José Carlos Ortíz Bracamontes

Expediente 260/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 21 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
260/2020
Año
2020
Actuaciones
21
Última actuación
08/10/2021

Partes del expediente

  • José Carlos Ortíz Bracamontes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta de donde se advierte que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de la Materia, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO Por otro lado, y toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. DESTINO LEGAL En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, en acatamiento al Acuerdo General del Plenos del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se procede a determinar su destino legal. Ahora, en su artículo 21, inciso a), prevé que es susceptibles de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, los expedientes relativos a juicio de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. Hipótesis en la que se ubica el presente expediente, toda vez que en este juicio de amparo, se sobreseyó el presente juicio y, no fue promovido incidente de suspensión. Por tanto, es susceptible de destrucción el presente expediente, y una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido Acuerdo General y hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta, a fin de dar cumplimiento al artículo 24 del mencionado acuerdo general.

  2. Principal

    ÚNICO. Se SOBRESEE al quejoso, contra el acto reclamado a la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, por los motivos y fundamentos expuestos en la consideración última de este fallo federal.

  3. Principal

    Por lo expuesto en el acuerdo, se difiere la audiencia constitucional y en su lugar se señalan de nueva cuenta las TRECE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo, ello con la finalidad de que las partes se impongan de su contenido y estén en aptitud de alegar lo que a su derecho convenga.

  4. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Actuaria judicial de la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, manifiesta que al analizar las constancias que integran el juicio de nulidad 2225/2017-I, no advirtió domicilio de *****, en razón de que las actuaciones realizadas con posterioridad al fallecimiento del actor, fueron notificadas al autorizado jurídico en el domicilio ubicado en Culiacán, Sinaloa. Lo anterior, en cumplimiento al proveído de veintiocho de junio del año en curso, en el que se le requirió para que proporcionara el domicilio actual y correcto de ********, en su carácter de beneficiario del finado ******************. De igual manera, hace del conocimiento que el cumplimiento a la sentencia emitida en ese proceso, se efectuó a través del convenio de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, firmado por **********(Director General de dicho Instituto) y Daniel Ortiz Galindo, beneficiario de ********* en las instalaciones del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, no desprendiéndose documentación alguna de la cual se advierta el domicilio del citado en segundo orden. Previo a proveer lo relacionado con el domicilio que cita la referida autoridad como el del autorizado jurídico, REQUIÉRASE al Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, autoridad responsable en el presente juicio, para el efecto de que en el término de TRES DÍAS contados a partir de que surta efectos legales esta notificación remita las constancias con las que determinó que ************, es beneficiario del finado(aquí quejoso), así como aquella en la que precisó que a dicha persona le asistía ese carácter. APERCIBIDO que en caso de ser omiso, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización vigente, conforme a lo establecido por el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo.

Quedan 17 actuaciones en este expediente

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