José Carlos Meza Zepeda

Expediente 288/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
288/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
06/05/2021

Partes del expediente

  • José Carlos Meza Zepeda
  • Director General del Cereso la Mesa, Tijuana, Baja California

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, seis de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio remitido por la autoridad responsable, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en proveído de veintinueve de abril del año en curso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley de Amparo, e informa el acato a la suspensión de plano decretada en este asunto. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, treinta de abril de dos mil veintiuno. Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte que el quejoso cumple con el requerimiento formulado; en ese tenor, se le tiene subsanando la prevención de veintinueve de abril pasado. No obstante lo anterior, previo a pronunciarse sobre la admisión o desechamiento de la demanda de derechos fundamentales, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase al Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de veinticuatro horas, legalmente computado, informe a este tribunal si el quejoso José Carlos Meza Zepeda, formuló controversia ante esa potestad en relación con sus condiciones de internamiento -atención médica-; en su caso, deberá proporcionar los números de cuadernos de ejecución y el estado procesal que guardan los mismos. Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento, o no informar el impedimento que se tenga para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se impondrá a quien corresponda una multa de cincuenta a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintinueve de abril de dos mil veintiuno.Vista la demanda de amparo promovida por José Carlos Meza Zepeda, de propio derecho, contra actos del Director del Centro de Reinserción Social Tijuana, y de otras autoridades, por considerar que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º, 4º, 18 y 22 constitucionales; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 288/2021-D. Se decreta suspensión de plano Ahora, tomando en consideración que en la demanda de amparo se precisa como acto reclamado la falta de atención médica, en particular, el que no se le suministre el medicamento clonazepam 2 miligramos, para tratar su condición de insomnio, trastorno de ansiedad y nerviosismo, así como el diverso medicamento y tratamiento para su padecimiento de la cervical (dolor de cuello), que aduce el impetrante, se concede de plano la suspensión para que las autoridades responsables bajo su más estricta responsabilidad brinden al quejoso José Carlos Meza Zepeda, el tratamiento y la atención médica adecuados que requiere para que no se ponga en riesgo su salud e integridad física. Es así, porque el marco normativo que integran los artículos 1º, 4º y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1°, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1° del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador"; garantiza el derecho fundamental a la salud a todo ser humano -a cuyo reconocimiento está obligado cualquier servidor público-, aun cuando se trate de un interno en un establecimiento penitenciario, pues su protección no se merma, sino que el Estado tiene la obligación de procurarla. Por ende, al manifestar el quejoso que no se le proporciona la atención médica que requiere ni se le suministra el medicamento que refiere, es imperativo que las autoridades responsables, dentro de sus facultades, establezcan las medidas que estimen convenientes para brindarle el tratamiento médico apropiado y, atento a su resultado, se suministren los medicamentos o insumos básicos y esenciales para su oportuno tratamiento, en aras de preservar su calidad de vida. Así, con los informes correspondientes, las autoridades responsables deberán comunicar a este juzgado de distrito, con las constancias médicas respectivas, el estado de salud del quejoso, con precisión de los datos que permitan identificar la atención médica que requiere, a fin de asegurar que la proporcionada es la adecuada, de acuerdo con su particular condición de salud. Informes de suspensión de plano Con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, legalmente computado, rindan su informe en acato a la suspensión de plano; hágase de su conocimiento que la violación a este mandato equivale a la comisión de un delito en materia de amparo, tal como lo dispone el artículo 262, fracción III, del ordenamiento legal invocado, que de llegar a consumarse, daría lugar al ejercicio de la acción penal en su contra. Se comisiona al actuario de este juzgado para que al momento de la notificación del presente proveído, asiente las condiciones físicas en las que se encuentre el agraviado. Prevención de demanda de amparo Es obligación del órgano jurisdiccional examinar ante todo el escrito de demanda, y si hubiere alguna irregularidad o deficiencia en éste, mandará prevenir a quien promueve para que llene los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que correspondan, dando oportunidad para que pueda subsanarlas en tiempo. Por tanto, a fin de proveer lo conducente sobre la admisión o rechazo de la demanda, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 108, fracción V, y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días, legalmente computado, o en el acto de notificación, dé cumplimiento con lo siguiente: Bajo protesta de decir verdad, manifieste si formuló controversia ante el juez de ejecución, conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que a la letra establece: "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; [.]." [Énfasis añadido] Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10ª.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 230, libro 61, diciembre de 2018, tomo I, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." Lo requerido deberá ser expuesto directamente por el quejoso, por ser un acto personalísimo y que únicamente a él le corresponde; bajo el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, en el término y condiciones apuntados, se tendrá por no presentada la demanda, ello, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia. Domicilio Con motivo de que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social Tijuana, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena a los actuarios de la adscripción, que todas las notificaciones que deriven de la tramitación del presente asunto se realicen personalmente al impetrante de amparo en dicho centro penitenciario. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en este juicio. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte en este asunto. Expediente electrónico Finalmente, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.

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