Jose Carlos Reyes Vazquez

Expediente 691/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
691/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
09/07/2019

Partes del expediente

  • Jose Carlos Reyes Vazquez

Actuaciones

  1. Principal

    VII. Agréguese a los presentes autos el oficio 206/2019-P2, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al que adjunta el testimonio judicial de la resolución pronunciada el tres de julio del presente año, por ese Cuerpo Colegiado, en la queja 113/2019, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por José Carlos Reyes Vázque, contra el auto de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, resolución en la que aparece que la citada Superioridad resolvió: "ÚNICO. Se declara INFUNDADO el presente recurso de queja." En consecuencia, acúsese recibo; háganse las anotaciones de rigor en el Libro respectivo; y notificado que sea este acuerdo, como dispone el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. De conformidad con lo establecido en el punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto, en el que se desechó la demanda de amparo, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto referido, y por tanto, ES DESTRUIBLE; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. Por otra parte, en cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    MESA VII. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio 3189, de diez de los corrientes, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, mediante el cual informa que fue admitido el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, formándose por tal motivo el toca 113/2019. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. AGC*

  3. Principal

    MESA VII. Agréguese a estos autos el escrito signado por el quejoso JOSÉ CARLOS REYES VÁZQUEZ, mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto de veintitrés de mayo del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo intentada. En mérito a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, ríndase el correspondiente informe a la Superioridad manifestando QUE ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO POR EL RECURRENTE, toda vez que en acuerdo de siete de mayo de dos mil diecinueve, se desechó la demanda de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXlll, de la Ley de Amparo. En tal virtud, remítase copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente expediente a fin de acreditar lo antes expuesto, así como la legalidad del acto reclamado; asimismo, remítase el escrito original de interposición del recurso de mérito, en el que expresa sus agravios y la copia de éste que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación, sin que haya necesidad de otorgarle a la parte quejosa el plazo de tres días que consigna el artículo 101 de la Ley de Amparo, en virtud de la naturaleza del acto que reclama. Asimismo, obténgase copia certificada del escrito de interposición del recurso de queja aludido y agréguese a estos autos; lo anterior, a fin de que se pueda constatar la fecha en la que se interpuso tal recurso. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    MESA VII. Vista la demanda de amparo promovida por José Carlos Reyes Vázquez, por su propio derecho y en representación de su menor hijo José Carlos Reyes Garibaldi, contra el acto que reclama del Juez Segundo de Oralidad Familiar turno matutino del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, y del Actuario de su adscripción; por tanto, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. En consecuencia, se procede a proveer en relación con la misma, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." En ese sentido, debe precisarse que del capítulo de acto reclamado, se advierte la parte quejosa impugna del Juez responsable, la determinación de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, emitida en el expediente 749/2018, en la que resolvió: - No acceder al cambio de guarda y custodia del menor José Carlos Reyes Garibaldi, cuenta habida que la misma se encontraba a cargo de su progenitora, como se pactó en el convenio celebrado el siete de febrero de dos mil dieciocho; - No decretar la reposición del procedimiento natural, cuenta habida que las alegaciones vertidas en relación a tal circunstancia, debieron realizarse en las audiencias de las cuales se pidió su reposición, a las cuales el directo quejoso no acudió; - No ordenar la valoración psiquiátrica de ambos progenitores, cuenta habida que dicha probanza ya había sido ofertada por la parte promovente, por lo que se trataría de una duplicidad probatoria; y, - No autorizar la remoción de los representantes sociales de su adscripción, ya que es personal ajeno a su potestad y fungen como auxiliares y coadyuvantes en la administración de justicia. En ese sentido, este órgano de control constitucional estima que, en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. El citado dispositivo legal, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." La anterior transcripción confirma la regla general que se deriva del principio de definitividad, según la cual, para que proceda el juicio de amparo, debe tratarse de actos definitivos, en la acepción que la propia legislación da de dichos actos, por lo que resulta lógico que la inobservancia del principio traiga como consecuencia, también por regla general, la improcedencia de la acción constitucional intentada. Partiendo de la premisa de que el juicio constitucional es un juicio extraordinario, su procedencia y tramitación está regida por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, se encuentra el principio de definitividad, que establece que dicho juicio es únicamente procedente contra actos definitivos, esto es, actos respecto de los cuales no exista ningún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados. Por tanto, la definitividad del acto como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, significa que antes de acudir a dicho juicio se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. Así, para que se actualice la causa de improcedencia establecida, es necesario: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, y; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser revocada o modificada. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad, la tesis I.4o.C.J/25, visible en la página 361, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de mil novecientos noventa del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." En consecuencia, se arriba a la conclusión de que en la especie concurren los requisitos exigidos para que se actualice la causal de improcedencia en estudio, pues el auto reclamado, en el que el Juez responsable no accedió a diversas solicitudes de la parte quejosa, en concreto, al cambio de custodia de su menor hijo, a la reposición del procedimiento, a la admisión de una prueba pericial, y a la remoción de los representantes sociales, es susceptible de ser revocado. Para una mayor comprensión es necesario citar los artículos 423, 424, 425, y 426 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, que disponen: "Artículo 423. Los autos y decretos dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables, son revocables por el propio juez que los haya dictado." "Artículo 424. Durante la audiencia, el recurso de revocación sólo procede en contra del auto que: I. Resuelva excepciones; II. No admita pruebas; III. Declare o niegue tener por confesa a alguna de las partes, y IV. Resuelva sobre la revisión de medidas provisionales. En estos casos, la revocación sólo puede plantearse en la audiencia y al momento de emitirse el auto o decreto. Interpuesta la revocación, el juez debe dar vista a la parte contraria, de estar presente, para que en el acto la desahogue y posteriormente dicte la resolución. Los demás decretos y autos dictados en audiencia son irrecurribles." "Artículo 425. En caso contrario al señalado en el artículo anterior, la revocación se debe interponer con la expresión de agravios, al día siguiente de la notificación al recurrente. Interpuesta la revocación, cuando así proceda, se debe dar vista a la parte contraria por tres días y transcurridos éstos, el juez debe resolver dentro del tercer día lo que proceda." "Artículo 426. La resolución en la que se decida la revocación no admite recurso alguno." Por tanto, de conformidad con el artículo 425 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, el recurso de revocación es procedente contra del auto dictado por el Juez responsable, fuera de audiencia. En consecuencia, en contra del proveído de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Segundo de Oralidad Familiar turno matutino del Primer Departamento Judicial del Estado, en el expediente 749/2018, a través del cual negó las solicitudes del directo quejoso, en relación a cambiar la custodia de su menor hijo, reponer el procedimiento, admitir una prueba pericial y remover a los representantes sociales, procede el recurso de revocación previsto en el artículo 423 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, el cual va tener por efecto revocar, modificar o nulificar la determinación reclamada. Lo anterior es así, pues de la integral lectura de la demanda de amparo, se advierte que el proveído reclamado corresponde al acuerdo dictado fuera de audiencia en que se dio respuesta a diversos planteamientos de la parte quejosa, denegando sus requerimientos, siendo que, incluso, en relación con la guarda y custodia del menor, ésta se encuentra firme, de conformidad con el convenio a que se hace alusión en la propia demanda, rigiendo el proceso; en tanto que las demás peticiones se refieren a cuestiones de índole meramente procesal, es decir, adjetivas, no sustantivas; lo que conlleva a establecer que tal determinación es revocable, de acuerdo al supuesto señalado en el artículo 425 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán; recurso que en el caso no fue agotado por el directo quejoso. Esto, cuenta habida que dicho proveído en modo alguno resolvió sobre la guarda y custodia del menor, sino reiteró que ésta se encuentra firme, derivada del convenio celebrado por las partes; y en relación a la no reposición del procedimiento, la inadmisión de una prueba pericial y la no remoción de los representantes sociales, se trata de cuestiones que versan respecto de cuestiones procesales y no de índole sustantiva; lo que evidencia la procedencia del aludido recurso, susceptible de modificar o revocar tales supuestos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J.44/2012 (10ª) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, Décima Época, visible en la página 729, cuyo rubro y texto es el siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Esto es así, toda vez que, en el caso, no se advierte alguna de las hipótesis de excepción establecidas en la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo; pues el acto reclamado no afecta la libertad de la parte quejosa y tampoco resulta ser tercera extraña al juicio, puesto que en el expediente 749/2018, relativo al juicio ordinario civil de pérdida de patria potestad, el directo quejoso es parte procesal. Siendo que, en el caso, deber reiterarse que el acto reclamado no resolvió sobre la guarda y custodia del menor, sino sencillamente reiteró que ésta se encuentra firme, derivada del convenio celebrado por las partes; y respecto a las diversas cuestiones accesorias, como son las negativas a reponer el procedimiento, admitir de una prueba pericial y remover de los representantes sociales, únicamente inciden en la tramitación del asunto; por lo que no se advierte que el quejoso se encuentre en el supuesto de excepción al principio de definitividad. Es dable citar, como sustento de lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis visible en la página 350, del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor literal siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." En mérito de lo anterior, es inconcuso que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia antes analizada y, por tanto, lo procedente es desechar la demanda de amparo, por notoriamente improcedente. Por ello, tomando en consideración que los razonamientos expuestos con antelación, se pone de relieve lo manifiesto de las causales de improcedencia del juicio constitucional, las que resultan indudables, habida cuenta de que en opinión de este Juzgador, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya lo antes considerado, la tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Por otro lado, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el indicado en su escrito de demanda; y como autorizados, a las personas expresamente designadas, con las facultades conferidas. Finalmente, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles, realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

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