José Carlos Serrano Hernández
Expediente 162/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 8 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 162/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 06/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- José Carlos Serrano Hernández
- José Carlos Serrano Hernández y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, siendo las diez horas con cincuenta y dos minutos del seis de abril de dos mil veintidós, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 162/2022-II, promovido por José Carlos Serrano Hernández, se procede a efectuarla en presencia de la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, asistida de Damayanty Rojas Huerta, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, por lo cual la declara abierta. Acto seguido, la Secretaria certifica: Que en las instalaciones del órgano jurisdiccional no se presentó en la hora indicada ninguna persona solicitando comparecer a la audiencia físicamente ni por escrito, aunado a que las partes no manifestaron su deseo de comparecer a través de videoconferencia, por lo que se desahoga sin asistencia de las partes. A continuación, la Secretaria relaciona las constancias de autos, entre las que se encuentra la demanda de amparo presentada por José Carlos Serrano Hernández; auto admisorio de veintitrés de febrero de dos mil veintidós e informes justificados rendidos por las autoridades responsables la Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado Representante Legal y la Presidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, ambos del Congreso del Estado de Tlaxcala. Asimismo, se hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se encuentra debidamente emplazado. En relación a lo anterior, la Juez de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, tómese en consideración al momento de resolver este expediente los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y ténganse por emplazados al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Abierto el periodo de pruebas, la Secretaria hace constar que la quejosa, anexo a su escrito de demanda de amparo copia certificada: del nombramiento como Director de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Tlaxco, del oficio 11C/PM/039/2021, acta de nacimiento, credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, CURP, cédula profesional 6159872, expedida por la Dirección General de Profesiones, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, Título Profesional expedido por el Instituto Tecnológico de Apizaco, constancia de no inhabilitación expedida por la Secretaría de la Función Pública, constancia de no antecedentes penales, recibo de luz, curriculum vitae y resolución de nueve de febrero de dos mil veintidós, dictada dentro del expediente de acceso a la información pública 2/2022. A lo que la Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas antes referidas, dada su propia y especial naturaleza, con lo anterior se cierra el periodo probatorio. Abierta la fase de alegatos, la Secretaria hace constar que las partes no hicieron valer tal derecho; a lo que la Juez acuerda: en virtud de que no se formularon alegatos se cierra esta etapa y se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Se tiene a la vista, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 162/2022-II, promovido por José Carlos Serrano Hernández, por propio derecho, contra actos del Congreso del Estado de Tlaxcala, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el quince de febrero de dos mil veintidós, mediante buzón judicial en la la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y remitido el día siguiente hábil, por razón de turno, a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, José Carlos Serrano Hernández, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades responsables y actos reclamados siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: Congreso del Estado de Tlaxcala. Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado de Tlaxcala. Órgano de Fiscalización Superior "IV. ACTO RECLAMADO: DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, la inconstitucional emisión del acuerdo de fecha veinte de enero de 2022, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, en el Periódico número extraordinario, el veinticinco de enero de 2022, visible en el link siguiente: https://periodico.tlaxcala.gob.mx/indices/Ex25012022.pdf DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA. La aplicación del inconstitucional artículo 71 segundo párrafo de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, para tal efecto transcribo tal disposición, la cual señala lo siguiente: "No podrán designar a ocupar cargos dentro de la administración pública municipal, a personas que hayan sido objeto de observaciones definitivas por parte del Órgano de Fiscalización Superior o se encuentren inhabilitados legalmente para desempeñar un empleo cargo o Comisión por el Órgano Interno de Control Municipal". La violación al derecho de igualdad y no discriminación. La violación al derecho de acceso a un cargo en el servicio público, aún y cuando acredito todos los requisitos legales y conforme a la Constitución. Violación al derecho a la seguridad jurídica. Violación a la libertad de trabajo. Violación de principio de legalidad. Violación al principio de presunción de inocencia." Acto reclamado que considera violatorio de los derechos contenidos en los artículos 1º, 5°, 14, 15, 16 y 35, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En acuerdo de diecisiete de febrero del año en curso, se admitió a trámite la demanda de amparo, por lo cual se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido por los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que los actos reclamados por grado, son del conocimiento de un Juez de Distrito, por materia son de naturaleza administrativa y porque tienen ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previamente al estudio de su certeza o inexistencia y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe fijarse en forma clara y precisa los actos reclamados. Analizada la demanda de amparo y las constancias que integran este juicio, se advierte que la parte quejosa reclama: La discusión, votación y aprobación del Decreto 146, por el que se crea la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, el cual contiene el artículo 71, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala en el Número Extraordinario el veinte de diciembre de dos mil uno. La emisión del acuerdo aprobado el veinte de enero de dos mil veintidós por el Congreso del Estado de Tlaxcala, en el que se establecen los requisitos que deben reunir quienes ocupen los cargos de Tesorero Municipal y Director de Obras Públicas, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Número Extraordinario, el veinticinco de enero de dos mil veintidós. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable Auditora Superior y representante del órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, al rendir su informe justificado negó el acto a ella atribuido, sin que el quejoso desvirtuara u ofreciera prueba para desvirtuar su negativa. En razón de lo anterior, al ser inexistente el acto reclamado a la autoridad aludida, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve a lo anterior la jurisprudencia VI. 2o. J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 627 del tomo IV, Segunda Parte, julio-diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital 227634, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." CUARTO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Congreso del Estado de Tlaxcala y al Presidente de la Comisión de Fianzas y Fiscalización del Congreso del Estado de Tlaxcala, en virtud de que, al rendir sus respectivos informes justificados, aceptaron los actos que se les atribuye. Además, la existencia de las disposiciones de carácter general reclamadas se acredita al ser publicadas en un medio de difusión oficial como es el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, máxime que las leyes no están sujetas a prueba y constituyen un hecho notorio de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Determinada la certeza de los actos reclamados y previamente al estudio de fondo del asunto, se debe analizar, lo aleguen o no las partes, si en el caso se actualiza alguna de las causas de improcedencia del juicio de amparo, toda vez que ello constituye una cuestión de orden público y estudio preferente y además porque así lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En este caso, el Presidente de la Comisión de Fianzas y Fiscalización del Congreso del Estado de Tlaxcala, así como el Congreso del Estado, por conducto de su representante legal, invocan la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, de la Ley de Amparo. Ahora, de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 61, fracción XII de la Ley de Amparo, se advierte que el juicio de amparo es un medio de control constitucional de los actos de las autoridades que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; que el juicio de amparo procede respecto de actos que incidan en los derechos subjetivos de quien solicita la protección federal, pues en caso contrario, es improcedente al no existir afectación al interés de la parte quejosa. De igual manera, en términos de lo dispuesto en el artículo 5, fracción I de la Ley de Amparo, debe instar la vía constitucional quien sea titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, esto es, que el juicio de amparo puede promoverse por la parte a quien afecte de manera directa o en virtud de su especial situación frente a la norma, acto u omisión reclamados. En ese contexto, la Ley de Amparo hace la distinción para la procedencia del juicio de amparo respecto de aquellas normas generales que por sí solas y desde su entrada en vigor inciden en la esfera jurídica del gobernado y aquellas otras que para que entrañen una afectación en la esfera de derechos del gobernado requieren de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas) o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). En el primer caso, es suficiente que el gobernado se ubique dentro de los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a sus derechos sin ningún acto ulterior de autoridad, esto es, sin condicionar su individualización, para que esté en aptitud de ejercer la acción constitucional dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo; en cambio, tratándose de normas heteroaplicativas, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético. En esta última hipótesis, se condiciona la individualización de la norma a un acto ajeno a su sola vigencia, por tanto, una norma es heteroaplicativa cuando no causa perjuicio al particular desde el momento de su promulgación y publicación, ya que con su sola vigencia no se crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho, sino que, para que se configure en el mundo real en perjuicio de algún gobernado, requiere de la actualización de un acto que condicione de alguna forma su aplicación. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 55/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, julio de 1997, página 5, número de registro 198200, de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA". En el caso a estudio, el quejoso reclama el Decreto 146 por el que se crea la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, que contiene el artículo 71 y el Acuerdo de veinte de enero de dos mil veintidós, ambos emitidos por el Congreso del Estado de Tlaxcala, en el que se establecen los requisitos que deben reunir quienes ocupen los cargos de Tesorero Municipal y Director de Obras Públicas, en su carácter de autoaplicativos, en razón de que vulneran los principios de igualdad y no discriminación, de acceso a un cargo en el servicio público, a la seguridad jurídica, a la libertad de trabajo, a la legalidad y de presunción de inocencia y, por ende, su interés jurídico o legítimo. Para evidenciarlo, es conveniente poner de manifiesto el contenido del artículo 71, de cuyo contenido se refleja el acuerdo que establecen los requisitos para ocupar el cargo de Tesorero Municipal y Director de Obras Públicas, de lo que se duele el quejoso, el cual se ve en la siguiente captura de imagen: Del análisis del precepto anterior puede concluirse que, tiene naturaleza heteroaplicativa, lo cual se considera correcto, en tanto los supuestos que contienen no cobran eficacia por su sola entrada en vigor, por lo que su individualización precisa de un acto concreto de aplicación, ya que sus efectos están condicionados expresamente a una circunstancia jurídica concreta, esto es, la designación de servidores públicos, exceptuando aquéllos que no cumplan con los requisitos expuesto para ocupar los cargos ahí señalado; en el caso, de autos no se demuestra que dicho acuerdo se haya aplicado o en su caso que así aconteciera, en perjuicio del aquí quejoso, por parte del Ayuntamiento Municipal de su adscripción. En el caso concreto, la aplicación de las normas impugnadas, están sujetas a la emisión de las disposiciones administrativas que emitan los Ayuntamientos Municipales. En efecto, las normas reclamadas no afectan la esfera jurídica de la parte quejosa con su sola entrada en vigor, sino que el perjuicio que pudieran resentir, en todo caso, podrá darse al momento de ser aplicados esos ordenamientos, es decir, se trata de normas de carácter heteroaplicativo. Lo anterior porque la aplicación de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala o la emisión del Acuerdo de veinte de enero de dos mil veintidós, no reemplaza las facultades de los integrantes de los Ayuntamientos, y de manera específica las facultades del Presidente Municipal, para emitir las disposiciones administrativas generales que sean necesarias para dar cumplimiento a la ley reclamada, o expidan o modifiquen los cuerpos normativos vinculados para darle efectividad, lo cual implica que no contiene un principio de ejecución que se realice por su sola existencia, sino que es necesario que haya actos posteriores de aplicación concreta de aquellos para que, en todo caso, pueda darse esa afectación. Por ende, será hasta que se materialicen los supuestos concretos previstos en dicha ley que eventualmente les causen un perjuicio, toda vez que su emisión no constituye una acción inmediata, por lo que, en todo caso, el perjuicio que aduce le genera, se actualizará hasta en tanto se ordene su aplicación al o servidores públicos en concreto, ya que se insiste, por su naturaleza jurídica constituye una norma de remisión precisamente para emitir las disposiciones administrativas generales que sean necesarias para dar cumplimiento a la ley reclamada, o expidan o modifiquen los cuerpos normativos vinculados para darle efectividad. Apoya lo considerado, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2011, Materia Común, registro digital 1004945, de rubro siguiente: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE RECLAMAN POR ACTOS INMINENTES Y NO POR ACTOS CONCRETOS YA REALIZADOS, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO." Ciertamente, las disposiciones señaladas como inconstitucionales, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que requieren de un acto diverso que condicione su individualización y concrete el supuesto normativo que afecte los derechos de la parte quejosa, el cual no ha nacido a la vida jurídica, por lo que se concluye que será hasta ese momento en que, de afectarle el acto en concreto, hará viable su impugnación oportuna a través del juicio constitucional. Además, conviene señalar que para reclamar normas de aplicación incondicionada no basta tener la seguridad de que su aplicación resulta inminente, pues la posibilidad de combatir en el amparo los actos de tal naturaleza, resulta inaplicable al juicio biistancial promovido contra leyes, porque en este tipo de asuntos el acto no debe ser inminente, sino efectivo. Por otro lado, de las documentales que exhibió el quejoso con su demanda de amparo, no se desprende en absoluto que se ubique en el supuesto de las normas reclamadas y, que permitan acreditar el perjuicio que aduce resentir con motivo de su entrada en vigor, ya que sólo exhibió copia certificada de su nombramiento, lo que lo acredita como Director de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Tlaxco, Tlaxcala y documentos que acreditan su identidad y preparación profesional y/o laboral. Así las cosas, al reclamar los preceptos legales y normas de observancia general precisados, con motivo de su entrada en vigor, y no demostrar que se ubica en el supuesto de las disposiciones que regulan la obligación sustantiva, para que pueda impugnarlas mediante el juicio de amparo indirecto, éste resulta improcedente. De manera se concluye que, tales disposiciones no han sido aplicadas, ni existe acto de ejecución que pudiera afectar el cargo que actualmente refiere tener como Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Tlaxco, Tlaxcala. Entonces, será hasta que se adopten ciertas disposiciones, en las que se realicen los ajustes a la designación de los servidores públicos de referencia, cuando el quejoso podrá instar la vía constitucional. De lo que se concluye, que como las disposiciones contenidas en la norma reclamada, son de naturaleza heteroaplicativa y no se acreditó acto de aplicación de la ley, al no conformar el acto de individualización condicionada, que coloca a quien pide amparo en el supuesto que ahí se contempla, entonces deviene el juicio de amparo es improcedente. Corrobora lo expuesto en lo conducente, la tesis II.2o.C.83 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, ubicada en la página 1135, Tomo XVIII, Julio de 2003 del Semanario oficial, con número de identificación 183801, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO. DEBE DEMOSTRARSE PLENAMENTE EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE UNA LEY AUTOAPLICATIVA QUE SE CALIFIQUE DE INCONSTITUCIONAL." También resulta aplicable la diversa tesis II.3o.C.3 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito Tomo XII, visible en la página 1205, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 191475, titulada: "LEY HETEROAPLICATIVA. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS ANTE JUEZ DE DISTRITO, SI NO EXISTE EL ACTO DE APLICACIÓN." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio en términos del diverso artículo 63, fracción V, de la Ley de la Materia. Ante la improcedencia de la acción de amparo, resulta innecesario abordar el examen de los conceptos de violación, tal como lo establece la jurisprudencia, consultable en la página trescientos treinta y cinco del Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394465, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." SEXTO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. SÉPTIMO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídase a su costa copia certificada de esta sentencia a cualquiera de las partes que la solicite, previa identificación y razón que por su recibo se deje en autos, para debida constancia. Por tanto, a fin de que la parte interesada esté en posibilidad de acudir ante este órgano jurisdiccional para la reproducción de las constancias solicitadas, de conformidad con los lineamientos previstos en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquesele que deberá ingresar al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el apartado de servicios jurisdiccionales, específicamente en el rubro de "Agenda OJ", y atendiendo a las fechas y horas disponibles en que pueda acceder a este Juzgado de Distrito y al horario de labores del centro de fotocopiado (de nueve a doce horas), deberá generar un Código QR que le permitirá ingresar a estas instalaciones para realizar el trámite correspondiente a la entrega de las copias certificadas; ello, con el fin de acatar las medidas sanitarias tendentes a evitar la concentración de personal y la propagación del virus Covid- 19 con motivo de la situación de emergencia sanitaria actual. Además, se le informa que de resultarle de suma importancia las copias en mención, puede obtenerlas del expediente electrónico, si cuenta con usuario, y tiene ya, acceso al mismo; pues las actuaciones cargadas en dicho expediente al incluir la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1°, fracción I, 73, 74, y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por José Carlos Serrano Hernández, por propio derecho, en términos de los considerandos cuarto y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previa razón que por su recibo se deje en autos. CUARTO. Conforme a lo expuesto en el último considerando de este fallo, al hacerse pública la presente resolución deberá tomarse en cuenta que las partes no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, ante la Licenciada Damayanty Rojas Huerta, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veintidós de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que para el día de hoy se encuentra señalada la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, se advierte que aún transcurre el término de ocho días, a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Representante Legal y la Presidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, ambos del Congreso del Estado de Tlaxcala, los cuales fueron agregados por auto de dieciséis de marzo actual. Por tanto, para dar margen a ello y no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y DOS MINUTOS DEL SEIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Agréguense a los autos del juicio de amparo en que se actúa, para que conste como correspondan y surtan los efectos legales conducentes, los informes justificados que rinden el Representante Legal y la Presidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, ambos del Congreso del Estado de Tlaxcala. En consecuencia, dese vista a las partes de conformidad con el artículo 117, primer párrafo, de la Ley de Amparo, para que manifiesten lo que a sus intereses legales convengan. Por otra parte, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la responsable a las personas que menciona y como domicilio el que señala para tales efectos. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 28, fracción III, y 30, fracción I, de la Ley de Amparo, se informa a la autoridad oficiante que los acuerdos y resoluciones que se dicten en este juicio se le notificarán a través de oficio digitalizado con firma electrónica del actuario judicial, que se le enviará al correo electrónico institucional dj.deandaflores@congresodetlaxcala.gob.mx, para lo cual deberá acusar recibo, por el mismo medio o por comunicación telefónica con el actuario judicial, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la en que se le envíe la comunicación respectiva y, en caso de no hacerlo, con apoyo en la fracción I, párrafo segundo, del mencionado artículo 28 de la ley de la materia, se tendrá por hecha la notificación. En la inteligencia de que la anterior determinación se sustenta también en lo dispuesto por el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el intercambio de información oficial a través de correo electrónico institucional como medida complementaria de las acciones para el combate a la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid 19), emitido el diecisiete de abril de dos mil veinte, por la Secretaría de la Función Pública. Finalmente, se les informa que el número telefónico 246 689 3368 extensiones 1263 y 1264 que proporciona, solo servirá de medio de contacto para para agilizar el trámite y notificación de los acuerdos que se tomen en el presente juicio, mientras subsista el período de la contingencia sanitaria que actualmente acontece en el territorio nacional. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a cuatro de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el día de la fecha se encuentra señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional; sin embargo, no será posible su celebración, toda vez que de autos se advierte que transcurre el término de quince días otorgados a las autoridades responsables Congreso del Estado de Tlaxcala y Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado, a fin de que rindan sus respectivos informes justificados y remitan todas y cada una de las constancias necesarias para la solución del presente juicio de amparo, mismos que les fueron solicitados en proveído de diecisiete de febrero del año en curso. Por tanto, para dar margen a ello y no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y DOS MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su respectivo informe justificado, mediante el cual niega los actos que se le atribuyen. Con el contenido del informe de cuenta, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Notifíquese.
Quedan 4 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · 8,910 expedientes
- Jose Bulmaro Acoltzi Espinoza966/2019
- José Carlos Cruz González3/2018
- José Carlos Escamilla García587/2018
- Jose Carlos Serrano Carbajal617/2019
- José Carlos Serrano Carbajal294/2019
- José Carlos Serrano Carbajal641/2020
- José Carlos Torres López722/2023
- José Carlos Villascan Montiel897/2018
- José César Cabrera Aguilar226/2023
- Jose Cesar Olvera Carmona1086/2018
- José Ciro Luna Hernández465/2020
- José Claudio García1059/2013