José Carlos Romero Villanueva
Expediente 810/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 810/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 21/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- José Carlos Romero Villanueva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación con que se da cuenta, de la que se advierte que a la fecha ya transcurrió el término de diez días a que se refiere el numeral 86, de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la sentencia dictada en estos autos, en la que se negó la protección constitucional a la parte quejosa. CAUSA EJECUTORIA En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que la resolución dictada por este Juzgado de Distrito el siete de diciembre de dos mil veinte, terminada de engrosar el treinta del citado mes y año, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO Por otra parte, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, con conocimiento de las partes, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y toda vez que negó la protección constitucional en el presente asunto, se declara que este expediente es susceptible de depuración, debiéndose conservar la demanda, sentencia y demás constancias que se estimen pertinentes. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, de los que se aprecia que no fue posible emitir pronunciamiento alguno respecto del estado procesal que guarda el presente asunto, toda vez que aconteció el periodo de suspensión total de labores previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, o en su caso, dentro del periodo de vigencia de las circulares SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021 o SECNO/9/2021 emitidas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal o en atención a la fracción II, numeral 13, de la Circular SECNO/10/2021, en la que se determinó que los días dieciséis y diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, sería aplicable el esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, periodo durante el cual se suspenden plazos y términos. En esa tesitura, y en atención a la fracción II, numeral 16, de la Circular SECNO/10/2021, en la que se determina continuar la operación de los órganos jurisdiccionales, de conformidad con los Acuerdos Generales 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos 25/2020, 37/2020 y 1/2021, se ordena regularizar el asunto en el que se actúa. Se hace saber a las partes el levantamiento de la suspensión de los plazos y términos decretada del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, por lo tanto, a partir de la notificación del presente auto se reanudan los plazos en el punto en el que quedaron pausados, lo que no implica su reinicio, sino su reanudación. Se exhorta a las partes. En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se conmina a las partes dentro del presente asunto para que, de ser posible y tomando en consideración la contingencia sanitaria, promuevan la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio de línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Reexpide oficios Por otra parte, visto el estado procesal que guarda el presente expediente, del que se advierte que no obra acuse de recibo del oficio 21742/2020, dirigido a la autoridad con el carácter de tercero interesada Agente del Ministerio Público que conoce de la causa penal 626/2020, del índice del Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial Único del Estado de Morelos, con sede en Cuautla. En tales condiciones, se ordena reexpedir el oficio citado, con la finalidad de que la parte procesal en mención, se notifique debidamente de la sentencia emitida el siete de diciembre de dos mil veinte, terminada de engrosar el treinta del citado mes y año. Notifíquese; y personalmente a las partes.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos relativos al juicio de amparo 810/2020-PJ, promovido por ***, contra los actos que reclama del Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con sede en Cuautla, por considerarlos violatorio de los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica. I. TRÁMITE [1] PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el treinta de septiembre de dos mil veinte (Fojas 2 a 16), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, remitido a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, ***, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que se transcriben a continuación: AUTORIDAD RESPONSABLE: "JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE CONTROL, JUICIO ORAL Y EJECUCIÓN DE SANCIONES, LICENCIADO JESÚS VALENCIA VALENCIA". ACTO RECLAMADO: "Se reclama el auto de vinculación a proceso de fecha 18 de septiembre del año 2020, dictado dentro de la causa penal número 626/2020, en el cual se vincula por el delito de lesiones en riña". [2] SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. Por auto de dos de octubre de dos mil veinte (Fojas 18 a 28), este órgano jurisdiccional tuvo por recibida la demanda de amparo, formó el expediente 810/2020-PJ, admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. [3] Asimismo, se emplazó en calidad de terceros interesados al agente del Ministerio Público que conoce de la causa penal JC/626/2020 (Foja 34) y a la parte ofendida dentro del procedimiento penal (Foja 81). [4] TERCERO. Audiencia constitucional. Seguidos los trámites de ley, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS [5] PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 1°, fracción V, 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo previsto en el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, dado que se reclama un acto de naturaleza penal atribuido a una autoridad en esa materia en la jurisdicción que corresponde a este órgano constitucional. [6] Previamente a la precisión de los actos reclamados, se destaca que conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, para la resolución del presente asunto se citan, entre otras tesis, jurisprudencias integradas conforme a la legislación de amparo abrogada, al no oponerse a lo previsto en la Ley de la Materia vigente. [7] SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El acto que se analizará en el presente juicio de amparo es: a) El auto de vinculación de proceso dictado el dieciocho de septiembre de dos mil veinte en la causa penal JCC/626/2020, en contra del quejoso por el delito de lesiones en riña. [8] Lo cual, es atribuido al Juez de Primera Instancia del Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con sede en Cuautla. [9] TERCERO. Acto reclamado existente. Al rendir su informe justificado el Juez de Primera Instancia del Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con sede en Cuautla (Fojas 40 y 41), aceptó la existencia del acto reclamado. [10] Certeza que se robustece con las copias certificadas y el disco compacto remitidos por la primera de las autoridades, en las cuales se advierte el audio y video de la resolución de vinculación a proceso reclamada (Foja 42). A las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, toda vez que fue expedido por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que, además, haya sido objetada su autenticidad. [11] En esa tesitura, resultan ciertos los actos reclamados a las citadas autoridades responsable. [12] CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de las cuestiones de fondo planteadas, relativas a la constitucionalidad del acto que por esta vía se reclama, debe analizarse si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que las causales de improcedencia son de orden público y su estudio es preferente a la cuestión de fondo de la litis, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. [13] En atención a dicho principio y analizada la demanda de amparo en su integridad, así como las constancias que acompañó la responsable a su informe con justificación, no se advierte su actualización. En consecuencia, procede el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. [14] QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. El quejoso hace valer, esencialmente, los siguientes conceptos de violación: I. El juez no tomó en cuenta los argumentos esgrimidos por la defensa del quejoso, además de que no valoró de forma correcta los datos de prueba. II. Al resolver sobre la vinculación a proceso, el juez varió los hechos respecto de la formulación de imputación. III. El juez no tomó en cuenta el argumento que presentó su defensa atinente a que el dictamen médico se hizo en base a una nota médica que tiene una hora posterior a la puesta a disposición. IV. El momento de resolver sobre la vinculación a proceso, el juez ya tenía su resolución elaborada por ello no tomó en cuenta los argumentos de la defensa. V. De los antecedentes de investigación no se desprenden datos de prueba con los que se acredite que el quejoso causó las lesiones a la víctima, por lo cual se debió dictar en su favor auto de no vinculación a proceso. VI. El acto reclamado no se encuentra debidamente fundado y motivado por lo que vulnera el artículo 16 constitucional. [15] Son infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, en virtud de que se acreditó el hecho calificado por la ley como lesiones en riña y existe la probabilidad de que el quejoso lo cometió, por lo cual es correcto dictar en su contra auto de vinculación a proceso; además de que en lo no alegado nada hay que suplir. [16] En efecto, en relación con el auto de vinculación a proceso, debe recordarse que por decreto de reforma y adición publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, el Constituyente Permanente determinó reformar, entre otros, los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para introducir el sistema procesal penal acusatorio. [17] De dichas reformas y para el caso en estudio, destaca el contenido del artículo 20, primer párrafo, en el que se establece como eje toral del proceso penal mexicano, que deberá ser acusatorio y oral, regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [18] En ese contexto, la actuación de la responsable, propia del sistema procesal penal acusatorio, será examinada bajo los parámetros de constitucionalidad establecidos por el constituyente en la citada reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, así como su implementación en la legislación adjetiva de la materia. [19] El nuevo sistema de justicia penal se encuentra dividido en tres etapas: investigación, intermedia y juicio oral. [20] El auto de vinculación a proceso se decreta dentro de la etapa de investigación. Dicha figura jurídica se encuentra regulada por el artículo 19 de la Constitución Federal, precepto que, en lo conducente, señala: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. (...)". [21] La redacción del numeral transcrito revela, no sólo la modificación en la denominación del auto de formal prisión, ahora llamado auto de vinculación a proceso, sino un cambio estructural en el estándar probatorio para su dictado. [22] De la interpretación de los artículos 16, tercer párrafo, 19, primer párrafo y 20, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de las reformas de dieciocho de junio de dos mil ocho, es correcto considerar que el Constituyente, entre otras cuestiones, determinó la no formalización, en principio, de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal. [23] Lo anterior, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. [24] Ello, impide a los jueces de control revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria con el fin de evitar que prejuzguen, manteniendo con ello la objetividad e imparcialidad de sus decisiones. Así como, el principio de igualdad y contradicción dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso y de los contendientes; por una parte, el agente del Ministerio Público y la víctima u ofendido; y por la otra, el imputado y la defensa. [25] Luego, bajo las reglas del sistema procesal penal acusatorio, al resolver sobre la solicitud de vinculación a proceso, el estudio de los datos en que se sustente la imputación, la razonabilidad de los argumentos expuestos por la representación social y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el imputado sea presentado ante el juez de control a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto por la ley como delito, con pena privativa de libertad, y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. [26] En esa línea, al igual que en una orden de aprehensión, para el dictado de un auto de vinculación a proceso sólo se requieren datos que establezcan que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, debiéndose incluir las modificativas o calificativas del delito, ya que dicha determinación tiene como efecto procesal establecer el ilícito por el cual habrá de seguirse la formal investigación o complementaria. [27] Ello, partiendo de la base de que en la etapa de investigación, dentro del sistema penal acusatorio, sólo se requiere que el Ministerio Público aporte datos de prueba, los cuales consisten en, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes. [28] Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el artículo 20, apartado A, fracción III, constitucional, en la etapa de investigación, tales datos no constituyen prueba fehaciente, pues para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. [29] En otro aspecto, se tiene que, dentro del sistema penal acusatorio, el objeto de la etapa de investigación, conforme a lo dispuesto por el artículo 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es que el Ministerio Público lleve a cabo la obtención de la información y la recolección de los elementos que le permitan fundar, en su caso, la acusación. [30] En esa tesitura, los agentes del Ministerio Público promoverán y dirigirán la investigación y podrán realizar todas las diligencias de investigación que consideren conducentes al esclarecimiento de los hechos. [31] El Ministerio Público, al solicitar el dictado de una orden de aprehensión o la vinculación a proceso, sólo hará la recolección de los datos que lleven al juzgador, en la siguiente etapa, a la construcción de las pruebas que le permitan establecer, en su caso, la existencia del delito y su comisión por parte del imputado. [32] Además, la actuación ministerial está constreñida al principio de lealtad que le impone el artículo 128 del código procesal de la materia, en el sentido de que debe actuar con apego a la Constitución y al código, además, deberá proporcionar información veraz sobre los hechos y los hallazgos en la investigación y tendrá el deber de no ocultar a los intervinientes elemento alguno que pudiera resultar favorable para la posición que ellos asumen. [33] En ese orden de ideas, para el dictado de una orden de aprehensión o de un auto de vinculación a proceso, dentro del sistema penal acusatorio, el juez de control debe analizar y resolver, según sea el caso, únicamente con base en los datos de prueba que en la solicitud de una orden de aprehensión o en la audiencia de formulación de imputación exponga el Ministerio Público; así como con los que aporte la defensa en la citada audiencia y los que se desahoguen, en su caso, en la audiencia de prórroga del plazo constitucional. [34] Establecida la fase del procedimiento en que se dicta el auto de vinculación a proceso, así como su naturaleza jurídica; a efecto de determinar los requisitos que debe reunir, es necesario atender al contenido del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, complementario del artículo 19 de la Constitución Federal, que establece: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." [35] Aunado a lo anterior, debe agregarse que como todo acto de autoridad, además de ajustarse a las premisas legales anteriores, debe cumplir con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 16 de la Ley Suprema, que establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." [36] De las trascripciones anteriores, se desprende que, para dictar un auto de vinculación a proceso, atento a lo establecido en la Carta Magna y en la legislación secundaria aplicable, deben cumplirse tanto requisitos de forma como de fondo. I. Los requisitos formales son los siguientes: A. Debe ser emitido por escrito y por autoridad judicial competente. B. Debe dictarse dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el indiciado sea puesto a disposición de la autoridad judicial; plazo que se puede duplicar a petición del indiciado o su defensor. C. Que se haya formulado imputación. D. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. En el entendido de que en la audiencia correspondiente el juez debe verificar que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, se los debe dar a conocer. E. Únicamente debe dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. F. Debe expresar el delito que se le imputa y las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución. II. Los requisitos de fondo son: A. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito. B. Que exista la probabilidad de que el imputado cometió el hecho delictuoso o participó en su comisión. C. No esté plenamente comprobada a favor del imputado alguna causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación [37] Ahora bien, en el presente caso por lo que hace a los requisitos de forma, se advierte que el auto de vinculación a proceso fue dictado en la audiencia de 18 de septiembre de 2020, la cual fue dirigida por el Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución del Sanciones del Único Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con sede en Cuautla, por lo cual se cumple el requisito A, al constar la videograbación de dicha audiencia y ser la juez competente para resolver sobre hechos ocurridos en el municipio de Jantetelco, Morelos. [38] Del mismo modo, el requisito de forma B, se encuentra satisfecho ya que el quejoso quedó a disposición de la juez de origen a las 15:14 horas del 14 de septiembre de 2020 y su situación jurídica fue resuelta a las 13:45 horas del 18 de septiembre siguiente; es decir, dentro de las ciento cuarenta y cuatro horas como fue solicitado por el quejoso y su defensa. [39] Asimismo, el fiscal en presencia del juez responsable formuló imputación contra el aquí quejoso, haciéndole de su conocimiento el hecho con apariencia de delito consistente en: lesiones en riña, en agravio de la víctima Nuyen Tomás Mata Romero, lo que satisface el requisito C de forma. [40] Posterior a la formulación de imputación, la juez responsable concedió al aquí amparista su derecho a declarar y -previa consulta con su defensa- expresó su deseo de guardar silencio. Y con ello queda acreditado el punto D de los requisitos de forma. [41] Por lo que hace a los requisitos de forma identificados como E y F, se encuentran satisfechos porque versa sobre los hechos de lesiones que le fueron imputados por la fiscalía y se precisaron las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución. [42] Ahora bien, por lo que hace a los requisitos de fondo, se estima que también se encuentran satisfechos, pues se advierte que durante la audiencia inicial celebrada el quince de septiembre de dos mil veinte, la fiscalía hizo referencia a los siguientes datos de prueba: 1. Parte informativo de 12 de septiembre de 2020, en el cual los elementos policiacos refieren que al llegar al lugar de los hechos encuentran aproximadamente a quince personas, entre ellas, al quejoso y a otra persona, quienes se distinguen porque presentaban en sus ropas líquido hemático y refirieron haberse agredido mutuamente. 2. Dictamen médico de catorce de septiembre de dos mil veinte, en el cual se dio cuenta con las lesiones que presenta Nuyen Tomas Mata Romero, y de las que se desprende o destaca una fractura en la mano izquierda con refracción de falanges, las cuales tardan en san ar más de treinta días. 3. Entrevista de Amado Romero Hernández, de doce de septiembre de dos mil veinte, rendida ante el agente del Ministerio Público de la Federación; en la que narró que estando en su domicilio aproximadamente a las doce horas, llegó su nieto a agredirlo física y verbalmente, por lo cual su hijo José Carlos Romero Villanueva (aquí quejoso) lo defiende y se comienzan a agredir físicamente de forma mutua, por lo cual junto con otros familiares llamaron a las autoridades policiacas. [43] De dichos medios de prueba destaca lo declarado por los agentes policiacos que dan cuenta de haber recibido un reporte y al llegar al lugar de los hechos encontraron a dos personas con líquido hemático en la sangre, entre ellos se encuentra el quejoso. [44] Lo cual se concatena con lo declarado por Amado Romero Hernández, quien es padre del aquí quejoso y abuelo de la otra persona imputada, y señala como comenzaron a agredir físicamente uno al otro causándose lesiones de forma mutua. [45] En ese sentido, como bien fue estimado por la juez de control, hasta este momento, se acredita la existencia del siguiente hecho: "El 12 de septiembre de 2020, a las 12:30 horas, en la colonia Gabriel Tepepan, Municipio de Jantetelco, sobre la avenida Morelos, específicamente en el entorno del Hotel "Emiliano Zapata", los activos (entre ellos el quejoso) se provocaron lesiones mutuamente y alteraron su salud". [46] Asimismo, ese hecho es calificado por la ley como delito de lesiones en riña; previsto y sancionado en el artículo 121, fracción II, en relación con el 124 del Código Penal para el Estado de Morelos (respecto del aquí quejoso en su carácter de provocado), el cual establece lo siguiente: "ARTICULO 121.- Al que cause a otro un daño en su salud, se le impondrán: (.) II. De tres a seis meses de prisión o de treinta a ciento veinte días de trabajo en favor de la comunidad, si las lesiones tardan en sanar más de quince y menos de treinta días; (.) ARTICULO 124.- Al que infiera lesiones en riña se le impondrá hasta la mitad de las sanciones correspondientes, si se trata del provocador, y hasta la tercera parte, si se trata del provocado". [47] En esa tesitura, se acredita el primero de los requisitos de fondo (A), consistente en que los datos de prueba revelen la existencia de un hecho calificado por la ley penal como delito. [48] Del mismo modo, se acredita el requisito de fondo B, ya que los mencionados datos de prueba hacen patente la probabilidad de que el imputado (aquí quejoso) participó en la comisión de dicho delito, en tanto que fue una de las personas que se provocaron lesiones mutuamente. [49] Además, por lo que hace al requisito C, no se advierte que esté plenamente comprobada a favor del imputado alguna causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. [50] Atento a lo anterior, son infundados los conceptos de violación identificados con los números V y VI, ya que contrariamente a lo que manifiesta, el actuar del Juez responsable resulta acorde con lo establecido en los artículos 14, 16 y 19 de la Carta Magna, ya que fundamentó y motivó su actuar, a la luz de dichos preceptos constitucionales, aunado a que hizo referencia a los numerales del código procedimental de la materia y refirió que los hechos por los cuales se formuló imputación en cuadran en la conducta típica que prevé el numeral 271 del Código Penal para el Estado de Morelos. [51] Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 35/2017 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página 360, registro 2014800, cuyo rubro y texto son: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Aprobada por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión de cinco de abril de dos mil diecisiete. [52] Además, como ha quedado reseñado de acuerdo a las reglas de la valoración de la prueba, sólo tenía que ser indiciaria y no plena, ya que conforme al sistema penal acusatorio sólo es necesario que existan datos o elementos suficientes para presumir la comisión de un hecho delictivo y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en la comisión de ese hecho. [53] En el caso, el juez estableció los datos de prueba de los cuales se deprende la participación del aquí quejoso, tales como el parte informativo del que se advierte que fue detenido junto con el otro imputado al presentar manchas de sangre en su ropa y la declaración de su propio padre que refiere como tuvo lugar la pele con la otra persona que también es su nieto. En esa tesitura, al menos hasta este momento procesal, existen indicios objetivos y razonables, que permiten establecer la existencia del hecho y la posibilidad de que el quejoso participó en su comisión. [54] Por otro lado, son infundados los conceptos de violación identificados con los números I y III, ya que contrariamente a lo que señala, al momento de resolver sobre la vinculación a proceso, el juez de control, contestó los argumentos que fueron expuestos por la defensa del aquí quejoso y explicó por que hasta este momento era procedente dictar en su contra la vinculación a proceso. [55] Del mismo modo, es infundado el concepto de violación identificado con el arábigo II, ya que contrariamente a lo que sostiene el quejoso, el juez resolvió sobre la vinculación a proceso a partir de los hechos que le fueron expuestos en la formulación de imputación, consistentes en que el doce de septiembre de dos mil veinte, el quejoso y otro, se causaron lesiones mutuamente, y de uno de los dictámenes médicos se desprende que las lesiones que sufrió la contraparte del quejoso, tardan en sanar más de treinta días, por lo que los detalles sobre las referidas lesiones serán materia, en su caso, de la etapa de juicio oral. [56] Finalmente, es infundado el concepto de violación identificado con el numero IV, por el cual la defensa sostiene que el juez ya tenía elaborada su resolución y por ello no tomo en cuenta sus argumento, ello en virtud de que dicho argumento constituye una apreciación subjetiva de la defensa que no tiene sustento en prueba alguna, pues de la videograbación se aprecia que el juez dicta su resolución de manera verbal y posterior a escuchar los alegatos conclusivos de las partes, además de que el hecho de que el juez tenga notas de apoyo para emitir su resolución no genera vulneración de derechos humanos a alguna de las partes, pues sería materialmente imposible que el juez memorizara todos los datos que le expongan las partes en la formulación de imputación para poder resolver. [57] En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación planteados por el quejoso, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. [58] SEXTO. Publicación de la sentencia con supresión de datos personales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, Base A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los numerales 1, 3, 11, fracción VI, 16, 68, 110, 113, y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos preceptos 1, 3, fracciones IX y X del decreto por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicados en el Diario Oficial de la Federación nueve de mayo de dos mil dieciséis y el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, respectivamente, se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública protegiendo los datos considerados sensibles, confidenciales o reservados. III. DECISIÓN Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, fracción I, 61 a 63, 73 a 79 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***, respecto de las autoridades y actos precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el diverso quinto de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a seis de noviembre de dos mil veinte. Se tiene por recibido el oficio remitido por el Juez Civil de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial en el Estado de Morelos, mediante el cual devuelve el despacho 46/2020, debidamente diligenciado, que le fue remitido por este órgano jurisdiccional a efecto de emplazar a la tercero interesada Nuyen Tomás Mata Romero, ordenado en auto de dos de octubre de dos mil veinte. En ese tenor, se tiene por legalmente emplazada la contienda constitucional a la parte en cita, para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de comunicaciones libradas, así como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. En otro aspecto, visto el estado procesal que guardan los autos, en específico de la constancia de emplazamiento practicada a la tercero interesada Nuyen Tomás Mata Romero, se advierte que se emplazó a dicha parte el veintisiete de octubre actual; por tanto, a fin de que tenga la posibilidad de imponerse de los presentes autos, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS DEL SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Por otra parte, vista la certificación de cuenta y tomando en consideración que en sesión ordinaria de treinta de septiembre de la presente anualidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, acordó la readscripción del suscrito como titular de este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con efectos a partir del uno de noviembre de dos mil veinte, hágase del conocimiento de las partes la citada determinación, para los efectos legales a que haya lugar. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO...". Notifíquese.
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