José Carlos Silguero Silguero y Otros.
Expediente 1482/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1482/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 03/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- José Carlos Silguero Silguero y Otros.
- José Carlos Silguero Silguero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
MESA V-B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de abril de dos mil diecisiete. Toda vez que transcurrió el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes, hubieren interpuesto recurso en contra del auto que declaró sin materia el cumplimiento de la sentencia dictada en este juicio; en términos del citado artículo, se declara que ha quedado firme dicho proveído. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. Notifíquese.
- Principal
MESA V B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de marzo de dos mil diecisiete. Agréguense el telegrama y oficios signados respectivamente por la Directora Técnica, y la Directora Jurídica en ausencia del Director General, todos del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-Oaxaca", con residencia en Miahuatlán, Oaxaca, -previa certificación de la hora y fecha de su recepción de los dos últimos, por haberse recibido vía correo electrónico-, por los que informan que no les es posible dar cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo, en virtud de que el quejoso José Carlos Silguero Silguero egresó de ese Centro Federal el tres de diciembre de dos mil dieciséis, por haberse acogido al beneficio de libertad preparatoria, tal como lo acreditan con las constancias que acompaña la última de las nombradas. Ahora bien, como el citado quejoso, por quien se concedió el amparo en este juicio, ya no se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 13, con sede en Miahuatlán, Oaxaca, ello imposibilita materialmente a las autoridades de ese centro penitenciario el cumplimiento de la sentencia de amparo, que se le concedió para el efecto de que, las autoridades responsables, en forma solidaria o mancomunadamente, en el ámbito de sus competencias, remitan la valoración médica que hayan otorgado al quejoso respecto de los padecimientos que le aquejaban, y el tratamiento otorgado, incluyendo el suministro de medicamentos; puesto que el quejoso ya no se encuentra bajo su radio de acción; por lo que, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara que el cumplimiento de la sentencia respecto de dicho quejoso ha quedado sin materia por existir imposibilidad material para cumplirla. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J.90/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento cuarenta, tomo XXV, junio de dos mil siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son: SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración. Ello es así porque conforme a la Ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se ordena notificar la presente determinación por lista de acuerdos por no haber señalado el quejoso diverso domicilio al centro de reclusión en que se encontraba, para recibir notificaciones personales.
- Principal
MESA V B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de marzo de dos mil diecisiete. Vista la razón actuarial de cuenta, se advierte que el quejoso José Carlos Silguero Silguero egresó de ese Centro Federal el tres de diciembre de dos mil dieciséis, por habérsele concedido el beneficio de libertad preparatoria. Por tanto, a fin de acordar conforme a derecho, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-Oaxaca", con residencia en Miahuatlán, Oaxaca, para que en el plazo de tres días, siguiente a su notificación, remita copia certificada de las constancias que acrediten la salida material del interno José Carlos Silguero Silguero de dicho centro de reclusión. Apercíbasele que de no cumplir con lo anterior o indicar el motivo que se lo impida, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización vigente al momento de realizarse la conducta sancionada de conformidad con lo previsto en el artículo 237, fracción I de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 259 y 238 de la misma.
- Principal
MESA V B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de febrero de dos mil diecisiete. Toda vez ha transcurrido el plazo concedido para que las autoridades responsables Director General, Encargado de la Dirección Técnica, y Encargada del Departamento de Servicios Médicos, todos del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán, Oaxaca, acreditaran el cumplimiento del fallo protector, sin que lo hubieren hecho; por lo que, en términos de los artículos 192 en relación con el 258 y 238 de la Ley de Amparo se impone a los titulares de las referidas autoridades, una multa de cien unidades de medida y actualización vigente, equivalente a siete mil trescientos cuatro pesos cero centavos ($7,304.00), a razón de 73.04 como valor diario. Con motivo de lo anterior, antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito, y con la finalidad de otorgar un plazo razonable a las autoridades responsables para que voluntariamente cumplan con la ejecutoria de amparo, requiéraseles nuevamente para que en el plazo de tres días cumplan con el fallo protector y remitan dentro del mismo plazo, copia certificada legible y completa de las determinaciones que al efecto adopten. Para ello, se especifica que los efectos del amparo concedido son: Que en forma solidaria o mancomunadamente, en el ámbito de sus competencias, remitan la valoración médica que hayan otorgado al quejoso respecto de los padecimientos que le aquejan, y el tratamiento otorgado, incluyendo el suministro de medicamentos. Transcurrido el mencionado plazo, se proveerá sobre el cumplimiento o incumplimiento a la sentencia amparadora. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 54/2014 (10a.) del Pleno del más Alto Tribunal Constitucional del país, de rubro; PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. [Época: Décima Época, Registro: 2007918, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Página: 19]. Notifíquese; personalmente al quejoso.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
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