José Carmen Rocha Cervantes
Expediente 379/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 18 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 379/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 19/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- José Carmen Rocha Cervantes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Visto el estado de autos y certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia por la que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, con relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se sobreseyó respecto de todos los actos reclamados. Por lo que respecta al cuaderno único del incidente de suspensión, toda vez que se negó la suspensión definitiva, no obstante que se haya concedido la provisional, es susceptible de destrucción una vez que transcurra el mismo lapso de tres años, al encuadrar en el inciso c) del precepto 21 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del aludido manual. Notifíquese.
- Principal
Agréguese el escrito de la licenciada *****, representante especial de las menores quejosas ***** y *****, mediante el cual solicita se requiera la presencias de dichas menores acompañadas de quien ejerce la patria potestad, en las instalaciones de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública en esta ciudad, a fin de que manifiesten si están de acuerdo con el sobreseimiento fuera de audiencia dictado en el presente juicio de amparo. Al respecto, hágase le saber a la asesora jurídica que conforme a la designación que realizó este juzgado de Distrito, a favor de las menores, se encuentra en aptitud de presentar los recursos que estime pertinente para proteger sus derechos, lo que desde luego, incluye la determinación en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. De igual, se le hace saber que en autos únicamente se cuenta con el domicilio de ********************, madre las mencionadas infantes, lo cual puede consultar a través del expediente electrónico, con el usuario que proporcionó. Notifíquese.
- Principal
AVISO A PARTE QUEJOSA. ACUERDO DE 24/04/2023. gréguese para que obre en autos el oficio 165/2023 que remite la Jueza de Primera Instancia con Jurisdicción Mixta del Décimo Primer Distrito Judicial, mediante el cual remite el disco digital versátil que contiene la audiencia de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, en la que se llegó a una solución alterna del proceso, decretando la extinción de la acción penal y el sobreseimiento de la causa. Por otra parte, visto el estado de autos, este órgano de control advierte la actualización de una causal de improcedencia, misma que constituye un obstáculo para realizar pronunciamiento respecto al fondo del asunto, siendo procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, sin necesidad de esperar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que ni aun celebrándose esta última, podría desvirtuarse dicha causal y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, de tal modo que invariablemente la conclusión sería igual; además, este proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional. En la especie, la parte quejosa reclama de la Juez de Control del Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en San Juan del Río, Durango, las órdenes verbales o escritas para que sea detenido, así como su ejecución. En relación con lo anterior, se estima que se materializa la causa de inviabilidad que señala la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia el cual prevé: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" La cesación de efectos ha sido definida como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, que trae como consecuencia, que deje de existir la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, en virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica; de tal manera que la esfera jurídica de la quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Entonces, si el acto que se considera violatorio de derechos fundamentales desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. En efecto, la causal referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado o en su caso tratándose de acto negativo que éste sea respetado. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Por otro lado, del informe justificado rendido por la juez responsable se advierte que aceptó la existencia del acto reclamado (orden de comparecencia con auxilio de la fuerza pública); pues señaló que el uno de marzo de dos mil veintitrés, emitió dicha orden, por haberse declarado sustraído de la acción de la justicia al aquí quejoso. Entonces, es evidente que la violación alegada cesó jurídicamente en sus efectos, porque en audiencia de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, se arribó a una solución alterna de cumplimiento inmediato, decretándose la extinción de la acción penal y el sobreseimiento de la causa. De ahí que no existe afectación alguna en la esfera jurídica del quejoso que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 38, IX, Junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, como opera la causal analizada, procede sobreseer en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En atención a lo antes asentado y en razón de que la audiencia constitucional en este juicio de amparo, se encuentra señalada para las NUEVE HHORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DE DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, se deja sin efecto dicho señalamiento. Notifíquese personalmente.
- Principal
Agréguese para que obre en autos el oficio 165/2023 que remite la Jueza de Primera Instancia con Jurisdicción Mixta del Décimo Primer Distrito Judicial, mediante el cual remite el disco digital versátil que contiene la audiencia de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, en la que se llegó a una solución alterna del proceso, decretando la extinción de la acción penal y el sobreseimiento de la causa. Por otra parte, visto el estado de autos, este órgano de control advierte la actualización de una causal de improcedencia, misma que constituye un obstáculo para realizar pronunciamiento respecto al fondo del asunto, siendo procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, sin necesidad de esperar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que ni aun celebrándose esta última, podría desvirtuarse dicha causal y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, de tal modo que invariablemente la conclusión sería igual; además, este proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional. En la especie, la parte quejosa reclama de la Juez de Control del Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en San Juan del Río, Durango, las órdenes verbales o escritas para que sea detenido, así como su ejecución. En relación con lo anterior, se estima que se materializa la causa de inviabilidad que señala la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia el cual prevé: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" La cesación de efectos ha sido definida como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, que trae como consecuencia, que deje de existir la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, en virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica; de tal manera que la esfera jurídica de la quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Entonces, si el acto que se considera violatorio de derechos fundamentales desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. En efecto, la causal referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado o en su caso tratándose de acto negativo que éste sea respetado. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Por otro lado, del informe justificado rendido por la juez responsable se advierte que aceptó la existencia del acto reclamado (orden de comparecencia con auxilio de la fuerza pública); pues señaló que el uno de marzo de dos mil veintitrés, emitió dicha orden, por haberse declarado sustraído de la acción de la justicia al aquí quejoso. Entonces, es evidente que la violación alegada cesó jurídicamente en sus efectos, porque en audiencia de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, se arribó a una solución alterna de cumplimiento inmediato, decretándose la extinción de la acción penal y el sobreseimiento de la causa. De ahí que no existe afectación alguna en la esfera jurídica del quejoso que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 38, IX, Junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, como opera la causal analizada, procede sobreseer en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En atención a lo antes asentado y en razón de que la audiencia constitucional en este juicio de amparo, se encuentra señalada para las NUEVE HHORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DE DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, se deja sin efecto dicho señalamiento. Notifíquese personalmente.
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