Jose Carlos Segura Lopez
Expediente 793/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 793/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jose Carlos Segura Lopez
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el auto de catorce de agosto de dos mil diecinueve (fojas 11 a 19), mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, se declara que HA QUEDADO FIRME el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente totalmente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de amparo, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de agosto de dos mil diecinueve. FORMACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por José Carlos Segura López o Carlos Segura López, fórmese expediente y regístrese con el número 793/2019-D, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. CUESTIONES PRELIMINARES. En primer lugar, conviene señalar que de una consulta al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), se advierte que en este juzgado se encuentra radicado el juicio de amparo 683/2019-B, promovido por el hoy quejoso José Carlos Segura López o Carlos Segura López, en el que señaló como autoridades responsables a las siguientes: 1 Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. 2 Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. 3 Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. 4 Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla 5 Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. 6 Director de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla. 7 Titular de la Primera Comandancia de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla. 8 Titular de la Segunda Comandancia de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla. 9 Titular de la Tercera Comandancia de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla. 10 Titular de la Cuarta Comandancia de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla. 11 Titular de la Quinta Comandancia de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla. 12 Titular de la Sexta Comandancia de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla. 13 Titular de la Séptima Comandancia de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla. 14 Titular de la Octava Comandancia de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla. 15 Titular de la Novena Comandancia de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla. De quienes reclamó: - Las órdenes de aprehensión, presentación o detención; y, su ejecución. En el cual, se encuentran señaladas las trece horas con veinte minutos del treinta de agosto de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional. En tal sentido, dicho juicio de amparo tiene estrecha relación con el presente expediente, pues el acto reclamado en el presente controvertido, consistente en la orden de aprehensión dictada en contra de José Carlos Segura López o Carlos Segura López, el diecinueve de junio de dos mil quince, dentro de la causa penal 421/1997-6 del índice del Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, mandamiento de captura que es materia del diverso juicio de amparo 683/2019-B, de lo que se sigue que existe identidad con las partes, quejoso y autoridad responsable; y, con el acto reclamado, como se verá en párrafos subsecuentes. Lo anterior, se invoca como hecho notorio para que surtan los efectos legales a que haya lugar, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia siguiente: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Así como la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento." DESECHAMIENTO. Este juzgador advierte que se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (.)". En relación con esta causal de improcedencia, existen los criterios siguientes, que tienen aplicación porque no contravienen las disposiciones de la Ley de Amparo vigente: "LITISPENDENCIA Y COSA JUZGADA, IMPROCEDENCIAS DEL JUICIO DE AMPARO POR. EN SU CONFIGURACIÓN NO INFLUYEN LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES ALEGADAS EN LAS DOS DEMANDAS DE GARANTÍAS. Debe sobreseerse en los autos del juicio constitucional de acuerdo con lo que se ordena en el texto de los artículos 73, fracciones III o IV (según corresponda), y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando los actos reclamados sean materia de un diverso juicio de garantías promovido por la misma quejosa y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas, cuestión que no influye en la configuración de estas causales de improcedencia". "DEMANDA DE GARANTÍAS. PROCEDE SU DESECHAMIENTO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN III, DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO HABIÉNDOSE DICTADO LA SENTENCIA EN EL DIVERSO JUICIO, ESTA NO HA CAUSADO EJECUTORIA. Como en términos del artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; carece de relevancia que en dicho juicio de garantías pendiente de resolución, el fallo que lo haya decidido y aún no ha causado ejecutoria, haya sobreseído en relación con los actos reclamados, puesto que aunque dicha resolución por regla general no constituye cosa juzgada ni impide por consiguiente la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, esa regla se actualiza únicamente en relación con sentencias que han causado ejecutoria, hipótesis que no se actualiza en el caso concreto." En esa tesitura, en términos del referido artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando se actualizan los supuestos siguientes: i) Que la ley o acto que se reclamen en el juicio de amparo sean materia de otra controversia de la misma naturaleza; ii) Que ese diverso juicio esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión; y iii) Que ambos juicios de garantías sean promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales que se aleguen sean diversas. Ilustra lo anteriormente considerado, la jurisprudencia 2a./J. 90/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se transcribe: "LITISPENDENCIA EN AMPARO CONTRA LEYES AUTOAPLICATIVAS. EN SU CONFIGURACIÓN NO INFLUYE QUE EN LAS DEMANDAS PROMOVIDAS POR EL QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LAS MISMAS NORMAS, SE PRETENDA PROTEGER UN INTERÉS JURÍDICO DISTINTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO).Conforme al indicado precepto legal, la causa de litispendencia entre dos juicios de amparo, que genera la improcedencia de uno de ellos, se encuentra condicionada a que: a) La ley o acto reclamado se cuestione simultáneamente en dos juicios de amparo; b) Los juicios estén pendientes de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión; y, c) Ambos juicios se hubiesen promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En ese sentido, tratándose de juicios de garantías promovidos contra normas autoaplicativas, la causa de improcedencia referida se actualiza cuando se colman todos los requisitos enunciados, aunque las demandas relativas contengan distinta pretensión o causa de pedir, es decir, se promuevan con el ánimo de proteger un interés jurídico derivado de bienes o derechos diversos, pues además de que este último requisito no deriva del artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, en el amparo contra leyes autoaplicativas o, inclusive, heteroaplicativas, los efectos de la sentencia concesoria se traducen en desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa la aplicación de la ley, por lo que la protección constitucional que, en su caso, se otorgue en el primer amparo, necesariamente abarcará cualquier acto de aplicación de la ley y respecto de cualquier bien jurídico tutelado. Lo anterior, en el entendido de que, conforme al artículo 51 del indicado ordenamiento, el sobreseimiento procede respecto del juicio promovido en segundo lugar, pero debe decretarse dentro del primero y fuera de la audiencia, una vez sustanciado el procedimiento previsto en dicho numeral. Cabe precisar que la finalidad de esta causa de improcedencia es evitar que se emitan sentencias contradictorias, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez." Así las cosas, del análisis de las constancias que existen en el juicio de amparo 683/2019-B, del índice de este juzgado, el cual, se ordena traer a la vista, se advierten, a manera de antecedentes, los siguientes: 1. Por escrito presentado el dieciséis de julio de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado el mismo día al Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, José Carlos Segura López o Carlos Segura López, por derecho propio solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, y otras autoridades, consistente en las órdenes de aprehensión, presentación o detención; y, su ejecución (fojas 2 a 7). 2. Mediante acuerdo de diecisiete de julio de dos mil diecinueve, este juzgado registró la demanda de amparo indirecto bajo el número 683/2019-B, admitió a trámite y requirió a las autoridades responsables su informe con justificación (fojas 10 a 12). 3. Seguida la secuela procesal, el veintitrés de julio pasado, se tuvo al Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, rindiendo su informe justificado (fojas 49 y 50), del que se advierte que aceptó la existencia del acto consistente en la orden de aprehensión, dictada el diecinueve de junio de dos mil quince, en contra del aquí quejoso José Carlos Segura López o Carlos Segura López, en el proceso 421/1997-6 de su índice, como probable responsable del delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 20, 267, 272 fracción I, en relación con los diversos 312, 313, fracciones II, III, IV, 328 y 331 en relación al 13 y 21 fracción I del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de quien en vida llevó el nombre de Moisés Lechuga García, alias "el conde". 4. Por acuerdo de veinticinco de julio de dos mil diecinueve (fojas 53 y 54), en términos del artículo 5, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado Romeo Moisés Lechuga García y/o Moisés Lechuga García, por conducto de Santiago Vélez García y/o Isaac Bustos González (hermano y cuñado de la víctima, respectivamente); y, 5. El trece de agosto pasado (fojas 109 y 110), se señalaron las trece horas con veinte minutos del treinta de agosto de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora, de la demanda de amparo que se analiza (793/2019-D), se advierte: a) Por escrito presentado el trece de agosto de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado el día siguiente al Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, José Carlos Segura López o Carlos Segura López, por derecho propio solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la orden de aprehensión dictada en su contra el diecinueve de junio de dos mil quince, dentro de la causa penal 421/1997-6 por el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. Así las cosas, de un análisis comparativo efectuado entre este juicio de amparo (793/2019-D) y el diverso 683/2019-B de esta estadística se advierte que ambos sumarios fueron promovidos por el mismo quejoso, que existe identidad respecto de la autoridad responsable y el acto reclamado, y que el segundo de los juicios citados no ha sido resuelto en definitiva, en virtud que se encuentra pendiente de dictar sentencia. Por tanto, en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues resulta evidente que la orden de aprehensión dictada el diecinueve de junio de dos mil quince, en el proceso penal 421/1997-6 reclamada al Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, es materia del juicio de amparo 683/2019-B, de este índice, el cual no ha sido resuelto en definitiva. Lo anterior, pues tanto en este controvertido constitucional, como en el 683/2019-D de este índice, el quejoso José Carlos Segura López o Carlos Segura López, reclama del Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, la orden de aprehensión dictada en su contra el diecinueve de junio de dos mil quince, dentro de la causa penal 421/1997-6, de su índice; y, que aquél juicio de amparo (683/2019-B), se promovió con anterioridad al presente. Además, se destaca que la fecha que debe tomarse en consideración para avocarse al conocimiento de la demanda de garantías, es la de dieciséis de julio de dos mil diecinueve (juicio 683/2019-B), por ser ésta la fecha en que inicialmente se presentó la demanda de amparo. En tales circunstancias, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en el numera 113 de la Ley de la materia, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, POR SER NOTORIA E INDUDABLE SU IMPROCEDENCIA. DOMICILIO. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones, el que indica en su demanda de amparo. AUTORIZADOS. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Mario Humberto Estrada López y Efraín Martínez Morales, atento a que de los datos proporcionados acreditan encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en Derecho o abogados. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. MEDIOS ELECTRÓNICOS. Ahora, atendiendo a que la parte promovente solicita el uso de medios electrónicos, se acuerda procedente dicha petición únicamente hasta este momento, esto es, al dictado del presente proveído, atendiendo a las siguientes consideraciones: Que de conformidad con la interpretación extensiva de la Circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura Federal, que estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Y, de una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, bajo su más estricta responsabilidad. Cobran aplicación las siguientes tesis de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga." "ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL). La circular 12/2009, de 18 de marzo de 2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
- Principal
(publicación citatorio)SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 14 DE agosto DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, catorce de agosto de dos mil diecinueve. FORMACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por José Carlos Segura López o Carlos Segura López, fórmese expediente y regístrese con el número 793/2019-D, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. CUESTIONES PRELIMINARES. En primer lugar, conviene señalar que de una consulta al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), se advierte que en este juzgado se encuentra radicado el juicio de amparo 683/2019-B, promovido por el hoy quejoso José Carlos Segura López o Carlos Segura López, en el que señaló como autoridades responsables a las siguientes: 1 Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. 2 Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. 3 Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. 4 uez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla 5 Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. 6 Director de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla. 7 Titular de la Primera Comandancia de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla. 8 Titular de la Segunda Comandancia de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla. 9 Titular de la Tercera Comandancia de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla. 10 Titular de la Cuarta Comandancia de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla. 11 Titular de la Quinta Comandancia de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla. 12 Titular de la Sexta Comandancia de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla. 13 Titular de la Séptima Comandancia de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla. 14 Titular de la Octava Comandancia de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla. 15 Titular de la Novena Comandancia de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla. De quienes reclamó: - Las órdenes de aprehensión, presentación o detención; y, su ejecución. En el cual, se encuentran señaladas las trece horas con veinte minutos del treinta de agosto de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional. En tal sentido, dicho juicio de amparo tiene estrecha relación con el presente expediente, pues el acto reclamado en el presente controvertido, consistente en la orden de aprehensión dictada en contra de José Carlos Segura López o Carlos Segura López, el diecinueve de junio de dos mil quince, dentro de la causa penal 421/1997-6 del índice del Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, mandamiento de captura que es materia del diverso juicio de amparo 683/2019-B, de lo que se sigue que existe identidad con las partes, quejoso y autoridad responsable; y, con el acto reclamado, como se verá en párrafos subsecuentes. Lo anterior, se invoca como hecho notorio para que surtan los efectos legales a que haya lugar, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia siguiente: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Así como la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento." DESECHAMIENTO. Este juzgador advierte que se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (.)". En relación con esta causal de improcedencia, existen los criterios siguientes, que tienen aplicación porque no contravienen las disposiciones de la Ley de Amparo vigente: "LITISPENDENCIA Y COSA JUZGADA, IMPROCEDENCIAS DEL JUICIO DE AMPARO POR. EN SU CONFIGURACIÓN NO INFLUYEN LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES ALEGADAS EN LAS DOS DEMANDAS DE GARANTÍAS. Debe sobreseerse en los autos del juicio constitucional de acuerdo con lo que se ordena en el texto de los artículos 73, fracciones III o IV (según corresponda), y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando los actos reclamados sean materia de un diverso juicio de garantías promovido por la misma quejosa y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas, cuestión que no influye en la configuración de estas causales de improcedencia". "DEMANDA DE GARANTÍAS. PROCEDE SU DESECHAMIENTO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN III, DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO HABIÉNDOSE DICTADO LA SENTENCIA EN EL DIVERSO JUICIO, ESTA NO HA CAUSADO EJECUTORIA. Como en términos del artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; carece de relevancia que en dicho juicio de garantías pendiente de resolución, el fallo que lo haya decidido y aún no ha causado ejecutoria, haya sobreseído en relación con los actos reclamados, puesto que aunque dicha resolución por regla general no constituye cosa juzgada ni impide por consiguiente la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, esa regla se actualiza únicamente en relación con sentencias que han causado ejecutoria, hipótesis que no se actualiza en el caso concreto." En esa tesitura, en términos del referido artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando se actualizan los supuestos siguientes: i) Que la ley o acto que se reclamen en el juicio de amparo sean materia de otra controversia de la misma naturaleza; ii) Que ese diverso juicio esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión; y iii) Que ambos juicios de garantías sean promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales que se aleguen sean diversas. Ilustra lo anteriormente considerado, la jurisprudencia 2a./J. 90/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se transcribe: "LITISPENDENCIA EN AMPARO CONTRA LEYES AUTOAPLICATIVAS. EN SU CONFIGURACIÓN NO INFLUYE QUE EN LAS DEMANDAS PROMOVIDAS POR EL QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LAS MISMAS NORMAS, SE PRETENDA PROTEGER UN INTERÉS JURÍDICO DISTINTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO).Conforme al indicado precepto legal, la causa de litispendencia entre dos juicios de amparo, que genera la improcedencia de uno de ellos, se encuentra condicionada a que: a) La ley o acto reclamado se cuestione simultáneamente en dos juicios de amparo; b) Los juicios estén pendientes de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión; y, c) Ambos juicios se hubiesen promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En ese sentido, tratándose de juicios de garantías promovidos contra normas autoaplicativas, la causa de improcedencia referida se actualiza cuando se colman todos los requisitos enunciados, aunque las demandas relativas contengan distinta pretensión o causa de pedir, es decir, se promuevan con el ánimo de proteger un interés jurídico derivado de bienes o derechos diversos, pues además de que este último requisito no deriva del artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, en el amparo contra leyes autoaplicativas o, inclusive, heteroaplicativas, los efectos de la sentencia concesoria se traducen en desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa la aplicación de la ley, por lo que la protección constitucional que, en su caso, se otorgue en el primer amparo, necesariamente abarcará cualquier acto de aplicación de la ley y respecto de cualquier bien jurídico tutelado. Lo anterior, en el entendido de que, conforme al artículo 51 del indicado ordenamiento, el sobreseimiento procede respecto del juicio promovido en segundo lugar, pero debe decretarse dentro del primero y fuera de la audiencia, una vez sustanciado el procedimiento previsto en dicho numeral. Cabe precisar que la finalidad de esta causa de improcedencia es evitar que se emitan sentencias contradictorias, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez." Así las cosas, del análisis de las constancias que existen en el juicio de amparo 683/2019-B, del índice de este juzgado, el cual, se ordena traer a la vista, se advierten, a manera de antecedentes, los siguientes: 1. Por escrito presentado el dieciséis de julio de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado el mismo día al Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, José Carlos Segura López o Carlos Segura López, por derecho propio solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, y otras autoridades, consistente en las órdenes de aprehensión, presentación o detención; y, su ejecución (fojas 2 a 7). 2. Mediante acuerdo de diecisiete de julio de dos mil diecinueve, este juzgado registró la demanda de amparo indirecto bajo el número 683/2019-B, admitió a trámite y requirió a las autoridades responsables su informe con justificación (fojas 10 a 12). 3. Seguida la secuela procesal, el veintitrés de julio pasado, se tuvo al Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, rindiendo su informe justificado (fojas 49 y 50), del que se advierte que aceptó la existencia del acto consistente en la orden de aprehensión, dictada el diecinueve de junio de dos mil quince, en contra del aquí quejoso José Carlos Segura López o Carlos Segura López, en el proceso 421/1997-6 de su índice, como probable responsable del delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 20, 267, 272 fracción I, en relación con los diversos 312, 313, fracciones II, III, IV, 328 y 331 en relación al 13 y 21 fracción I del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de quien en vida llevó el nombre de Moisés Lechuga García, alias "el conde". 4. Por acuerdo de veinticinco de julio de dos mil diecinueve (fojas 53 y 54), en términos del artículo 5, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado Romeo Moisés Lechuga García y/o Moisés Lechuga García, por conducto de Santiago Vélez García y/o Isaac Bustos González (hermano y cuñado de la víctima, respectivamente); y, 5. El trece de agosto pasado (fojas 109 y 110), se señalaron las trece horas con veinte minutos del treinta de agosto de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora, de la demanda de amparo que se analiza (793/2019-D), se advierte: a) Por escrito presentado el trece de agosto de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado el día siguiente al Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, José Carlos Segura López o Carlos Segura López, por derecho propio solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la orden de aprehensión dictada en su contra el diecinueve de junio de dos mil quince, dentro de la causa penal 421/1997-6 por el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. Así las cosas, de un análisis comparativo efectuado entre este juicio de amparo (793/2019-D) y el diverso 683/2019-B de esta estadística se advierte que ambos sumarios fueron promovidos por el mismo quejoso, que existe identidad respecto de la autoridad responsable y el acto reclamado, y que el segundo de los juicios citados no ha sido resuelto en definitiva, en virtud que se encuentra pendiente de dictar sentencia. Por tanto, en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues resulta evidente que la orden de aprehensión dictada el diecinueve de junio de dos mil quince, en el proceso penal 421/1997-6 reclamada al Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, es materia del juicio de amparo 683/2019-B, de este índice, el cual no ha sido resuelto en definitiva. Lo anterior, pues tanto en este controvertido constitucional, como en el 683/2019-D de este índice, el quejoso José Carlos Segura López o Carlos Segura López, reclama del Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, la orden de aprehensión dictada en su contra el diecinueve de junio de dos mil quince, dentro de la causa penal 421/1997-6, de su índice; y, que aquél juicio de amparo (683/2019-B), se promovió con anterioridad al presente. Además, se destaca que la fecha que debe tomarse en consideración para avocarse al conocimiento de la demanda de garantías, es la de dieciséis de julio de dos mil diecinueve (juicio 683/2019-B), por ser ésta la fecha en que inicialmente se presentó la demanda de amparo. En tales circunstancias, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en el numera 113 de la Ley de la materia, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, POR SER NOTORIA E INDUDABLE SU IMPROCEDENCIA. DOMICILIO. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones, el que indica en su demanda de amparo. AUTORIZADOS. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Mario Humberto Estrada López y Efraín Martínez Morales, atento a que de los datos proporcionados acreditan encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en Derecho o abogados. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. MEDIOS ELECTRÓNICOS. Ahora, atendiendo a que la parte promovente solicita el uso de medios electrónicos, se acuerda procedente dicha petición únicamente hasta este momento, esto es, al dictado del presente proveído, atendiendo a las siguientes consideraciones: Que de conformidad con la interpretación extensiva de la Circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura Federal, que estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Y, de una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, bajo su más estricta responsabilidad. Cobran aplicación las siguientes tesis de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga." "ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL). La circular 12/2009, de 18 de marzo de 2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
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