José Carlos Pizaña Aguilar

Expediente 177/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
177/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
31/05/2018

Partes del expediente

  • José Carlos Pizaña Aguilar

Actuaciones

  1. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la citada ley, en contra del proveído de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, ha transcurrido sin que se haya interpuesto dicho recurso; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se acuerda: Se declara que ha causado estado el proveído de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, en el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por José Carlos Pizaña Aguilar, contra los actos que reclamó del Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral adscrito a la Unidad General de Investigación Número 2, con sede en esta ciudad. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se considera que el presente juicio es susceptible de destrucción en términos de lo expuesto en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, en razón de que no existen documentos originales exhibidos por las partes y no es de relevancia documental. Asimismo, conforme al acuerdo citado, en su oportunidad, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos conducentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo. Notifíquese. (3)

  2. Principal

    Por este medio se notifica a José Carlos Pizaña Aguilar, en su carácter de quejoso, el auto de dieciséis de mayo del año en curso, por medio de lista que fijo en los estrados de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, de conformidad con los artículos 27, fracción I, inciso c) y 29, de la Ley de Amparo; en virtud de no haber atendido el aviso de fecha diecisiete de mayo de dos mil dieciocho; cuyo auto a la letra dice lo siguiente: "Nuevo Laredo, Tamaulipas, dieciséis de mayo de dos mil dieciocho. Vista la constancia secretarial de cuenta, del que se advierte que en fecha catorce de mayo del año en curso (fojas 203 a 206), en el juicio de amparo ****, del índice de este juzgado, se ordenó la separación de juicios; atento a lo anterior se dicta el siguiente acuerdo: Ténganse por recibidas las copias certificadas de diversas constancias que integran el juicio de amparo ****, del índice de este propio juzgado, entre las que destaca el escrito de demanda que promueve ****, contra actos del Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral adscrito a la Unidad General de Investigación Número 2, con sede en esta ciudad; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda. Desechamiento de demanda Ahora bien, visto el escrito de demanda de amparo, a efecto de proveer lo conducente, se hace necesario traer a contexto lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del numeral acabado de transcribir, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Ahora bien, del contenido integral de la demanda así como de las constancias relativas que obran en el presente asunto, se advierte que el promovente ***, reclama del Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral, adscrito a la Unidad de Investigación 2, con residencia en esta ciudad, el inicio de la carpeta de investigación ***, formada con motivo de la querella presentada por ****, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de su apoderado legal ****, en contra del ahora quejoso ****, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de fraude. Conforme a lo anterior, el suscrito considera que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por el cual procede desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" De acuerdo al texto anterior resulta necesario definir qué es interés jurídico y cuándo se da una afectación al mismo. En este aspecto, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley de Amparo, establecen que para acudir al juicio de amparo se requiere la existencia de un agravio o perjuicio. Por lo anterior, como interés jurídico, en sentido amplio, debe entenderse la titularidad del derecho que se estima afectado por el acto de autoridad, es decir, para los efectos del juicio de amparo se traduce en la mera afectación a la esfera jurídica de un gobernado, puesto que ni de la Constitución, ni de la Ley de Amparo, se advierten elementos mayores de interpretación de dicho concepto. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sostenido por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis I.13o.A.23 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Enero de 2003, Visible en la Página: 1803, cuyo texto es el siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN SENTIDO AMPLIO. INTERPRETACIÓN BASADA EN EL SIGNIFICADO SEMÁNTICO DE DICHA EXPRESIÓN Y EN EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 4o. DE LA LEY DE AMPARO. De acuerdo con el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, la legitimación para acudir al juicio de garantías está condicionada por la titularidad de un interés jurídico, concepto que debe analizarse a la luz de su significado semántico y de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo. Así, la palabra "interés", de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se identifica con un provecho, utilidad o ganancia, mientras que lo "jurídico" es todo lo que atañe al derecho o se ajusta a él. Por su parte, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo establecen que para acudir al juicio de amparo se requiere la existencia de un agravio o perjuicio. En este sentido, el interés jurídico, en sentido amplio, debe entenderse como la mera afectación a la esfera jurídica de un gobernado, puesto que ni de la Constitución, ni de la Ley de Amparo, se advierten elementos mayores de interpretación de dicho concepto." Por lo anterior, en estricto apego a la fracción analizada, en aquellos casos en que los actos reclamados no afectan la esfera jurídica del quejoso el juicio de amparo es improcedente en virtud de que no es titular de derecho alguno que pudiera oponer a la autoridad responsable. En el caso, como se dijo, la parte quejosa reclama del Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral, adscrito a la Unidad de Investigación 2, con residencia en esta ciudad, el inicio de la carpeta de investigación ***, formada con motivo de la querella presentada por ***, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de su apoderado legal ***, en contra del ahora quejoso ***, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de fraude. Al respecto, el juicio de amparo intentado en contra de tales actos resulta improcedente porque la sola función investigadora de delitos que realiza el Ministerio Público respecto del quejoso no le engendra derecho alguno para impugnarlo en vía de amparo, pues tal actuación no le afecta aún en sus garantías individuales, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera. Efectivamente, el desahogo de diligencias para la integración de una carpeta de investigación no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se haya iniciado la investigación correspondiente; lo mismo acontece cuando el fiscal acuerde sobre el ejercicio de la acción penal a menos que en ellos se ordenara que se le prive de su libertad, posesiones o derechos, pues es el juez del proceso a quien le corresponde resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.2º.P.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Página 338, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PÚBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. Aun cuando el Ministerio Público al integrar una averiguación previa, actúa como autoridad, sin embargo, el desahogo de diligencias para tal fin, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas se ordenara que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos; lo mismo acontece cuando acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es el juez del proceso a quien le corresponde resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso." Lo anterior se robustece si se toma en cuenta que la facultad investigadora del Ministerio Público emana directamente de la constitución; al efecto es pertinente transcribir el texto del artículo 21 constitucional. "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas. Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de su ingreso. El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley. El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:.. a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones. b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema. c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos. d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública. e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines." La norma transcrita hace referencia a las facultades de investigador que constitucionalmente se otorgan al Ministerio Público en la etapa de investigación inicial, además del ejercicio de la acción penal ante los tribunales correspondientes; en esencia, este artículo delimita las obligaciones y prerrogativas que durante esta fase del proceso penal le confiere la Constitución a dicha institución pública. Ese precepto consagra el principio acusatorio en el que descansa el sistema penal mexicano, que consiste en la obligación que constitucionalmente se impone al Ministerio Público de acreditar, dentro de la fase del proceso penal, denominada investigación inicial, los elementos objetivos y razonables a través de los cuales se pueda encuadrar la conducta a la norma penal así como la probable responsabilidad del imputado y, en caso de encontrar satisfechos dichos elementos, consignar la indagatoria a los tribunales correspondientes. Así pues, en cualquier caso, en la etapa de investigación inicial, el representante social debe acreditar determinados hechos para demostrar la existencia de un hecho que la ley señala como delito que se imputa al indiciado, que, concatenados entre sí, den como resultado una presunción que demuestre la existencia de elementos objetivos y razonables por los cuales se pueda encuadrar la conducta al hecho que la ley señala como delito así como la probable responsabilidad del imputado. Así pues, el artículo 21, primer párrafo, como ya se dijo impone al Ministerio Público la obligación de aportar los datos de prueba que acrediten la existencia de un hecho que la ley señala como delito, en contraposición a ello, el inculpado goza del derecho de defensa que se le otorga para acreditar la inexistencia del hecho descrito como delito, desvaneciendo los datos aportados por el representante social, lo cual, no constituye una obligación sino una mera facultad potestativa ya que en todo momento subsiste la carga al Ministerio Público, en todos los delitos, de acreditar la actualización de los mismos. Por consiguiente resulta improcedente el juicio de amparo que se promueva en contra de la orden de investigación dentro de la carpeta de investigación de conformidad con el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues tales actos no lesionan su esfera jurídica y, por ende, sus garantías individuales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, consultable en la página 2592, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, Materia Común, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular." En consecuencia, ante los motivos notorios y manifiestos de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. Domicilio y autorizados Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala el quejoso en su escrito de demanda, y únicamente para tales efectos a las personas que indica en el escrito de cuenta, hasta en tanto registren su cédula profesional en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales", de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Habilitación de días y horas inhábiles En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Transparencia En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de dos de junio dos mil nueve, así como en el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar la información que considere en relación con el expediente en el que se actúa, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte en este asunto, atendiendo las formalidades previstas en la legislación federal aplicable. Expediente electrónico Por último, en atención al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, y artículo 3 de la Ley de Amparo vigente, que prevé que los órganos están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincida íntegramente para la consulta de las partes; por consiguiente, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese personalmente." (3)

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