José Carlos Villalobos Segovia
Expediente 85/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 85/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- José Carlos Villalobos Segovia
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, once de marzo de dos mil diecinueve. Téngase por recibido vía SISE el oficio de cuenta, enviado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, en funciones de Juez de Distrito, por el cual acusa recibo del oficio con el que se remitieron los autos originales del juicio de amparo 85/2019-II, e informa que aceptó la competencia declinada por este juzgado y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por José Carlos Villalobos Segovia, a favor de los directos quejosos Ruth Marbelia Leal Sánchez, José Alfredo Cárdenas Martínez, Ricardo Felipe López Zúñiga y Balkis Marlene García Leal, la cual quedó registrada con el número de juicio de amparo 224/2019-VIII, de su índice. En tal virtud, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente cuaderno como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo del referido acuerdo, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto en mención, deberá ser desincorporado y destruido por este juzgado. Por otra parte, del estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que en acuerdos de seis y siete de marzo de dos mil diecinueve, se glosaron a los autos diversas comunicaciones y se reservó proveer respecto de su contenido, hasta en tanto se tuviera conocimiento del juzgado al que le correspondió conocer de la demanda promovida por los aquí quejosos, circunstancia que ya aconteció. En ese sentido, remítanse vía mensajería acelerada al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la capital, los originales de las citadas misivas, previa copia certificada que se deje en este sumario, para los efectos legales a que haya lugar, solicitándole el acuse correspondiente. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, a ocho de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de tres de marzo del año en curso (fojas 7 a 12), para que señalara domicilio en esta ciudad, a fin de oír y recibir notificaciones de su parte, sin que lo haya hecho; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento que contiene el proveído en cita y se ordena realizarle las notificaciones, aún las de carácter personal a través de lista que se fija en los estrados de este tribunal. Glósese a los autos el oficio y anexo de cuenta, signado por el Subdelegado de Procedimientos Penales, en ausencia del Delegado de la Fiscalía General de la República, Delegación San Luis Potosí, sin que por el momento se provee respecto de su contenido, hasta en tanto este Juzgado Federal tenga conocimiento del órgano de control Constitucional que corresponda conocer de la demanda de amparo promovida por José Carlos Villalobos Segovia, a favor de los directos quejosos Ruth Marbelia Leal Sánchez, José Alfredo Cárdenas Martínez, Ricardo Felipe López Zúñiga y Balkis Marlene García Leal, en virtud de la incompetencia planteada. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, a cuatro de marzo de dos mil diecinueve. Vista la razón actuarial que antecede, se advierte la imposibilidad que tuvo la actuaria de la adscripción, para entregar el oficio 2320/2019, dirigido al Director de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, pues fue informada, por quien dijo llamarse Marcela Hernández y ser secretaria del Fiscal General de la República, que dicha autoridad no existe, en la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí. En consecuencia, y dado que en la demanda no se señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, así como que a la fecha transcurre el plazo concedido a la parte quejosa para que lo proporcione; entonces, se reserva proveer lo conducente, hasta en tanto así lo haga, o bien, se acepte la competencia que en párrafos subsecuentes de declinará. Por otra parte, ténganse por recibidos vía SISE los oficios y anexo de cuenta, enviados por el Secretario y la Juez, ambos del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la capital, por los cuales acusa recibo y adjunta las constancias del exhorto número 37/2019-II (orden 124/2019), del índice de este Juzgado Federal, el cual se remitió para el efecto de que se localizara y se notificara a los directos quejosos Ruth Marbelia Leal Sánchez, José Alfredo Cárdenas Martínez, Ricardo Felipe López Zúñiga y Balkis Marlene García Leal, el proveído de tres de marzo de dos mil diecinueve, dictado en este sumario Constitucional. Asimismo, se toma nota de que dicha comunicación oficial se registró con el número de exhorto 30/2019-I, orden 30/2019. Sin que sea necesario realizar el acuse respectivo puesto que el propio Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes lo genera automáticamente; hágase las anotaciones en el libro correspondiente. Por otro lado, ténganse por recibidos los oficios de cuenta, suscritos por la Vicefiscal Jurídica, en representación del Fiscal General y el Delegado Regional VII, ambos de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, así como del Subdelegado de Procedimientos Penales, en ausencia del Delegado de la Fiscalía General de la República, Delegación San Luis Potosí, por los cuales informan el trato dado a la suspensión de plano concedida en el presente sumario a favor de los aquí quejosos. Del mismo modo, se tienen como delegados del indicado Fiscal General, a las personas que menciona en términos del artículo 9, de la Ley de Amparo. Por otra parte, el Subdelegado de Procedimientos Penales, en ausencia del Delegado de la Fiscalía General de la República, Delegación San Luis Potosí, en apoyo de su informe con justificación acompaña copia certificada de las constancias que integran la carpeta de investigación FED/SLP/SLP/0000258/2019 del índice de la Agencia del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula Sexta Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación en San Luis Potosí; documentales que se tienen desahogadas por su propia y especial naturaleza de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo. Ahora, al analizar el contenido integral de la comunicación oficial de cuenta, se aprecia que los directos quejosos Ricardo Felipe Zúñiga López (nombre correcto) y Balkys Marlene García Leal, fueron localizados en las instalaciones de la Procuraduría General de la República, Delegación San Luis Potosí, que la diversa quejosa Ruth Marbelia Leal Sánchez, no se encontraba detenida y que el también quejoso José Alfredo Cárdenas Martínez fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Sexta Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación, Delegación San Luis Potosí, quien ordenó su inmediata libertad, esto es fuera del lugar donde ejerce jurisdicción este órgano de control Constitucional. En este sentido, y dado que la competencia constituye un presupuesto de orden público, debe establecerse si este órgano jurisdiccional la tiene o no para conocer del presente juicio de amparo. Para tal efecto, es necesario destacar lo que establece el artículo 48 último párrafo de la Ley de Amparo vigente: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente." En ese tenor, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que el promovente en representación de los directos quejosos, señaló como actos reclamados: "IV.- ACTO RECLAMADO.- Se reclama: La Privación Ilegal de la Libertad, así como la Incomunicación, Golpes, Tortura y Malos Tratos, por parte de los elementos de las Autoridades Responsables. Así mismo, se reclaman de las Autoridades Responsables todas las consecuencias legales que se desprendan de los actos anteriormente citados." Ahora bien, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal inserto se desprenden tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Del precepto legal reproducido se fija que la competencia por territorio en materia de amparo, entendida ésta como el ámbito especial cuya esfera de acción pueden producir los actos y sus efectos jurídicos, obedece a un criterio unitario que lo es la naturaleza del acto reclamado, por lo cual en principio debe calificarse ésta a fin de determinar si posee ejecución material o bien, si se trata de actos meramente declarativos y posteriormente se analizan las características de ejecución. En este sentido, este Juzgador Federal considera que es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese efectuado la privación ilegal de la libertad, así como la incomunicación, golpes, tortura y malos tratos reclamados, ello, dado que la competencia por territorio se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad emisora de los actos reclamados, esto es, la autoridad jurisdiccional que reside en la ciudad de San Luis Potosí, capital. Lo anterior, es así en virtud de que del contenido de las constancias remitidas por el Subdelegado de Procedimientos Penales, en ausencia del Delegado de la Fiscalía General de la República, Delegación San Luis Potosí, se desprende que el quejoso José Alfredo Cárdenas Martínez, fue puesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Sexta Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación, Delegación San Luis Potosí, en virtud del cumplimiento de un mandamiento judicial derivado de la carpeta de investigación FED/SLP/SLP/0000258/2019, para posteriormente decretarse su libertad, y por cuanto a los diversos quejosos Ruth Marbelia Leal Sánchez, Ricardo Felipe Zúñiga López (nombre correcto) y Balkys Marlene García Leal, únicamente fueron entrevistados en calidad de testigos por parte de la Policía Federal Ministerial en virtud de dicha carpeta de investigación; por tanto, resulta competente para conocer del juicio de amparo relativo, el Juez de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, en turno, con residencia en la ciudad capital. En tales condiciones, se actualizan las hipótesis en el numeral 37 de la Ley de Amparo, por lo que esta autoridad carece de competencia por cuestión de territorio para conocer del juicio de amparo que nos ocupa; lo anterior es así, ya que la privación ilegal de la libertad, incomunicación, golpes, tortura y malos tratos, son eventos impugnados de inconstitucionales y se llevan a cabo en el lugar en el que se fueron localizados los directos quejosos o sujetos a disposición; por lo que se entiende que se están ejecutando fuera de la jurisdicción de este Juzgado Federal. Por ende, se considera que se surte competencia para conocer de la presente demanda a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la capital, en turno, pues es en su jurisdicción en donde continúan ejecutándose los actos mencionados. Tiene aplicación al caso concreto, por identidad jurídica, la tesis aislada número II.2o.P.16 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 2093, Libro 32, Julio de 2016, Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, con número de registro 2012019, que a la letra dice: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA NEGATIVA U OMISIÓN DE PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A UN REO RECLUIDO EN UN CENTRO PENITENCIARIO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE ESE CENTRO. Del artículo 37 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, la negativa u omisión de proporcionar atención médica a un reo recluido en un centro penitenciario es un acto de naturaleza negativa u omisiva, pero con efectos positivos sobre la salud de aquél, pues lo que pretende el quejoso al promover el amparo es recibir ese cuidado profesional, de manera que las consecuencias de la decisión que se efectúe, beneficiarán o perjudicarán su salud, lo que se producirá, invariablemente, en el lugar donde se encuentre interno. En esas condiciones, al tratarse de un acto que sí requiere ejecución, y conforme a la primera regla establecida en el precepto citado, la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique ese centro de reclusión." Asimismo, por su contenido ilustrativo, resulta aplicable en lo conducente, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, Volumen 74 Cuarta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "COMPETENCIA EN AMPARO.- La competencia en amparo corresponde al juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que ejecuta, o puede ejecutar, los actos que se reclaman, aunque la autoridad de quien emanen las órdenes, resida fuera de la jurisdicción de ese juez". En tal virtud, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, y en consideración con lo dispuesto por el Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, referente a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, se declara que carece de competencia legal para conocer de la presente demanda, declinando la competencia para tal efecto a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en la capital, en turno. En ese sentido, se ordena remitir el expediente original del presente juicio de amparo, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad capital, solicitando atentamente el acuse de recibo respectivo, así como se informe si acepta o no la competencia planteada, dejando cuaderno de antecedentes respectivo. Ahora, como a la fecha aún transcurre el plazo concedido a la parte quejosa, para que proporcione domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; resérvese proveer lo conducente hasta en tanto, fenezca el término concedido para tal efecto, o bien, se acepte la competencia declinada. Finalmente, sin que haya lugar a notificar lo aquí acordado a las autoridades denominadas Delegado Regional VII de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí y Policía Federal Ministerial, Subsede Ciudad Valles, ambas residentes en esta ciudad, puesto que estas no fueron señaladas por los quejosos; empero, se libraron oficios del auto inicial a efecto de que la Actuaria de la adscripción se constituyera en los separos de estas dependencias a fin de localizar a los directos quejosos. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, tres de marzo de dos mil diecinueve. Visto el escrito de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo promovida vía electrónica por José Carlos Villalobos Segovia, a favor de los directos quejosos Ruth Marbelia Leal Sánchez, José Alfredo Cárdenas Martínez, Ricardo Felipe López Zúñiga y Balkis Marlene García Leal, contra actos del Delegado de la Fiscalía General de la República en San Luis Potosí y de otras autoridades; que consideran violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16, 18 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 85/2019-II. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, tomando en consideración lo manifestado medularmente por el promovente de la presente demanda, en el sentido de que los quejosos se encuentran sujetos de incomunicación, golpes, tortura y malos tratos por parte de las autoridades señaladas como responsables, actos que se encuentran prohibidos por el artículo 22 Constitucional, con apoyo en el artículo 126 de la Ley de Amparo vigente, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO DE LOS REFERIDOS ACTOS RECLAMADOS, PARA QUE DE INMEDIATO LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SE ABSTENGAN DE INCOMUNICAR, GOLPEAR, TORTURAR Y PROPORCIONARLE MALOS TRATOS, A LOS QUEJOSOS RUTH MARBELIA LEAL SÁNCHEZ, JOSÉ ALFREDO CÁRDENAS MARTÍNEZ, RICARDO FELIPE LÓPEZ ZÚÑIGA Y BALKIS MARLENE GARCÍA LEAL. En ese sentido, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de que se les notifique el presente acuerdo, se sirvan informar a este juzgado de Distrito, el trato dado a la suspensión de oficio otorgada a favor de los mencionados quejosos en el entendido que de no hacerlo, entraña la comisión del delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que expresa lo siguiente: Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; Por lo que, de consumarse de inmediato se dará vista al Ministerio Público de la Federación, para los efectos legales a que hubiere lugar. Con la aclaración para las autoridades señaladas como responsables, que tratándose de juicios de amparo en los que se reclama cualesquiera de los supuestos previstos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no hay horas ni días inhábiles para la rendición de sus informes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley de Amparo, que dice: Artículo 20. El juicio puede promoverse por escrito, comparecencia o medios electrónicos en cualquier día y hora, si se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En estos casos, cualquier hora será hábil para tramitar el incidente de suspensión y dictar las providencias urgentes a fin de que se cumpla la resolución en que se haya concedido. Para los efectos de esta disposición, los jefes y encargados de las oficinas públicas de comunicaciones estarán obligados a recibir y transmitir, sin costo alguno para los interesados, los mensajes en que se demande amparo por alguno de los actos enunciados, así como las resoluciones y oficios que expidan las autoridades que conozcan de la suspensión, fuera de las horas del despacho y a pesar de que existan disposiciones en contrario de autoridades administrativas. Ahora bien, dado que el promovente del amparo refiere que los quejosos Ruth Marbelia Leal Sánchez, José Alfredo Cárdenas Martínez, Ricardo Felipe López Zúñiga y Balkis Marlene García Leal, se encuentran detenidos en las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación de San Luis Potosí y/o en las Celdas de la Policía Federal Ministerial de la Delegación, en San Luis Potosí y/o en cualquier recinto de las autoridades responsables, considerando que el promovente es ambiguo en el señalamiento de las autoridades responsables, con apoyo en el artículo 17 Constitucional, se comisiona a la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado para que se constituya en los recintos de la misma índole de las autoridades responsables ubicados en esta ciudad, a fin de que en el mismo acto de la notificación del presente auto, requiera a los quejosos de mérito para que manifiesten si ratifican o no la demanda de garantías promovida a su favor, o bien lo hagan por escrito en el plazo de tres días, siguiente al en que le surta efectos legales la notificación de este auto, previniéndolos que de no hacerlo así, se tendrá por no presentada la demanda, con fundamento en el artículo 15, párrafo tercero, de la ley de la materia y se dejaran sin efectos las providencias decretadas. Asimismo, se ordena a la Fedataria Judicial que requiera a los justiciables para que le manifiesten si fueron objeto de tortura por parte de alguna autoridad; y se cerciore a través de los sentidos si existe evidencia razonable y objetiva de actos de tortura en su contra, debiendo asentarlo en el acta relativa y dar cuenta de inmediato al suscrito juzgador. Asimismo, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, gírese atento exhorto (vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE a la Juez Octavo de Distrito con residencia en San Luis Potosí, capital, que se encuentra de turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, ordene al personal a su cargo, para que se constituya en las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación de San Luis Potosí y/o en las Celdas de la Policía Federal Ministerial de la Delegación, en San Luis Potosí y/o en cualquier recinto de las autoridades responsables, para efecto de localizar y notificar a los directo quejosos Ruth Marbelia Leal Sánchez, José Alfredo Cárdenas Martínez, Ricardo Felipe López Zúñiga y Balkis Marlene García Leal; en los términos establecidos en el presente proveído. Del mismo modo, deberá requerir a los directo quejosos, para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; apercibidos que de no hacerlo en el término indicado, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se les harán por medio de lista que se fije en los estrados en este juzgado federal, de acuerdo con lo que dispone el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Una vez acontecido la circunstancia precisada en el párrafo que antecede, en su caso, este órgano de control Constitucional se pronunciará con respecto a la admisión de la demanda y la suspensión del acto reclamado consistente en la privación de la libertad de los quejosos. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de sus facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, le hace de su conocimiento que cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo; facultad que debe ser utilizada por el Actuario adscrito a este juzgado, solo en caso de que no le sea posible practicar la notificación encomendada en horas y días hábiles, lo cual deberá estar debidamente razonado. Finalmente, se ordena notificar a las autoridades responsables únicamente aquellas determinaciones que resulten trascendentes dentro del presente sumario constitucional, conforme a lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Notifíquese.
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