído de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito presentado por +++++, por medio del cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Asimismo, señala domicilio para recibir notificaciones y autoriza a diversas personas para tales efectos. En tal sentido, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el expediente en que se actúa, es decir, obren las constancias de notificación a las partes del auto de esta fecha por el que se tiene por interpuesto el recurso de revisión y se ordena correr traslado con copia del escrito de agravios, en el término de tres días siguientes a ello; remítase el original del presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en turno, con el escrito de presentación y de expresión de agravios, a fin de que se sirva sustanciarlo. Fórmese cuadernillo de antecedentes con las constancias necesarias. Finalmente, se tiene como domicilio para los efectos de oír y recibir notificaciones, el indicado por la promovente y por autorizadas a las personas que señala para tal efecto. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla. El Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, el veinticinco de octubre de dos mil veintidós, dicta la siguiente: SENTENCIA Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1552/2022, promovido por José Castillo González, por su propio derecho, contra actos del Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla. ANTECEDENTES Demanda de amparo indirecto. Por escrito recibido el veintiséis de agosto de dos mil veintidós en este Juzgado de Distrito, José Castillo González, por su propio derecho -a quien, en lo subsecuente, será denominado parte quejosa- solicitó el amparo y protección de la Justicia del Poder Judicial de la Federación contra los actos que se precisarán en el considerando correspondiente. Trámite. El veintinueve de agosto de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual quedó registrada con el juicio número 1552/2022. Audiencia constitucional. Seguidos los trámites de ley se celebró la audiencia constitucional prevista en el artículo 124 de la Ley de Amparo, al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. CONSIDERACIONES A. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafo primero, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, fracción IV, 35, 37, párrafo tercero, y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los puntos Primero, fracción VI, Segundo, fracción VI, numeral 3, y Cuarto, fracción VI, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. B. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados consisten en los siguientes: El proveído de cinco de agosto de dos mil veintidós, a través del cual el juez responsable desechó el recurso de reclamación que interpuso el quejoso, en contra del auto de ocho de julio de esta anualidad, en el que desechó el procedimiento de diligencias de información testimonial Ad Perpetuam, lo anterior, dentro del expediente 414/2022. C. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, ya que al rendir su informe con justificación aceptó su existencia, lo que resulta suficiente para tenerlo como cierto. Circunstancia que se corrobora con las constancias que adjuntó a su informe justificado, consistentes en copias certificadas de los autos que integran el juicio de origen, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su ordinal 2º, y de la que se aprecia la existencia del acto reclamado. Al respecto cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 226, publicada en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.". D. HECHO DEL CASO E ITER PROCESAL. De las constancias que remitió el juez responsable, en apoyo a su informe justificado se advierte lo siguiente. Mediante auto de ocho de julio de dos mil veintidós, el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, recibió el escrito por el cual el hoy quejoso José Castillo González, por su propio derecho, promovió diligencias de información testimonial ad perpetuam, respecto de los hechos que narró en su demanda; por lo que una vez analizada la pretensión del promovente desechó la misma de conformidad con el artículo 203, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla. Inconforme con esa decisión, interpuso recurso de reclamación, el cual el cinco de agosto de dos mil veintidós, se pronunció al respecto, al caso: "[.] Agréguese a sus autos el escrito de JOSÉ CASTILLO GONZÁLEZ, para que surta sus efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 55, 88 y 89 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, el suscrito Juez Provee: ÚNICO: Dígase al promovente que no ha lugar de acordar de conformidad su ocurso de cuenta, en atención a que de conformidad con el artículo 408 de la Ley Adjetiva Civil, el Recurso de Reclamación únicamente procede en contra de autos que NO pongan fin al procedimiento; situación que en el presente caso NO se actualiza, toda vez que el proveído de ocho de julio de dos mil veintidós puso fin a este procedimiento, por lo que se desecha el mismo al ser improcedente lo solicitado. [.]" La determinación que antecede constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. E. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Toda vez que las causas que generan la improcedencia del juicio de amparo son una cuestión de orden público, por tanto, su estudio es preferente y oficioso, las invoquen o no las partes, según lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. No existiendo causas de improcedencia hechas valer por las partes ni que el suscrito advierta de oficio la actualización de alguna lo procedente es estudiar los conceptos de violación hechos valer por la peticionaria de amparo respecto del acto reclamado, consistente en el auto de cinco de agosto de dos mil veintidós. F. ESTUDIO DE FONDO. F.1. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó como conceptos de violación los contenidos en su escrito inicial, los cuales se tienen por reproducidos en este considerando en obvio de repeticiones innecesarias; por no ordenar su transcripción precepto legal alguno, y no disponerlo así el artículo 74 de la Ley de Amparo; y con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." F.2. Síntesis de los conceptos de violación. No obstante lo anterior, para un mejor entendimiento de la causa de pedir del impetrante del amparo, es conveniente hacer una síntesis de los conceptos de violación enderezados a fin de controvertir la determinación combatida. Aduce el quejoso que en el auto de ocho de julio de dos mil veintidós, no se especifica que ponga fin al procedimiento porque está supeditado a que exista un medio de impugnación en su contra y si no se ha dado esa actuación, es ilegal que se haya desechado el recurso de reclamación, dado que no se ha puesto fin al procedimiento, esto es, no se puede hablar de un fin de una instancia, ya que se trata de una actuación de trámite, por lo que el argumento en que se basó para desechar el recurso de reclamación es ilegal dado que no está debidamente fundado y motivado. Que los argumentos en los que se apoyó el juez responsable para desechar su demanda de información testimonial ad perpetuam son ilegales y carecen de sustento jurídico, porque de los hechos y prestaciones narradas se aprecia con claridad que es con el fin de acreditar y justificar un hecho en el que solo él tiene, como son los relativos a demostrar el extravío de los documentos relativos al vehículo de su propiedad. Que acudió ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla a fin de poner en conocimiento los hechos acaecidos, de modo que, estima, que esos hechos solo resultan tener interés para el hoy quejoso. F.3. Estudio de los conceptos de violación. Los argumentos esgrimidos son inoperantes e infundados y, por ende, insuficientes para conceder la protección constitucional solicitada. F.4. Estudio de los conceptos de violación inoperantes. La ineficacia de los conceptos de violación en estudio en el que, esencialmente, arguye el quejoso que: Los argumentos en los que se apoyó el juez responsable para desechar su demanda de información testimonial ad perpetuam son ilegales y carecen de sustento jurídico, porque de los hechos y prestaciones narradas se aprecia con claridad que es con el fin de acreditar y justificar un hecho en el que solo él tiene, como son los relativos a demostrar el extravío de los documentos relativos al vehículo de su propiedad. Que acudió ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla, a fin de poner en conocimiento los hechos acaecidos, de modo que, estima, que esos hechos solo resultan tener interés para él. La inoperancia estriba en el hecho de que los razonamientos expresados vía conceptos de violación son una reproducción casi literal de los argumentos que hizo valer en ese sentido en los agravios del recurso de reclamación sometido a la potestad del Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla y no se atacan las consideraciones que estableció la responsable para desechar el medio de impugnación de mérito, tal como se evidencia de la simple lectura de los agravios y de los conceptos de violación. En efecto, los conceptos de violación son una reiteración, casi literal de las manifestaciones vertidas en los agravios, dado que solo difieren en pequeñas cuestiones y que además no controvierten los argumentos esgrimidos por el juez responsable, pues en ambos se habla, esencialmente: [1] Que las pretensiones del quejoso son para acreditar y justificar un hecho en el que solo él tiene interés, como son los relativos a demostrar el extravío de los documentos relativos al vehículo de su propiedad. [2] Que acudió ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla, a fin de poner en conocimiento los hechos acaecidos, de modo que, estima, que esos hechos solo resultan tener interés para el hoy quejoso. Luego, tomando en cuenta que la materia de análisis en el presente amparo es el auto que desechó el recurso de reclamación y no las manifestaciones vertidas en los agravios de ese recurso, resulta evidente que los conceptos de violación propuestos deben estar encaminados a combatir las consideraciones con base en las cuales la autoridad desechó el medio de impugnación referido, sin que el quejoso ataque de manera frontal dichas exposiciones, por lo que hace a los argumentos de disenso que se analizan. Ello es así, en virtud de que el juez responsable al momento de dictar el proveído de cinco de agosto actual, desechó el recurso de reclamación porque se interpuso en contra de una resolución que puso fin al procedimiento, lo que es inadmisible atendiendo a la naturaleza del medio de impugnación, dado que éste procede en contra de autos que no pongan fin al juicio. Sin que de la lectura de los conceptos de violación esgrimidos en la demanda de amparo - los que en este apartado se analizan-, se acredite que controvierta la parte toral del argumento en que se apoyó el juez responsable al dictar el auto impugnado. En efecto, el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, sostuvo de manera categórica que el motivo del desechamiento se debió porque el recurso de reclamación intentado es improcedente en contra de autos que pongan fin al procedimiento, y que el auto que pretendió recurrir el impetrante sí puso fin al juicio. Sobre la base anterior, considerando los conceptos de violación esgrimidos por la parte justiciable, así como los argumentos que emitió la autoridad responsable en la resolución reclamada, se tiene que el quejoso, como se dijo con antelación, no controvierte los argumentos que sustentó el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, en el auto dictado el cinco de agosto de dos mil veintidós, en el expediente 414/2022, relativo a las diligencias de información testimonial ad perpetuam. Ello es así, pues como se advierte de la resolución combatida, la autoridad responsable expuso los motivos por los cuales estimó desechar el recurso interpuesto; argumentos que para nada son controvertidos por el amparista, por lo que, correctos o no, deben continuar rigiendo el sentido de la resolución combatida. Sobre ese tenor, si la parte quejosa se limitó a reiterar en los conceptos de violación, casi de manera idéntica, las manifestaciones vertidas en los agravios del recurso de reclamación, sin atacar los motivos por los que el juez responsable desechó ese medio de impugnación, es claro que los argumentos formulados en esta instancia, de igual manera, son inoperantes. Es aplicable a lo anterior, por analogía jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 62/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Abril de 2008, novena época, cuyo rubro y contenido dicen: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REPRODUCEN, CASI LITERALMENTE, LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN CONTROVERTIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Conforme al artículo 88 de la Ley de Amparo, en el recurso de revisión se expresarán los agravios que cause la resolución o sentencia impugnada, esto es, se cuestionarán las consideraciones jurídicas sustentadas en la determinación judicial que se estime contraria a los intereses del recurrente. En ese sentido, son inoperantes los agravios cuando sólo reproducen, casi literalmente, los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo y respecto de los cuales se hizo pronunciamiento en la sentencia recurrida, pues no controvierten los argumentos jurídicos sustentados por el órgano jurisdiccional, que posibiliten su análisis al tribunal revisor". De igual modo, apoya lo expuesto, por analogía jurídica, la jurisprudencia de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen CXXVI, Cuarta Parte, página 27, cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACION. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan los fundamentos del fallo impugnado, la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de poder estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza la fracción II del artículo 107 reformado, de la Constitución Federal, y los dos últimos párrafos del 76, también reformado, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de una queja en materia penal o en materia obrera en que se encontrare que hubiere habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni menos se trate de un caso en materia penal en que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable". F.5. Estudio de los conceptos de violación infundados. Como se dijo con anterioridad, los motivos de inconformidad propuestos por el quejoso son infundados porque el auto que desechó la demanda de diligencias de información testimonial Ad Perpetuam, constituye una resolución que puso fin a ese procedimiento, por lo que en su contra procede el recurso de apelación, y no el de revocación. Para explicar lo anterior, conviene traer a colación el contenido de los artículos siguientes: "CAPÍTULO QUINTO: RESOLUCIONES JUDICIALES Artículo 47.- Las resoluciones judiciales son sentencias y autos. Son sentencias definitivas aquellas que resuelven el fondo del negocio. Son sentencias interlocutorias las que resuelven un incidente. Las resoluciones no comprendidas en el párrafo anterior, son autos." "CAPÍTULO DUODÉCIMO: RECURSOS SECCIÓN PRIMERA: LA APELACIÓN Artículo 376.- El recurso de apelación tiene por objeto que el superior revoque o modifique la resolución impugnada. Artículo 377.- El recurso de apelación procede en contra de las sentencias definitivas o contra las resoluciones que sin decidir el fondo del negocio, ponen fin a la instancia. (REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) El recurso de apelación sólo procede en los juicios de cuantía específica, cuando su interés exceda del equivalente a la cantidad de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización calculadas en la fecha de interposición en el lugar en que se ventile el procedimiento." "SECCIÓN TERCERA: LA RECLAMACIÓN Artículo 408.- La reclamación es el medio de impugnación, que tiene por objeto revocar o modificar un auto que no ponga fin al procedimiento. Artículo 409.- Los autos que no fueren apelables, pueden ser reclamados ante el Tribunal que los dictó. "LIBRO QUINTO PROCEDIMIENTOS NO CONTENCIOSOS CAPÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES Artículo 817.- Los procedimientos no contenciosos comprenden los actos en que por disposición de la Ley o por solicitud de los interesados se requiere la intervención del Juez sin que esté promovida, ni se promueva, controversia alguna entre partes determinadas. Los procedimientos de que trata este libro en sus diversos Capítulos, podrán tramitarse ante notario público cuando así lo disponga la Ley o cuando solo tenga interés en el objeto de los mismos, el solicitante, observándose en lo conducente las reglas del presente Código. Artículo 822.- Procede apelación contra la resolución judicial que rechace la promoción inicial en procedimiento no contencioso." "CAPÍTULO SEGUNDO: INFORMACIONES AD-PERPETUAM Artículo 823.- La información ad-perpetuam sólo puede recibirse cuando importe justificar algún hecho o acreditar un derecho, en los que sólo tenga interés la persona que lo solicite. La información se recibirá en una sola audiencia. Artículo 824.- Para el examen de los testigos, se observarán las formalidades que para esta prueba, regula la presente Ley. Artículo 825.- De las informaciones se expedirá copia certificada al interesado o se mandarán protocolizar, si éste lo pide." De los preceptos transcritos se advierte que la codificación adjetiva aplicable establece cuáles son las determinaciones jurisdiccionales que se dictan en los procedimientos, es decir, los clasifica y define como: a) Sentencias [sentencias definitivas: aquellas que resuelven el fondo del negocio. Sentencias interlocutorias: las que resuelven un incidente] y b) autos, las decisiones que no están comprendidas en el primer inciso. De igual forma, el numeral 822 de la codificación procesal en cita, establece que procede apelación contra la resolución judicial que rechace la promoción inicial en procedimiento no contencioso, al caso INFORMACIONES AD-PERPETUAM. Así, de acuerdo al diseño impugnativo contenido en la norma adjetiva, procederá el recurso de apelación contra el auto que rechace la promoción inicial en procedimiento no contencioso. Precisado lo anterior, se estima que contrario a lo que sostiene la parte quejosa, la resolución que desechó las diligencias ad-perpetuam, es apelable, pues se trata de una determinación que puso fin al procedimiento, que si bien se emitió mediante un auto, ello no significa que sea procedente en su contra el recurso reclamación, como lo intentó el impetrante, pues así lo establece categóricamente el artículo 822 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla. En el caso, el auto recurrido es una resolución judicial que no se trata de una determinación de mero trámite, en razón de que tiene como efecto dar por concluido el procedimiento, por ende, no podía ser impugnado a través del recurso de revocación. Además, la circunstancia de que la actuación haya sido emitida en un auto, no excluye la procedencia del recurso de apelación, pues debe atenderse al contenido de la determinación judicial inmersa en ese auto, dado que tuvo como consecuencia la conclusión del procedimiento, lo que se corrobora con el contenido del aludido artículo 822, que prevé la procedencia del recurso apelación interpuesto en contra de ese tipo de determinaciones. En ese tenor, se estima ajustado a derecho que el juez responsable determinara no admitir el recurso de reclamación hecho valer en contra del auto de ocho de julio de dos mil veintidós, en el que se resolvió que no era procedente admitir las diligencias ad-perpetuam. Lo anterior encuentra fundamento por identidad de razón en la jurisprudencia PC.I.C. J/6 C (10a.) del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. ES APELABLE LA RESOLUCIÓN CONCLUSIVA DEL PROCEDIMIENTO POR RAZONES FORMALES O PROCESALES, SIN DECIDIR LA PETICIÓN DEL PROMOVENTE. (Legislación para el Distrito Federal). La queja es un recurso extraordinario que sólo procede en los supuestos previstos expresamente en la ley, sin posibilidad de extenderla a otros casos, mediante la analogía o por mayoría de razón. El rechazo de la solicitud de las diligencias de jurisdicción voluntaria no está comprendido en el supuesto previsto en el artículo 723, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, porque sólo contempla su procedencia contra la inadmisión de la demanda principal de un proceso contencioso, y la promoción de inicio de dichas diligencias no es una demanda, pues la doctrina predominante y la ley positiva actual emplean este vocablo, en el derecho procesal, exclusivamente para identificar al escrito mediante el cual se inicia una contienda jurisdiccional, dirigida a la obtención de una sentencia vinculatoria para las partes, pero no para el acto de apertura de los procedimientos de jurisdicción voluntaria. No obsta para lo anterior, el empleo de la palabra providencia en el artículo 898 del código en cita, porque esta voz es admisible, tanto para la resolución desestimatoria de la petición del promovente, como para la que da por concluido el procedimiento por razones procesales o formales, sin entrar al análisis de lo pedido. En cambio, en conformidad con el sistema de procedencia de los medios de impugnación, previsto en el título décimo segundo del mencionado código, los recursos allí establecidos también, son aplicables, por regla general, a las diligencias de jurisdicción voluntaria, cuyas resoluciones se clasifican en decretos y autos, ya que en ellas se emite sentencia, de modo que todas sus resoluciones son impugnables, en principio, mediante el recurso de revocación, con la salvedad de la determinación conclusiva denominada providencia, que por disposición expresa y directa del artículo 898 citado es apelable, en donde el concepto providencia abarca cualquier resolución terminal, tanto los casos en que se decide otorgar o negar lo pedido por el solicitante, como aquellos en que se da por concluido el procedimiento por razones procesales o formales. Además, la procedencia del recurso de apelación se justifica aquí, por el beneficio que el promovente puede obtener con la alzada, consistente en la satisfacción de sus pretensiones, sin verse en la necesidad de promover las diligencias dos o más veces, aunque el rechazo del Juez carezca de fundamento; esto es, con la apelación se privilegia el principio de economía procesal." Tampoco es dable sostener que la responsable determinó en forma dogmática y carente de sustento legal el auto que puso fin al procedimiento, pues basta imponerse de su contenido, para advertir que, efectivamente, el Juez desestimó admitir a trámite el procedimiento de diligencias ad-perpetuam, atendiendo a que su pretensión era acreditar la propiedad de su automóvil, por lo que sí es una resolución que, sin decidir la pretensión principal, dio por concluido el procedimiento, como se destacó. De igual modo, se estima que el desechamiento del recurso de reclamación, no lesiona los intereses y derechos de acceso a la justicia pronta y expedita, violenta los principios de debido proceso. Lo anterior, porque su ejercicio está sujeto al cumplimiento de determinados requisitos, presupuestos y cargas procesales que no deben soslayarse en detrimento de la correcta y eficiente administración de justicia, como lo es la carga procesal dispuesta de manera asequible al gobernado de presentar el recurso idóneo contra las determinaciones que se adopten en el expediente de origen. En ese sentido, la inadmisión del recurso de reclamación no vulnera su derecho de acceso a la justicia, pues además de que el Juez responsable sólo se pronunció respecto de la procedencia del medio de impugnación intentado, pero sin determinar en cuanto al fondo. No debe perderse de vista que si bien conforme al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tribunales deben privilegiar el acceso a la tutela judicial efectiva, la cual debe ser pronta, completa, imparcial y gratuita, y sujetarse a los plazos y términos fijados por las leyes, a fin de determinar la vía en la que debe intentarse cada acción, lo cierto es que la tramitación y en su caso, resolución de un recurso, sólo debe hacerse si el medio de impugnación escogido es procedente, pues de no serlo, el Juez estaría impedido para resolver sobre el medio de impugnación intentado; de ahí que no sea legal que la inadmisión del recurso de reclamación vulnere el debido proceso ni el acceso a la justicia pronta y expedita. En estas condiciones, al resultar inoperantes e infundados los motivos de inconformidad propuestos, y no al existir queja deficiente que suplir, en la medida en que ni aun bajo el argumento de que pudieran encontrarse involucrados los derechos de un menor de edad, tal suplencia puede llegar al extremo de hacer procedente un recurso que no lo es, ni tampoco el alcance de reconducir o reencausar el recurso intentado. En atención a lo expuesto, lo procedente es negar el amparo solicitado por José Castillo González, contra los actos reclamados al Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla. Ilustra lo expuesto, la tesis que se reproduce: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE ADMINISTRAR JUSTICIA, AL INTERPRETAR LOS REQUISITOS Y LAS FORMALIDADES ESTABLECIDOS EN LA LEY PARA LA ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LOS JUICIOS, DEBEN TENER PRESENTE LA RATIO DE LA NORMA PARA EVITAR FORMALISMOS QUE IMPIDAN UN ENJUICIAMIENTO DE FONDO DEL ASUNTO. La tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, por lo que los órganos encargados de administrar justicia, al interpretar los requisitos y las formalidades procesales legalmente previstos, deben tener presente la ratio de la norma para evitar que los meros formalismos impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto. Por tanto, los requisitos para admitir los juicios, incidentes en ellos permitidos, o recursos intentados, establecidos por el legislador, son de interpretación estricta para no limitar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, haciendo posible, en lo esencial, el ejercicio de dicho derecho, por lo que debe buscarse, con apoyo en los principios pro homine e in dubio pro actione, la interpretación más favorable al ejercicio de ese derecho humano, sin soslayarse los presupuestos esenciales de admisibilidad y procedencia de los juicios, incidentes en éstos permitidos o recursos intentados". Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia del Poder Judicial de la Federación no ampara ni protege a José Castillo González, contra el acto reclamado al Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, por los motivos y fundamentos vertidos en la presente sentencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo resolvió y firma Francisco René Olivo Loyo, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, quien actúa con el secretario Iván Armando Moreno García, que autoriza y además certifica que esta sentencia se autorizó a distancia por el titular de este órgano jurisdiccional y por el propio Secretario vía Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), con la Firel del personal actuante. Doy fe.
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