José Casimiro Rodríguez Arce
Expediente 454/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 16 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 454/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 18/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- José Casimiro Rodríguez Arce
- José Casimiro Rodríguez Arce y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
MESA I A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dieciocho de julio de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, como de la misma se advierte que el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, transcurrió sin que las partes, hubieren hecho valer recurso alguno en contra del auto de dieciséis de diciembre de dos mil quince, que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo; consecuentemente, en términos del artículo en cita, se declara que ha quedado firme dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. Finalmente, devuélvase al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, copia certificada del expediente penal 11/2012 de su índice, respecto del cual en proveído de veinte de abril de dos mil quince (foja 33), se ordenó formar el anexo I correspondiente al cuaderno de pruebas.
- Principal
MESA I A Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el plazo de tres días concedido a la parte quejosa y terceros interesados, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento de la sentencia concesoria de amparo, transcurrió sin que hubiesen hecho manifestación alguna; en consecuencia, se procede a pronunciar sobre su cumplimiento. Así, cabe destacar que por sentencia dictada el veintiséis de junio de dos mil quince (fojas 56 a 78), se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso José Casimiro Rodríguez Arce para que la autoridad responsable, Juez de lo Penal del Distrito de la Villa de Etla, Oaxaca, dejara insubsistente la resolución de término constitucional emitida el seis de marzo de dos mil quince, en la causa penal 11/2012 de su índice, dictara una nueva resolución, en la que con plenitud de jurisdicción resolviera lo que en derecho correspondiera, pero subsanando los vicios formales que la afectaban, consistentes en: ".Ahora bien, del análisis de la resolución reclamada se advierte que el juez responsable al estudiar los elementos del cuerpo del delito de fraude genérico atribuido al quejoso, soslayó explicar por qué consideró que las declaraciones de las testigos de cargo eran suficientes para comprobar, incluso de manera indiciaria, que el quejoso, utilizando engaños y argucias, convenció a la parte ofendida de que le prestara la cantidad de café maquilado que se refiere. Se dice lo anterior, ya que el juez debió exponer cómo es que les constó los hechos, es decir, si las testigos presenciaron el momento en que la parte quejosa supuestamente le solicitó el café maquilado y se comprometió a pagarlo mediante depósito a la cuenta de Scotiabank; si estuvieron con el querellante revisando constantemente los fondos de la cuenta respectiva para percatarse que no se hizo el depósito relativo; si corroboraron que el depósito se le realizó al quejoso a una cuenta diversa o cómo es que les consta la realización de los hechos constitutivos del delito de fraude atribuido al quejoso. Máxime que son hechos externos a las deponentes y que si bien pueden ser percatados a través de los sentidos, en el caso, el juez de la causa no especificó cómo es que se percataron de los acontecimientos declarados, para así darles el valor probatorio correspondiente, pues no basta con decir que las testigos cuentan con capacidad suficiente y criterio necesario para comprender los hechos sobre los que depusieron, sino, cómo es que conocieron de forma directa los hechos sobre los que declararon. Asimismo, se considera que el juez responsable omitió establecer cómo es que el dictamen pericial emitido por el Perito contable del Instituto de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, demostró el menoscabo patrimonial que supuestamente efectuó el quejoso a la parte ofendida, pues solo refirió que debido a la conducta del quejoso y otro, se produjo un menoscabo al patrimonio de la pasivo por la cantidad de un millón setecientos sesenta y un mil doscientos noventa y cuatro pesos, tomando en cuenta el dictamen pericial referido. Ello, sin que al respecto haya especificado cómo es que con el dictamen pericial referido se comprobó que dicha cantidad era la supuestamente defraudada; por qué considero que para su emisión se observaron las exigencias que los artículos 400, 403 y 404 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, establecen; qué técnicas ocupó el perito que le permitieron llegar a la determinación respectiva y, por qué el juez de la causa arribó a dicha conclusión. Lo anterior debido a que, al no hacerlo así, el juez responsable dejó en estado de indefensión al quejoso; máxime que éste a través de su defensor particular objetó el peritaje respectivo, a lo que el juez natural, al valorar la prueba referida, hizo caso omiso. De igual modo, respecto de las fe ministeriales de documentos, si bien el juez responsable adujo que se les otorgaba pleno valor probatorio al haber sido realizadas por el Ministerio Público que tiene fe pública; lo cierto es que no basta con que el agente ministerial haya certificado la existencia de estos documentos, sino que el juez de la causa debió exponer lo que con dichas facturas se acreditó; principalmente, porque de las mismas se desprende únicamente que la parte querellante emitió diversas facturas en distintas fechas a nombre de la empresa representada por la aquí parte quejosa por concepto de café, validado en diferentes cantidades de dinero. De ahí que se considere que el juez responsable debió efectuar un razonamiento lógico jurídico para determinar el valor probatorio que les concedería y señalar lo que a su consideración comprobaron; máxime que las facturas en las que se basó la supuesta acción fraudulenta fueron objetadas por la parte quejosa, lo que el juez desatendió al momento de dictar la resolución correspondiente. Respecto de la probable responsabilidad del quejoso en la comisión del delito de fraude genérico, se considera que el juez responsable, del mismo modo, omitió, al momento de valorar las testimoniales de cargo, precisar cómo es que las deponentes se percataron que el quejoso, utilizando engaños, convenció a la parte ofendida de prestarle la cantidad de café que se ha establecido. Es decir, el juez debió explicar cómo es que les consta a las deponentes todos los hechos sobre los cuales rindieron testimonio y por qué consideró el juez que declararon de manera imparcial, máxime que ambas señalaron ser empleadas del querellante; e indicar, cómo es que, con base en dichas declaraciones, arribó a la conclusión de que la ejecución material de la conducta delictiva por parte del quejoso fue como coautor material. Además, se considera que el juez de origen omitió establecer los razonamientos lógicos respectivos por los cuales arribó a la conclusión de que la calidad del quejoso era como coautor material y, señalar la conducta desplegada por el quejoso como "coautor". Pues no basta que el juez responsable haya señalado, básicamente, que el quejoso junto con otro, acordaron engañar a la pasivo, por lo que primeramente en el mes de marzo de dos mil ocho se presentaron en el domicilio de la querellante a efecto de contratar los servicios de maquila de torrefacción y manufactura de café, por lo que celebraron un contrato en el que se obligaron a diversas prestaciones; y que fue el primero de octubre de dos mil diez cuando el quejoso y otro, se presentaron en las oficinas de la querellante solicitándole les prestara la cantidad de diecinueve mil cuatrocientos cuarenta kilogramos de café debido a que tenían el compromiso de entregar a Nueva Wal-Mart de México, S. de R. L. de C.V. dicha cantidad, en el entendido de que el importe del café y el costo de la maquila sería reembolsado directamente por Nueva Wal-Mart de México, S. de R. L. de C.V. mediante un depósito a una cuenta de la institución bancaria Scotiabank Inverlat S. A., la cual manejaban de manera conjunta el quejoso, la querellante y otro, razón por la cual se les otorgó el café solicitado; sin embargo, el pago de la materia prima y el depósito por la cantidad de un millón setecientos sesenta y un mil doscientos noventa y cuatro pesos, no fueron efectuados, ya que dicho pago no fue depositado a la cuenta que habían acordado, sino a una diversa propiedad de la empresa que el aquí quejoso y otro representan, ello por indicaciones de ellos; ya que de la conclusión indicada, no se advierte debidamente definida la conducta que desplegó el quejoso, en las circunstancias de tiempo, lugar y ejecución de los hechos atribuidos. Ello, en el entendido que el coautor es quien realiza con su conducta una parte de la acción que causa el resultado, respondiendo del acto en conjunto, aunque no haya realizado personalmente las características típicas. Además, para acreditar la coautoría es necesario el acuerdo de voluntades entre los activos y que se contribuya de algún modo en la realización del delito (material o intelectualmente), de tal modo que dicha contribución pueda estimarse como una unión necesaria para la realización del evento delictivo. En otras palabras, el juez responsable debió precisar la conducta específica que el aquí quejoso realizó, para estar en posibilidad de determinar si es probable coautor material, al haberse acreditado el acuerdo previo de voluntades y la contribución que se tuvo en la comisión del ilícito que se le imputa, indicando los medios probatorios debidamente valorados con los que se demostró que el quejoso fue una de las personas que en el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, probablemente realizó la conducta delictiva atribuida. Sin que obste a lo anterior, que el juez natural haya referido que de los elementos de prueba se advertía que existía entre los sujetos activos un codominio funcional del hecho, y que si bien no especificaban cual fue en concreto la participación que cada uno de los procesados tuvo, de la mecánica de los hechos quedaba el señalamiento directo en su contra como los que conjuntamente cometieron el ilícito de fraude genérico, evidenciándose de esa forma la existencia de un reparto típico del dominio del hecho típico ya que ambos participaron en el delito referido, y debido a que hasta ese momento procesal solo se necesitaban indicios para que presumieran su probable responsabilidad y, los que existían eran suficientes para tenerla por acreditada al existir un señalamiento directo en contra del aquí quejoso, como la persona que conjuntamente con otro cometió fraude en contra de la parte ofendida, se tenía acreditada su probable coautoría material en el delito de fraude; pues debió puntualizar qué acciones le eran atribuibles al quejoso y cómo fue que con ellas se acreditó su probable participación en el ilícito que se le imputa. [.] Asimismo, de manera general, se considera que el juez responsable soslayó puntualizar: que actos realizó el quejoso tendientes a "engañar" a la parte tercera interesada para su beneficio; por qué consideró que la conducta del quejoso fue realizada de manera maliciosa y con el ánimo de engañar a la aquí parte tercera interesada; si el engaño fue premeditado desde el año dos mil ocho en que se contrató a la querellante para realizar el tratamiento del café, o si el señalamiento de que en ese año se comenzó con la relación contractual sólo se efectuó como antecedente o, si bien, le otorgó algún valor probatorio y referencial; y, si la conducta atribuida al quejoso pudo ser derivado de un incumplimiento al mismo contrato efectuado y que tenía vigencia al momento de los supuestos hechos delictivos; pues en el caso, se considera que el juez debió justificar que el engaño se llevó a cabo a pesar de la relación contractual previamente establecida. [.] Por todo lo anterior, si el juez natural al dictar el auto de formal prisión reclamado no estableció con claridad los razonamientos por medio de los cuales tuvo por comprobada la probable responsabilidad del quejoso en su comisión, ello atendiendo al valor que les concedió a las pruebas respectivas, el acto reclamado es violatorio de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 Constitucional, en específico, en lo relativo a la falta de motivación. El Juez Penal del Distrito Judicial de la Villa de Etla, Oaxaca, por resolución de siete de agosto de dos mil quince, emitida en la causa penal 11/2012 de su índice, dejó insubsistente, por lo que hace al aquí quejoso, la diversa de seis de marzo de dos mil quince, y emitió otra en la que nuevamente dictó auto de formal prisión en contra del quejoso José Casimiro Rodríguez Arce, como probable responsable en la comisión del delito de fraude genérico, cometido en perjuicio de Galguera Gómez, S.A. de C.V. (fojas 109 a 143). Por auto de veintiuno de septiembre de dos mil quince, se estableció que el juez responsable no había subsanado todas y cada una de las deficiencias formales que se le indicaron en la ejecutoria de amparo, por lo que nuevamente se requirió su cumplimiento (fojas 163 a 166). En cumplimiento a ello, el seis de octubre de dos mil quince, el Juez Penal de la Villa de Etla, Oaxaca, dejó insubsistente la resolución de siete de agosto de dos mil quince, emitida en cumplimiento a la sentencia de amparo en el proceso penal 11/2012, y emitido una nueva resolución, en la que con plenitud de jurisdicción dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor de José Casimiro Rodríguez Arce (fojas 170 a 188). En consecuencia de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, tercer párrafo, de la nueva Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio de amparo, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA I A Agréguese a los autos para los efectos legales consiguientes, el oficio 5397/2015, suscrito por el Juez Penal de Etla, Oaxaca, por el que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo de veintidós de julio del año en curso, remite copia certificada de la resolución dictada el seis de octubre del actual, en la causa penal 11/2012 de su índice; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con tales constancias, dese vista a la parte quejosa y tercero interesado, por el plazo de tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación al respecto, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria con base en las constancias de autos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
MESA I A Vistos los autos y certificación de cuenta, se advierte que dentro del plazo concedido en auto de once de agosto de dos mil quince, sólo la parte quejosa manifestó su inconformidad respecto del cumplimiento que las responsables dieron a la sentencia de ampao; en consecuencia, se procede a analizar las determinaciones adoptadas por la responsable respecto de dicho cumplimiento. El veintiséis de junio del presente año, se emitió sentencia en la que se concedió al quejoso José Casimiro Rodríguez Arce el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Juez de lo Penal del Distrito de la Villa de Etla, Oaxaca, dejará insubsistente la resolución de término constitucional emitida el seis de marzo de dos mil quince, en la causa penal 11/2012, de su índice, y hecho que fuera, dictara una nueva resolución de término constitucional, la cual podría ser en el mismo sentido que la anterior o en uno diverso, fundado y motivando, adecuadamente su determinación, siguiendo los lineamientos puntualizados en la sentencia de amparo, consistentes en: Ahora bien, del análisis de la resolución reclamada se advierte que el juez responsable al estudiar los elementos del cuerpo del delito de fraude genérico atribuido al quejoso, soslayó explicar por qué consideró que las declaraciones de las testigos de cargo eran suficientes para comprobar, incluso de manera indiciaria, que el quejoso, utilizando engaños y argucias, convenció a la parte ofendida de que le prestara la cantidad de café maquilado que se refiere. Se dice lo anterior, ya que el juez debió exponer cómo es que les constó los hechos, es decir, si las testigos presenciaron el momento en que la parte quejosa supuestamente le solicitó el café maquilado y se comprometió a pagarlo mediante depósito a la cuenta de Scotiabank; si estuvieron con el querellante revisando constantemente los fondos de la cuenta respectiva para percatarse que no se hizo el depósito relativo; si corroboraron que el depósito se le realizó al quejoso a una cuenta diversa o cómo es que les consta la realización de los hechos constitutivos del delito de fraude atribuido al quejoso. Máxime que son hechos externos a las deponentes y que si bien pueden ser percatados a través de los sentidos, en el caso, el juez de la causa no especificó cómo es que se percataron de los acontecimientos declarados, para así darles el valor probatorio correspondiente, pues no basta con decir que las testigos cuentan con capacidad suficiente y criterio necesario para comprender los hechos sobre los que depusieron, sino, cómo es que conocieron de forma directa los hechos sobre los que declararon. Asimismo, se considera que el juez responsable omitió establecer cómo es que el dictamen pericial emitido por el Perito contable del Instituto de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, demostró el menoscabo patrimonial que supuestamente efectuó el quejoso a la parte ofendida, pues solo refirió que debido a la conducta del quejoso y otro, se produjo un menoscabo al patrimonio de la pasivo por la cantidad de un millón setecientos sesenta y un mil doscientos noventa y cuatro pesos, tomando en cuenta el dictamen pericial referido. Ello, sin que al respecto haya especificado cómo es que con el dictamen pericial referido se comprobó que dicha cantidad era la supuestamente defraudada; por qué considero que para su emisión se observaron las exigencias que los artículos 400, 403 y 404 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, establecen; qué técnicas ocupó el perito que le permitieron llegar a la determinación respectiva y, por qué el juez de la causa arribó a dicha conclusión. Lo anterior debido a que, al no hacerlo así, el juez responsable dejó en estado de indefensión al quejoso; máxime que éste a través de su defensor particular objetó el peritaje respectivo, a lo que el juez natural, al valorar la prueba referida, hizo caso omiso. De igual modo, respecto de las fe ministeriales de documentos, si bien el juez responsable adujo que se les otorgaba pleno valor probatorio al haber sido realizadas por el Ministerio Público que tiene fe pública; lo cierto es que no basta con que el agente ministerial haya certificado la existencia de estos documentos, sino que el juez de la causa debió exponer lo que con dichas facturas se acreditó; principalmente, porque de las mismas se desprende únicamente que la parte querellante emitió diversas facturas en distintas fechas a nombre de la empresa representada por la aquí parte quejosa por concepto de café, validado en diferentes cantidades de dinero. De ahí que se considere que el juez responsable debió efectuar un razonamiento lógico jurídico para determinar el valor probatorio que les concedería y señalar lo que a su consideración comprobaron; máxime que las facturas en las que se basó la supuesta acción fraudulenta fueron objetadas por la parte quejosa, lo que el juez desatendió al momento de dictar la resolución correspondiente. Respecto de la probable responsabilidad del quejoso en la comisión del delito de fraude genérico, se considera que el juez responsable, del mismo modo, omitió, al momento de valorar las testimoniales de cargo, precisar cómo es que las deponentes se percataron que el quejoso, utilizando engaños, convenció a la parte ofendida de prestarle la cantidad de café que se ha establecido. Es decir, el juez debió explicar cómo es que les consta a las deponentes todos los hechos sobre los cuales rindieron testimonio y por qué consideró el juez que declararon de manera imparcial, máxime que ambas señalaron ser empleadas del querellante; e indicar, cómo es que, con base en dichas declaraciones, arribó a la conclusión de que la ejecución material de la conducta delictiva por parte del quejoso fue como coautor material. Además, se considera que el juez de origen omitió establecer los razonamientos lógicos respectivos por los cuales arribó a la conclusión de que la calidad del quejoso era como coautor material y, señalar la conducta desplegada por el quejoso como "coautor". Pues no basta que el juez responsable haya señalado, básicamente, que el quejoso junto con otro, acordaron engañar a la pasivo, por lo que primeramente en el mes de marzo de dos mil ocho se presentaron en el domicilio de la querellante a efecto de contratar los servicios de maquila de torrefacción y manufactura de café, por lo que celebraron un contrato en el que se obligaron a diversas prestaciones; y que fue el primero de octubre de dos mil diez cuando el quejoso y otro, se presentaron en las oficinas de la querellante solicitándole les prestara la cantidad de diecinueve mil cuatrocientos cuarenta kilogramos de café debido a que tenían el compromiso de entregar a Nueva Wal-Mart de México, S. de R. L. de C.V. dicha cantidad, en el entendido de que el importe del café y el costo de la maquila sería reembolsado directamente por Nueva Wal-Mart de México, S. de R. L. de C.V. mediante un depósito a una cuenta de la institución bancaria Scotiabank Inverlat S. A., la cual manejaban de manera conjunta el quejoso, la querellante y otro, razón por la cual se les otorgó el café solicitado; sin embargo, el pago de la materia prima y el depósito por la cantidad de un millón setecientos sesenta y un mil doscientos noventa y cuatro pesos, no fueron efectuados, ya que dicho pago no fue depositado a la cuenta que habían acordado, sino a una diversa propiedad de la empresa que él aquí quejoso y otro representan, ello por indicaciones de ellos; ya que de la conclusión indicada, no se advierte debidamente definida la conducta que desplegó el quejoso, en las circunstancias de tiempo, lugar y ejecución de los hechos atribuidos. Ello, en el entendido que el coautor es quien realiza con su conducta una parte de la acción que causa el resultado, respondiendo del acto en conjunto, aunque no haya realizado personalmente las características típicas. Además, para acreditar la coautoría es necesario el acuerdo de voluntades entre los activos y que se contribuya de algún modo en la realización del delito (material o intelectualmente), de tal modo que dicha contribución pueda estimarse como una unión necesaria para la realización del evento delictivo. En otras palabras, el juez responsable debió precisar la conducta específica que el aquí quejoso realizó, para estar en posibilidad de determinar si es probable coautor material, al haberse acreditado el acuerdo previo de voluntades y la contribución que se tuvo en la comisión del ilícito que se le imputa, indicando los medios probatorios debidamente valorados con los que se demostró que el quejoso fue una de las personas que en el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, probablemente realizó la conducta delictiva atribuida. Sin que obste a lo anterior, que el juez natural haya referido que de los elementos de prueba se advertía que existía entre los sujetos activos un codominio funcional del hecho, y que si bien no especificaban cual fue en concreto la participación que cada uno de los procesados tuvo, de la mecánica de los hechos quedaba el señalamiento directo en su contra como los que conjuntamente cometieron el ilícito de fraude genérico, evidenciándose de esa forma la existencia de un reparto típico del dominio del hecho típico ya que ambos participaron en el delito referido, y debido a que hasta ese momento procesal solo se necesitaban indicios para que presumieran su probable responsabilidad y, los que existían eran suficientes para tenerla por acreditada al existir un señalamiento directo en contra del aquí quejoso, como la persona que conjuntamente con otro cometió fraude en contra de la parte ofendida, se tenía acreditada su probable coautoría material en el delito de fraude; pues debió puntualizar qué acciones le eran atribuibles al quejoso y cómo fue que con ellas se acreditó su probable participación en el ilícito que se le imputa. [.] Asimismo, de manera general, se considera que el juez responsable soslayó puntualizar: que actos realizó el quejoso tendientes a "engañar" a la parte tercera interesada para su beneficio; por qué consideró que la conducta del quejoso fue realizada de manera maliciosa y con el ánimo de engañar a la aquí parte tercera interesada; si el engaño fue premeditado desde el año dos mil ocho en que se contrató a la querellante para realizar el tratamiento del café, o si el señalamiento de que en ese año se comenzó con la relación contractual sólo se efectuó como antecedente o, si bien, le otorgó algún valor probatorio y referencial; y, si la conducta atribuida al quejoso pudo ser derivado de un incumplimiento al mismo contrato efectuado y que tenía vigencia al momento de los supuestos hechos delictivos; pues en el caso, se considera que el juez debió justificar que el engaño se llevó a cabo a pesar de la relación contractual previamente establecida. [.] Por todo lo anterior, si el juez natural al dictar el auto de formal prisión reclamado no estableció con claridad los razonamientos por medio de los cuales tuvo por comprobada la probable responsabilidad del quejoso en su comisión, ello atendiendo al valor que les concedió a las pruebas respectivas, el acto reclamado es violatorio de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 Constitucional, en específico, en lo relativo a la falta de motivación. Concesión del amparo que se hizo extensiva al acto de ejecución reclamado al Director del Centro de Reinserción Social Dos de la Villa de Etla, Oaxaca (fojas 59 a 78). En cumplimiento a lo anterior, el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de la Villa de Etla, Oaxaca, por resolución de siete de agosto de dos mil quince, dejó insubsistente, por lo que hace únicamente al quejoso José Casimiro Rodríguez Arce, el auto de formal prisión emitido en su contra el seis de marzo de dos mil quince, en el proceso penal 11/2011, y en su lugar emito otra en la que de nueva cuenta dictó auto de formal prisión contra el citado quejoso como probable responsable en la comisión del delito de fraude genérico, cometido en perjuicio patrimonial de Galguera Gómez S.A. de C.V. (fojas 109 a 143). Ahora bien, el examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y la resolución con la que se da cumplimiento, pone de manifiesto que la autoridad judicial responsable no adecua su determinación, conforme lo establecido dentro de la sentencia de amparo, pues: 1. No determina por que las declaraciones de los testigos de cargo son suficientes para comprobar, que el quejoso, convenció a la parte ofendida del préstamo de café, y tampoco como fue que conocieron de forma directa los hechos sobre los que declararon, así también no estableció como es que el dictamen pericial emitido por el Perito contable del Instituto de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, demostró el menoscabo patrimonial que efectuó el quejoso a la parte ofendida, 2. No especificó como es que con el referido dictamen se comprobó que la cantidad era la supuestamente defraudada, y mucho menos estableció que técnicas ocupadas por el perito, le permitieron llegar a la determinación respectiva. 3. Respecto de las diligencias de fe ministeriales de documentos, no expuso lo que las facturas acreditaron, por lo que no efectuó un razonamiento lógico jurídico para determinar el valor probatorio que les concedía, ni señaló lo que a su consideración comprobaron. 4. No determinó como los deponentes se percataron que el quejoso, utilizando engaños, convenció a la parte ofendida de prestarle la cantidad de café que se estableció por ambas partes, y no explicó cómo es que les consta todos los hechos sobres los cuales rindieron su testimonio, y por qué consideró que tales testigos declararon de manera imparcial. 5. No indica cómo es que, con base en las declaraciones efectuadas por lo testigos, arriba a la conclusión de que la ejecución material de la conducta delictiva por parte del quejoso fue de coautor material, y omite establecer los razonamientos lógicos por los cuales arribó a la conclusión de que la calidad del quejoso era como coautor material, así como señalar la conducta desplegada por el quejoso como "coautor". 6. No puntualizó que acciones le eran atribuibles al quejoso, y cómo fue que con ellas se acreditó su probable participación en el ilícito que se le imputa, y omitió puntualizar el engaño que se llevó a cabo a pesar de la relación contractual del quejoso y la parte ofendida. En consecuencia de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 192, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, de nueva cuenta requiérase al Juez de lo Penal del Distrito de la Villa de Etla, Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente en que queden notificados de este auto, cumplan debidamente con la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso José Casimiro Rodríguez Arce, y remita copia certificada de las constancias relativas. Apercíbase a la citada autoridad que de no cumplir sin causa justificada, se le impondrá multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al momento de realizarse la conducta sancionada, conforme a lo establecido en el artículo 258, en relación con el 238, ambos de la Ley de Amparo, asimismo se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, agréguese el escrito del autorizado en términos amplios por el quejoso, por el que solicita se requiera a la autoridad responsable dé cumplimiento con la sentencia de amparo; al efecto, dígasele que se éste a lo acordado en párrafos que anteceden.
Quedan 12 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · 12,210 expedientes
- JOSÉ CARLOS TOLEDO LÓPEZ y Otros.519/2017
- JOSÉ CARLOS TOLEDO LÓPEZ y Otros.737/2017
- José Carlos Toledo López1634/2015
- José Carlos Toledo López1355/2015
- José Carlos Toledo López373/2015
- José Carmen Fragoso Martínez1264/2015
- José Cazarez Castro y Otros.738/2016
- José Cazarez Castros1062/2015
- JOSÉ CÉSAR BARRÓN ALCALA y Otros.1368/2017
- José Charola Pastrana656/2015
- José Cirilo Hernández Acevedo1405/2014
- JOSÉ CORRO OCHOA y Otros.703/2021