José Carlos Padilla Lara
Expediente 731/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 731/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 10/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Carlos Padilla Lara
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, diez de noviembre de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal de autos del que se desprende que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. CUMPLE PREVENCIÓN DEMANDA. Agréguese el escrito signado por el quejoso José Carlos Padilla Lara, mediante el cual desahoga la prevención de la demanda, realizada en proveído de veinticinco de septiembre del presente año y al efecto manifiesta bajo protesta de decir verdad que al Presidente y Síndico Municipales del Ayuntamiento de Jacona, Michoacán de Ocampo, no les atribuye ningún acto. PRECISIÓN. Ahora, de un análisis integral de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, se advierte que el promovente, señala como acto reclamado lo siguiente: La emisión del oficio 398/2023, de data septiembre de dos mil veintitrés, signado por el Oficial Mayor del Ayuntamiento de Jacona, Michoacán, en el cual se declaró improcedente la solicitud de licencia municipal de funcionamiento por concepto de Restaurant-Bar con venta de bebidas alcohólicas al copeo. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Apreciada íntegramente la demanda de amparo, se desecha de plano, porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo establece el artículo 113, en relación con el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, cuyo estudio es de orden público y preferente, de conformidad con el precepto legal 62 de ese propio ordenamiento jurídico. Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pág. 730 Jurisprudencia (Común) "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En efecto, el referido precepto 61, fracción XX, de la ley de la materia, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; De la interpretación literal del precepto transcrito se advierte la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos u omisiones de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es decir, contra actos u omisiones de autoridades administrativas, con la condición de que causen un agravio no reparable a través de algún medio de defensa legal. Interpretada en sentido contrario esta primera parte del artículo, se puede deducir que el juicio de amparo será improcedente cuando el acto administrativo cause un agravio reparable a través de algún medio de defensa legal, lo cual lleva implícito el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, consistente en agotar los medios ordinarios de defensa, previo a la promoción de la instancia Constitucional. Esto es, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a tales ordenamientos se suspendan los efectos de dichos actos, de oficio o a través de la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con iguales alcances que los previstos en la norma reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los en ella consignados para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el establecido para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. Tal precisión implica que el juicio de amparo es un medio extraordinario de protección y que, derivado de su propia naturaleza, para poder acceder a él es necesario agotar el procedimiento que la ley natural prevé en defensa de los derechos que se estimen lesionados y sólo en el caso de que el resultado del recurso sea adverso, podrá ocurrirse al juicio de amparo. De actuar en contrario, es decir, si las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad administrativa competente, a fin de que ésta agote las facultades que le corresponden, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de la autoridad común. De esto se sigue, que si el principio de definitividad es un requisito para la procedencia del juicio de amparo, en términos de las normas antes referidas, la propia ley reglamentaria establece como sanción por el incumplimiento de dicho principio, la improcedencia del juicio, es decir, para que proceda el juicio de amparo, debe tratarse de "actos definitivos", en la acepción que la propia legislación da de dichos actos, por lo que resulta lógico que la inobservancia del principio, traiga como consecuencia - también por regla general- la improcedencia de la acción constitucional intentada. El artículo 61 de la Ley de Amparo, en sus fracciones XVIII, XIX y XX, prevé todos aquellos supuestos en los que el juicio es improcedente, en virtud de que el acto reclamado carece de definitividad y no es, por consiguiente, reclamable en amparo. En este caso específico, la que se estima configurada es la última de ellas. En la especie, se reclama el oficio 398/2023, de data septiembre de dos mil veintitrés, emitido por el Oficial Mayor del Ayuntamiento de Jacona, Michoacán, en el cual niega la expedición de la licencia municipal de funcionamiento de un establecimiento comercial Restaurant-Bar con venta de bebidas alcohólicas al copeo, solicitada por el ahora quejoso. Ahora, los Artículos 205, 206, 207, 216, 217, 218, 219, 220 y 221 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, vigente disponen: "CAPÍTULO XXXVIII DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL "Artículo 205. Los actos y resoluciones dictadas por el Ayuntamiento, por la Presidenta o Presidente Municipal y por las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, podrán ser impugnados mediante el recurso de revisión, cuando afecten intereses jurídicos de los particulares. Artículo 206. El recurso de revisión a que hace referencia el artículo anterior deberá interponerse ante el propio Ayuntamiento. En este caso la Secretaria o Secretario del Ayuntamiento, fungirá como instructor del procedimiento del recurso de revisión, integrando el expediente. Artículo 207. Tratándose de actos y resoluciones que emitan la Presidenta o Presidente Municipal y las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, el recurso de revisión podrá interponerse ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, bajo la reglamentación correspondiente. CAPÍTULO XLI DEL PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE REVISIÓN Artículo 216. El recurso de revisión, se tramitará conforme a lo establecido en esta Ley y en lo no previsto, se aplicará supletoriamente el Código de Justicia Administrativa. Artículo 217. El recurso de revisión, se interpondrá por escrito, dentro del término de diez días hábiles, contados a partir de la fecha en que el acto haya ocurrido o se tenga conocimiento del mismo, o bien, haya surtido efectos la notificación de la resolución que se impugna. Artículo 218. El escrito a través del cual se interponga el recurso de revisión, contendrá los siguientes requisitos: I. El nombre, denominación o razón social y domicilio del inconforme y en su caso, de quien promueve en su nombre; II. La autoridad o autoridades que dictaron el acto impugnado; III. La manifestación del particular, bajo protesta de decir verdad, de la fecha en que tuvo conocimiento de la resolución que impugna; IV. La descripción clara y sucinta de los hechos o razones que den motivo al recurso; V. Los conceptos de violación o en su caso, las objeciones a la resolución o acto que se reclama; VI. Las pruebas que en su caso ofrezca, señalando aquellas que obren en el expediente administrativo; VII. El lugar y fecha de la presentación del recurso de revisión; VIII. El domicilio para oír notificaciones, el cual deberá ser dentro de la ciudad de residencia de la autoridad administrativa competente para resolver el recurso o en su caso, la dirección de correo electrónico para recibir notificaciones; y, IX. Cuando no se gestione en nombre propio, el carácter con el que ocurre. Artículo 219. Recibido el escrito de revisión, se abrirá un término de prueba de diez días hábiles, a efecto de que se desahoguen aquellas que se hayan admitido y ofrecido. Artículo 220. Concluido el período de pruebas, la autoridad, dentro del término de cinco días hábiles dictará resolución. La notificación personal se hará directamente al recurrente, si acude a las oficinas de la autoridad, o en el domicilio señalado para tal efecto, o bien, por correo certificado con acuse de recibo; las demás notificaciones se harán por estrados. Artículo 221. Podrá suspenderse la ejecución del acto reclamado, cuando no se afecte el interés público y se garanticen suficientemente, mediante fianza o depósito fijado por la autoridad, los posibles daños o perjuicios que pudieran causarse al confirmarse la resolución impugnada." Del primero de los preceptos legales transcritos, se desprende que, contra los actos emitidos por las autoridades municipales que afecten los intereses de los particulares, procederá el recurso previsto en los términos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, esto es, el recurso de revisión. Asimismo, de los demás preceptos se observa, que el aludido recurso de revisión se presentará ante el propio Ayuntamiento, donde el Secretario de este último fungirá como instructor del procedimiento del recurso de revisión, integrando el expediente. Además, que la interposición de ese medio de impugnación suspenderá la ejecución del acto reclamado, cuando no se afecte el interés público y se garanticen suficientemente, mediante fianza o depósito fijado por la autoridad, los posibles daños o perjuicios que pudieran causarse al confirmarse la resolución impugnada. En ese orden de ideas, si la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, para impugnar los actos emitidos por las autoridades municipales, como acontece en la especie, dado que el acto reclamado consiste en el oficio 398/2023, de data septiembre de dos mil veintitrés, emitido por el Oficial Mayor del Ayuntamiento de Jacona, Michoacán, en el cual niega la expedición de la licencia municipal de funcionamiento de un establecimiento comercial Restaurant-Bar con venta de bebidas alcohólicas al copeo, solicitada por el ahora quejoso, con apoyo en los artículos 216, 217, 218, 219, 220 y 221 de la citada Ley Orgánica Municipal y en razón a que el objeto de ese medio de impugnación es revocar, modificar o confirmar el acto aquí reclamado, es evidente que la parte quejosa se encontraba obligada a agotar tal medio de defensa, previo a la interposición del presente juicio de amparo. Máxime que, conforme a las disposiciones de la multicitada Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, que regula el procedimiento del aludido recurso de revisión, al interponerse el recurso de revisión de que se trata, se suspenderá la ejecución del acto impugnado, cuando no se afecte el interés público y se garanticen suficientemente, mediante fianza o depósito fijado por la autoridad, los posibles daños o perjuicios que pudieran causarse al confirmarse la resolución impugnada, sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión. En apoyo de lo anterior aplica, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 3/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3, que se lee: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo previene que el juicio de amparo es improcedente: "Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal ... que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. ". Ahora bien, del contenido de este precepto, se advierte que no se indica qué debe entenderse por "leyes que rijan los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo", a fin de establecer si es necesario o no agotar el recurso, juicio o medio de defensa legal procedente, siempre que proceda la suspensión definitiva, sin exigirse mayores requisitos que los que la propia Ley de Amparo establece para conceder dicha medida, independientemente que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido conforme a dicha ley. Sin embargo, la intención del legislador al referirse a "leyes que rigen los actos", no pudo ser otra, más que la de considerar, a aquellos ordenamientos legales (entendiendo por éstos a las leyes propiamente), que guardan relación con dichos actos, ya sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación, en la inteligencia que no siempre tales actos serán normados por un solo cuerpo legal, sino que puede darse el caso de que lo sea por varios, e incluso sólo en uno se prevenga lo relativo al recurso, juicio o medio de impugnación que proceda contra ellos, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Es decir, para determinar cuáles son las leyes que rigen el acto y así tener pleno conocimiento sobre el recurso, juicio o medio de defensa legal que en contra del mismo se debe agotar previamente al amparo, debe atenderse a la relación que guardan esas leyes con dicho acto, sobre todo aquella que establece propiamente el medio de defensa en cuestión y, si además se cumplen los demás requisitos previstos en el citado artículo 73, fracción XV, para así estimar que es obligatorio agotarlo". En efecto, no se actualiza la excepción al principio de definitividad, consistente en que no existe obligación de agotar el recurso procedente cuando la ley que rige el acto reclamado exige más requisitos que la Ley de Amparo para suspenderlo. Se afirma lo anterior, en virtud de que el artículo 221 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, vigente prevé la suspensión del acto impugnado a través del recurso de revisión antes referido y lo hace sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo. Es así, porque el aludido precepto transcrito previamente, dispone que la interposición del recurso de revisión podrá suspender la ejecución del acto impugnado, cuando no se afecte el interés público y se garanticen suficientemente, mediante fianza o depósito fijado por la autoridad, los posibles daños o perjuicios que pudieran causarse al confirmarse la resolución impugnada. Por otra parte, la Ley de Amparo, en sus artículos 128 y 132, establece los requisitos para decretar la suspensión de los actos reclamados, pues sobre el particular dispone: "ARTÍCULO 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I: Que la solicite el quejoso; y, II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". "ARTÍCULO 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos." El examen comparativo de la disposición legal de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, así como de las diversas de la Ley de Amparo, tratándose de los requisitos establecidos para otorgar la suspensión del acto reclamado, lleva a la conclusión de que no son mayores las condiciones establecidas en el ordenamiento citado en primer término, que las que se consignan en los mencionados preceptos de la ley de la materia. En ese contexto, ciertamente se actualiza la causa de improcedencia invocada, ya que en contra del oficio reclamado procede el recurso de revisión ante el propio Ayuntamiento de Jacona, Michoacán de Ocampo; por tanto, previo a la promoción del presente juicio de amparo, la quejosa se encontraba obligada a agotarlo para cumplir con el principio de definitividad que rige a la materia de amparo, pues como ya se ha visto, en la especie no se actualizó excepción alguna para relevar al impetrante de aquella carga. Resulta aplicable la tesis aislada VI.1o.A.40 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito7, que a la letra dice: "DEFINITIVIDAD. LA EXCEPCIÓN DE AGOTAR ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO LOS RECURSOS ORDINARIOS SE ENCUENTREN PREVISTOS EN UN REGLAMENTO, COMPRENDE A LOS MEDIOS DE DEFENSA CONTENIDOS EN REGLAMENTOS HETERÓNOMOS Y NO ASÍ EN REGLAMENTOS AUTÓNOMOS. Si bien la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LVI/2000 de rubro: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", sostuvo que previamente a la promoción del juicio de amparo, no es obligatorio agotar los medios ordinarios de defensa contra el acto reclamado cuando éstos se encuentren previstos en un reglamento y no así en la ley de la que deriva aquél, se estima que la precitada excepción debe ser referida respecto de los reglamentos heterónomos emitidos en uso de la facultad reglamentaria que se sujeta a los principios generales de reserva de la ley y de subordinación jerárquica, pero no así a los reglamentos autónomos que, de conformidad con los marcos constitucionales federal y local, son emitidos por los Municipios en los ámbitos de su competencia sin que reglamenten una ley determinada. Lo anterior, porque la citada excepción al principio de definitividad debe entenderse como referida a aquellos reglamentos que, emitidos en ejercicio de la facultad reglamentaria, prevén un recurso que no está previsto en la ley de que derivan, esto es, que violan los principios a que se sujeta el ejercicio de dicha facultad -reserva de ley y subordinación jerárquica- y, por ende, sería jurídicamente inadmisible que se exigiera al gobernado, antes de acudir al amparo, agotar un recurso previsto en una disposición reglamentaria que excede el contenido de la disposición legal en la que el reglamento encuentra su origen, justificación y medida; empero, en tratándose de los reglamentos autónomos cuyo fundamento se encuentra en los artículos 21, primer párrafo y 115 de la Constitución General de la República, dado que su existencia y contenido no se supeditan a la expedición previa de una norma formal y materialmente emitida por el Poder Legislativo, sino que subsisten por sí mismos en sus ámbitos territoriales y materiales de validez, sin que deban sujetarse a los anteriores principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica, es inconcuso que en el caso de este tipo de reglamentos sí deben agotarse los recursos ordinarios previstos en ellos en forma previa a la promoción del juicio de garantías, lo que resulta congruente con la especial naturaleza de la acción de amparo como un medio extraordinario de defensa y de control de la constitucionalidad, y puesto que de no considerar que deban agotarse los recursos ordinarios previstos en los reglamentos autónomos en forma previa a la promoción del juicio de amparo, ello tendría como consecuencia que las actuaciones reglamentadas por los entes municipales en los ámbitos de su competencia constitucional -seguridad pública, tránsito, mercados, rastros, panteones, etcétera- no estarían sujetos al principio de definitividad, sino que podrían combatirse en forma inmediata mediante el juicio de garantías, lo que atentaría contra la especial jurisdicción que caracteriza a dicho medio de control de la constitucionalidad". Además, el acto reclamado no conlleva violación a los derechos humanos previstos en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal y tampoco importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los prohibidos por el diverso 22 Constitucional. Consecuentemente, si la parte quejosa no agotó el medio de impugnación procedente contra el acto reclamado, el presente juicio de amparo es improcedente, por lo cual procede desechar de plano y sin mayor trámite la demanda de garantías promovida por José Carlos Padilla Lara, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113, en relación con la fracción XX del precepto 61, ambos de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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Uruapan, Michoacán de Ocampo, nueve de octubre de dos mil veintitrés. PRETENDE DESAHOGAR PREVENCIÓN. Agréguese el escrito signado por el quejoso ********************a través del cual pretende desahogar la prevención formulada en auto de veinticinco de septiembre del año en curso. Ahora bien, del escrito aclaratorio de referencia, se advierte que el peticionario de amparo no cumple a cabalidad con el requerimiento formulado en el referido auto de veinticinco de septiembre del año en curso, en el que se le previno para que dentro del término de cinco días, computados legalmente, por escrito, con las copias suficientes para correr traslado a las partes y bajo protesta de decir verdad: a) Indicara de manera clara, precisa y concreta el acto o actos que reclama al Presidente y Síndico Municipales de Jacona, Michoacán de Ocampo, de acuerdo a sus facultades competenciales. Lo anterior, toda vez que del ocurso que se provee, se advierte que el promovente si bien realiza dicha aclaración bajo protesta de decir verdad, es omiso en señalar el acto o actos que reclama a dichas autoridades, pues únicamente señala lo siguiente: ".debo precisar que a las autoridades señaladas como responsables y que se refieren al Presidente Municipal de Jacona, Michoacán y al Síndico del H. Ayuntamiento del mismo municipio se les señala como autoridades responsables en virtud de que el C. Presidente es el superior Jerárquico del Oficial Mayor y es el que les da el visto bueno para la expedición o negativa de las licencias municipales y del Síndico Municipal por ser el representante Legal del H. Ayuntamiento y en cuyo carácter deberá comparecer ante la conducta violatoria de derechos humanos del Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Jacona, Michoacán, al negar sin justa causa la licencia debidamente solicitada." Énfasis añadido. De lo que advierte que no precisa con exactitud el acto que les reclama a tales autoridades, tal como se le previno. SUBSISTE PREVENCIÓN. En consecuencia, mediante notificación personal, dígase al promovente que subsiste la prevención y plazo otorgado en autos, dado que conforme a lo establecido en la jurisprudencia 39/2012 de la Primera Sala del máximo Tribunal del País de rubro: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE"; el plazo que se le otorgó se interrumpió con la presentación del ocurso presentado el dos de octubre del año en curso; mismo que se reanudará al día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto. Por tanto, previo al pronunciamiento sobre la procedencia de la demanda que se intenta, de conformidad con el artículo 108, fracción V, en relación con el numeral 114, fracciones I y II, ambos de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente a la parte quejosa para que, por escrito, bajo protesta de decir verdad, desahogue cabalmente la prevención formulada, en los términos precisados con antelación, esto es: a) Indique de manera clara, precisa y concreta el acto o actos que reclama al Presidente y Síndico Municipales de Jacona, Michoacán de Ocampo, de acuerdo a sus facultades competenciales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dice: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADO DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA." APERCIBIMIENTO. En el entendido que de no cumplir con dicha prevención en el lapso indicado para tal efecto, se hará efectivo el apercibimiento decretado en el mencionado auto de veinticinco de septiembre del año en curso. NOTIFÍQUESE; personalmente al quejoso.
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Uruapan, Michoacán de Ocampo, seis de octubre de dos mil veintitrés. RAZÓN ACTUARIAL. Vista la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo el Actuario de la adscripción para notificar al quejoso José Carlos Padilla Lara, el proveído de tres de octubre de dos mil veintitrés, en el domicilio que se señaló para oír y recibir toda clase de notificaciones, esto es, el ubicado en calle Belice número 444 cuatrocientos cuarenta y cuatro, colonia Arroyo del Páramo de esta ciudad, en razón de que al constituirse en dicho domicilio fue informado que en el mismo no conocen al quejoso ni a sus autorizados. NOTIFICACIÓN POR LISTA. Por tanto, en atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa, el contenido del proveído de tres de octubre del año en curso, así como el presente acuerdo; y, las subsecuentes notificaciones que le resulten, aun las de carácter personal, por medio de lista que se publica en los estrados de este tribunal, hasta en tanto designe nuevo domicilio en esta ciudad para tal efecto. PRETENDE DESAHOGAR PREVENCIÓN. Agréguese el escrito signado por ***, a través del cual pretende desahogar la prevención formulada en auto de veinticinco de septiembre del año en curso.****************************************SUBSISTE PREVENCIÓN. Ahora bien, del escrito aclaratorio de referencia, se advierte que el promovente no cumple con el requerimiento formulado en el mencionado auto de veinticinco de septiembre pasado, en el que se le previno para que dentro del término de cinco días, computados legalmente, por escrito, con las copias suficientes para correr traslado a las partes y bajo protesta de decir verdad, aclarara su escrito de demanda en los términos ahí precisados.****************************************Lo anterior, toda vez que del ocurso que se provee, se advierte que el citado promovente fue omiso en realizar dicha aclaración bajo protesta de decir verdad, tal como se le requirió en el aludido acuerdo.****************************************Asimismo, tampoco indica de manera clara, precisa y concreta el acto o actos que reclama al Presidente y Síndico Municipales de Jacona, Michoacán de Ocampo, de acuerdo a sus facultades competenciales.****************************************Lo anterior, toda vez que del ocurso que se provee, se advierte que el promovente únicamente señala lo siguiente:****************************************".debo precisar que a las autoridades señaladas como responsables y que se refieren al Presidente Municipal de Jacona, Michoacán y al Síndico del H. Ayuntamiento del mismo municipio se les señala como autoridades responsables en virtud de que el C. Presidente es el superior Jerárquico del Oficial Mayor y es el que les da el visto bueno para la expedición o negativa de las licencias municipales y del Síndico Municipal por ser el representante Legal del H. Ayuntamiento y cuyo carácter deberá comparecer ante la conducta violatoria de derechos humanos del Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Jacona, Michoacán, al negar sin justa causa la licencia debidamente solicitada." ********************Énfasis añadido.****************************************De ahí que no precise con exactitud el acto que les reclama a dichas autoridades, tal como se le previno.****************************************En consecuencia, mediante notificación personal, dígase al promovente que subsiste la prevención y plazo otorgado en autos, dado que conforme a lo establecido en la jurisprudencia 39/2012 de la Primera Sala del máximo Tribunal del País de rubro: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE"; el plazo que se le otorgó se interrumpió con la presentación del ocurso de cuenta, recibido en este Juzgado de Distrito el dos de octubre del año en curso, el cual se reanudará al día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto.****************************************Por tanto, previo al pronunciamiento sobre la procedencia de la demanda que se intenta, de conformidad con lo que establece el artículo 114, en relación con el 108, fracción V, de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente a la parte quejosa para que al momento de desahogar la prevención, ésta sea realizada bajo protesta de decir verdad.****************************************En el entendido de que deberá exhibir copias suficientes del escrito aclaratorio correspondiente, para correr traslado a la totalidad de las partes; esto es, tres para las autoridades señaladas como responsables, otra para hacer entrega al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado y la una más para la apertura del incidente de suspensión que solicita.****************************************APERCIBIMIENTO. En el entendido que de no cumplir con dicha prevención en el lapso indicado para tal efecto, se hará efectivo el apercibimiento decretado en el mencionado auto de veinticinco de septiembre del año en curso.****************************************DOMICILIO. Por otra parte, con apoyo en el artículo 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle ********************número ********************, colonia ********************de esta ciudad.****************************************AUTORIZADO. Asimismo, como lo solicita téngase como autorizado con la amplitud de facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a ******************** toda vez que la cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho, se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación.****************************************Cobra aplicación a lo anterior, la tesis de rubro siguiente:************************************************************Tesis: I.11o.A.4 A********************Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta********************Novena Época********************175204 1 de 1****************************************Tribunales Colegiados de Circuito********************Tomo XXIII, Abril de 2006********************Pág. 1188********************Tesis Aislada(Administrativa)************************************************************"SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA". NOTIFÍQUESE; por medio de lista a la parte quejosa el proveído de tres de octubre del año en curso, así como el presente acuerdo.
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