JOSE CARMEN BARCENAS TINOCO y Otros.
Expediente 1032/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1032/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/11/2021
Partes del expediente
- JOSE CARMEN BARCENAS TINOCO y Otros.
- Jose Carmen Barcenas Tinoco
Actuaciones
- Principal
CAUSA ESTADO DESECHAMIENTO. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por José Carmen Bárcenas Tinoco y Leticia Bárcenas Tinoco; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho proveído ha causado estado. En ese sentido, se evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda de amparo en el presente juicio (artículo 21, párrafo primero, inciso d del acuerdo en cita). 2. Asimismo, es menester referir que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el segundo párrafo del artículo 21, del Acuerdo de referencia). 3. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren la constancia de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Finalmente, una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.
- Principal
MESA VI CITATORIO QUEJOSO SE NOTIFICA POR LISTA EL PROVEIDO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE ACTUAL DESAHOGO. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2 de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan para los efectos legales procedentes, el escrito de cuenta signado por los quejosos++++++++, mediante el cual desahogan la prevención formulada en auto de veintiuno de octubre el año en curso y adjuntan copia simple de la resolución de siete de octubre de dos mil veintiuno, dictada en los autos del toca penal 533/2021 del índice del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, del Tribunal Superior de justicia del Estado de México. PRECISÓN DEL ACTO RECLAMADO. Vista la demanda de garantías y del contenido del escrito aclaratorio de cuenta, se obtiene que el acto reclamado se hace consistir en: La resolución emitida siete de octubre de dos mil veintiuno, en los autos del toca penal 533/2021 del índice del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, del Tribunal Superior de justicia del Estado de México. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente pretende impugnar la parte quejosa y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000 con registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 32 del Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." DESECHAMIENTO. Previo a la admisión o desechamiento de la demanda promovida, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la citada demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el contenido del artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario destacar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo del año de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". Hecha tal precisión, este juzgador advierte que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto legal 107, fracción V, de la Ley de la materia, este último aplicado a contrario sensu, dado que el acto que se tilda de inconstitucional no tiene una ejecución de imposible reparación. Al respecto, se considera necesario citar el contenido de los citados artículos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. ." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De acuerdo con las porciones normativas transcritas, el juicio de amparo contra actos dentro de un asunto, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación y, en el caso, la resolución emitida el siete de octubre de dos mil veintiuno, en los autos del toca penal 533/2021 del índice del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, que resuelve: "PRIMERO. Al advertirse violación al derecho humano al debido proceso, se ordena la reposición del procedimiento seguido en contra de los imputados JOSÉ CARMEN BÁRCENAS TINOCO y LETICIA BÁRCENAS TINOCO, por el delito de USO DE DOCUMENTO FALSO, en agravio de la FE PÚBLICA Y DE VERÓNICA BÁRCENAS TINOCO, en la carpeta administrativa 178/2019, seguido ante el Juez de Control del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México, en los términos precisados en el cuerpo de esta resolución. SEGUNDO. En términos del artículo 101 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México hoy abrogado pero de aplicación ultractiva al caso que nos ocupa, quedan notificados de esta resolución los intervinientes en audiencia y a quienes debiendo estar presentes no hayan asistido, se ordena notificar por estrados el contenido del acta mínima. TERCERO. Con copia certificada de la videograbación de la presente audiencia y copia autorizada de la resolución que por escrito se agregará a los autos, devuélvanse las constancias al Juzgado de su procedencia, requiriéndole al Juez de Control para que informe a este Tribunal de Alzada la forma en que haya dado cumplimiento al presente fallo y háganse las anotaciones correspondientes en los libros respectivos y en su oportunidad archívese el presente toca como asunto concluido." No se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que se trata de una etapa procesal que afecta derechos procesales de las partes del juicio, esto es, el acto reclamado es una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material algún derecho sustantivo, pues solo trasciende en el interior o trámite del juicio natural. Lo anterior se considera así, pues de la lectura a la resolución reclamada, la reposición de autos fue en los siguientes términos: "(.) Actuación que en general se estima inadecuada, ya que como se ha analizado, el Juez Natural no dio cabal cumplimiento a los preceptos constitucionales y procesales señalados en líneas precedentes, al haber desahogado la audiencia de formulación de imputación y haber dictado su proveído de no vinculación de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual no resultaba aplicable al presente asunto, si no que debió hacerlo a partir de las reglas establecidas en los numerales 288, 289 y 291 y del 293 al 298 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México en vigor al momento de los hechos (abril de 2015); lo que no aconteció y esto generó violaciones manifiestas a los principios de seguridad jurídica, de debido proceso en perjuicio de las partes. Bajo ese contexto, es claro que al omitir lo anterior el Juzgador violentó el derecho fundamental al debido proceso, contenido en el artículo 14, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consecuentemente, considerando que la justicia debe impartirse de manera completa, pronta e imparcial, al existir motivos suficientes para estimar violaciones manifiestas al procedimiento que afectaron los derechos de las partes y que esa afectación trascendió al fallo recurrido, en términos de lo dispuesto por los artículos 421 y 423 del Código de Procedimientos Penales aplicable en el Estado de México, lo procedente es reponer el procedimiento, seguido en contra de JOSÉ CARMEN BÁRCENAS TINOCO Y LETICIA BÁRCENAS TINOCO, en la carpeta administrativa 178/2019, por el delito de USO DE DOCUMENTOS FALSOS, en agravio de la FE PÚBLICA Y VERÓNICA BÁRCENAS TINOCO, para los siguientes efectos: El Juez de Control del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México ORLANDO MORALES GONZÁLEZ, deje insubsistente la audiencia de formulación de imputación sin detenido de fecha 16 de agosto de 2021 y todo lo actuado con posterioridad, incluso el fallo recurrido. Cite a las partes para la celebración de la audiencia de formulación de imputación sin detenido en la que el Juez de Control antes indicado, lleve a cabo el desahogo y la tramitación de la audiencia conforme al Código de Procedimientos Penales para el Estado de México abrogado, pero de aplicación ultractiva al presente asunto de acuerdo con el artículo tercero transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, ello siguiendo los lineamientos establecidos en los numerales 288, 289 y 291, y del 293 al 298 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de México en la época de los hechos, hoy abrogado pero de aplicación ultractiva. Lleve a cabo todos los actos jurídicos subsecuentes a la formulación de imputación hasta resolver la situación jurídica de los imputados. La cual deberá resolver congruentemente, llevando a cabo la valoración de los datos de prueba de conformidad con la legislación Procesal Penal aplicable, en la inteligencia que cuenta con plenitud de jurisdicción para resolver la situación jurídica de los imputados. (.)" Así, de lo transcrito se advierte que el Tribunal de Alzada, al estimar la existencia de la violación al debido proceso consistente en que el Juez de Control no utilizó la legislación aplicable a los hechos al resolver la audiencia de formulación de imputación de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, ordenó la reposición del procedimiento. Esto es, el Tribunal ordena que se reponga el procedimiento a partir de la citación a las partes para la audiencia de formulación de imputación sin detenido, para que dicha audiencia se lleve conforme al Código de Procedimientos Penales para el Estado de México abrogado, pero de aplicación ultractiva al caso, de acuerdo al artículo tercero transitorio del Código Nacional de Procedimientos penales, siguiendo los lineamientos de los numerales 288, 289, y 291, y del 293 al 298 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de México en la época de los hechos. En ese orden de ideas, al tratarse de una violación procesal resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. Lo anterior es así, pues por acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad y la propiedad, por citar algunos. Mientras que los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de la parte agraviada y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. Es aplicable la jurisprudencia 607, aprobada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, publicada en la página 673, del Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, del Apéndice mil novecientos diecisiete-septiembre dos mil once, Octava Época, con número de registro 1002673, que establece: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación... El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." De igual forma, se cita la jurisprudencia P./J. 24/92, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo 56, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de agosto de mil novecientos noventa y dos, con número de registro 205651, que establece: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo." Asentado lo anterior, en el caso, de la lectura a la resolución reclamada que allegaron los promoventes, se observa que la reposición del procedimiento ordenada por la Sala responsable, tiene entre otros efectos que se deje insubsistente la audiencia de formulación de imputación sin detenido de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno y todo lo actuado con posterioridad, incluso el fallo recurrido, de donde se advierte que los quejosos hasta esta fecha no se encuentran privados de su libertad, de ahí que no se está frente a un acto de imposible reparación, sino más bien una cuestión meramente procesal. Sirve en sentido contrario la jurisprudencia 1a./J. 64/2016 (10a.), con registro digital 2013282, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo I, Décima Época, página 356 "REPOSICIÓN DEL PROCESO PENAL. LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE LA ORDENA OFICIOSAMENTE RESPECTO DE UN IMPUTADO QUE SE ENCUENTRA EN RECLUSIÓN PREVENTIVA, CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, CONTRA EL CUAL PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 377/2013 y 14/2015, respectivamente, determinó que por actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y precisó que sus consecuencias, al ser de tal gravedad, impiden en forma actual el ejercicio del derecho involucrado, por lo que con su dictado no sólo producen lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva. Asimismo, para delimitar esa irreparabilidad, se establecieron dos condiciones: 1) que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y, 2) que esos derechos revistan la categoría de "sustantivos", expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. Con base en ello, la decisión de un tribunal de alzada que ordena oficiosamente la reposición de un proceso penal instaurado contra un imputado que se encuentra en reclusión preventiva, constituye un acto de imposible reparación contra el cual procede el juicio de amparo indirecto, toda vez que si bien es cierto que esa determinación no contiene pronunciamientos relacionados con el fondo del asunto, también lo es que derivado de ésta, la decisión del caso se pospone y la restricción a la libertad personal a la que el quejoso está sujeto de forma preventiva se prolonga, pudiéndose afectar, desde el pronunciamiento de dicha resolución, el derecho fundamental a que la citada restricción de la libertad sea por un plazo razonable, el cual está reconocido tanto en la Constitución Federal, como en diversos tratados internacionales suscritos por México." Así, en las relatadas consideraciones, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por José Carmen Bárcenas Tinoco y Leticia Bárcenas Tinoco, contra actos del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, del Tribunal Superior de justicia del Estado de México, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto legal 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese y personalmente a los quejosos.
- Principal
MESA VI. DESAHOGO. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2 de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan para los efectos legales procedentes, el escrito de cuenta signado por los quejosos José Carmen Bárcenas Tinoco y Leticia Bárcenas Tinoco, mediante el cual desahogan la prevención formulada en auto de veintiuno de octubre el año en curso y adjuntan copia simple de la resolución de siete de octubre de dos mil veintiuno, dictada en los autos del toca penal 533/2021 del índice del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, del Tribunal Superior de justicia del Estado de México. PRECISÓN DEL ACTO RECLAMADO. Vista la demanda de garantías y del contenido del escrito aclaratorio de cuenta, se obtiene que el acto reclamado se hace consistir en: La resolución emitida siete de octubre de dos mil veintiuno, en los autos del toca penal 533/2021 del índice del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, del Tribunal Superior de justicia del Estado de México. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente pretende impugnar la parte quejosa y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000 con registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 32 del Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." DESECHAMIENTO. Previo a la admisión o desechamiento de la demanda promovida, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la citada demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el contenido del artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario destacar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo del año de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". Hecha tal precisión, este juzgador advierte que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto legal 107, fracción V, de la Ley de la materia, este último aplicado a contrario sensu, dado que el acto que se tilda de inconstitucional no tiene una ejecución de imposible reparación. Al respecto, se considera necesario citar el contenido de los citados artículos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. ." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De acuerdo con las porciones normativas transcritas, el juicio de amparo contra actos dentro de un asunto, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación y, en el caso, la resolución emitida el siete de octubre de dos mil veintiuno, en los autos del toca penal 533/2021 del índice del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, que resuelve: "PRIMERO. Al advertirse violación al derecho humano al debido proceso, se ordena la reposición del procedimiento seguido en contra de los imputados JOSÉ CARMEN BÁRCENAS TINOCO y LETICIA BÁRCENAS TINOCO, por el delito de USO DE DOCUMENTO FALSO, en agravio de la FE PÚBLICA Y DE VERÓNICA BÁRCENAS TINOCO, en la carpeta administrativa 178/2019, seguido ante el Juez de Control del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México, en los términos precisados en el cuerpo de esta resolución. SEGUNDO. En términos del artículo 101 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México hoy abrogado pero de aplicación ultractiva al caso que nos ocupa, quedan notificados de esta resolución los intervinientes en audiencia y a quienes debiendo estar presentes no hayan asistido, se ordena notificar por estrados el contenido del acta mínima. TERCERO. Con copia certificada de la videograbación de la presente audiencia y copia autorizada de la resolución que por escrito se agregará a los autos, devuélvanse las constancias al Juzgado de su procedencia, requiriéndole al Juez de Control para que informe a este Tribunal de Alzada la forma en que haya dado cumplimiento al presente fallo y háganse las anotaciones correspondientes en los libros respectivos y en su oportunidad archívese el presente toca como asunto concluido." No se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que se trata de una etapa procesal que afecta derechos procesales de las partes del juicio, esto es, el acto reclamado es una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material algún derecho sustantivo, pues solo trasciende en el interior o trámite del juicio natural. Lo anterior se considera así, pues de la lectura a la resolución reclamada, la reposición de autos fue en los siguientes términos: "(.) Actuación que en general se estima inadecuada, ya que como se ha analizado, el Juez Natural no dio cabal cumplimiento a los preceptos constitucionales y procesales señalados en líneas precedentes, al haber desahogado la audiencia de formulación de imputación y haber dictado su proveído de no vinculación de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual no resultaba aplicable al presente asunto, si no que debió hacerlo a partir de las reglas establecidas en los numerales 288, 289 y 291 y del 293 al 298 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México en vigor al momento de los hechos (abril de 2015); lo que no aconteció y esto generó violaciones manifiestas a los principios de seguridad jurídica, de debido proceso en perjuicio de las partes. Bajo ese contexto, es claro que al omitir lo anterior el Juzgador violentó el derecho fundamental al debido proceso, contenido en el artículo 14, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consecuentemente, considerando que la justicia debe impartirse de manera completa, pronta e imparcial, al existir motivos suficientes para estimar violaciones manifiestas al procedimiento que afectaron los derechos de las partes y que esa afectación trascendió al fallo recurrido, en términos de lo dispuesto por los artículos 421 y 423 del Código de Procedimientos Penales aplicable en el Estado de México, lo procedente es reponer el procedimiento, seguido en contra de JOSÉ CARMEN BÁRCENAS TINOCO Y LETICIA BÁRCENAS TINOCO, en la carpeta administrativa 178/2019, por el delito de USO DE DOCUMENTOS FALSOS, en agravio de la FE PÚBLICA Y VERÓNICA BÁRCENAS TINOCO, para los siguientes efectos: El Juez de Control del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México ORLANDO MORALES GONZÁLEZ, deje insubsistente la audiencia de formulación de imputación sin detenido de fecha 16 de agosto de 2021 y todo lo actuado con posterioridad, incluso el fallo recurrido. Cite a las partes para la celebración de la audiencia de formulación de imputación sin detenido en la que el Juez de Control antes indicado, lleve a cabo el desahogo y la tramitación de la audiencia conforme al Código de Procedimientos Penales para el Estado de México abrogado, pero de aplicación ultractiva al presente asunto de acuerdo con el artículo tercero transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, ello siguiendo los lineamientos establecidos en los numerales 288, 289 y 291, y del 293 al 298 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de México en la época de los hechos, hoy abrogado pero de aplicación ultractiva. Lleve a cabo todos los actos jurídicos subsecuentes a la formulación de imputación hasta resolver la situación jurídica de los imputados. La cual deberá resolver congruentemente, llevando a cabo la valoración de los datos de prueba de conformidad con la legislación Procesal Penal aplicable, en la inteligencia que cuenta con plenitud de jurisdicción para resolver la situación jurídica de los imputados. (.)" Así, de lo transcrito se advierte que el Tribunal de Alzada, al estimar la existencia de la violación al debido proceso consistente en que el Juez de Control no utilizó la legislación aplicable a los hechos al resolver la audiencia de formulación de imputación de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, ordenó la reposición del procedimiento. Esto es, el Tribunal ordena que se reponga el procedimiento a partir de la citación a las partes para la audiencia de formulación de imputación sin detenido, para que dicha audiencia se lleve conforme al Código de Procedimientos Penales para el Estado de México abrogado, pero de aplicación ultractiva al caso, de acuerdo al artículo tercero transitorio del Código Nacional de Procedimientos penales, siguiendo los lineamientos de los numerales 288, 289, y 291, y del 293 al 298 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de México en la época de los hechos. En ese orden de ideas, al tratarse de una violación procesal resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. Lo anterior es así, pues por acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad y la propiedad, por citar algunos. Mientras que los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de la parte agraviada y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. Es aplicable la jurisprudencia 607, aprobada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, publicada en la página 673, del Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, del Apéndice mil novecientos diecisiete-septiembre dos mil once, Octava Época, con número de registro 1002673, que establece: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación... El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." De igual forma, se cita la jurisprudencia P./J. 24/92, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo 56, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de agosto de mil novecientos noventa y dos, con número de registro 205651, que establece: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo." Asentado lo anterior, en el caso, de la lectura a la resolución reclamada que allegaron los promoventes, se observa que la reposición del procedimiento ordenada por la Sala responsable, tiene entre otros efectos que se deje insubsistente la audiencia de formulación de imputación sin detenido de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno y todo lo actuado con posterioridad, incluso el fallo recurrido, de donde se advierte que los quejosos hasta esta fecha no se encuentran privados de su libertad, de ahí que no se está frente a un acto de imposible reparación, sino más bien una cuestión meramente procesal. Sirve en sentido contrario la jurisprudencia 1a./J. 64/2016 (10a.), con registro digital 2013282, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo I, Décima Época, página 356 "REPOSICIÓN DEL PROCESO PENAL. LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE LA ORDENA OFICIOSAMENTE RESPECTO DE UN IMPUTADO QUE SE ENCUENTRA EN RECLUSIÓN PREVENTIVA, CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, CONTRA EL CUAL PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 377/2013 y 14/2015, respectivamente, determinó que por actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y precisó que sus consecuencias, al ser de tal gravedad, impiden en forma actual el ejercicio del derecho involucrado, por lo que con su dictado no sólo producen lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva. Asimismo, para delimitar esa irreparabilidad, se establecieron dos condiciones: 1) que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y, 2) que esos derechos revistan la categoría de "sustantivos", expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. Con base en ello, la decisión de un tribunal de alzada que ordena oficiosamente la reposición de un proceso penal instaurado contra un imputado que se encuentra en reclusión preventiva, constituye un acto de imposible reparación contra el cual procede el juicio de amparo indirecto, toda vez que si bien es cierto que esa determinación no contiene pronunciamientos relacionados con el fondo del asunto, también lo es que derivado de ésta, la decisión del caso se pospone y la restricción a la libertad personal a la que el quejoso está sujeto de forma preventiva se prolonga, pudiéndose afectar, desde el pronunciamiento de dicha resolución, el derecho fundamental a que la citada restricción de la libertad sea por un plazo razonable, el cual está reconocido tanto en la Constitución Federal, como en diversos tratados internacionales suscritos por México." Así, en las relatadas consideraciones, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por José Carmen Bárcenas Tinoco y Leticia Bárcenas Tinoco, contra actos del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, del Tribunal Superior de justicia del Estado de México, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto legal 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese y personalmente a los quejosos.
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MESA VI. RADICACIÓN Y REGISTRO DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por ******** y ************ por propio derecho, contra actos del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y otra autoridad; fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 1032/2021-VI. PREVENCIÓN. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 114 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda y, si de dicho análisis advierte que hubiere alguna irregularidad, mandará prevenir al promovente para que cumpla los requisitos omitidos, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban complementarse, para que éste pueda subsanarlas en tiempo. Con fundamento en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, en el plazo de cinco días, siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, la parte quejosa deberá trascribir íntegramente el contenido de la resolución que reclama, esto es la resolución de siete de octubre de dos mil veintiuno, emitida en el toca de apelación 533/2021 o en su caso exhibir copia simple de la misma, lo anterior con la finalidad de que este juzgador tenga conocimiento pleno del acto que reclaman los quejosos y esté en posibilidad de pronunciarse respecto al mismo. En la inteligencia que del escrito con el que cumplan lo solicitado, de ser posible, deberá exhibir las copias necesarias para correr traslado a cada una de las partes del desahogo, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley de la materia. Apercibido que de no cumplir con lo requerido, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata, en términos del numeral 114, párrafo segundo, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales y, para el caso de no exhibir los traslados correspondientes del escrito de desahogo este juzgado acordará lo conducente. AUTORIZADOS. Atento a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Oscar Ríos Macedo y únicamente para oír y recibir notificaciones a las diversas personas que menciona, pues no cuentan con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; limitación que subsistirá hasta en tanto cuenten con el multicitado registro y lo comuniquen a este juzgado mediante nueva promoción. DOMICILIO. Por otra parte, en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio precisado por la parte quejosa en su escrito de demanda. CORREO ELECTRÓNICO. Por otra parte, en relación al correo electrónico que proporciona, si bien el mismo no puede tenerse como sitio para oír y recibir notificaciones ya que no está contemplado en la ley, de ser necesario y a criterio de este juzgadora, se le podrán comunicar al mismo aspectos que son urgentes, así como a través de la lista electrónica que se publica en el portal del Consejo de la Judicatura Federal dadas las medidas de contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Publica derivado de la enfermedad COVID-19. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. De conformidad con el Artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-COV-2, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese personalmente a los quejosos.
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