JOSÉ CARMELO ALEMÁN y Otros.
Expediente 381/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 381/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 19/04/2018
Partes del expediente
- José Carmelo Alemán
- JOSÉ CARMELO ALEMÁN y Otros.
- MARÍA PÉREZ BRETADO y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
***TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente sumario constitucional, del cual se observa no existen pruebas pendientes por desahogar respecto al incidente aperturado mediante proveído de diecinueve de agosto de dos mil quince (foja 882, del tomo II); al respecto, para continuar con la secuela procesal relativa al incidente innominado establecido en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, se cita para la audiencia respectiva, para las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VENTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, ello, por así permitirlo las labores de este juzgado, atendiendo a la carga de trabajo y a la agenda de audiencias que se lleva en este órgano jurisdiccional; en la cual se recibirán y desahogarán pruebas, se oirán alegatos y en su caso, se dictará la resolución correspondiente; consecuentemente, desé vista a las partes con lo anterior.
- Principal
Tepic, Nayarit, nueve de abril de dos mil dieciocho. Visto el oficio STCCNO/250/2018 de dos de abril de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Técnico de la Secretaría Técnica de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, del que se advierte que en sesión celebrada en dicha fecha, entre otras cuestiones, cesaron los efectos del punto de acuerdo C. CAR 11/2018-111 y, en consecuencia, se determinó que el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en auxilio y apoyo a las labores de este órgano jurisdiccional, pronuncie las sentencias definitivas dentro de los juicios de amparo de la estadística de este órgano jurisdiccional, los cuales le serán remitidos de manera mensual. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes y de conformidad con el "Programa para el Turno Aleatorio de Asuntos a los Órganos Jurisdiccionales Auxiliares", el presente asunto fue seleccionado para ser remitido al órgano jurisdiccional auxiliar referido, cuyo titular es el licenciado José Dekar de Jesús Arreola; por tanto, con fundamento en la fracción I del artículo único del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los Órganos Jurisdiccionales Auxiliares, remítase a dicho juzgado, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Vigésimo Cuarto Circuito, el expediente en que se actúa, para que proceda a dictar la sentencia correspondiente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente.
- Principal
R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa, en su carácter de Presidente del Consejo del Agua Potable, Alcantarillados y Saneamiento de la Localidad de San Juan de Abajo, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, contra el acto que reclamó de Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con residencia en Mezcales, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, consistente en la resolución interlocutoria de nueve de diciembre de dos mil dieciséis, emitida dentro del incidente de sustitución patronal promovido en el juicio laboral 719/2013 de su índice; por los motivos y fundamentos, así como para los efectos expuestos en el último considerando de esta sentencia.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de la ampliación de demanda de amparo, con apoyo en los dispositivos 138, fracción III, 140, primer párrafo y 142, primer párrafo de la Ley de Amparo, pídase informe previo a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo por duplicado dentro del plazo de CUARENTA Y OCHO HORAS siguientes al en que reciban el oficio respectivo, en el cual, deben concretarse a expresar si es o no cierto el acto reclamado que se les atribuye, podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan a este Juzgado Federal establecer el monto de las garantías correspondientes que puedan fijarse; al efecto remítase copia simple de la ampliación de demanda de amparo. Apercibidas que en caso de no rendir su informe previo en forma oportuna, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 142 del ordenamiento legal en cita, se presumirá la certeza del acto que se les reclama. Se señalan las NUEVE HORAS CON OCHO MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la audiencia en este incidente, en términos de lo dispuesto por el ordinal 138, fracción II de la Ley de Amparo. Ahora bien, respecto de los actos reclamados, consistentes en la orden de desposesión del predio ubicado en la zona 01, manzana 19, lote 01, del poblado de Sayulita, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, con fundamento en lo previsto en los dispositivos 128 y 147 del ordenamiento legal en cita SE CONCEDE la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que no se ponga a disposición del Ejido de Sayulita o de otra persona el referido bien inmueble; ello, hasta en tanto, las autoridades responsables tengan conocimiento sobre lo que se resuelva respecto de la suspensión definitiva; en la inteligencia de que si lo anterior ya se encuentra ejecutado, la suspensión sólo producirá el efecto para que las cosas se mantengan en el estado que guardan. Lo anterior en virtud de que se encuentran satisfechos los extremos del multicitado artículo 128 de la Ley de Amparo, ya que es solicitado bajo protesta de decir verdad por el agraviado y al concederla, no se perjudica el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, ya que si bien es cierto, el acto reclamado emana de un procedimiento el cual es de orden público, también es cierto que el órgano de control constitucional ante quien se solicita el amparo, debe cuidar en todo momento que se conserve la materia del juicio; lo anterior, en términos del numeral 147 de la Legislación en cita; además, en caso de ejecutarse el acto reclamado los daños y perjuicios que se causarían a la parte quejosa serían de difícil reparación, pues el directo promovente pudiera ser desposeído del bien, con las consecuencias de daños morales y económicos. Cobra aplicación al respecto, por analogía, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el tomo LIX, sexta parte, página ciento ochenta y tres, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto dice: "......" Máxime que, la parte quejosa ofrecido prueba documental consistente en la declaración testimonial realizada ante el Notario Público Número 13, de este demarcación territorial, la cual resulta apta y suficiente para fundar, en este momento, el otorgamiento de la suspensión provisional que solicita, referente al bien inmueble mencionado en el párrafo que antecede, misma que confiere un interés presunto y por ende eficaz para que le sea otorgada la suspensión solicitada, pues en todo caso, la acreditación plena de la titularidad de ese derecho posesorio, deberá ser analizada al resolverse el juicio de amparo en lo principal. Bajo ese contexto, la documental exhibida por el promovente del amparo, para efectos del interés suspensional únicamente tiene eficacia jurídica presuntiva para acreditar el extremo pretendido por el agraviado, quedando sujeta su valoración y apreciación en el fondo del asunto, donde el solicitante del amparo, tendrá la carga probatoria de acreditar la posesión del bien inmueble indicado. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, la Tesis Aislada III.2º.C.409 C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la página quinientos uno, Tomo XIII, Mayo de mil novecientos noventa y cuatro, Materia Civil, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "...." Asimismo, es aplicable la Jurisprudencia 444, resuelta en contradicción de Tesis por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible las páginas trescientos setenta y siete a trescientos setenta y ocho, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a dos mil, que dice: "......" Al respecto, es preciso indicar que la legislación de la materia, establece en su numeral 138, que debe efectuarse el análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, en la especie este Juzgado Federal, considera que es posible anticipar que en la sentencia de amparo se puede declarar la inconstitucionalidad del acto reclamado, sin que ello implique prejuzgar sobre la certeza del derecho, toda vez que éste se resolverá en la sentencia definitiva en el estudio de fondo del juicio. En este orden de ideas, se atiende a las características y naturaleza del caso concreto, tomando en cuenta los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Por otra parte, ponderando el interés social, constitucionalmente tutelado, se aprecia que en la especie no se encuentra sobre el del particular. Ello pues, conforme a la teoría de la ponderación de principios, este órgano de amparo tiene facultad discrecional para sopesar o ponderar la procedencia de la suspensión con base en el equilibrio de intereses, que, implícitamente a la vez, posibilita o impide, según las circunstancias del caso su operancia, por surtirse o no, las condiciones o requerimientos que se piden. En efecto, por interés social se entiende aquél que debe ser protegido legalmente, por ser de orden público y que es necesario prevalezca o subsista, aun cuando se afecte un interés particular, no obstante, existen casos como el presente en que el interés del particular no afecta o menoscaba el interés social y el orden público, sino que por el contrario, la sociedad se encuentra interesada en que se respete la garantía de audiencia a los gobernados, a fin de que pueda privárseles a éstos de sus propiedades o derechos; máxime que, ello constituye un derecho humano salvaguardado por el artículo 14 Constitucional; esto es, la sociedad está interesada en que se cumplan eficazmente las disposiciones de orden público, para poder sostener el bienestar de la comunidad. Los anteriores razonamientos, se contienen dentro del texto de la Jurisprudencia P.J. 15/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página dieciséis, Tomo III, Abril de mil novecientos noventa y seis, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "....." De igual forma, resulta aplicable el criterio que se contiene en la Jurisprudencia 2a./J. 204/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos quince, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "....." En ese contexto, al efectuar el análisis del acto reclamado, en correlación con la naturaleza de la violación que se alega, es dable conceder la suspensión del acto reclamado, pues en el caso concreto se satisfizo la necesidad de realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho esgrimido, con miras a otorgar la medida cautelar para evitar daños y perjuicios de difícil reparación a la parte quejosa y conservar viva la materia del juicio; máxime que, con la concesión de la suspensión no se lesionan el interés social y el orden público. En esa tesitura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 132 y 136 de la legislación en comento, la suspensión concedida surte efectos desde luego, pero dejará de surtirlos, si la parte quejosa no otorga dentro del término de cinco días, siguientes al en que sea notificado del presente proveído, una garantía por la suma de diez mil pesos, en cualquiera de las formas permitidas por la ley, para garantizar los posibles daños y perjuicios que se ocasionen a los terceros interesados, en caso de no obtener sentencia favorable en el juicio principal de donde emana este incidente, cantidad que se fija en forma discrecional al no existir hasta este momento, mayores elementos para fijar cantidad diversa. En la inteligencia de que si la garantía se exhibe mediante certificado de depósito, en cumplimiento a lo dispuesto por el precepto 32 del Acuerdo General 17/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá contener la siguiente leyenda: "Autorizo al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia del Consejo de la Judicatura Federal, solicite y reciba de la institución crediticia depositaria, la información que le permita el control del presente depósito.". En cuanto a que la suspensión provisional surte efectos de inmediato, obedece a que de no ser así, se dejaría en estado de indefensión a la parte promovente, puesto que las autoridades responsables estarían en posibilidades de ejecutar el acto reclamado con los consiguientes perjuicios para el agraviado. Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 595, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página quinientos treinta y nueve, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos diecisiete a dos mil, que a la letra señala: "..."
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