Jose Casimiro Efren Cruz Avalos
Expediente 731/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 731/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Jose Casimiro Efren Cruz Avalos
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, a doce de julio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que no se recurrió el auto de veintinueve de junio de dos mil diecisiete, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano por improcedente la demanda de amparo promovida por José Casimiro Efrén Cruz Avalos, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que el cuaderno principal es destruible. Por otra parte, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo obran documentos exhibidos por la parte quejosa; en términos del punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009, requiérasele para que en el plazo de noventa días comparezca a este juzgado a recoger los citados documentos, apercibiéndole que en caso contrario, los mismos podrán ser destruidos junto con el expediente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, a veintinueve de junio de dos mil diecisiete. Vista la cuenta que antecede, glósese a los autos el escrito signado por José Casimiro Efrén Cruz Avalos por medio del cual da cumplimiento a lo solicitado en proveído de veinte de junio del presente año, y al respecto se provee: DETERMINACIÓN El juez de amparo tiene la obligación de analizar la demanda de amparo así como la prevención y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; de ahí que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, que no se opone a las disposiciones de la Ley de Amparo aplicable; visible en la página 553; tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, cuyo rubro y texto es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al respecto el artículo 113, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De igual forma el numeral citado, señala que las causales de improcedencia deben ser manifiestas e indudables, entendiéndose por lo primero lo que se da a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el Juzgador se apoya para que de forma contundente se determine la causa de improcedencia, que se actualiza y por lo segundo, aquello que es evidente, lo que no se puede poner en duda. Luego, procede realizar el estudio integral de la demanda de amparo y el desahogo de la prevención, se advierte que la parte quejosa bajo protesta de decir verdad reclama: La orden judicial para que firme la escritura respectiva de la propiedad ubicada en: la calle de Bravo número 221-A, esquino con calle Molino del Rey, colonia Centro en Tulancingo de Bravo, Hidalgo a favor de Manuel Arana Sáenz. Bajo esa premisa se deben tomar en consideración los términos establecidos para la promoción del juicio de derechos atendiendo a lo establecido en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, los cuales son del tenor literal siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Ahora bien, en el escrito de desahogo de prevención el disidente adujo que conoció del acto que por esta vía reclama en el mes de abril de dos mil diecisiete, ya que en ese mes un actuario adscrito al juzgado que señala como responsable se constituyó en su domicilio y le hizo entrega del proveído de diecinueve de abril de dos mil diecisiete, por medio del cual se le solicita se presente en las instalaciones del Notario designado para que firme las escrituras respectivas del inmueble ubicado en: calle de Bravo número 221-A, esquino con calle Molino del Rey, colonia Centro en Tulancingo de Bravo, Hidalgo a favor de Manuel Arana Sáenz, ello en el término de tres días, y que de lo contrario la juez responsable formaría en su rebeldía. De ahí, que este órgano de control constitucional considere que en el presente asunto sobreviene la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" Dicho artículo guarda relación con los diversos 17 y 18, de la Ley de Amparo, antes transcritos. Así, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro del término de quince días, contados desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de los actos que se impugnen vía amparo; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Del precepto 17, reseñado se desprende, que el juicio de amparo debe instarse dentro del término de quince días, lapso que se contabilizará: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame; b) A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución; o c) A partir del día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Es oportuno destacar, que el legislador hizo especial énfasis en tres formas para computar el plazo de quince días dentro del cual ha de presentarse la demanda de amparo para tenerla por presentada oportunamente, todas ellas con características propias y excluyentes entre sí, pues de la primera, debe apuntarse la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se estiman legales y, por ende, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de derechos, mientras tanto el quejoso no combate su nulidad o ilegalidad. La segunda manera para computar el plazo de quince días, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable- distinto a la notificación-, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleva a la certeza de que éste "tuvo conocimiento" en determinada fecha de los actos reclamados; más tal conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario del amparo conoció de manera directa, plena y completa el acto reclamado, es decir, de manera integral. Por su parte, en la tercera forma contenida en el artículo 18 de la Ley de Amparo, al establecer que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo, se contará desde el día siguiente al en que se hubiera ostentado sabedor de los mismos, implica una expresión exclusiva del quejoso a través de la cual se manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que puede estimarse entraña una confesión expresa por parte del afectado respecto de la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado con respecto a la presentación de la demanda. Precisadas las características esenciales de las tres hipótesis previstas en el numeral 18, de la Ley de Amparo, debe señalarse, que las mismas no guardan un orden de preferencia; sino que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de derechos comenzará a computarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos establecidos en el numeral invocado. Por tanto, en este asunto se actualiza la causa de improcedencia invocada, toda vez que la demanda de derechos en estudio se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo el diecinueve de junio de dos mil diecisiete, y si el acto reclamado lo es el emitido el diecinueve de abril de dos mil diecisiete, notificado al disidente en el propio mes y año (sin que especifique el día), es evidente que han transcurrido más de quince días hábiles para su promoción, ello aun y cuando se le hubiera notificado el último día hábil del mes de abril, esto es, el veintiocho, porque tal diligencia hubiera surtido efectos el dos de mayo siguiente y el cómputo correría del tres al diecisiete de mayo de dos mil diecisiete. Por lo tanto, a la fecha de la presentación de la demanda de que se trata transcurrieron más de quince días hábiles, de ahí que se considere que se actualiza la causal de improcedencia invocada con anterioridad. Cabe precisar que en este asunto no se advierte actualizada alguna hipótesis de excepción de las descritas en el artículo 17 transcrito, puesto que no se trata de una norma general; el juicio de origen no es de naturaleza penal; no se cuestionan derechos agrarios ni se está frente a actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Apoya lo anterior la tesis publicada en la página 10, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo Cuarta Parte, LXXIX, Sexta Época, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del contenido siguiente: "AMPARO, TERMINO PARA LA PROMOCIÓN DEL. El artículo 21 de la Ley de Amparo, dice: "El término para la interposición del amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama"; una primera interpretación del precepto consistiría en decir que el término empieza al día siguiente al en que materialmente se hizo la notificación, sin distinguir si fue personal, boletinada, por estrados o por otra cualquiera de las formas que establezca la ley que rija el acto que se reclame; otra interpretación se haría armonizando esa disposición con el artículo 24 de la misma ley que dice: "El cómputo de los términos en el juicio de amparo se sujetará a las reglas siguientes: I. Comenzará a correr desde el día siguiente al en que surta efectos la notificación....." y en tal supuesto, los quince días cuentan desde el día siguiente al en que conforme a la ley rectora del acto reclamado surta efectos la notificación de éste. El criterio mayoritario de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia se ha decidido por lo primero y para ello ha tenido en consideración, fundamentalmente, las razones siguientes: Cada uno de estos artículos reglamenta actos diferentes entre sí y que por ende deben estar sujetos a reglas también distintas: el artículo 24 se refiere a los términos judiciales, es decir a los que se dan ya dentro del juicio; en cambio el 21 trata de un término prejudicial, puesto que aún no existe una demanda admitida, ni un juicio; es propiamente un plazo o tiempo de conocimiento del acto reclamado, y que según texto expreso de dicho artículo, se inicia al día siguiente de cuando se notificó al quejoso, el acto que reclame, y es de notarse que si el legislador hubiese querido que el cómputo se hiciera a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del acto, se tuviera, por hecha la notificación, porque ella había producido sus efectos, así lo habría expresado, ya que cuando ha querido que un término corra desde el día siguiente al en que surta efectos una notificación lo indica expresamente, como en el caso del artículo 24 citado; luego, en las razones expuestas se ve que la ley establece dos formas distintas de hacer los cómputos, según sean los términos de que se trate, prejudicial, a que se contrae el artículo 21, o judicial a que se refiere el artículo 24 de la Ley de Amparo. Tampoco es de admitir que la iniciación del plazo para interponer la demanda de garantías se supedite a las reglas relativas a como deben computarse los términos que las leyes procesales comunes establezcan, porque aquél es federal y, por tanto, estas leyes no pueden regirlo; y porque no habría firmeza y seguridad jurídica para computarlo, ya que los códigos de los Estados de la República no tienen igual norma para que surtan efectos las notificaciones, y ello daría lugar a que se introdujera desigualdad en la duración del plazo, pues según fuera el Estado de la República donde la demanda de amparo se formulara, tendría el quejoso para interponerla menos, o más de quince días a pesar de la disposición categórica del artículo 21 en estudio, que señala solo quince días y, naturalmente, hábiles; y precisamente para que esto sea así, es que esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, por Mayoría de tres votos, ha venido sosteniendo que esos quince días se deben empezar a contar a partir del día siguiente al en que fuere hecha materialmente la notificación del acto reclamado y cualquiera que haya sido la forma, de las admitidas por la ley del acto, en que se haya realizado." Igualmente, la tesis visible en la página 984, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XI, Marzo de 2000, correspondiente a la Novena Época, la cual es del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE INTERPONERSE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO SE HA TENIDO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL JUICIO EN DONDE SE ESTIMA QUE EL EMPLAZAMIENTO SE PRACTICÓ EN FORMA IRREGULAR. Si la persona que pide amparo contra el emplazamiento que se le practicó y que estima irregular, tuvo pleno conocimiento del juicio en el cual se llevó a cabo el mismo, por haber presentado un escrito apersonándose así ante el Juez natural, es claro que conocía perfectamente el número del juicio seguido en su contra, el tipo de juicio de que se trataba, el carácter con que se le demandó y las prestaciones que le fueron reclamadas; por tanto, ante tales eventos, es evidente que a partir de que el citado demandado tuvo pleno conocimiento del juicio seguido en su contra y por lo tanto estuvo en aptitud legal de promover el correspondiente juicio de amparo indirecto contra el emplazamiento de mérito, lo cual debió llevar a cabo a partir del día siguiente a la fecha en que tuvo pleno conocimiento de dicho juicio instaurado en su contra y dentro del término de los quince días a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo, pues de no hacerlo, es innegable que consintió las posibles irregularidades que pudiese tener dicho emplazamiento y sus consecuencias jurídicas." Por otra parte, el promovente también adujo en el escrito de desahogo de prevención que en contra del acto aquí reclamado interpuso medio de defensa legal ordinario (recurso de apelación), el cual se encuentra pendiente de resolución, por lo que además de la causal antes invocada, el suscrito considera que se actualiza la contenida en el artículo 61, fracción XIX de la ley de la materia. Lo anterior, porque si se encuentra pendiente de resolución un recurso ordinario en contra del acto aquí reclamado, puede que el acto reclamado sea modificado, revocado o nulificado. Por tanto, se actualiza las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XIV y XIX, de la Ley de Amparo; en tal virtud SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, por notoriamente improcedente, de conformidad con lo dispuesto en el diverso 113, del ordenamiento legal citado. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Instancia: Tribunal Colegiado de Circuito, tomo: XIV, agosto de 2001, tesis: I.13o.A.4 K, página: 1318, la cual es del texto y rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó, en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, a la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." PRECISIÓN CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Asimismo, se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se oponen con lo dispuesto en el ordenamiento vigente.
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