José Carmen Dedblla Trujillo

Expediente 328/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
328/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
03/09/2021

Partes del expediente

  • José Carmen Dedblla Trujillo

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte, que mediante proveído de nueve de abril de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo origen del presente asunto, sin que la parte promovente haya interpuesto recurso de queja, dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su ordinal 2º, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, tomando en consideración que no existe asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 21 del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se desechó la demanda de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente, en términos de los artículos 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Para los efectos a que alude el citado Acuerdo General, se instruye a la secretaria judicial encargado del presente expediente, a verificar que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, sea incorporada cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, se autoriza a la Secretaria y/o Actuario de la adscripción, para que firmen los oficios que deriven del presente acuerdo. Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de agosto de dos mil veintiuno. Vista la razón actuarial que antecede, por medio del cual la Actuaria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, manifiesta que no le fue posible llevar a cabo la notificación personal del proveído de nueve de abril de dos mil veintiuno, a la parte quejosa, por las razones que expone. Por tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hágase la notificación del proveído de nueve de abril de dos mil veintiuno, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos.

  3. Principal

    COMO ESTÁ ORDENADO EN AUTO DE TRES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR LISTA DE ACUERDOS, EL AUTO DE NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, DICTADO DENTRO DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, EN EL CUAL SE ACORDÓ ESENCIALMENTE LO SIGUIENTE: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de abril de dos mil veintiuno. I. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Y REGISTRO. Vista la demanda de amparo promovida por José Carmen Bedolla Trujillo, contra actos del Juzgado Especializado en Materia Oral Mercantil del Distrito Judicial del Centro, Estado de Oaxaca; al respecto, fórmese expediente, anótese en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 328/2021 y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. II. PRECISIÓN DE ACTOS. Ahora bien, antes de abordar el tema respecto de la admisión de la demanda, conviene precisar el acto que por esta vía se reclama, el cual se precisa tomando en cuenta el escrito de demanda de amparo. En ese orden de ideas, analizada la demanda de amparo, se tiene que la parte quejosa insta el presente juicio contra actos del Juzgado Especializado en Materia Oral Mercantil del Distrito Judicial del Centro, Estado de Oaxaca, a saber: El auto de ocho de marzo de dos mil veintiuno, emitido en el juicio oral mercantil *** del índice de la responsable, por el cual, no se acordó de conformidad la contestación a la demanda con la que se instauro el juicio, se le tuvo por apersonándose en el procedimiento y se dejó a su disposición los recibos de pago por los cuales pretende acreditar el pago de la deuda demandada en el juicio de origen. III. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE AMPARO. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Por motivo manifiesto de la causa de improcedencia debe entenderse lo que se da en forma clara, patente o evidente; mientras que lo indudable se presenta cuando se tenga certidumbre y plena convicción de que esa causa de inejercitabilidad sea operante e inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia XVII.2o. J/11, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 648, Tomo IX, Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Bajo la premisa contenida en el artículo anterior, resulta claro que antes de admitir a trámite la demanda de amparo, es pertinente examinar si ante todo, no existe alguna causa de improcedencia, que por ser manifiesta e indudable, permita de plano su desechamiento. DESECHAMIENTO En el caso, se considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, de la Ley de Amparo, éste último aplicado en sentido contrario, atento a que el acto reclamado, por su naturaleza y efectos, no es de imposible reparación para la procedencia del juicio que nos ocupa; numerales que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio es improcedente, entre otros casos, cuando la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la ley. En relación con lo anterior, es aplicable la tesis LXXXVI/99, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 373, Tomo IX, junio de 1999, materia común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO". Por otra parte, el numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, establece la procedencia del juicio constitucional respecto de actos cuya ejecución sea de imposible reparación. El aludido dispositivo define a tales actos como aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Lo anterior, implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Las reflexiones precedentes se sustentan en la jurisprudencia 37/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Esto es, en la legislación vigente el órgano legislativo no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación, cuándo se produce una afectación irreparable, sino que fue específico al señalar qué debe entenderse por esa cuestión jurídica, precisamente en los términos que fueron destacados con antelación. Como se puede apreciar, el amparo indirecto procede, entre otros supuestos, contra actos dictados dentro juicio, pero siempre que sus efectos sean de imposible reparación, o bien, afecten a personas extrañas. Así, la Ley de Amparo vigente, a diferencia de la abrogada, precisa lo que debe entenderse por "actos de imposible reparación", al establecer que son los que afecten materialmente derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por otro lado, el concepto de irreparabilidad ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio sólo tienen ejecución de imposible reparación para efectos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreparablemente la violación del derecho fundamental de que se trate; b) No pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. De esta forma, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que un acto dentro del juicio es de "ejecución irreparable" cuando afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afecta derechos adjetivos o procesales, de tal forma que cualquier violación procesal, debe ser impugnada únicamente en el momento en que se promueva el amparo directo, previo agotamiento de los recursos ordinarios, en contra de la sentencia dictada en el procedimiento respectivo. Este criterio se plasmó en la jurisprudencia P./J. 24/92 emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, Tomo 56, agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS". Asimismo, debe entenderse como derecho adjetivo aquél que sólo produce efecto de carácter formal o intraprocesal, puesto que incide dentro del procedimiento de acuerdo con su desarrollo, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de la sentencia; por lo que si esto se logra, ese tipo de actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Por tanto, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Así, los actos dentro de juicio tendrán una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan instantáneamente alguno de los derechos sustantivos como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera; de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse aun cuando el quejoso obtenga una sentencia favorable en el juicio natural. De este modo, la procedencia del amparo indirecto se actualiza excepcionalmente contra algún acto dictado dentro del juicio o procedimiento ordinario, en el caso de que su ejecución afecte materialmente derechos sustantivos, de manera directa e inmediata, de modo tal que dicha afectación no podría repararse aún mediante la obtención de una sentencia favorable en el proceso o juicio de origen y, en sentido contrario, no procede cuando únicamente afecte derechos adjetivos, instrumentales o procesales. Tal afectación material, debe ser directa e inmediata y no mediata, esto es, no debe ser secundaria o futura, ni requerir de un acto posterior, porque entonces el que causa la ejecución de imposible reparación es el acto que los produce y no su antecedente. Una vez establecido lo anterior, resulta importante iterar que la parte quejosa, acude a esta instancia constitucional a inconformarse del auto de ocho de marzo de dos mil veintiuno, emitido en el juicio oral mercantil **** del índice de la responsable, por el cual, no se acordó de conformidad la contestación a la demanda con la que se instauro el juicio, se le tuvo por apersonándose en el procedimiento y se dejó a su disposición los recibos de pago por los cuales pretende acreditar el pago de la deuda demandada en el juicio de origen. Ahora bien, para explicar porque surte efectos la causa de improcedencia referida es pertinente precisar algunos de los antecedentes narrados en la demanda de amparo, los cuales fueron expuestos bajo protesta de decir verdad por la parte promovente. Así, se advierte que el acto reclamado deriva de un juicio oral mercantil instaurado contra la parte quejosa, el cual correspondió conocer al Juzgado responsable, radicado con el número ****, el cual previa otorgación del amparo y la protección, se dejó insubsistente todas las actuaciones practicadas en el juicio a partir de la emplazamiento de la aquí parte quejosa y ordenó su emplazamiento a juicio mediante exhorto; en razón de que no se ha realizado el emplazamiento de la parte quejosa, decidió presentar ante la responsable un escrito dando contestación a la demanda instaurada en su contra, exhibió recibos para acreditar el pago del adeudo que se pretende cobrar en ese juicio; escrito al cual, recayó el acto reclamado, en la cual se determinó, no ha lugar a tenerle contestando la demanda entablada en su contra ya que no se ha realizado su emplazamiento, se le tiene por apersonándose al juicio y ordena la devolución de los recibos que fueron anexados al mismo. Lo anterior, se considera constituye un acto que no afecta de manera cierta, directa e inmediata algún derecho fundamental tutelado por la Constitución, y por ende, no son de aquellos que contempla el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que de ningún modo afectan materialmente los derechos sustantivos de la parte quejosa, tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. En efecto, se estima el acto reclamado no colma los atributos indispensables para tener acceso al juicio de amparo indirecto, precisamente porque no constituye una violación de carácter irreparable, ya que sólo tiene efectos dentro del procedimiento natural, sin que implique por sí la privación de un derecho, pues en el auto que aquí se reclama únicamente se determinó no tener por contestada la demanda instaurada en su contra, se ordenó la devolución de los recibos anexas a la contestación y se le tuvo por apersonándose en el juicio. Por lo que, la misma se trata de una actuación dictada dentro del juicio, en el que aún no se ha dictado sentencia, por lo que dicha determinación, no implica la privación de un derecho, ya que las consecuencias finales solamente serán apreciables hasta que se conozca el sentido de la resolución que decida en el referido juicio. Lo anterior es así, pues el acto reclamado no necesariamente origina que el resultado de la litis se incline a favor de su contraparte, ya que de serle favorable, dicha violación dejaría de surtir sus efectos, pero de no ser así, podrá impugnar esa irregularidad en el juicio de amparo directo que promueva en contra de la sentencia que se emita, alegando la existencia de una violación a las leyes del procedimiento, sin prejuzgar, acorde con el artículo 172, fracciones III, IV y XII, de la Ley de Amparo. Por tanto, es inconcuso que el acto que reclama es un acto intraprocesal o intermedio, pues el mismo fue dictado dentro del juicio, por lo que se estima que dicho acuerdo no incide en derechos sustantivos de la parte quejosa. De ahí que, se estime el acto reclamado en el presente juicio de amparo no afecta de manera directa e inmediata los derechos sustantivos de la parte quejosa, que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o algún otro contenido en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; razón por la que tal acto no es de aquellos que contempla la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues como se dijo, no originan afectación alguna a los derechos fundamentales de la parte quejosa. En consecuencia, al actualizarse de modo notorio, manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V del numeral 107, interpretada a sentido contrario; con apoyo en el diverso 113, todos de la ley de la materia, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por José Carmen Bedolla Trujillo, contra el acto que reclama del Juzgado Especializado en Materia Oral Mercantil del Distrito Judicial del Centro, Estado de Oaxaca. Lo anterior, toda vez que incluso de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si de cualquier manera, al dictarse sentencia, se sobreseería en el juicio, por ello, resulta conveniente desechar de plano la demanda de cuenta, con objeto de que el promovente tenga conocimiento desde este momento, el resultado de la promoción de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. Sin que tal determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que el presente pronunciamiento, se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. Se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en la página 921, Julio de 2006, Tomo XXIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Asimismo, cabe destacar que la determinación de desechar la demanda de amparo, tampoco contraviene el derecho de acceso a la justicia tutelada por el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón que ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual además brinda certeza jurídica; aunado a la circunstancia de que con esta determinación queda incólume el derecho del inconforme para interponer los recursos y los juicios que procedan en defensa de los derechos que estime vulnerados; lo que además es acorde a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Así como, el contenido de la tesis XVI.1o.A.T.2 K (10a.) , visible en la página 1167, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que es del rubro: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS" IV. Exhorto para la promoción del juicio en línea. Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del juicio en línea, de conformidad con el artículo 28, del "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19". V. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. VI. Domicilio y autorizados. Como lo solicita la parte promovente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica; asimismo, se le tiene autorizando en limitados términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al profesionista que señala en su demanda de amparo, por así solicitarlo la parte quejosa. VII. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se comunica a las partes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 1 a 16, 68, 71, 110, y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 5, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, los diversos 1, 7, 9 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 110 de la ley Federal citada. En la inteligencia que, de existir alguna oposición expresa a que se publiquen los datos, de conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, dicha oposición, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo proveyó y firma el licenciado Roberto Carlos Ramos Aguilar, Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, por autorización comunicada por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/267/2021, de quince de febrero del dos mil veintiuno; quien actúa ante Flavia María Aguayo Carmona, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. fmac

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