José Carmona Velázquez

Expediente 196/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
196/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
14/06/2023

Partes del expediente

  • José Carmona Velázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de junio de dos mil veintitrés. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo hayan hecho. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Así, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Antecedentes para el cumplimiento del amparo En sentencia dictada el veintiuno de abril de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional otorgó la protección constitucional a José Carmona Velázquez, contra actos de la Secretaría de Salud de Michoacán y otras autoridades. En fecha veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, causó ejecutoria el fallo protector, y se requirió a las autoridades responsables a efecto de que dieran cumplimiento al fallo protector. Posteriormente, mediante oficio presentado el dos de junio del año en curso en la Oficialía de partes de este juzgado el apoderado jurídico de las autoridades responsables sanitarias, allegó las constancias con las que acreditó el cumplimiento dado a la sentencia; por lo que, mediante auto de cinco de junio de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su intereses conviniera. Análisis del cumplimiento De los antecedentes expuestos, se procede a analizar sí la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, para lo cual se reflejan en el siguiente concentrado los lineamientos u obligaciones que le fueron impuestos a la responsable y los actos realizados por la misma, relacionándolos entre sí: Deberes, lineamientos u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo. Actos desplegados por la autoridad responsable para su cumplimiento. En el ámbito de sus atribuciones, deberán dictar un acuerdo administrativo en el que ordene a quien corresponda, ejercer las medidas necesarias a efecto de que continúe la atención médica especializada a la parte quejosa, le sean proporcionados los medicamentos necesarios para tratar su padecimientos, y se le otorguen las sesiones de hemodiálisis que necesita derivado de la insuficiencia renal crónica que padece. En específico, indique al personal a su cargo a efecto de que se establezca de manera definitiva la opción que mejor garantice el derecho a la salud del solicitante del amparo, enfocada al tratamiento de sus padecimientos, para lo cual deberán precisar que se le debe proporcionar la atención médica, medicamentos y las sesiones de hemodiálisis que necesite. Lo anterior en el entendido de que el fallo protector se tendrá cumplido con la emisión del acuerdo referido. En específico, establezcan de manera definitiva la opción que mejor garantice el derecho a la salud del solicitante de amparo, enfocado al tratamiento de sus padecimientos antes citados, determinados por los especialistas correspondientes. Ello, en la inteligencia de que dichas responsables no pueden aducir falta personal de recursos materiales para no dar cumplimiento a la sentencia de amparo. El Subdirector Jurídico dela Secretaría de Salud, realizó lo siguiente: Emitió un oficio el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, dirigido al Director del Hospital General "Dr. Miguel Silva", con sede en esta ciudad, a través del cual, da la instrucción para que otorguen de manera gratuita y oportuna la atención médica, así como los medicamentos necesarios derivado de la insuficiencia renal crónica que le aqueja a José Carmona Velázquez. Asimismo, informó que las sesiones de hemodiálisis requeridas por el quejoso se realizaran en la Clínica Particular Calidad en Hemodiálisis (Torre Victoria), con sede en esta ciudad, incluyendo los medicamentos que requiera de forma gratuita. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo Con el anterior análisis comparativo que se hace de los efectos fijados en la sentencia de amparo y la actuación desplegada por las autoridades responsables, se puede concluir que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77 de la Ley de Amparo, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Juicio susceptible de conservación. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es CONSERVABLE, de conformidad con el artículo 17 fracción III, inciso a). Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 17 del citado acuerdo, deberá transferirse al depósito documental del Área Coordinadora de Archivos correspondiente. No existen cuadernos de suspensión No se hace pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse formado, pues dada la naturaleza de los actos reclamados, en el acuerdo de radicación de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, se proveyó sobre la suspensión de plano de los mismos. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de junio de dos mil veintitrés. Autoridad informa trámites Visto el oficio de cuenta que vía correo electrónico presenta el apoderado de la Secretaría de Salud de Michoacán y/o del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, por sí y en cuanto superior jerárquico del Director del Hospital General "Dr Miguel Silva", y atento a su contenido, se le tiene informando esencialmente, lo siguiente: - Que se dictó el Acuerdo Administrativo de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, donde se ordenó proporcionar de manera gratuita la atención médica y tratamiento correspondiente, así como los medicamentos necesarios derivado de la insuficiencia renal crónica, diabetes e hipertensión que padece el quejoso ********************; asimismo, instruyó al personal médico y administrativo del Hospital General "Dr Miguel Silva", para que se otorgue atención médica de manera integral a fin de garantizar su derecho a la salud. -. Que la Secretaría de Salud de Michoacán y/o del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, signó contrato abierto de compraventa y prestación de servicios por licitación pública por medios de identificación electrónica con la empresa IGSA Medical, S.A. de C.V., misma que es la encargada de asignarle clínica al quejoso a fin de que se le proporcione el tratamiento dialítico. - Que se seguirá subrogando el servicio de hemodiálisis en favor de la quejosa, determinando que el mismo le será brindado en la clínica particular denominada ********************, ubicada en ********************, en la que se aplicará como parte del tratamiento dialítico, incluyendo los medicamentos de forma gratuita para el, en la forma y términos en que ya los viene recibiendo y las veces por semana en que las requiere. Vista a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia dictada en el expediente en que se actúa; con fecha veintiuno de abril de dos mil veintitrés, en la que se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ********************. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones inherentes en el libro de gobierno. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Se requiere a las autoridades responsables para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir de la notificación del presente auto, informen sobre el cumplimiento que dé al fallo protector y remitan copia certificada de las constancias que así lo acrediten, en términos del ordinal 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO Se apercibe a dichas autoridades que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, se les impondrá una multa equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, conforme al artículo 258 de la ley antes citada; y si aun así es omisa, se dará inicio al procedimiento previsto en el diverso ordinal 193 de la ley en aplicación. REITERACIÓN DE LA CONCESIÓN DE AMPARO Se reitera a la autoridad responsable la obligación impuesta en la ejecutoria de amparo consiste en: "? En el ámbito de sus atribuciones, deberán dictar un acuerdo administrativo en el que ordene a quien corresponda, ejercer las medidas necesarias a efecto de que continúe la atención médica especializada a la parte quejosa, le sean proporcionados los medicamentos necesarios para tratar su padecimientos, y se le otorguen las sesiones de hemodiálisis que necesita derivado de la insuficiencia renal crónica que padece. ? En específico, indique al personal a su cargo a efecto de que se establezca de manera definitiva la opción que mejor garantice el derecho a la salud del solicitante de amparo, enfocada al tratamiento de sus padecimientos, para lo cual deberán precisar que se le debe proporcionar la atención médica, medicamentos y las sesiones de hemodiálisis que necesite. ? Lo anterior en el entendido de que el fallo protector se tendrá cumplido con la emisión del acuerdo referido. ? En específico, establezcan de manera definitiva la opción que mejor garantice el derecho a la salud del solicitante de amparo, enfocado al tratamiento de sus padecimientos antes citados, determinados por los especialistas correspondientes.". NO HA LUGAR A REQUERIMIENTO POR CONDUCTO DEL SUPERIOR JERÁRQUICO Sin que en la especie sea el caso proceder en los términos precisados en los artículos 192 y 194, de la Ley de Amparo en vigor, puesto que una de las autoridades responsables tiene la calidad de superior jerárquico del resto de ellas, motivo por el cual queda vinculada al cumplimiento de la sentencia en esos términos. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    V I S T O S los presentes autos para resolver el juicio de amparo III-196/2023, promovido por ********************, por propio derecho, contra actos del Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado en línea en el portal electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, el veintiuno de febrero del año en curso, y recibido en este órgano jurisdiccional, por razón de turno, el mismo día, Ana Luisa Gómez Ibarra quien promovió demanda de amparo indirecto en favor de ********************, contra actos de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE ESTIMÓ VIOLADOS. La parte quejosa precisó como derechos fundamentales vulnerados en su perjuicio los reconocidos en los artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. En auto de veintiuno de febrero del año que transcurre, se tuvo por recibida la demanda de amparo registrándose con el número III-196/2023; se concedió la suspensión de plano para el efecto de que a la parte quejosa se le proporcionara la atención médica que se estimara necesaria, suministrarle los medicamentos idóneos para tratar sus padecimientos que le fueron diagnosticados, ser valorado por un especialista, así como otorgarle el tratamiento de hemodiálisis por el número de sesiones que se determinaran y requirieran; y se reservó en cuanto a su admisión hasta en tanto el quejoso directo ratificara el escrito inicial. Hecho lo anterior, mediante acuerdo de veintidós de febrero del año en curso, se tuvo por admitida la demanda de amparo, se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente por territorio, materia y grado para conocer y resolver el presente juicio de amparo, porque la parte quejosa reclama diversas omisiones atribuidas a autoridades administrativas con efectos dentro del territorio en donde tiene jurisdicción mixta este órgano federal. Ello, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede fijar los actos que se reclaman en la presente instancia constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance, así como contenido; y, b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial. Lo anterior conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 y tesis VI/2004, ambas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." De la lectura de la demanda y de las constancias que integran el sumario, se advierte que la parte quejosa, reclama a las autoridades responsables los siguientes actos: La omisión de recibir de manera oportuna la atención médica, los medicamentos y el tratamiento de hemodiálisis que requiere, derivado de diversos padecimientos consistentes en (1) hipertensión arterial de dos años, (2) diabetes mellitus tipo 2 de 20 años de diagnóstico e (3) enfermedad renal crónica de 1 año de diagnóstico. Lo reclamado se traduce, esencialmente, en la violación a su derecho de salud. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Las autoridades responsables Secretaría de Salud del Estado de Michoacán y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, por sí y en cuanto superiores jerárquicos del Director del Hospital General "Dr. Miguel Silva", con sede en esta ciudad -todas por conducto del apoderado jurídico - al rendir su informe justificado, negaron los actos reclamados. No obstante, la negativa que hacen las autoridades responsables citadas de la existencia de los actos reclamados, se encuentran desvirtuadas, dado que éstas al rendir tanto su informe justificado como el relativo a la suspensión de plano, indicaron las gestiones correspondientes a fin de dar atención médica a la parte quejosa, así como la sesiones de hemodiálisis necesarias, lo que incluso se encuentra corroborado con las constancias que acompañaron a dichos informes, a las que se les concede pleno valor probatorio conforme a lo previsto en los numerales 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. CUARTO. ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es fundado el concepto de violación dirigido a controvertir la omisión de las autoridades responsables que se simplifica en garantizar el otorgamiento de recibir de manera oportuna la atención médica, los medicamentos y el tratamiento de hemodiálisis que requiere por sus diversos padecimientos, esto es, en cuanto a que debe garantizarse su derecho a la salud. Se explica. Para dilucidar convenientemente la cuestión planteada, resulta necesario hacer un análisis del derecho humano a la salud previsto en el artículo 4º constitucional. En esa tesitura, se parte de la premisa de que, aunque en un Estado constitucional democrático el legislador ordinario y las autoridades gubernamentales y administrativas tienen un margen muy amplio para plasmar su visión de la Constitución y, en particular, para desplegar en una dirección u otra las políticas públicas y regulaciones que deben dar cuerpo a la garantía efectiva de los derechos, el Juez Constitucional puede contrastar su labor con los estándares contenidos en la propia Ley Suprema y en los tratados de derechos humanos que forman parte de la normativa y vinculan a todas las autoridades estatales. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis XV/2011, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, página 31, con número de registro 161331, que dice: "DERECHO A LA SALUD. SU NATURALEZA NORMATIVA.- Nuestro país atraviesa una etapa de intensa transformación en la manera de identificar la sustancia normativa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus consecuencias para la mecánica del funcionamiento del juicio de amparo. Una de las manifestaciones específicas de este fenómeno es la alteración de la comprensión, hasta ahora tradicional, de derechos como el relativo a la salud o a la educación. Esto es, a pesar de su consagración textual en la Carta Magna, estos derechos han sido tradicionalmente entendidos como meras declaraciones de intenciones, sin mucho poder vinculante real sobre la acción de ciudadanos y poderes públicos. Se ha entendido que su efectiva consecución estaba subordinada a actuaciones legislativas y administraciones específicas, en cuya ausencia los Jueces Constitucionales no podían hacer mucho. Ahora, en cambio, se parte de la premisa de que, aunque en un Estado constitucional democrático el legislador ordinario y las autoridades gubernamentales y administrativas tienen un margen muy amplio para plasmar su visión de la Constitución y, en particular, para desplegar en una dirección u otra las políticas públicas y regulaciones que deben dar cuerpo a la garantía efectiva de los derechos, el Juez Constitucional puede contrastar su labor con los estándares contenidos en la propia Ley Suprema y en los tratados de derechos humanos que forman parte de la normativa y vinculan a todas las autoridades estatales." Ahora, atendiendo a la naturaleza de los derechos humanos, dentro de los cuales se encuentra la salud, entendida ésta como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, debe puntualizarse que su goce debe ser garantizado por el Estado a todos los gobernados, sin discriminación alguna, ello de conformidad con los siguientes instrumentos internacionales suscritos por nuestro país, a saber: 1. El protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Protocolo de San Salvador", en sus artículos 3° y 10 prevén como derecho humano el de la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, cuyo goce deben garantizar de manera efectiva el Estado sin distinción alguna. 2. La Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, la cual dispone que el derecho a la salud garantiza pretensiones en términos de disponibilidad, accesibilidad, no discriminación, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud y refiere que los poderes públicos tienen obligaciones de respeto, protección y cumplimiento en relación con el citado derecho humano. Algunas de estas obligaciones son de cumplimiento inmediato y, de otras, progresivo, lo cual otorga relevancia normativa a los avances y retrocesos en el nivel de goce del derecho. Como destacan los párrafos 30 y siguientes de la Observación citada, aunque el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé la aplicación progresiva y reconoce los obstáculos que representa la limitación de los recursos disponibles, también impone a los Estados obligaciones de efecto inmediato, como por ejemplo, las de garantizar que el derecho a la salud sea ejercido sin discriminación alguna y de adoptar medidas para su plena realización, que deben ser deliberadas y concretas. Como subraya la Observación, la realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Al igual que ocurre con los demás derechos enunciados en el Pacto referido, continúa el párrafo 32 de la Observación citada, existe una fuerte presunción de que no son permisibles las medidas regresivas adoptadas en relación con el derecho a la salud. 3. El artículo 2°, así como el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho sin distinción a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. 4. Los artículos 2.2 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que aluden al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho del cual gozarán todas la personas sin distinción. De los preceptos contenidos en los instrumentos internacionales citados, se desprende que el alcance del derecho humano a la salud no puede estar limitado por circunstancias particulares de los gobernados, atento a que de no hacerlo de esa manera, se afectaría gravemente la dignidad humana de éstas; asimismo, que el Estado tiene la obligación de adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho, del cual gozarán todas las personas sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, o de cualquier otra índole o condición social. Apoya la anterior consideración, la tesis aislada XVI/2011, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN." Del mismo modo, resulta aplicable la tesis LXV/2008, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS." En ese sentido, en congruencia con lo establecido en la Constitución y los instrumentos internacionales antes referidos, el derecho a la salud debe entenderse como un derecho fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no solo como el derecho a estar sano. Así, el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia. De ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud, cuyo goce debe garantizarse por el Estado sin discriminación alguna, pues de lo contrario se afectaría gravemente la dignidad de la persona. Es importante resaltar que la Ley General de Salud, reglamentaria del artículo 4º constitucional, en sus artículos 34, fracción I y 35, precisa que los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de estos, se clasifican, entre otros, en servicios públicos a la población general, que son aquellos que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país que así lo requieran, preferentemente a favor de personas pertenecientes a grupos sociales en situación de vulnerabilidad, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad en el momento de usar los servicios, fundados en las condiciones socioeconómicas de los usuarios. Sentado lo anterior, resulta pertinente precisar que, de la demanda de amparo, se advierten los siguientes antecedentes: 1. Que padece de insuficiencia renal crónica, y para salvaguardar su vida requiere de tratamiento renal sustitutivo denominado hemodiálisis. 2. Debido a que el Hospital Civil de Morelia, no cuenta con espacio suficiente para brindarle las sesiones, acude a recibirlas al hospital denominado "Torre Victoria", ubicado en Morelia, Michoacán, cubriendo el quejoso el costo de la sesión, traslado y los medicamentos, como lo son eritropoyetina, hierro y otros. 3. Que -hasta el momento de la presentación de la demanda- tenía más de una semana sin recibir las sesiones de hemodiálisis debido a la falta de recursos económicos, por lo que su estado de salud es delicado. 4. En diversas ocasiones solicitó al Hospital Civil de Morelia, el tratamiento de hemodiálisis para contrarrestar su padecimiento, sin embargo, le indicaron que no podían hacerlo porque no contaban con espacio en la agenda. 5. Que no cuenta con algún servicio de salud ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, o algún otro. Lo expuesto por la parte quejosa se acredita con la documental que acompañó a su demanda de amparo, consistente en el sistema de referencia y contra referencia de treinta de enero de dos mil veintitrés, folio ******************** de la Secretaría de Salud, de la que se observa que se envía al servicio de nefrología. También con las constancias remitidas por la autoridad responsable al rendir su informe respecto a la suspensión de plano, en específico la nota de evolución de catorce de marzo de dos mil veintitrés, en el área de nefrología, de la que se observa: "(...) Diabetes melliuts (sic) tipo 2 de 20 años de diagnóstico. Hipertensión arterial de 2 años de diagnóstico. Enfermedad renal crónica de 1 año de diagnóstico, iniciando hemodiálisis el primero de enero, 2 por semana lunes y jueves, 3 horas. (.) Tratamiento actual. Ácido fólico/24, hierro dextran 100 mg por sesión, eritropoyetina 4000/72, cardispan/sesión, complejo bx1, sulfato ferrosox1, nifedipinox 24 ocasional, insulina 7 - 10 ui glargina. Calcio efervescente 1x24. (.) Paciente el cual acude por primera vez encuentro paciente asintomático sin embargo refiriendo cansancio posterior a sesión de hemodiálisis e inclusive sintomatología asociada a hipertensión por lo cual se envía para ajuste de peso seco y agrego al tratamiento linagliptina, solicito nuevos paraclínicos para próxima cita debiendo continuar con sesiones de hemodiálisis sin suspensión, solicito además electrocardiograma y radiografía de torax, paciente con pronóstico reservado, se ordena plan de nefrología con cita en 3 meses." Documental que al ser remitidas por la propia autoridad responsable, en apoyo a su informe respecto a la suspensión de plano, hacen prueba a favor del solicitante del amparo, y contra la autoridad responsable, por lo que su valor queda a la libre apreciación de este órgano de control constitucional. Lo anterior para acreditar los padecimientos de la parte quejosa, esto es de recibir de manera oportuna la atención médica y los medicamentos necesarios para tratar los padecimientos precisados en párrafos precedentes, en específico el tratamiento de hemodiálisis que necesita por la insuficiencia renal crónica que padece. Por esas razones, es que tales documentos resultan suficientes para crear convicción en este Juzgador de que la parte quejosa requiere atención médica para tratar sus padecimientos, tal como lo expuso en su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad. Además que la autoridad responsable no propuso algún programa de salud de manera definitiva, que garantice brindarle, tratamiento médico y medicamento de manera gratuita, para atender sus padecimientos, aún y cuando se trata enfermedades crónicas. Lo anterior porque la restitución de ese derecho acontecerá cuando se verifique una orden concreta de la autoridad con la cual se integre al quejoso a un programa de salud de manera continua y permanente, consolidando con ello formalmente el tratamiento y servicios que requiere para recibir de manera oportuna la atención médica y los medicamentos necesarios para tratar sus diversos padecimientos (1) hipertensión arterial de dos años, (2) diabetes mellitus tipo 2 de 20 años de diagnóstico e (3) enfermedad renal crónica de 1 año de diagnóstico, así como las sesiones de hemodiálisis que necesita por la última enfermedad citada, cuya omisión de tratamiento inicialmente reclamó al promover esta acción de amparo. Por tanto, atendiendo a la maximización de derechos, este juzgador determina que la protección del derecho a la salud debe ser total y, en el caso, los padecimientos que aquejan al amparista deben ser atendidos de manera integral, hasta lograr, en la medida de lo posible, su recuperación. Dado que el derecho a la salud constituye un derecho humano integral que no se agota, hasta en tanto el quejoso tenga una prerrogativa reconocida por la autoridad responsable, y le sea suministrado todos los medicamentos, tratamientos y consultas que necesite contra sus padecimientos. En ese contexto, es evidente que la obligación de la autoridad responsable radica en efectuar todas las gestiones necesarias, para que sean atendidos dichos padecimientos de manera integral y continua, le sean proporcionados los medicamentos que requiere para su tratamiento, y se le otorguen las sesiones de hemodiálisis que necesite para tal efecto. Por tanto, el tratamiento de sus padecimientos debe ser efectuado en su integridad por la responsable siempre bajo su más estricta responsabilidad, esto es, con base en lo que su médico tratante determine que es el tratamiento más adecuado para el peticionario de amparo, y que éste acepte a través de su consentimiento informado, así como sus condiciones (temporalidad, modalidades y todas las cuestiones que sean susceptibles de determinar por los especialistas médicos), lo que debe acontecer de manera gratuita en las institución de salud pública, señalada como responsable en el presente juicio de amparo. De ahí que la presente sentencia no solamente tiene como efecto reconocerle el derecho a la salud, sino que se debe garantizar; de manera que es obligación del Estado, en reconocimiento y garantía de tal derecho, asegurarse de que se otorgue la atención médica que necesita, u otro diverso, y se le practiquen todos los tratamientos que requiera la parte quejosa para enfrentar las enfermedades que padece. En esas condiciones, no es dable considerar resarcido el derecho a la salud del solicitante de amparo con las acciones que refiere la autoridad responsable, y que justificó con motivo de la suspensión de plano concedida en el presente asunto, toda vez que la restitución a ese derecho acontecerá cuando se constituya en su favor una prerrogativa que formalmente consolide el tratamiento y servicios que requiere para los padecimientos que a la fecha presenta, o los que resulten derivados de la evolución respecto de sus patologías. Sirve de orientación, la tesis (VIII Región) 2°16.L, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, que dice: "DERECHO A LA SALUD. AL SER DE NATURALEZA PRESTACIONAL, EL ESTADO DEBE REALIZAR UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA ASISTENCIA MÉDICA OTORGADA, POR LO QUE EL TRATAMIENTO QUE SE INICIE CON MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN CONCEDIDA EN EL AMPARO, NO ES SUFICIENTE PARA SOBRESEER O NEGAR LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL QUEJOSO. Cuando el quejoso reclama una violación al derecho a la salud, previsto en el artículo 4o., cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por la omisión de que se le brinde un tratamiento médico, y en el juicio de amparo respectivo se concede la suspensión de plano y luego la definitiva, para que la autoridad responsable cumpla con su obligación de otorgar el servicio médico requerido, no puede considerarse en la sentencia que no existe violación que reparar, por la sola circunstancia de que ya se esté otorgando dicho tratamiento. Esto es así, pues debe analizarse el material probatorio que obra en autos para determinar si el cumplimiento de esa prestación como obligación por parte del Estado de garantizar a la población las condiciones adecuadas para proteger la salud física, mental, emocional y social, fue realizada en respeto a ese derecho humano en sí mismo, o únicamente en acatamiento a la suspensión decretada por el Juez Federal, ya que no debe perderse de vista que los efectos de esta medida sólo permanecen hasta que se dicte resolución en el juicio principal, por lo que no tiene un efecto definitivo. De no atenderse esta circunstancia, el sobreseimiento o la negativa de la protección constitucional solicitada dejaría sin efectos la suspensión concedida en el juicio de amparo, con el riesgo de que al no haber un pronunciamiento firme y definitivo sobre el derecho humano en cuestión, se deja a la discrecionalidad de la autoridad el continuar o no brindando el servicio médico solicitado. Lo anterior, si se considera que los Estados no sólo tienen la obligación de respetar, absteniéndose de negar el acceso o de dar el tratamiento médico solicitado, pues al tratarse de un derecho de naturaleza prestacional está sujeto a la obligación de hacer del Estado -realizar una adecuada prestación y supervisión de la asistencia médica-, ello bajo los principios de universalidad y progresividad." Luego, está claro que la omisión de la autoridad responsable al no brindar toda la atención médica gratuita y requerida por el quejoso, vulnera su derecho a la protección de la salud, consagrado en el artículo 4°, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no establecer una opción definitiva o permanente concreta para atender sus padecimientos con los recursos que la Ley General de Salud impone. Asimismo, la opción definitiva de atención a la protección del derecho a la salud que también debe ser sensible, en lo posible, a la cercanía a su domicilio, donde la autoridad responsable está en condiciones de brindar la mejor opción para el quejoso. Aplica en lo conducente la jurisprudencia que sostiene: "Época: Novena Época Registro: 168549 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVIII, Octubre de 2008 Materia(s): Constitucional, Administrativa Tesis: P./J. 136/2008 Página: 61 SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4º, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL. La Ley General de Salud, reglamentaria del citado precepto constitucional, precisa que los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican en: a) servicios públicos a la población general, que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad, cuyas cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando éstos carezcan de recursos para cubrirlas; b) servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social, que son los prestados a las personas que cotizan o las que hubieren cotizado conforme a sus leyes, así como los que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal se presten por tales instituciones a otros grupos de usuarios; c) servicios sociales y privados, los primeros se prestan por los grupos y organizaciones sociales a sus miembros y beneficiarios de los mismos, directamente o mediante la contratación de seguros individuales y colectivos, y privados, los que se prestan por personas físicas o morales en las condiciones que convengan con los usuarios, sujetos a las leyes civiles y mercantiles, los cuales pueden ser contratados directamente por los usuarios o a través de sistemas de seguros individuales o colectivos y, d) otros que se presten de conformidad con la autoridad sanitaria, como lo son aquellos que conforman el Sistema de Protección Social en Salud, previsto para las personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, que será financiado de manera solidaria por la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los propios beneficiarios mediante cuotas familiares que se determinarán atendiendo a las condiciones socioeconómicas de cada familia, sin que el nivel de ingreso o la carencia de éste sea limitante para acceder a dicho sistema. Lo anterior permite advertir que el derecho a la protección de la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud y que en virtud de que ésta es una responsabilidad que comparten el Estado, la sociedad y los interesados, el financiamiento de los respectivos servicios, no corre a cargo del Estado exclusivamente, pues incluso, se prevé el establecimiento de cuotas de recuperación a cargo de los usuarios de los servicios públicos de salud y del sistema de protección social en salud, que se determinan considerando el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas de los usuarios, eximiéndose de su cobro a aquellos que carezcan de recursos para cubrirlas, de ahí que la salud sea una responsabilidad que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad y los interesados, con base en criterios de capacidad contributiva y redistribución del ingreso." Ante las circunstancias relatadas, dado que se advierte que existen gestiones pendientes a fin de lograr un estado óptimo de salud de la parte quejosa, máxime que las autoridades señaladas como responsables se encuentran obligadas a proporcionar el servicio médico al solicitante del amparo. Por consiguiente, al advertirse una transgresión al derecho fundamental a la salud del quejoso que, además, debe ser garantizado, lo que procede es conceder el amparo solicitado para los efectos que se precisarán en el considerando siguiente. QUINTO. EFECTOS DE LA SENTENCIA. En aras de hacer cumplir el efecto protector a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder la protección constitucional, para el efecto de que las autoridades responsables realicen lo siguiente: En el ámbito de sus atribuciones, deberán dictar un acuerdo administrativo en el que ordene a quien corresponda, ejercer las medidas necesarias a efecto de que continúe la atención médica especializada a la parte quejosa, le sean proporcionados los medicamentos necesarios para tratar su padecimientos, y se le otorguen las sesiones de hemodiálisis que necesita derivado de la insuficiencia renal crónica que padece. En específico, indique al personal a su cargo a efecto de que se establezca de manera definitiva la opción que mejor garantice el derecho a la salud del solicitante de amparo, enfocada al tratamiento de sus padecimientos, para lo cual deberán precisar que se le debe proporcionar la atención médica, medicamentos y las sesiones de hemodiálisis que necesite. Lo anterior en el entendido de que el fallo protector se tendrá cumplido con la emisión del acuerdo referido. En específico, establezcan de manera definitiva la opción que mejor garantice el derecho a la salud del solicitante de amparo, enfocado al tratamiento de sus padecimientos antes citados, determinados por los especialistas correspondientes. Ello, en la inteligencia de que dichas responsables no pueden aducir falta de personal o de recursos materiales para no dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Lo que también encuentra apoyo en las tesis siguientes: "Registro digital: 2012509 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Constitucional Tesis: 1a. CCXXV/2016 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, página 507 Tipo: Aislada PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA. CONTENIDO DEL DEBER DE INFORMAR AL PACIENTE EN MATERIA MÉDICO-SANITARIA. De la Ley General de Salud y el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, se infiere que el profesionista médico tiene una obligación de aportar al paciente todos los elementos necesarios para que éste tome una decisión libre e informada sobre su tratamiento o ausencia del mismo. En ese sentido, ante la insuficiencia de regulación normativa sobre este supuesto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entiende que el otorgamiento de información para cumplir con el deber de informar consiste, como mínimo y dependiendo de cada caso concreto, en el estado de salud del paciente, el diagnóstico de su padecimiento, el tratamiento o intervenciones necesarias para tratar el mismo y sus alternativas, así como los riesgos inherentes y los efectos que puedan tener tales tratamientos o intervenciones; de ahí que el contenido que debe satisfacer este derecho no es inmutable, sino que se actualiza supuesto a supuesto. Por su parte, el sujeto de tal deber es, por regla general, el médico responsable del paciente y, en particular, aquellos profesionistas médicos que ejecuten un acto médico concreto (proceso asistencial, técnica o procedimiento invasivo, interconsulta, etcétera) que pueda incidir en la esfera de derechos del paciente. El destinatario de esta información debe ser el propio paciente o las personas unidas al mismo por vínculos familiares, de hecho o legales que jurídicamente puedan tomar una decisión sobre su atención médica. Adicionalmente, debe destacarse que el deber de informar no se agota en una etapa en específico ni su cumplimiento se actualiza siguiendo ciertos pasos previamente identificados. Dependerá de cada caso concreto y de su contexto fáctico, teniendo como premisa fundamental que la información deberá ser continuada, verdadera, comprensible, explícita, proporcionada al momento en que el médico lo considere viable, previo a cualquier tratamiento o intervención y su otorgamiento podrá ser oral o escrito. El grado y temporalidad del otorgamiento de la información penderán de la capacidad del paciente, los deseos de información del mismo (no se le puede obligar a recibir la información si no es su voluntad; es decir, si rechazó su conocimiento de manera expresa), el nivel de riesgo y la concurrencia de un estado de urgencia. Asimismo, tal como sucede con el consentimiento informado, un supuesto de excepción de este derecho a ser informado tiene lugar cuando los sucesos fácticos no permiten una demora ante la posibilidad de que se origine un daño grave o irreversible al paciente." "Registro digital: 2012106 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Constitucional Tesis: 1a. CXCIX/2016 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 32, Julio de 2016, Tomo I, página 313 Tipo: Aislada CONSENTIMIENTO INFORMADO EN MATERIA MÉDICO-SANITARIA. JUSTIFICACIÓN DE SU SUPUESTO DE EXCEPCIÓN. El consentimiento informado es un requisito que se desprende legalmente del "Capítulo IV. Usuarios de Salud y Participación de la Comunidad" de la Ley General de Salud y consiste en el derecho del paciente de otorgar o no su consentimiento válidamente informado en la realización de tratamientos o procedimientos médicos como consecuencia necesaria o explicitación de los derechos a la vida, integridad física y libertad de conciencia. No obstante, el artículo 81 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica prevé que cuando concurra un caso de urgencia o el paciente se encuentre en un estado de incapacidad transitoria o permanente y no sea posible obtener la autorización de su familiar más cercano, tutor o representante para los tratamientos o procedimientos médico-quirúrgicos necesarios, los médicos de que se trate, previa valoración del caso y con el acuerdo de dos de ellos, realizarán el tratamiento o procedimiento que se requiera, dejando constancia por escrito en el expediente clínico de dicho actuar. En ese sentido, aun cuando pudiera parecer que es un contrasentido que ese estado de urgencia sea una excepción a la concurrencia de un consentimiento informado expreso para efectuar un acto médico que entrañe un alto riesgo para el paciente, pues precisamente la respectiva autorización es la forma en que el sistema jurídico respeta la libertad de esa persona para decidir sobre su propio cuerpo, lo cierto es que el propio sistema jurídico realiza una ponderación entre la voluntad del paciente y las obligaciones que tiene todo personal médico-sanitario de emprender las acciones necesarias para respetar y proteger el derecho a la salud, la integridad y/o vida de una persona. Así, el caso de urgencia que justifica el acto médico a pesar de la ausencia de consentimiento del paciente, es la forma en que el ordenamiento jurídico reconcilia ambos valores, preponderando la protección de la salud, pero sujetando consecuentemente al médico o diverso profesional médico-sanitario a un estándar más alto para acreditar su debida diligencia médica: tendrá que demostrar que esa actuación era imperiosa para la protección de la integridad o vida del paciente y deberá hacerlo en acuerdo con otro profesional médico, asentando sus razones para acreditar el estado de urgencia y detallando toda información relevante en el expediente clínico, bajo su más estricta responsabilidad. Esta determinación no prejuzga sobre los supuestos de negativa de consentimiento por objeción de conciencia o libertad religiosa. Por tanto, el acto médico que involucre un alto riesgo al paciente que fue realizado sin acreditarse un caso de urgencia o sin recabarse el debido consentimiento informado, se reputará como una negligencia médica por transgresión a la lex artis ad hoc, si se tiene por satisfecho el resto de los elementos de la acción: la existencia de un daño y que tal acto negligente originó o fue un factor determinante en su producción." Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo de la presente ejecutoria, consistente en la violación a su derecho a la salud, derivado de la omisión de proporcionar los servicios que requiere para los padecimientos que presenta, con base a las razones expuestas en el cuarto considerando de esta sentencia y para los efectos precisados en el quinto. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy fe.

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