José Carranza Leyva
Expediente 1195/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1195/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- José Carranza Leyva
Actuaciones
- Principal
Se agrega oficio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, a través del cual informa que se admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, expediente que fue registrado a trámite con el número 900/2022, de su índice.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista en vía de notificación personal al QUEJOSO JOSÉ CARRANZA LEYVA, EL AUTO DE NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, que en lo conducente dice: "Personería: Se tiene por recibido el escrito presentado por José Carranza Leyva, por su propio derecho, a través del cual promueve juicio de amparo, contra actos del director de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con residencia en la Ciudad de México, y otras autoridades. Formación y registro del expediente: En consecuencia, se ordena formar expediente, anotar su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1195/2022 y registrarlo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Admisión: Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 2°, párrafo primero, 3°, 5°, 6°, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112 y 115, de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo que se promueve contra actos del director de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con residencia en la Ciudad de México, y otras autoridades, consistentes en el aseguramiento provisional o bloqueo judicial en la cuenta de cheques 190018880028, del Banco Regional, sociedad anónima, institución de banca múltiple, Banregio Grupo Financiero. Intervención del ministerio público federal: En términos del artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, se da la intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Solicitud de informe: Como lo establecen los artículos 115, 116 y 117, de la Ley de Amparo, se solicita a las autoridades responsables que rindan su informe con justificación, el cual deberán rendir dentro del plazo de quince días, remitiendo adjunto al mismo, copia certificada de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto reclamado. Apercibidas que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, se harán acreedoras a una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo establecido en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. En relación a lo anterior, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con sujeción al principio de economía procesal que debe regir en todo juicio de amparo, este órgano jurisdiccional estima pertinente informar que dichos informes podrán ser enviados a este Juzgado vía electrónica por medio del Portal de Internet del Consejo de la Judicatura Federal mediante el uso de la firma electrónica; asimismo, que se encuentra habilitada la dirección electrónica 2jdo5cto@correo.cjf.gob.mx, a fin de que tales autoridades estén en posibilidad de remitir con mayor prontitud su informe respectivo, sin que resulte necesario su reiteración por otra vía; lo anterior, sin perjuicio de que si lo estiman oportuno lo sigan enviando por la vía ordinaria, pues la ahora habilitada constituye una opción más económica y oportuna en el uso de las tecnologías informáticas para privilegiar los principios a que se aluden en líneas superiores. Se informa a las partes que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento del juicio, están obligadas a comunicarlo a este juzgado, tal como lo prevé el ordinal 64 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, apercibidas que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, se harán acreedores a una multa por el equivalente a treinta unidades de medida y actualización, con fundamento en el artículo 251 de la ley de la materia. Incidente de suspensión: Se ordena tramitar por separado y duplicado el incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 128 de la Ley de Amparo. Pruebas: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa, las documentales que anexa al escrito inicial de demanda, así como la presuncional legal y humana, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. Terceros interesados: Respecto al llamamiento como tercero interesado del Banco Regional, sociedad anónima, institución de banca múltiple, Banregio Grupo Financiero, se reserva proveer lo conducente hasta en tanto sea rendido el informe justificado y se tengan elementos para determinar si dicha moral cuenta con el carácter respectivo. Habilitación de días y horas: En términos de lo dispuesto en el último párrafo del numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios de la adscripción para que practiquen todas y cada una de las notificaciones que surjan en el presente asunto y que tengan carácter de personal, aún en días y horas inhábiles. Apercibimiento de autoridades inexistentes: En atención al artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del numeral 79 de la Ley de Amparo); en consecuencia, se apercibe a la parte quejosa que si el actuario judicial adscrito a este juzgado manifiesta su imposibilidad de notificar a algunas de las autoridades responsables debido a su inexistencia, o bien, que alguna de las diversas autoridades informa que no existe otra de las autoridades, sin mayor trámite se les tendrá como inexistentes, suspendiendo toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable hasta antes de la audiencia constitucional, tomando en consideración que le corresponde al quejoso estar pendiente de la tramitación de su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y, al principio de celeridad procesal. Domicilio y autorizados: Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Padua 01, casi esquina con Doctor Paliza, colonia Las Granjas, de esta ciudad. Ahora, se autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Noé Olivas Trujillo, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Del mismo modo, en términos del artículo 22 fracción II del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se tiene al promovente señalando el correo electrónico olivasnoeabogado@hotmail.com, a fin de entablar comunicaciones no procesales dentro del presente juicio. Transparencia: En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 66, 67, fracción II, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales 3, fracción XXI, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 8 y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, se hace del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de éstos. Se exhorta a las partes: De conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, dado que el presente juicio fue promovido de manera física, se exhorta a las partes a que, de ser posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; asimismo, se les invita a que, de estimarlo pertinente, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Digitalización del expediente: En cumplimiento artículo 21 y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se instruye al secretario actuante, para efectos de que se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica, se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente impreso, de forma tal que el expediente físico y el electrónico deberán contener las mismas constancias y documentos, guardando idéntico orden cronológico. Finalmente, se instruye al actuario a efecto de que realice las notificaciones ordenadas, conforme al capítulo IV de la Ley de Amparo, así como del numeral 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Remisión de expediente: Del oficio con el que se da cuenta se advierte que la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, autorizó a este Juzgado el envío de treinta y cinco expedientes de juicios de amparo al Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Sonora, a fin de que este continúe su trámite. Por tanto, se ordena la remisión del expediente en que se actúa en atención a que se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la Comisión, esto es, se encuentran en trámite, no es de naturaleza urgente, no existe pronunciamiento en el sentido de que deba ser resuelto por este Juzgado, y no fue turnado en términos de los artículos 45, fracción II, y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En el entendido de que el envío se realizará a través de la Administración Regional del Consejo de la Judicatura Federal de esta ciudad, en atención al punto 6 del oficio de cuenta. Anotaciones en el libro de Juzgado. Háganse las anotaciones en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en la inteligencia que deberá ser reportado como "Egreso por Acuerdo General". Integración de cuaderno de antecedentes. Se ordena formar cuaderno de antecedentes únicamente con copia de la demanda y el presente auto, puesto que las constancias se encuentran debidamente digitalizadas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Fecha de audiencias. En virtud de lo acordado en párrafos precedentes, se omite señalar fecha y hora para la celebración de las audiencias constitucional e incidental..."
- Incidental
Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista en vía de notificación personal al QUEJOSO JOSÉ CARRANZA LEYVA, EL AUTO DE NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, que en lo conducente dice: "Apertura de incidente: Como está indicado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de la demanda de amparo, se ordena tramitar por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1195/2022, promovido por José Carranza Leyva, contra actos del director de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con residencia en la Ciudad de México, y otras autoridades. Precisión del acto reclamado: Del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa solicita la suspensión provisional respecto de los actos reclamados de las autoridades responsables: El aseguramiento provisional o bloqueo judicial de la cantidad de $4,000.00 (cuatro mil pesos), en la cuenta de número 190018880028, con número de clave interbancaria 058760000001924477, del Banco Regional, sociedad anónima, institución de banca múltiple, Banregio Grupo Financiero. Suspensión provisional: El artículo 128 de la Ley de Amparo, prevé que con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso. II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Además, resulta necesario traer a contexto el artículo 131 de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda. Del precepto legal transcrito, se aprecia que la parte quejosa en el incidente de suspensión está obligada a la demostración de su interés en forma presuntiva, ser titular del derecho de propiedad o posesión que invoca. En atención a lo anterior, toda vez que la quejosa no exhibe medio de convicción que demuestre ni aun de manera indiciaria tener el derecho de propiedad y/o posesión que estima vulnerado, por tanto, se niega la suspensión provisional solicitada, al no acreditarse el interés suspensional. Cobra aplicación por identidad jurídica, la jurisprudencia P./J. 96/97, con registro digital 197239, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, rubro y contenido siguiente: SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN. EL JUEZ DEBE PARTIR DEL SUPUESTO DE QUE LOS ACTOS RECLAMADOS SON CIERTOS, PERO PARA ACREDITAR EL REQUISITO DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TALES ACTOS LO AGRAVIAN. Cuando se solicita la suspensión provisional señalándose como acto reclamado el desposeimiento de un bien, el Juez de Distrito, atendiendo a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, debe partir del supuesto de que los actos reclamados son ciertos, pero en acatamiento a lo establecido en el artículo 124, fracción I, de la Ley de Amparo, debe constatar si el quejoso demuestra, aunque sea indiciariamente, que tales actos lo agravian. Es verdad que para acreditar la posesión, según criterio generalmente aceptado, la prueba idónea es la testimonial, medio de convicción cuya recepción no es factible en la hipótesis examinada, pero también es verdad que puede acreditarse de manera indiciaria, entre otros elementos, con escritura pública de propiedad, certificación del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, documento privado de contrato de compraventa debidamente inscrito, inmatriculación judicial o administrativa, recibo del impuesto predial a nombre del promovente, contrato de arrendamiento, certificado de derechos agrarios, fe de hechos ante fedatario público y otras probanzas que, por sí solas, no son aptas para acreditar plenamente la posesión y que, por tanto, pueden ser desvirtuadas en la secuela del procedimiento, pero que pueden ser suficientes para conceder la suspensión provisional, ya que el dictado de la medida cautelar no presupone un análisis en cuanto a la calidad de la posesión, es decir, si ésta es originaria, derivada, legítima, ilegítima, de buena fe o de mala fe, porque la finalidad es, solamente, decidir si procede suspender los actos que presumiblemente causarán daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado. Por otro lado, es pertinente destacar que tratándose de la suspensión provisional respecto del desposeimiento de un bien, el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, se ha pronunciado en el sentido de que es necesario que la parte quejosa acredite, aunque sea indiciariamente, que el acto le agravia. Bajo el marco fáctico y jurisprudencial desarrollado, se concluye que en el caso concreto la parte quejosa no acreditó con medio de convicción idóneo, aunque sea indiciariamente, que tiene derechos sobre la cuenta de bancaria motivo de litigio, ya que exhibió únicamente copia de su credencial de elector y de un documento del que se advierte el logotipo de Banregio, sin embargo, del mismo no se puede vincular ni aun indiciariamente que el quejoso sea el titular de la cuenta de banco a que hace referencia dicho documento pues en el obra el nombre de Raymundo Rubén Almanza R, y no del quejoso, por tanto, hasta este momento se considera que no le asiste la apariencia del buen derecho, pues, se insiste que de un ejercicio valorativo de los elementos de convicción aportados, no se advierte, que la parte quejosa tenga derechos sobre la referida cuenta. Por lo antes expuesto, se reitera la negativa de la suspensión provisional solicitada. Solicitud de informe: Se solicita a las autoridades señaladas como responsables informe previo, que deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual se deberá acompañar a la notificación correspondiente, copia simple de la demanda de amparo. Apercibidas que de no rendir el informe previo, se les sancionará con multa de cien unidades de medida y actualización, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable a lo anterior la jurisprudencia 2104, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, consultable en la página 2424, Tomo II, Novena Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, que dice: MULTA EN EL JUICIO DE AMPARO. LA QUE SE IMPONE POR LA OMISIÓN DE RENDIR EL INFORME PREVIO O HACERLO EXTEMPORÁNEAMENTE, ES DISTINTA A LA QUE SE APLICA AL PROMOVENTE QUE ACTÚE DE MALA FE. La multa que impone el Juez de Distrito a las autoridades señaladas como responsables en el juicio de amparo, por no rendir su informe previo o rendirlo extemporáneamente, es distinta a la que se aplica a los gobernados infractores promoventes de mala fe, pues, en cuanto a la primera, deriva del incumplimiento por parte de la autoridad responsable a lo ordenado por el artículo 131 de la Ley de Amparo, esto es, por omitir rendir con la debida oportunidad el informe previo respectivo, conducta que provoca la sanción prevista en el párrafo tercero del artículo 132 de dicho ordenamiento, consistente en la imposición de una corrección disciplinaria la que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2o., puede consistir en una multa hasta por quinientos pesos, lo cual es correcto, si se toma en consideración que la ley de la materia no contiene un capítulo especial para ese tipo de sanciones; mientras que la diversa aplicada a los gobernados, promoventes infractores de mala fe, se fundamenta en lo dispuesto por el artículo 3o. bis de la indicada Ley de Amparo, precisamente en aquellos casos en que el titular de la acción de amparo, a juicio del juzgador, promueva o actúe de mala fe; esto, con el propósito de evitar la práctica viciosa de algunos litigantes que acuden al juicio de garantías con fines dilatorios. En relación a lo anterior, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con sujeción al principio de economía procesal que debe regir en todo juicio de amparo, este órgano jurisdiccional estima pertinente informar que dichos informes podrán ser enviados a este Juzgado vía electrónica por medio del Portal de Internet del Consejo de la Judicatura Federal mediante el uso de la firma electrónica; asimismo, que se encuentra habilitada la dirección electrónica 2jdo5cto@correo.cjf.gob.mx, a fin de que tales autoridades estén en posibilidad de remitir con mayor prontitud su informe respectivo, sin que resulte necesario su reiteración por otra vía; lo anterior, sin perjuicio de que si lo estiman oportuno lo sigan enviando por la vía ordinaria, pues la ahora habilitada constituye una opción más económica y oportuna en el uso de las tecnologías informáticas para privilegiar los principios a que se aluden en líneas superiores. Audiencia: Se omite señalan fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, en atención a lo ordenado en el juicio de amparo del que deriva el presente expediente. Apercibimiento de autoridades inexistentes: En atención al artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del numeral 79 de la Ley de Amparo); en consecuencia, se apercibe a la parte quejosa que si el actuario judicial adscrito a este juzgado manifiesta su imposibilidad de notificar a algunas de las autoridades responsables debido a su inexistencia, o bien, que alguna de las diversas autoridades informa que no existe otra de las autoridades, sin mayor trámite se les tendrá como inexistentes, suspendiendo toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable hasta antes de la audiencia constitucional, tomando en consideración que le corresponde al quejoso estar pendiente de la tramitación de su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y, al principio de celeridad procesal. Pruebas: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa, las documentales que anexa al escrito inicial de demanda, así como la presuncional legal y humana, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia incidental. Domicilio y autorizados: Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Padua 01, casi esquina con Doctor Paliza, colonia Las Granjas, de esta ciudad. Ahora, se autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Noé Olivas Trujillo, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Del mismo modo, en términos del artículo 22 fracción II del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se tiene al promovente señalando el correo electrónico olivasnoeabogado@hotmail.com, a fin de entablar comunicaciones no procesales dentro del presente juicio. Se exhorta a las partes: De conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, dado que el presente juicio fue promovido de manera física, se exhorta a las partes a que, de ser posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; asimismo, se les invita a que, de estimarlo pertinente, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Habilitación de días y horas: En términos de lo dispuesto en el último párrafo del numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios de la adscripción para que practiquen todas y cada una de las notificaciones que surjan en el presente asunto y que tengan carácter de personal, aún en días y horas inhábiles. Transparencia: En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 66, 67, fracción II, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales 3, fracción XXI, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 8 y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, se hace del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de éstos. Expedición de copias: Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia según lo autoriza el artículo 2° de la Ley de Amparo, se ordena expedir copias certificadas por duplicado de este proveído, y hacer entrega de las mismas a quienes se autoriza para tal efecto, previa identificación y toma de razón de recibo que se asiente en autos. Digitalización del expediente: En cumplimiento artículo 21 y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se instruye al secretario actuante, para efectos de que se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica, se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente impreso, de forma tal que el expediente físico y el electrónico deberán contener las mismas constancias y documentos, guardando idéntico orden cronológico. Finalmente, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, a efecto de que realice las notificaciones ordenadas, conforme al capítulo IV de la Ley de Amparo, así como del numeral 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19..."
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